Protección contra Carabineros de Chile Región de Ñuble

34 Chillán, treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, todas y todos de profesión abogadas y abogados, interponiendo Recurso de Protección, en contra de Carabineros de Chile Región de Ñuble, representado por el General don nombre reservado, y en contra de la Intendencia de Ñuble, representada por el Intendente Regional don nombre reservado.

Fundan su acción refiriendo que en el contexto del estallido social en el país, ocurrido a partir del 18 de octubre último y atendidas las manifestaciones ciudadanas que se han desarrollado en las calles de diferentes localidades de la región de Ñuble, ha llevado a Carabineros, quienes se encuentran subordinados constitucional, legal y reglamentariamente a la autoridad emanada del Ministerio del Interior y particularmente de la Intendencia Regional, a utilizar ilegal y arbitrariamente los dispositivos denominados balines de goma y bombas lacrimógenas, las que se han usado disparándolas a gran velocidad en contra de los manifestantes, de forma indiscriminada, desproporcionada e irracional, lo que genera que dichas acciones devengan en ilegales y arbitrarias. Agrega como ejemplo del uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, los siguientes: 1. Una mujer de 58 años, doña nombre reservado, recibió el impacto de un balín de goma en su ojo derecho durante las manifestaciones del 20 de octubre, perdiendo totalmente la visión del mismo; 2. con fecha 19 de octubre de 2019, lugar frontis de la Gobernación Regional de Ñuble, se hace uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, por medio de Carabineros de Chile, luego de manifestación pacífica, aún con presencia de adultos mayores; 3. Con fecha 19 de octubre del año 2019, en la plaza de Armas de Chillán, se hace uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, por Carabineros de Chile, luego de una manifestación pacífica, aún con presencia de menores de edad. 4. con fecha 30 de octubre del año 2019, lugar Plaza de Armas de Chillán, Carabineros de Chile, hace uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, luego de manifestación pacífica, aún con presencia de menores de edad. 5. con fecha 21 de noviembre, en el mismo lugar, Carabineros de Chile, nuevamente hace uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, contra manifestantes pacíficos, habiendo entre ellos menores de edad. 6. con fecha 21 de noviembre, en las calles Arauco con Libertad, Carabineros de Chile, hace uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, en contra de manifestantes pacíficos y con presencia de menores de edad. 6. con fecha 22 de noviembre, Carabineros de Chile hace uso indiscriminado de bombas lacrimógenas en el centro de Chillán, específicamente en calle 5 de abril, aún con presencia de peatones que no participaban de las manifestaciones y menores de edad.

Sostiene que es un hecho público y notorio, que el uso indiscriminado de balines y de bombas de gas lacrimógeno, restringe y vulnera de derecho y el ejercicio de garantías constitucionales, tales como el derecho de expresión y de reunión, pero fundamentalmente atentan y ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. Agregan que todos los habitantes de la Región, y aun las personas que se encuentren de paso en ella, y particularmente las y los recurrentes, sea que se encuentren participando legítimamente en manifestaciones políticas de protesta, o que simplemente estén o pasen por el lugar, están expuestos a graves lesiones oculares y mutilación por el disparo de balines que contienen en un altísimo porcentaje de diversos metales, entre ellos, plomo, o del disparo de bombas lacrimógenas, resultado muchas veces en pérdida total del ojo y visión parcial y diversas lesiones corporales, sabiendo los graves efectos para la salud y la integridad física del uso indiscriminado de dichos elementos. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior y regionalmente, a través de la Intendencia, utilizando a Carabineros de Chile, ha vulnerado sistemáticamente, el derecho a la protesta social, que es el ejercicio del derecho humano de expresión, de reunión y de libre desplazamiento, con el único fin de silenciar la manifestación política y social. Añade que por la propia naturaleza y forma de uso de las mentadas armas impide que, quien dispara, tenga o pueda tener control de la dirección de los balines y de las bombas lacrimógenas, lo que se agrava exponencialmente cuando las fuerzas policiales disparan estos proyectiles al cuerpo de las personas y a distancias en que necesariamente tienen la potencialidad de causar las graves lesiones que lamentablemente en muchos casos han causado, por lo que estima, se puede afirmar que tiene la intención de causarlas, y ello en derecho se llama dolo, sea directo o eventual.

Por los hechos relatados estima que las recurridas con su actuar han provocado una vulneración, privación y amenaza del libre y legítimo ejercicio del derecho de libre expresión de las ideas, reunión y de manifestación pacífica, además del derecho la vida e integridad corporal, siendo privados, perturbados y amenazados en su derecho de salir y marchar con el único y legítimo objetivo de protestar contra las políticas del Gobierno de Chile, por lo tanto, considera que se han vulnerado las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República, en su artículo 19, tales como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica; a la libertad de emitir u expresar opinión; y al derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

Enseguida los recurrentes se refieren a la normativa Internacional ratificada por Chile y que se encuentra vigente sobre la materia, para luego manifestar que la acción ilegal y arbitraria contra la cual se dirige el presente recurso constituye una privación, perturbación y amenaza actual y presente para el ejercicio lícito del derecho contenido en el artículo 19 número 1º, inciso primero de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas el derecho a la integridad física y psíquica, sosteniendo que la amenaza radica en el riesgo cierto que al participar de las manifestaciones pacíficas, existe la posibilidad de perder el uso y funcionalidad, total o parcial, temporal o definitivamente, de al menos uno de los ojos, ello por parte del accionar arbitrario e ilegal de funcionarios de Carabineros de Chile o de sufrir otras graves lesiones y traumas corporales. Agrega que el derecho a la libre expresión se encuentra contenido en el artículo 19 número 12, en relación al 20 de la Constitución Política de la República, indicando que las manifestaciones sociales tienen un contenido político, amparadas en las garantías antes mencionadas, el cual se ha visto vulnerada en su esencia por la autoridad política y policial que, a través del diseño de políticas y ejecución de las acciones represivas descritas, garantía la cual considera ha sido censurada y perseguido, a través de las fuerzas de orden y seguridad pública, las cuales estima se han visto amenazadas por el uso excesivo de la fuerza y amedrentamiento que realizan los agentes del Estado contra los manifestantes. En cuanto a la libertad de reunión denuncia que dicha garantía se infringe cada vez que las personas que se reúnen y se manifiestan políticamente, temen fundadamente que una vez desarrollada su reunión de carácter pacífica, puedan ser agredidas por Carabineros con escopeta disparando balines o bombas lacrimógenas, y sufrir la pérdida de globo ocular, u otras lesiones y traumas corporales así como intensos malestares por el uso del gas lacrimógeno, misma situación la cual se presentaría con respecto al derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, añadiendo al respecto que si bien la Circular 1832 establece con claridad que el uso de escopetas antidisturbios corresponde exclusivamente a una actuación permitida para los denominados Nivel 4 - Agresión Activa y Nivel 5 - Agresión Activa Potencialmente Letal-, en el último tiempo las manifestaciones de parte importante de la población se han caracterizado por ser llevadas a cabo en forma pacífica por al menos la gran o inmensa mayoría de los manifestantes en esta Región, contrasta con los lesionados por las fuerzas de orden y Carabineros debido a la brutal represión que han ejercido, manteniendo una conducta pasiva y permisiva frente a quienes, aprovechándose de la legítima protesta social, se dedican a cometer delitos.

Finalmente, solicitan a esta Corte que se restablezca el imperio del Derecho y se garanticen los Derechos Fundamentales y en definitiva Ordenar a Carabineros de Chile que se abstenga por completo de usar “escopetas antidisturbios” y sus municiones; Ordenar la prohibición de utilizar indiscriminadamente el uso de bombas lacrimógenas.

Los recurrentes acompañan videos y screenshot, publicación electrónica Diario La Discusión de Chillán y fotografía descargada de Instagram, informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, parte médico de Gustavo Gatica de la Clínica Santa María, copia declaración pública Sociedad Chilena de Oftalmología y publicación del Diario Publimetro.

