Protección contra Carabineros de Chile

Chillán, diecinueve de febrero de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que comparecen don Juan Pablo Burgos Henríquez, abogado, por la Universidad del Bío-Bío, Juan Pablo Yáñez Abuter, abogado, por la Universidad de Concepción, y José Antonio Santander Gidi, abogado, por la Universidad Católica de La Santísima Concepción, y en representación respectivamente de los Rectores de las Universidades quienes a su vez comparecen en representación de la Institución que representan y del conjunto de sus comunidades universitarias incluyendo estudiantes y funcionarios(as) académicos(as) y no académicos(as) don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, interponiendo acción protección en contra de Carabineros de Chile, representado legalmente por su General Director don nombre reservado.

Refieren que están en conocimiento que muchos de quienes, con ocasión de ejercer su derecho a la libertad de reunión, han visto perturbada o amenazada su integridad física y psíquica, son integrantes de las mencionadas casas de estudio, por lo que solicitan se ampare y se preste protección a la integridad de ellos y de todos quienes manifiestan legítimamente sus puntos de vista en cuestiones públicas, con el objeto que, al hacerlo dentro de los márgenes de la ley, no se vean expuestos ni a la perturbación ni a la amenaza de su integridad física o psíquica o de su mismo derecho de reunión, al estar expuestos a posibles mutilaciones oculares por parte de Carabineros de Chile, si dicha institución sigue utilizando en forma indiscriminada y sin control armas de fuego, agregando que el objeto de la presentación del presente recurso no es impugnar las normas reglamentarias y demás actos administrativos que regulan el uso de la fuerza por parte de Carabineros, ni para perseguir eventuales responsabilidades, administrativas, civiles o penales de la institución, sino allanar el camino para el pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales y de las comunidades universitarias, ante el riesgo, real y plausible, de que sea restringido de forma ilegal y arbitraria.

Señala que en contexto del estallido social iniciado el 18 de octubre pasado, mediante Decreto N°484 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Presidente de la República decretó Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, designando como Jefe de Defensa Nacional en la zona al General de Brigada nombre reservado, añadiendo que desde esa fecha, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ha reportado el número, a nivel nacional, de personas detenidas, y heridas en hospitales, señalando un total, entre otras lesiones, de 223 personas que presentaban heridas oculares. En lo que respecta a esta región, el mismo INDH, según informe del emanado el día lunes 26 de noviembre de 2019, constató los siguientes hechos: 231 personas detenidas a la fecha, 167 hombres, 25 mujeres y 39 menores de edad; 45 denuncias en contra de Carabineros de Chile y de las FF.AA. indica que dentro de dichas cifras se consideran lesiones de miembros de las comunidades universitarias a las cuales representan, a saber, Universidad de Concepción: al estudiante D.B.S.P., detenido con uso excesivo de fuerza con fecha 28 de octubre de 2019, produciendo fractura de los huesos de la nariz; Universidad del Bio Bío la estudiante G.A.B.F., detenida con uso excesivo de fuerza, con fecha 13 de noviembre de 2019; y la estudiante C.F.P.P., quien fue rociada directamente en su rostro con gas pimienta, con fecha 21 de noviembre de 2019. Universidad Católica de la Santísima Concepción: al estudiante de iniciales F.G.L., herido por balines parte del cuerpo, en la pierna y glúteo, en la semana del 11 al 15 de noviembre de 2019; y al estudiante de iniciales D.N.F., herido por balines en rodilla y piernas el 6 de noviembre de 2019.

Agrega en este mismo orden de ideas que, el 09 de noviembre de 2019, la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital Salvador, que corresponde al centro de derivación de trauma ocular a nivel nacional, señala que “Desde el 19 de octubre del 2019, de manera paralela al decreto de estado de emergencia, se genera un aumento exponencial de los casos de trauma ocular”, refiriendo el documento que en el 80,9% de los casos se identificó como mecanismo de acción el impacto de perdigones o balines antidisturbios. Como resultado del impacto de los balines, el informe señala que en un 60,3% de los casos se produjo la ceguera del ojo afectado. El citado informe, da cuenta de que los balines extraídos de los pacientes son de aproximadamente 8 mm de diámetro, de color negro y que parecen ser de goma a primera vista, sin embargo, se ha constatado que los balines tienen densidad metálica, a lo que se añade que los pacientes han señalado que los disparos se han efectuado a una distancia inferior a diez metros y apuntando directamente hacia la zona de la cabeza, en contravención a las instrucciones del fabricante y a los protocolos policiales. Por su parte, el Presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, nombre reservado, el día 05 de noviembre de 2019, expresó que: “Cuando evaluamos esto a nivel internacional, haciendo una revisión exhaustiva del número de casos de pacientes que han perdido el globo ocular por uso de armas no letales, el número es también muy alarmante y lideramos, tristemente, esta cifra. A nivel internacional, haciendo una revisión de los últimos 27 años, tomando todas las series publicadas respecto a personas que fueron dañadas con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflicto, y estoy incluyendo Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros, en total, son más de 1900 lesionados por balines, y de ellos 300, tenían lesiones oculares. Nosotros tenemos prácticamente la mitad de ese número en dos semanas. Por lo tanto, acá tenemos claramente una emergencia sanitaria”. A su vez, con fecha 10 de noviembre, el INDH emitió un comunicado en el que señalaba que: “El uso de la fuerza debe ser el último recurso. Por ello el INDH exige terminantemente que se ponga fin al uso indiscriminado de escopetas antimotines. Además, se reitera al Gobierno que instruya a Carabineros de Chile, través del Ministerio del Interior, el respeto irrestricto de los protocolos policiales, lo que no se están observando en las calles". Indica que estos graves hechos han sido también reconocidos por la prensa internacional, así, The New York Times, realizó el reportaje audiovisual “It’s Mutilation: The Police in Chile are Blinding Protesters” (“Es mutilación: La Policía Chilena está Dejando Ciegos a los Manifestantes”) en el que da cuenta del uso de balines antidisturbios contra la ciudadanía, disparados a corta distancia y apuntando a partes del cuerpo en las que los balines pueden causar el mayor daño posible. Además, las mismas entidades antes señaladas han constatado como otra causa del traumatismo ocular severo sufrido por los manifestantes impactos de objetos contundentes distintos a los balines antidisturbios, esto es, de cartuchos de escopetas de gases lacrimógenos, los que lanzados directa e indiscriminadamente en dirección a las personas, y no en parábola, han provocado impactos capaces de producir ese daño. Por otro lado, señala que, los efectos nocivos inmediatos de la aplicación de armamento químico son, entre otros, irritación instantánea de los ojos, nariz, boca, piel y vías respiratorias, problemas para respirar, ahogo, salivación, opresión de pecho, dolor de abdomen, náuseas y diarrea, además en grandes cantidades durante las movilizaciones, queda impregnado en las calles de la ciudad por días, causando las consecuencias antes descritas a transeúntes de la ciudad, que pueden no haber tenido participación directa ni indirecta en las manifestaciones.