2°.- Que, al informar el presente recurso de protección, don nombre reservado, General de Carabineros, refiere que ante el estallido social que comenzó el 18 de octubre último, obligó al Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera Echeñique, a decretar en varias regiones del país, Estado de Emergencia, lo que implicó que las Fuerzas Armadas, tomaran el control de los territorios afectados por estos hechos, con el propósito de restablecer el orden y la seguridad pública; sin embargo, aun cuando el 27 de octubre se puso término al Estado de Excepción Constitucional, hasta el día de hoy, las alteraciones al orden público se siguen produciendo.

El estallido social provocó que muchas personas, a nivel nacional, salieran a las calles demandando reivindicaciones sociales y, aun cuando esas manifestaciones, en principio eran ilegales, toda vez que no contaban con la autorización correspondiente, Carabineros de Chile, ha permitido que la ciudadanía se exprese libremente; sin embargo, grupos de individuos que han actuado con una violencia nunca antes vista, han causado graves incidentes, poniendo en riesgo, no sólo la integridad física de los manifestantes, sino también de los habitantes de los lugares aledaños a donde se desarrollan las manifestaciones, como también la integridad personal de los funcionarios policiales, lo que ha llevado a la utilización de elementos disuasivos permitidos por ley, y actuar conforme al protocolo para el mantenimiento del orden público, especialmente el uso de gases lacrimógenos y la escopeta antidisturbios.

Agrega que con el propósito de descartar un actuar arbitrario e ilegal, es necesario señalar que, dentro de las obligaciones que corresponde a Carabineros de Chile, está el resguardo del orden público, así lo dispone expresamente el inciso segundo del artículo 101, de la Constitución Política de la República, al señalar que "Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas", esta atribución también está consagrada en el inciso primero, del artículo 1° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que establece "Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley.

A continuación afirma que para garantizar y mantener el orden público, la Institución desarrolla acciones de carácter preventivo, y otras de mayor intensidad exclusivamente con el fin de restablecerlo, cuando ha sido quebrantado; en este último caso, dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con elementos conforme lo establece, el Decreto Supremo 1364 del año 2018, publicado el 04.12.2018, relativo al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, la Circular N° 1832 del año 2019, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza, y la Orden General N° 2635 del año 2019, que establece los protocolos para el mantenimiento del orden público, (estas dos últimas publicadas en el Diario Oficial N° 42.295, de 04.03.2019), constituyendo el marco normativo sobre el uso de la fuerza.

Adicionalmente, se debe precisar que Carabineros de Chile, en el uso de la fuerza se ajusta al estándar internacional que fijan dos instrumentos: Primero, corresponde al denominado Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en su artículo 3 señala que "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas". Segundo, a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en el numeral cuarto, de las disposiciones generales, precisa que "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto", es decir, el uso de los elementos disuasivos se ejecutan sobre la base de los criterios de progresividad, necesidad y proporcionalidad.

La Orden General N° 2.635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura en base de cuatro escenarios: a) Reguardo del Derecho de Manifestación; b) Restablecimiento del Orden Público; e) Desalojos, y; d) Procedimiento con Infractores de Ley; además, regula el trabajo con distintos organismos, entre ellos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Luego, el anexo número uno contempla los elementos que pueden utilizarse para este fin, lo cual atiende a la siguiente clasificación: primaria, dispositivos, armas y/o munición no letal o menos letal; secundaria, armas cortas y armas automáticas con munición de arma de puño; terciarias, armas largas, y; cuarta, armas de apoyo de alto poder de fuego.

El empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidad de la intervención depende del tipo de manifestación, conforme a su violencia o agresividad, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista tanto para los manifestantes pacíficos, como para el personal policial. En este sentido, para una mejor comprensión de la materia, el protocolo, en el anexo número dos, contempla el siguiente glosario: "Empleo diferenciado de la fuerza", corresponde al uso gradual según el grado de resistencia que se oponga; "Gradualidad de la intervención", son los pasos a seguir para la utilización de los medios disponibles para el mantenimiento del orden público y consiste en dialogar, contener, despejar, dispersar y detener; "Manifestación ilícita agresiva", es aquella en que se generan daños o cuando se agrede intencionalmente a las personas o a la autoridad, y; "Manifestación ilícita violenta", es aquella donde se contravienen las instrucciones de la autoridad policial y los actos que involucren la vulneración de derechos de terceros, como sería la circulación por las vías.

Luego señaló que los elementos que pueden emplearse para el control del orden público, son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Estos mecanismos, se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N° 2.635 ha definido; ello supone, un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias y en la medida que las operaciones, así lo permitan, así, por ejemplo, en una manifestación no violenta, el diálogo sin duda podrá realizarse y sus resultados serán exitosos, lo que, a contrario sensu, no ocurrirá en una de características violentas.

Por otra parte dijo que la escopeta antidisturbios, como ocurre en muchos países del mundo, es un elemento disuasivo que los cuerpos policiales utilizan para el control de muchedumbres. En la escala de progresividad que contempla el protocolo para el mantenimiento del orden público regulado en la Orden General N° 2.635, su uso procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y también cuando esté en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes y del personal de Carabineros de Chile, así está señalado en el numeral 2.8, es decir, su empleo no es discrecional, pues se circunscribe sólo a muchedumbres violentas y agresivas.

Adicionalmente, se debe aclarar, que la Circular N°1.832, establece que la escopeta antidisturbios, es considerada un elemento, que no pone en riesgo la vida de las personas, pues funciona con un cartucho de 12 mm, que contiene un proyectil con 12 postas de goma endurecida de material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm súper-sock que se compone de un saquete o balsa, una tapa de cartón del plano de boca y una vaina.

Ahora bien, la contingencia de orden público que se ha vivido, nunca pudo haber sido prevista en el actual protocolo, pues fue creado para el control de muchedumbres en situaciones de normalidad, esto es, para aquellas acciones que ocurrían de forma esporádica y con un nivel de convocatoria acotado. Los últimos acontecimientos, provocaron un aumento significativo de acciones violentas y su frecuencia se multiplicó, al igual que el nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar el personal de la Institución, quienes, para hacer frente en estas situaciones, sólo cuentan con los elementos disuasivos que contempla el protocolo, como los indicados, los cuales son utilizados de forma racional y progresiva.

Además, cabe señalar, que estos dispositivos se utilizan para controlar y disuadir grupos que, actuando dentro de muchedumbres, ejecutan actos violentos, provocan graves alteraciones al orden público y agreden a las personas que se manifiestan en forma pacífica y por supuesto al personal de Carabineros de Chile, es decir, su uso constituye una reacción que sólo busca restablecer el orden y la seguridad.

También aseveró que como se aprecia, la decisión de incrementar el uso de la fuerza llegando incluso al uso de la escopeta antidisturbios, en ningún caso puede considerarse un actuar arbitrario porque obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia. Por ello, si se accediera a lo solicitado en la Acción de Protección entablada, en cuanto a que no pudiera usarse la escopeta antidisturbios, así como municiones y proyectiles, Carabineros de Chile solo podrá utilizar el diálogo, el bastón de servicio, los gases lacrimógenos, y por aplicación del principio de progresividad, los funcionarios de la Institución estarían autorizados a utilizar en caso de legítima defensa, sus armas letales, lo que sin duda causaría un peligro real para la vida de las personas. En este escenario, la escopeta antidisturbios, constituye un mecanismo que impide llevar al extremo el uso de la fuerza que legítimamente se podría ejercer, y que a la fecha no ha tenido lugar Justamente por la existencia de estos elementos.

Sin perjuicio de lo anterior, hizo presente, que Carabineros de Chile, se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público, y actualmente se encuentra suspendida la utilización de este tipo de escopeta como herramienta antidisturbios, la que sólo puede ser utilizada como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, conforme a lo dispuesto por la Dirección General de Carabineros, lo cual quedó registrado en el Documento Electrónico N.C.U. N° 105493134, de fecha 20.11.2019, de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, que señala, "Se ordena suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte [. . .]'. Además, se hace presente que el funcionario autorizado para operar este elemento disuasivo portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia.

yor abundamiento, y acogiendo la argumentación del presente informe, en el sentido que el uso de la escopeta antidisturbios, está acotada a la defensa del personal y de terceros, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Temuco, en causa rol N0 17.815-2019, por resolución de fecha 21 de noviembre de 2019, al pronunciarse sobre una solicitud de Orden de No Innovar, la acogió, pero limitándola a la actual directriz dada por la Dirección General de Carabineros, pues expresa: "ha lugar a la orden de no innovar, solo en cuanto se dispone que Carabineros en el contexto de manifestaciones motivadas por reivindicaciones sociales que se realicen en la ciudad de Temuco, sólo podrá hacer uso de escopetas antidisturbios en casos extremos y exclusivamente para salvaguardar su propia vida, su integridad o las de terceros". Mismo criterio utilizó la Corte de Valparaíso en causa rol N° 37.495-2019, donde se acoge la reposición presentada por ésta Institución restringiendo el uso de la escopeta antidisturbios a marchas pacíficas, siguiendo el criterio ya dictado por este Mando. Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol N°173.167-2019, precisó que "encontrándose Carabineros de Chile en un Estado de Derecho, actualmente vigente en nuestro país, sujeto en su proceder a la Ley, a los Reglamentos y a los protocolos que lo regulan, siendo sus conductas, en caso de que transgredan tales perímetros, susceptibles de ser revisadas V eventualmente sancionadas por los Tribunales de Justicia, situación que hace innecesario disponer, ahora una orden al respecto, por ser manifiestamente axiomática" Luego, acerca de los disuasivos químicos, éstos se encuentran en concordancia con las tácticas policiales utilizadas a nivel mundial, tendientes a contrarrestar situaciones de alteración del orden público en manifestaciones masivas y con fines variables, considerando el uso de técnicas sobre el control de muchedumbres y el empleo de disuasivos químicos, entre los cuales se encuentran, Humo Blanco, Gas Lacrimógeno CN, Agente Irritante CS y otros. Estos agentes químicos pueden ser empleados a través de dispositivos manuales (granadas), rociadores (spray), lanza granadas (escopeta o pistola) o a través de máquinas y vehículos.

Para la adquisición y uso de los disuasivos químicos, Carabineros de Chile cumple las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia. En efecto, la Ley N 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, dispone, en su artículo 2°, letra e), que estarán sometidos a su control, entre otras sustancias químicas, los elementos lacrimógenos; asimismo, establece, en su artículo 3°, inciso 4°, una excepción para Carabineros de Chile, en virtud de la cual, dentro de sus operaciones policiales para el control y restauración del orden público, está autorizado para poseer y tener disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o explosivos y de granadas, fabricados sobre la base de gases paralizantes, como también los implementos destinados a su lanzamiento y activación. Lo anterior, permite dilucidar que la Institución se encuentra legalmente facultada para la adquisición y uso de este tipo de elementos en el cumplimiento de su función.

No obstante, agrega, el citado cuerpo legal estipula que, el uso de estos elementos, se realizará conforme al respectivo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional. A este respecto, el Reglamento de Armamento y Municiones para Carabineros de Chile, N° 14, aprobado mediante Decreto N° 256, de fecha 12.08.1981, del Ministerio de Defensa Nacional, en su Artículo 90, autoriza, a la Dirección General de Carabineros, para impartir instrucciones destinadas a complementar y facilitar la interpretación y aplicación de dicho texto reglamentario.

Por otro lado, en los procesos de licitación, Carabineros de Chile exige a los proveedores, que certifiquen que su producto sea a base del agente químico CS, y en las concentraciones internacionalmente vigentes, además de requerir la hoja de seguridad, con el fin de comprobar que las concentraciones no superen los niveles máximos permitidos.

En Chile, el uso de disuasivos químicos, conteniendo CS, por parte de los organismos encargados del control de disturbios, ha sido efectivo, no constatando casos con consecuencias letales, para quienes hayan sido expuestos al agente disuasivo, toda vez que los fabricantes distribuyen comercialmente estos elementos siguiendo normas específicas y en las concentraciones mínimas, que eliminan el riesgo letal.

Por ello, se puede considerar que los elementos lacrimógenos, adquiridos por la Institución, reúnen los siguientes criterios:

• NO LETALES (CON UN USO ADECUADO Y CON PERSONAL CAPACITADO)

• DE EFECTO RÁPIDO (GENERA UNA REACCIÓN INMEDIATA)

• LOS SINTOMAS SON DISIPADOS EN BREVE TIEMPO AL CESAR LA EXPOSICIÓN.

• LAS CONCENTRACIONES NO SUPERAN LOS 0.4 MG/M3, CONFORME A LA NORMA TENIDAA LA VISTA (NIOSH y OS HA).

De otro lado, expresó que, el Instituto de Salud Pública, en documento dirigido al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 20 de mayo de 2011, referido al análisis sobre posible asociación causal entre gas lacrimógeno usado en Chile y los efectos abortivos, concluyó que "se reconoce la existencia de los habituales efectos agudos irritativos, tales como tos, lagrimeo, broncoespasmo, irritación bucal, rinorrea, etc., sin embargo, no se dispone de evidencia científica consistente que permita concluir la presencia de una posible asociación causal entre gas lacrimógeno (CS) y aborto u otras patologías severas en población humana".

En lo que se refiere a las garantías que se estiman vulneradas, en cuanto a la privación, perturbación y amenaza del derecho a la integridad física y psíquica, alegada por los recurrentes, se controvierte dicha afectación, pues las acciones tendientes a salvaguardar el orden público, la integridad del patrimonio fiscal y de los particulares, el normal tránsito vehicular, sólo por nombrar algunos, han sido ejercidos como últimas medidas luego de que han fracasado las de menor entidad ello en estricta observancia de los protocolos y reglamentación dictada al efecto.

Al respecto, en cuanto a la supuesta afectación de la libertad de emitir opinión, estima que no tiene fundamento, pues no se ve de qué forma la intervención de Carabineros en la búsqueda de restaurar el orden público quebrantado, a través de hechos de gravedad conocidos por todos, pueda afectar tal garantía. Dicha alegación debe ser rechazada, pues la libertad de expresión, tal como lo señala el Tribunal Constitucional en el fallo dictado en la causa rol 2541-2013, que transcribe, resulta evidente que Carabineros de Chile no ha tenido participación en actos que pudieren constituir un obstáculo en la emisión, divulgación y recepción de la opinión o información, ni mucho menos haber incurrido en actos de censura previa, habiendo por lo demás una escasa e insuficiente acreditación a este Tribunal Superior de los eventuales e improbables hechos constitutivos de dicha afectación.

La Constitución Política, en su artículo 19 N° 13, asegura a todas las personas "El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía". En este sentido, el protocolo del uso de la fuerza, regulado en la Orden General N° 2.635, ha sido concebido para brindar protección a los manifestantes, así está señalado en el Protocolo N° 1, donde se indica "Todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas, esto es, pacíficas y sin armas, de conformidad a las garantías que confiere la Constitución, las leyes y los derechos consagrados en los principales instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos", esto implica que, mientras no existan situaciones que afecten la normalidad de la manifestación, Carabineros de Chile no intervendrá y solamente mantendrá una actitud de observación, situación que así ha sido durante las jornadas de protestas en la región durante las últimas semanas.

La Carta Fundamental establece que las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se rigen por las disposiciones de policía, en este caso, por el DS N° 1.086 del año 1983, norma que, si bien no afecta el contenido esencial del derecho a reunión, establece una serie de requisitos de índole administrativo que los organizadores deben cumplir.

Ahora bien, Carabineros de Chile está obligado a actuar y a utilizar los elementos disuasivos que contempla el protocolo cuando existen manifestaciones, ilícitas, violentas o agresivas, y, además, cuando se utilizan armas, según consta en la letra f), del Decreto Supremo N° 1.086, Protocolo N° 1, de la Orden General N° 2.635.

Por lo anterior, no puede existir un acto arbitrario o ilegal en el actuar de la Institución, pues el uso de esta clase de armas se encuentra permitido en nuestro ordenamiento jurídico, siendo un hecho no controvertido y reconocido expresamente por la parte recurrente, pues en la medida que existan manifestaciones como las descritas, se encuentra legalmente facultado para hacer uso de la fuerza, la que se ejerce sobre la base de criterios de necesidad, proporcionalidad y progresividad. Distinta sería la situación en el hipotético caso del uso de armamento prohibido en el contexto ya mencionado, pues en tal caso sí estaría en condiciones de declarar tal ilegalidad y disponer en consecuencia medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho para que esa prohibición sea observada de manera efectiva.

Asimismo, sostuvo que los hechos que importarían eventualmente la comisión de ilícitos, deben ser determinados así a través de las respectivas acciones judiciales en los Tribunales Ordinarios competentes, no siendo ésta acción constitucional la vía idónea para determinar responsabilidades, asi se ha fallado por la Corte de Apelaciones de Iquique, en la causa rol 984-2019, por la Corte de Apelaciones de Santiago, en las causas rol N° 2646-2019, 2614-2019, la Corte de Apelaciones de Temuco, en la causa rol 208-2019, la Corte de Apelaciones de nombre reservado Miguel, 33-2019 y 13.815-2019.

En cuanto a los hechos que se le imputan a su Institución en el presente arbitrio, respecto de la mujer de 58 años, doña nombre reservado habría recibido el impacto de un balín perdiendo su ojo derecho durante las manifestaciones del 20 de octubre, perdiendo totalmente la visión del mismo, Se informa que ésta, alrededor de las 19:39 horas del día 20.10.2019, ingresó al Hospital Regional Herminda Martín de Chillán, por presentar una lesión en el ojo derecho a raíz de un cuerpo extraño. Examinada por el Médico de Turno le diagnosticó "Estallido ocular ojo derecho, traumatismo del ojo y de la órbita, no especificado, traumatismo ocular grave", lesiones de carácter grave, según certificado DAU N° 1697980. La Tenencia de Carabineros "Chillán Oriente", por medio del Parte Denuncia N°1331, del 24.10.2019, dio cuenta de oficio a la Fiscalía Local de Chillán.

En relación a los hechos, cabe mencionar que como primer curso de acción, la Prefectura de Carabineros "Ñuble", dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo a cargo de la Fiscalía Administrativa de la citada Repartición, para los efectos de establecer la forma y circunstancias en que sucedieron los hechos, determinar responsabilidades y proponer medidas, si correspondiere. En base a las diligencias indagatorias llevadas a cabo en el contexto del Sumario en mención, la Fiscalía en Comisión, obtuvo la declaración voluntaria de doña nombre reservado, quien manifestó en su deposición que efectivamente el día 20.10.2019, alrededor de las 19:00 horas, en circunstancias que se encontraba en la explanada del frontis de la Intendencia Regional de Ñuble, en los momentos que un individuo desconocido era detenido por Personal de Carabineros, a la altura de la calzada de Avda. Libertad, acudió en su ayuda, y en los momentos en que se aproximaba a la ubicación, recibió un impacto en su rostro, desconociendo su origen y/o autor, cayendo por proyección a la calzada, siendo auxiliada por Carabineros en forma inmediata y también por civiles que se encontraban en el sitio del suceso.

Enseguida agregó que en pregunta realizada a esta persona en el transcurso del Sumario Administrativo, volvió a ratificar y corroborar que: "No se percató del origen que ocasionó su lesión ni el autor del hecho". Por otra parte, en base a las diligencias efectuadas por la Fiscalía Comisión, logró incorporar como medio de prueba tangible tres registros fílmicos, que grafican la secuencia del hecho en cuestión, observándose a través de ellos, que Carabineros de la Región de Ñuble, no percutó ningún tipo de armamento en la línea de trayectoria balística con la ciudadana citada. Es más, en el registro fílmico se logra apreciar el lanzamiento de un objeto contundente por parte de un manifestante, hacia la ubicación donde permanecía la Sra. nombre reservado, al parecer logrando impactarla, a juzgar por el tiempo, distancia, proyección y dirección que da lógica a la secuencia.

En consecuencia y basándose en el citado diagnóstico emitido por el Hospital Regional Herminda Martín de Chillán, se descarta preliminarmente que la lesión sufrida por la Sra. nombre reservado, haya sido como causa de algún tipo de acción por parte de Carabineros de Chile de la Región de Ñuble.

En cuanto a la arista penal de este hecho, se informa de acuerdo al portal www.pjud.cl. existe una querella presentada en el Juzgado de Garantía de Chillán por el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra quienes resulten responsables (Rit 8481-2019), la cual se encuentra en etapa de investigación desformalizada.

Independiente de lo antes informado, dable es mencionar que el día 20.11.2019, entre las 16:30 de ese día y las 01:10 horas del día 21-10-2019, alrededor de 6.000 personas se reunieron en la Plaza de Armas de la ciudad de Chillán portando pancartas, lienzos y elementos sonoros, expresando de esta forma su apoyo a los hechos ocurridos en la Región Metropolitana, producto de las demandas sociales, estos manifestantes se desplazaron por diversas calles céntricas de la ciudad de Chillán, interrumpiendo el normal tránsito vehicular y peatonal, como también, provocando daños a la propiedad pública y privada a través de rayados, amagos de incendio, encendido de barricadas, saqueos a tiendas comerciales y supermercados, entre otras acciones de esta índole, como por ejemplo, lanzamiento de piedras y demás objetos contundentes al Personal de Carabineros de la Región de Ñuble.

Agrega que en este contexto y con el propósito de restablecer el orden público quebrantado, por medio de altavoces se les solicitó a los manifestantes que depusieran su actitud y accionar, no obteniendo una respuesta favorable, lo que motivó el uso de disuasivos químicos, aplicándose igualmente el protocolo y las etapas establecidas para ello contenidas en la Orden General Digcar N° 2.635, del 01.03.2019, que aprueba el nuevo texto y deroga normativa relativa al Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público.

En este orden de ideas y como resultado del accionar del Personal de Carabineros de la Región de Ñuble, se logró la detención de 2 personas por maltrato de obra a Carabineros, 1 persona por hurto simple por valor de 4 a 40 UTM, 3 personas por receptación, 2 personas por daños calificados, 33 personas por desórdenes públicos y 11 personas por robo en lugar no habitado. Por otra parte, útil es mencionar que 12 Carabineros resultaron con diferentes lesiones, como producto de las acciones violentas y agresivas que llevaron a cabo los manifestantes en dicha ocasión.

antopuesto uso indiscriminado de bombas lacrimógenas por parte de Carabineros de Chile, el día 19 de octubre de 2019, en el frontis de la Gobernación Regional de Ñuble y en la plaza de armas de Chillán, sobre el particular cabe señalar que efectivamente ese día, en ambos lugares de la ciudad de Chillán se produjeron graves alteraciones al orden público que obligaron a Carabineros de Chile a proceder de acuerdo a sus Protocolos de actuación, en efecto, se produjeron interrupciones al libre tránsito, daños a la propiedad pública y privada, barricadas, entre otros. Conforme a lo anterior, es en dicho contexto que Carabineros de Chile, hizo uso de los disuasivos químicos con que cuenta para ello, previo al protocolo aplicado con anterioridad y que se indica él continuación, según el contenido de la Orden General Digcar N0 2.635, del 01.03.2019, que aprobó el nuevo Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público. En consecuencia y como resultado de las manifestaciones efectuadas ese día y lugar, se registraron 45 personas detenidas, sólo en esos dos hechos puntuales.

En cuanto a la alegación de que con fecha 30 de octubre del año 2019, lugar plaza de armas de Chillán, Carabineros de Chile, hace uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, luego de manifestación pacífica, aún con presencia de menores de edad menciona que entre las 18:40 y las 22:00 Horas, aproximadamente cantidad cercana a las 1.500 personas se reunieron en diferentes calles Chillán, para posteriormente iniciar una manifestación en diferentes calles de la ciudad interrumpiendo el tránsito vehicular y peatonal, céntricas de la ciudad, generando daños a la propiedad pública y privada consistente en rayados en edificios de la Intendencia Regional de Ñuble, amagos de incendio y barricadas encendidas, como también el lanzamiento de piedras y objetos contundentes a Carabineros.

Con el objeto de reestablecer el orden el personal de Carabineros de Ñuble, hizo uso de disuasivos químicos con que cuenta para ello, previo al protocolo, resultando 9 personas detenidas.

Además, el uso de los disuasivos químicos mencionados fue ejecutado por Personal de Carabineros ante delitos cometidos en flagrancia en la manifestación violenta protagonizada por personas que alteraron Y quebrantaron el orden público en uso de las facultades legales y reglamentarias, evitando un mal mayor.

Respecto a la alegación de que con fecha 21 de noviembre, Carabineros de Chile en la Plaza de Armas de Chillán, como asimismo en las calles Arauco con Libertad, habría hecho un uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, en contra de manifestantes pacíficos y con presencia de menores de edad, al respecto se puede señalar que en ambas situaciones Carabineros de Chile, en cumplimiento de su mandato constitucional, debió proceder a objeto de reestablecer el imperio del derecho frente a graves alteraciones al orden público, siendo una muestra de ello que 10 personas resultaron detenidas por la comisión de diferentes delitos.

Respecto a la alegación de que con fecha 22 de noviembre, Carabineros de Chile hace uso indiscriminado de bombas lacrimógenas en el centro de Chillán, específicamente en calle 5 de abril, aún con presencia de peatones que no participaban de las manifestaciones y menores de edad, sobre el particular puede señalarse que alrededor de las 18:25 y las 22:50 horas, se reunió en la Plaza de Armas de Chillán, un número cercano a las 250 personas, para posteriormente desplazarse e iniciar una manifestación por diferentes calles céntricas de la ciudad de Chillán, incluyendo la calle 5 de Abril. Durante la manifestación, estas personas nuevamente interrumpieron el normal tránsito vehicular y peatonal, generando daños a la propiedad pública y privada consistentes en rayados, amagos de incendio y barricadas encendidas, provocando daños a los semáforos, como también el lanzamiento de piedras y objetos contundentes a Carabineros. En dicho contexto y al igual que en las situaciones anteriormente descritas el Personal de Carabineros de Ñuble, hizo uso de los disuasivos químicos pertinentes, aplicando el protocolo contenido de la Orden General Digcar N° 2635, del 01-03-2019, que aprueba el nuevo texto y deroga normativa relativa al Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público. En dicho procedimiento resultaron 11 personas detenidas.

En mérito de lo expuesto, dable es señalar que el uso de los disuasivos químicos en las situaciones anteriormente descritas, fue desarrollado por Personal de Carabineros de la Región de Ñuble, ante manifestaciones ilícitas y violentas protagonizadas por personas que alteraron y quebrantaron el orden público, por lo que Carabineros de Chile en uso de las facultades estipuladas en el artículo 1010 de la Constitución Política de la República de Chile; y artículo 30 de la Ley N° 18.961, procedió, evitando de esta forma un mal mayor.

En cuanto a qué armamento utilizará Carabineros de Chile en las próximas manifestaciones, sobre el particular cabe indicar que aquella materia es resuelta en el plano operativo, in situ, dependiendo de la complejidad década situación. Sin perjuicio de lo anterior, puede señalarse que el armamento que puede utilizar el personal institucional es aquel que se encuentra previamente autorizado, por normativa interna, sea en virtud de lo prescrito en el Reglamento N° 14 de Armamento y Municiones para Carabineros de Chile y protocolos anteriormente mencionados en el cuerpo del presente Oficio informe.

En cuanto a los efectos que produce el efecto prolongado a los gases lacrimógenos, requerido de informe el Departamento de Armamento y Municiones de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros, indicó que basado en lo señalado en el informe de la Organización Mundial de la Salud denominado "Respuesta de la Salud Pública a las Armas Biológicas y Químicas (segunda edición)", texto que fue traducido al español por la "Organización Panamericana de la Salud" en el año 2003, señala que: no se ha demostrado que cause mutaciones in vivo después de la administración a animales de prueba.

No existe evidencia de que el CS sea carcinogénico y los estudios a dos años en ratas y ratones no suministraron ninguna evidencia de carcinogenicidad". Asimismo, dicho texto señala que la evidencia disponible también indica que el CS no es letal para los embriones ni teratogénico". Este mismo informe respecto del periodo de latencia y tiempo de recuperación, señala que. ""Ios síntomas oculares y del tracto respiratorio se presentan muy rápido a concentraciones de 4 mg/m3. La recuperación es generalmente completa 30 minutos después de que cesa la exposición, pero algunos signos pueden persistir por más hempo. Los tiempos aproximados de recuperación se mencionan a continuación: agudeza visual (unos pocos minutos); incomodidad torácica (5 minutos); tos y dificultad respiratoria (10 minutos); lagrimeo (hasta por 15 minutos); salivación (15 minutos); sensaciones cutáneas (15 minutos); inyección de la conjuntiva y sensación subjetiva de irritación ocular (25-30 minutos); eritema de los bordes palpebrales (1 hora)." Es dable señalar que Carabineros utiliza el agente químico (CS) desde mediados de la década de los 70', y desde esa data hasta la fecha este Departamento de Armamento y Municiones no ha recibido registros de antecedentes que permitan correlacionar patologías y/o secuelas con la exposición al es, entre el personal de la Institución de las Unidades Especializadas en el control del orden público que se exponen periódicamente a las mencionadas sustancias.

Asimismo, es dable señalar que las empresas a las cuales Carabineros de Chile adquiere los elementos disuasivos que contienen el agente lacrimógeno CS (empresa brasileña Condor Industria Quimica S.A.; empresa estadounidense Combined Tactical Systems inc. y la Fabricas y maestranzas del Ejército, tienen una concentración de O,4mg/m3., cantidad considerada no nociva para la salud humana por la Federación de Científicos Norteamericanos F.A.S. y por la Normativa Internacional que regula los productos químicos CS Nioch (Nacionallnstitute tor Occupational Safetx and Health) cuando son utilizados al aire libre en actividades de control de motines, manifestaciones hostiles o desordenes que alteran el orden público, por personal policial capacitado.

También afirma que el ente gubernamental OSHA, estamento que se preocupa de la seguridad ocupacional y que depende del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, señala también como concentración permitida O,4mg/m3.

Por otra parte manifestó que como se ha podido establecer, los métodos disuasivos, se han utilizado para contrarrestar el actuar de las personas que ocasionan desórdenes graves, como incendios, saqueos, daños Y agresiones a personas y al personal de Carabineros de Chile, en ningún caso se pretende atacar a los individuos que legítimamente participan en las marchas pacíficas, a los cuales la Institución está obligada a proteger.

Y como ya se expresara, en el caso de la escopeta antidisturbios, a partir del día 19 de noviembre, se dispuso por el General Director de Carabineros, como una medida de prudencia, suspender el uso de tal munición no letal como herramienta antidisturbios, pudiendo ser utilizada a partir de dicha fecha, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema Y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte del personal de Carabineros Y de terceros. Por tanto, la acción constitucional de autos pasó a perder oportunidad, toda vez que su pretensión principal, en esencia, ha sido satisfecha, pues se está pidiendo por la recurrente que se prohíba o se suspenda el empleo de escopetas antidisturbios por parte de Carabineros de Chile sin respetar sus protocolos institucionales, la cual como ya se informó, sólo podrá ser utilizada en el nivel 5 de agresión activa potencialmente letal, es decir, para repeler la agresión y proteger la vida del propio Carabinero o de un tercero. De esta manera, por el hecho de haberse adoptado hace unas semanas las medidas genéricas reclamadas, debe rechazarse la presente acción.

El protocolo para el mantenimiento del orden público que regula la Orden General N° 2.635, establece que la fuerza para dispersar reuniones ilegítimas, debe utilizarse de manera gradual haciendo un uso diferenciado de los medios en consideración a las circunstancias del caso, y en especial a la actitud de los manifestantes. En ese sentido, la escopeta antidisturbios es un elemento disuasivo que se utiliza de forma progresiva, y sólo respecto de manifestantes que ejecutan acciones violentas y agresivas, como bien lo indica el protocolo, en los distintos casos.

Finalmente, se debe indicar que la Institución ha tomado todos los resguardos para recibir e investigar aquellas denuncias, que puedan formularse por el uso de la escopeta antidisturbios con el objeto de determinar si el actuar del personal se ajustó al protocolo.

Conforme a las consideraciones expuestas, se concluye que no existen antecedentes, argumentos ni elementos de juicio que permitan acreditar, sustentar y/o admitir el presente Recurso de Protección, por lo que se solicita tener por informado el recurso y, en definitiva rechazarlo, con costas, en atención a que en los hechos descritos, Carabineros de Chile no ha vulnerado derecho alguno, actuando siempre en conformidad a Derecho.

3°.- Que al informar, el abogado don Javier Eduardo Parra González, en representación de la Intendencia Regional de Ñuble, refiere que a partir del día viernes 18 de octubre del año en curso, diversos sectores de la Región Metropolitana sufrieron reiteradas y graves alteraciones del orden y la seguridad pública, como consecuencia de la quema, saqueo y destrucción de numerosos recintos privados y públicos, especialmente, de la red de transporte del Metro y de buses; así como la interrupción de la libre circulación de las personas debido a la instalación de barricadas en las calles.

Enseguida añade que el inédito fenómeno en comento, se fue propagando desde la Región Metropolitana hacia el resto del país. Por ello, dada la magnitud de la afectación y el evidente riesgo para la seguridad de las personas, S.E. el Presidente de la República, entre otras regiones, mediante el Decreto Supremo N° 484, de 20 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; declaró estado de excepción constitucional de emergencia en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, de la Región de Ñuble, por un plazo de 15 días.

A nivel país, según la información de Carabineros de Chile y las distintas Intendencias, durante el estado de emergencia hubo 487 saqueos a supermercados y centros comerciales, daños a 84 entidades comerciales y 74 entidades financieras. También, ocurrieron severos daños a la propiedad pública: 27 buses del Transantiago quemados y 741 vandalizados; 12 Municipalidades con daños por incendios y ataques (Calama, Copiapó, Villa Alemana, Quilpué́, Olmué́, Catemu, Cabildo, nombre reservado Antonio, El Quisco, El Tabo, Valdivia y Coihayque); 4 Intendencias con destrozos (Valparaiso, Tarapacá́ , Atacama y Los Ríos) y 3 Gobernaciones con daños y destrozos (Arica, nombre reservado Antonio y Osorno); servicios de utilidad pública con daños y destrozos en todo el país (notarias, oficinas del Servicio de Impuestos Internos, Inspección del Trabajo, Fiscalía, antenas de telecomunicaciones, entre otros), así́ como destrozos y daños en cuarteles y vehículos policiales.

A continuación agregó que luego, se puso término al citado estado de excepción constitucional, a través del Decreto Supremo N° 536, de 27 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; pasando a partir de ese momento, nuevamente, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, esto es, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, la función exclusiva de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinan sus respectivas leyes orgánicas y demás disposiciones legales aplicables al efecto.

En efecto, una vez levantado el estado de emergencia, han seguido ocurriendo hechos graves de violencia que han requerido de un enorme esfuerzo, por parte de Carabineros de Chile, para resguardar el orden público. Al 3 de diciembre, se han producido 2.488 eventos graves, el número de funcionarios lesionados de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de las Fuerzas Armadas ascendían a 2.664, y 1.277 civiles lesionados. Según información de Carabineros de Chile, a esa fecha se han producido 740 ataques a vehículos policiales, 137 ataques a estaciones de Metro, 243 ataques a cuarteles policiales. Se han producido 947 saqueos y 279 incendios, resultando afectados 831 locales comerciales, 389 supermercados, 287 edificios públicos y 86 establecimientos educacionales.

A continuación hace un análisis de la naturaleza del recurso de protección para posteriormente sostener que éste no es de acción popular fundando sus dichos en que la legitimación activa de la acción de protección, supone analizar la exigencia que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en cuanto a que se exige que se deduzca por "el afectado o cualquier persona a su nombre". A mayor abundamiento, es una exigencia básica para la procedencia de este remedio judicial que, se acredite al menos un interés inmediato y directo comprometido, desde que el constituyente personalizó su ejercicio, limitándolo a quienes hubieren sufrido privación, perturbación o amenaza en sus derechos, a sus mandatarios, o a quienes comparezcan determinadamente en su favor, cuestión que claramente no se verifica en la especie. Agrega que no cabe duda que, los recurrentes dedujeron la presente acción de protección también a favor de personas indeterminadas y en pos de cautelar fines difusos, cuestión esta última, la cual, no resulta ser objeto de tutela en esta instancia de protección de derechos constitucionales. El criterio expresado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol N° 8.508-2010, y en la causa rol N° 180.688-2019.

Por otro lado, sostuvo que en estos autos, no hay referencia a una conducta (acción u omisión) de esta Intendencia Regional de Ñuble o del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales estimados como vulnerados por los recurrentes y que pueda ser remediada a través de esta acción constitucional.

En efecto, de acuerdo a los términos del artículo 1 de la Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; este servicio, es el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en los asuntos relativos al orden público y a la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias. Además, el artículo 3 letra b) del cuerpo normativo en comento dispone que, entre sus atribuciones, se encuentra la de velar por la mantención del orden público en el territorio nacional. Así las cosas, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuenta con facultades y competencia en lo relativo a la mantención del orden público en el territorio nacional.

Por su parte, el representante del Presidente a nivel regional, es el Intendente, de conformidad a la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, aplicable a los Intendentes y Gobernadores actualmente en ejercicio, de conformidad al artículo 7 transitoria, de la ley 21.074, y artículo primero transitorio de la ley 21.073. En particular, en el artículo 2° del referido cuerpo normativo, se encuentran las atribuciones del Intendente, destacando en su letra b) la de “Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes”.

Así las cosas, no cabe duda que, se han ejercido las facultades en la materia, cumpliéndose sus compromisos en la materia. En efecto, mediante el Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de ese mismo año), se establecieron los lineamientos generales y perentorios sobre el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, todos ellos, en armonía con los principios vigentes del derecho internacional que disciplinan la materia.

Por su parte, con el objeto de verificar que la normativa interna de Carabineros de Chile, diera cumplimiento a los lineamientos generales establecidos en el citado Decreto Supremo N° 1.364, se estableció en su artículo segundo que, dicha institución policial debía revisar y actualizar sus protocolos de actuación vigentes, dentro del plazo de noventa días corridos, disponiendo la publicación del instrumento final en el Diario Oficial.

En ese contexto con fecha 4 de marzo de 2019, se publicaron en el Diario Oficial dos instrumentos dictados por Carabineros de Chile, en cumplimiento de lo instruido por esta Cartera, a saber: (i) la Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, que actualiza las Instrucciones sobre el uso de la fuerza, y (ii) la Orden General N° 2.635, también de 1 de marzo de 2019, que aprueba los nuevos Protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público; proceso, en el cual, participaron activamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de la Sociedad Civil que asesora a la Subsecretaría del Interior y la Defensoría de la Niñez.

A modo de síntesis, en esta materia la normativa contiene disposiciones que permiten, regulan, acotan y precisan las condiciones de utilización de diversos elementos disuasivos y medios de fuerza que Carabineros de Chile está autorizado a utilizar, en una lógica de progresividad, necesidad y proporcionalidad de su uso. Lo anterior, a fin de que dicha institución policial pueda cumplir con su función de garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República.

Luego señala que no cabe sino concluir que las situaciones expuestas en la acción de protección de autos, podrían enmarcarse dentro de la responsabilidad que le cabe personalmente a cada uno de los funcionarios que hayan incurrido en los hechos que se mencionan; pero de ninguna manera, es el Ministro del Interior y Seguridad Pública y la Intendencia Regional de Ñuble, los responsables de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario de Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus labores operativas, relativas a garantizar y mantener el orden público y la seguridad interior en todo el territorio de la República.

Finalmente, expresa que no está demás precisar que, las contravenciones que puedan materializarse en relación con la normativa expuesta comprometen la responsabilidad del funcionario que incurre en tal conducta, debiendo destacarse que el ordenamiento jurídico nacional contempla vías específicas e idóneas para conocer esos casos, las cuales, serán expuestas en el siguiente apartado.

Indica que dado el carácter cautelar, excepcional, urgente, de tramitación informal, breve y sumaria que presenta la acción de protección, estima que no concurre circunstancia alguna que remediar mediante la presente acción judicial, sin perjuicio de los demás mecanismos que el ordenamiento jurídico nacional ofrece a los recurrentes para satisfacer sus pretensiones.

Al respecto, al tratarse el personal de Carabineros de Chile de funcionarios públicos, el ejercicio deficiente de su cargo, puede llegar a generar responsabilidades de orden administrativo, penal o civil; todas ellas, las que no son posibles de determinar y establecer en un proceso de naturaleza cautelar o de urgencia, sino que necesariamente a través de procedimientos de lato conocimiento.

En este punto añade que interesa destacar que, ante eventuales infracciones a los deberes y obligaciones de estos servidores públicos, existe por un lado una estructura de control sobre el accionar del personal de Carabineros de Chile, y por otro, los canales y mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes que permiten dar cuenta, atender y resolver estas vulneraciones, entre otras, la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, sus normas estatutarias y reglamentarias.

De otra forma, en el escenario de asumir como efectivos los sucesos en que se sustenta el recurso, esto es, que funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública utilizaron el armamento no letal de que disponen en contravención a la normativa que lo regula, causando lesiones a las personas, evidentemente, esos hechos importarían la comisión de ilícitos cuya sanción debe ser perseguida por las vías establecidas en la legislación y con arreglo a las normas procedimentales que ella misma contempla, no siendo la acción de protección, evidentemente, la vía idónea para obtener tal finalidad. Señala que así lo ha fallado la Corte de Apelaciones de Iquique, en la causa rol N° 1.001-2019, la Corte de Apelaciones de Valdivia, en la causa rol N° 5.241-2019, la Corte de Apelaciones de Iquique, en la causa causa rol N° 984-2019, también la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en la causa rol N° 8.013-2019, la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol N° 2.646-2019; la Corte de Apelaciones de Santiago, la causa rol N° 2.614-2019, la Corte de Apelaciones de Temuco, en la causa rol N° 208-2019, en consecuencia, respecto de las acciones que han sido denunciadas como constitutivas de atentados a los derechos constitucionales indicados por los recurrentes, en la medida que respondan a ilícitos penales o infracciones administrativas, deben ser denunciadas, tramitadas y resueltas por las autoridades correspondientes conforme a la legalidad vigente, ya sea, la propia institución de Carabineros de Chile en sede administrativa, y los tribunales de justicia en sede civil y/o penal, por lo que la acción de protección no es la vía idónea para denunciar los hechos expuestos por los recurrentes.

Sin perjuicio de ello, agrega que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cartera de Estado a la cual pertenece la Intendencia Regional, junto con valorar las acciones desplegadas para el control del orden público, instando siempre por el apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos; también ha comprometido públicamente, una total transparencia y colaboración para las investigaciones de eventuales ilícitos cometidos por el personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, en el ejercicio de sus funciones, instando para que ante cualquier denuncia de abuso, exceso o delito, inmediatamente, las policías instruyan los procedimientos disciplinarios y den cuenta de ello al Ministerio Público, para que dichas conductas sean investigadas y sancionadas, si así correspondiere.

Por último, manifestó que nuestro ordenamiento institucional, contempla la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la Ley N° 20.405; el cual, se encuentra actualmente recabando las denuncias de la ciudadanía y presentando las acciones penales correspondientes ante los tribunales competentes.

Por otro lado alega que la acción constitucional de autos pasó a perder oportunidad, toda vez que su pretensión principal, en esencia, ha sido satisfecha. En efecto, cabe recordar que, entre otras peticiones, en estos autos se solicita que Carabineros de Chile se abstenga de usar “escopetas antidisturbios y sus municiones” y se prohíba la utilización indiscriminada de “bombas lacrimógenas”, así lo falló la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol N° 2.202-2019, con fecha de 28 de noviembre de 2019.

Agrega que, el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, el pasado martes 19 de noviembre, comunicó a la ciudadanía en un punto de prensa que, respecto del uso de escopeta antidisturbios con munición no letal, “como una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte”.

Así, es menester acotar que, si bien la escopeta antidisturbios con munición no letal, podía utilizarse en los niveles 4 y 5, de agresión activa y agresión activa potencialmente letal; en la actualidad, ella solo podrá ser utilizada en el nivel 5 de agresión activa potencialmente letal, o sea, para repeler la agresión y proteger la vida del propio Carabinero o de un tercero.

Por su parte, en lo que dice relación con la solicitud consistente en prohibir la utilización indiscriminada de “bombas lacrimógenas”; cabe evidenciar que, el uso de disuasivos químicos se encuentra limitado en el ordenamiento jurídico nacional, bajo ciertos y razonables supuestos, los que Carabineros de Chile debe cumplir y observar atentamente, en el ejercicio diario de su función de control de orden público tal como, recientemente, por ejemplo, lo dispusiera la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la causa rol N° 37.593-2019, al acoger un recurso de reposición, a saber: “Y en relación al uso de sustancias químicas tóxicas, como elementos disuasivos, se autoriza sólo el uso de bombas lacrimógenas, debiendo aplicar Carabineros de Chile, estrictamente los Protocolos de Intervención para el Mantenimiento del Orden Público”.

En efecto, la solicitud en comento, de “prohibir la utilización indiscriminada de bombas lacrimógenas”, es la simple explicitación de la obligación que tiene Carabineros de Chile, cuestión que hace improcedente la acción de autos por ineficaz, puesto que buscan declarar las mismas competencias y deberes que dicho servicio público ya posee.

Lo dicho, ha sido así mismo resuelto y expresado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol N° 2.202-2018.

Por último, cabe añadir que la petición contenida en el libelo de los recurrentes, respecto del uso de la escopeta antidisturbios, en caso de acogerse en los términos planteados, condicionaría gravemente el actuar de Carabineros, incidiendo directamente en el ejercicio de las facultades que detenta dicho servicio y que dicen relación con su deber de garantizar y mantener el orden público, en los términos previstos por el ordenamiento jurídico nacional.

A mayor abundamiento, se establecería una imposibilidad absoluta a Carabineros de cumplir en cuanto a sus atribuciones constitucionales y legales, incidiendo ello directamente en las facultades que dicho servicio tiene en cuanto a garantizar el orden público en los términos previstos por el derecho, afectando ello no solo la seguridad de su personal, sino que también a todos los habitantes de la región respectiva. De hecho, estos mismos argumentos y razonamientos, por ejemplo, han sido los que han permitido a las Cortes de Alzada, revocar, las Órdenes de No Innovar decretadas, en la Causa rol N° 37.593-2019, Causa rol N° 174.413-2019, de 29 de noviembre de 2019, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Causa rol N° 37.495-2019, de fecha 28 de noviembre del año en curso, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, se De todo lo hasta aquí señalado, la acción de protección debe ser rechazada, además, por no haberse acreditado, ni siquiera mínimamente, cómo se estarían afectando por esta Intendencia Regional los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, no haciéndose tampoco una referencia a la relación de causalidad entre los hechos relatados y el actuar de la Intendencia Regional de Ñuble y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Al respecto, se invocan como vulnerados por ejemplo, el derecho a reunirse pacíficamente y el de emitir opiniones, siendo un hecho público y notorio que, en estas últimas semanas y prácticamente todos los días, la ciudadanía en su mayoría se ha volcado multitudinaria y pacíficamente a expresarse y copar los espacios públicos en las principales ciudades del país; hechos que demuestran que las alegaciones vertidas en este sentido por el recurrente, simplemente no se condicen con la realidad.

En síntesis, concluye que no se verifica en la especie, una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria imputable a la Intendencia Regional de Ñuble o al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, numerales 1, 12 y 13.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7º.- Que, los recurrentes estiman vulneradas las garantías contenidas en los numerales 1, 12 y 13 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, basados en el uso abusivo e indiscriminado que Carabineros de Chile ha hecho de la escopeta antidisturbios y de las bombas lacrimógenas, en el contexto del estallido social acaecido en el país y ciertamente también en esta Región, a partir del 18 de octubre pasado, cuestionando que los disparos de la fuerza policial, sean al cuerpo, a poca distancia y en contra de la población que pacíficamente plantea reivindicaciones sociales, precisando además que los balines tienen una composición altamente dañina, al igual que los gases expedidos, todo lo cual transgrede las garantías ya indicadas, arriesgando los manifestantes su integridad, al asistir a las manifestaciones.

8º.- Que, Carabineros de Chile, explica que tiene el respaldo constitucional y legal para hacer uso de la fuerza, en ciertas circunstancias y bajo ciertos protocolos, todo lo cual, se ha cumplido, negando ataques a la población que pacíficamente se ha manifestado. Sin perjuicio de ello, añade que se encuentran actualizando sus protocolos para resguardar el orden público y que la utilización de la escopeta antidisturbios, quedó restringida como medida extrema de legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte por orden de la Dirección General, de 20 de noviembre pasado, debiendo en ese caso, portarse una cámara para fiscalizar su uso. Respecto de las bombas lacrimógenas, advierte que tienen los componentes y cantidades permitidas, y que no provocan daños permanentes.

9º.- Que, a su turno, la Intendencia Regional, esgrimió no existir ninguna imputación concreta a su respecto y que lo que se ha planteado, atendida su generalidad y falta de concreción y determinación, es una verdadera acción popular, que no puede alegarse en esta sede. Agrega que en caso de existir responsabilidades penales, deben ser denunciadas y conocidas por los Tribunales correspondientes y no en esta acción cautelar. Finalmente estima que el arbitrio que se analiza ha perdido oportunidad, al haberse satisfecho al menos lo relativo a la escopeta antidisturbios, por la orden de suspensión emanada de la Dirección de Carabineros.

10º.- Que, en relación a la alegación planteada por la Intendencia Regional, respecto a lo planteado por los recurrentes es una verdadera acción popular, lo cual no está permitido por nuestra jurisprudencia al respecto, será desestimada, ya que los abogados recurrentes interpusieron el recurso en cuestión en su nombre, en razón que han participado en las manifestaciones ciudadanas de protesta, prestando servicios jurídicos gratuitos a manifestantes heridos y detenidos, por lo que han sido testigos del actuar ilegal y arbitrario de Carabineros en contra de las marchas pacíficas, por lo que esta Corte estima que su acción constitucional fue interpuesta por dichos recurrentes y no a nombre de personas, de tal forma que se cumple con el requisito de singularización e individualización que exige el Auto Acordado sobre la materia.

11°.- Que, en lo tocante a la alegación de la Intendencia Regional respecto a la falta de imputación en su contra, será también desestimada, por cuanto, dicho organismo es el garante de mantener el orden público, de acuerdo a las normas constitucionales y legales que la rigen.

12°.- Que, sin embargo, será acogida la alegación de la pérdida de oportunidad sostenida por la Intendencia Regional, puesto que se han dictado protocolos e instrucciones que regulan el ejercicio de los elementos disuasivos, entre los que cabe consignar la instrucción del General Director de Carabineros, cuestión que no ha sido controvertida, a partir del día 19 de noviembre pasado, respecto de la prohibición del uso de la munición de la escopeta antidisturbios, pudiendo ser utilizada a partir de esa fecha, así como de las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legitima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte del personal de Carabineros y de terceros, por lo cual al haber adoptado tal medida genérica, que es objeto de la reclamación, la cual fue antes de la interposición del presente recurso (3 de diciembre de 2019), carece de la oportunidad necesaria para disponer que Carabineros se abstenga por completo del uso de tales escopetas y sus municiones.

13°.- Que, en cuanto a la prohibición de utilizar las bombas lacrimógenas por parte de Carabineros en forma indiscriminada, su uso no se encuentra prohibida por la ley, y no es la judicatura la encargada de establecer protocolos de uso de este elemento, ya que se trata de una materia que es propia de la regulación hecha por la misma policía o por la autoridad ejecutiva.

14º.- Que, sin perjuicio de lo recién concluido, se dirá que tampoco se advierte la existencia de hechos arbitrarios e ilegales. En efecto, si bien puede compartirse que existen varios casos a nivel nacional de personas que han resultados heridas o fallecidas dentro del contexto de las manifestaciones sociales acaecidas, de ello, no se sigue, necesariamente, que en esta Región, Carabineros haya ejercido la fuerza legítima de un modo arbitrario, desde que no existen antecedentes para ello. Y los videos acompañados al recurso, no modifican lo decidido, ya que, en ellos si bien se observa y escucha que la fuerza pública utiliza bombas lacrimógenas y la escopeta antidisturbios, se desconoce el contexto de tal actuar, considerando que sólo se cuenta con pocas pistas de video de algunos segundos cada una, obtenidas de un modo no profesional, sin poder entonces calificar en este estadio, la pertinencia de aquellos usos.

15º.- Que, también es dable dejar en claro que si existiesen posibles responsabilidades penales o de otra naturaleza en que pudieran haber incurrido los funcionarios de Carabineros, tal persecución debe efectuarse mediante los procedimientos correspondientes, y no en esta sede, ya que en ella no se puede debatir respecto de la responsabilidad del Estado por el exceso que eventualmente hayan cometido sus agentes, ni la responsabilidad administrativa o penal de éstos.

16°.- Que, asimismo, el recurso no podrá prosperar, desde que lo pedido escapa a lo que puede determinarse en esta acción de urgencia. En efecto, se pretende en buenas cuentas, que esta Corte defina respecto de la forma en la que la policía debe controlar el orden público, cuestión propia de una política pública a cargo de las autoridades competentes.

17°.- Que, finalmente y estimándose por esta Corte que no se han vulnerado las garantías constitucionales alegadas, se desestimará el recurso de protección interpuesto por los recurrentes.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 Nº 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en contra de Carabineros de Chile Región de Ñuble, y de la Intendencia de Ñuble, representada por el Intendente Regional nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro titular Claudio Arias Córdova.

No firma el Ministro señor Arcos, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de permiso.

Rol N° 4105-2019-PROTECCION.