Expresa que mediante Decreto N°1.364 de 13 de noviembre de 2018 el Ministerio del Interior y Seguridad Pública estableció los lineamientos generales para el uso de la fuerza en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público. En conformidad con el Decreto referido, el General Director de Carabineros emitió la Circular 1.832, de 1 de marzo de 2019, publicada en el Diario Oficial el 4 de marzo de este año, denominada “Uso de la Fuerza: Actualiza Instrucciones al Respecto”, que corresponde al instrumento normativo que en el derecho interno especifica el uso adecuado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile. Por su parte, la Orden General Nº 2635, igualmente de 1 marzo de 2019, emitida por la Dirección General de Carabineros de Chile, contiene los “Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público: Aprueba Nuevo Texto y Deroga Normativa que Indica” (“Protocolo”), pese a ellos, Carabineros de Chile ha actuado arbitraria e ilegalmente, pues ha violado el Decreto, la Circular y el Protocolo, así como la Constitución, al ejecutar las acciones que por esta presentación se han denunciado, existiendo la expectativa cierta de que siga incurriendo en dichas ilegalidades en el contexto de sucesivas manifestaciones pacíficas, toda vez que, la Circular otorga un importante grado de discrecionalidad a los funcionarios de Carabineros desde que en sus manos se encuentra la interpretación, caso a caso, de un conjunto importante de conceptos de textura abierta y que, precisamente esa discrecionalidad ha sido ejercida de manera abusiva en los días pasados; nada indica que ello deje de acontecer en los próximos días en las sucesivas manifestaciones, de una manera tal en que se incumpla nuevamente con varias de las reglas que se han descrito hasta ahora, por lo tanto la recurrida ha actuado de manera ilegal y además arbitraria al haberse ejercido dicha discrecionalidad con total falta de razonabilidad, proporcionalidad y progresividad; existiendo la amenaza creíble de que ello se reitere en las manifestaciones venideras. Lo anterior no se ve alterado por el hecho de que, con fecha 10 de noviembre de 2019, el Ministro del Interior ordenó al General Director de Carabineros un uso excepcional o “acotado” de este tipo de proyectiles. Precisamente, las normas vigentes regulan el modo en que se debe usar la escopeta antidisturbios por Carabineros en situaciones extremas, con requisitos restrictivos. De este modo, este nuevo hecho no innova, sino que viene a reiterar la necesidad de que el uso de la coacción mediante este tipo de armas que generan un riesgo comprobado de lesiones irreversibles en la población sea excepcional. En cualquier caso, no se han prohibido estos proyectiles. El anuncio recién citado de hecho confirma que seguirán usándose, lo que se suma a que el propio Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Gonzalo Blumel Mac-Iver, ha señalado que no se ordenará a Carabineros cesar el uso de escopetas antidisturbios, lo que le da mayor plausibilidad a este recurso.

Los recurrentes estiman que Carabineros de Chile con su actuar ha vulnerado, a lo menos en grado de amenaza inminente y creíble el ejercicio legítimo del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política, la amenaza radica en el riesgo cierto de perder el uso, parcial o totalmente, temporal o definitivamente, de al menos uno de los ojos. Agrega que según informe de la Universidad de Chile revela que los perdigones utilizados por la recurrida están compuestos solo en un 20% de caucho y en un 80% por plomo, silicio y sulfato de bario, lo que adicionalmente a la gravedad del problema del uso indiscriminado de las escopetas y las municiones, se agrega el hecho de que dichos proyectiles tienen evidentemente la magnitud de causar graves daños a la salud (además de las heridas) de las víctimas de los perdigones, en atención a los efectos que los elementos químicos señalados puedan causar en los organismos de las personas, razones por las cuales el derecho a la integridad física y psíquica se ve conculcado en un grado mucho mayor del que a primera vista puede visualizarse. Por su lado, el disuasivo químico utilizado por Carabineros, más conocido como “gas lacrimógeno”, genera efectos inmediatos en la salud, sin perjuicio de otros efectos que a mediano y largo plazo podría provocar en la salud de las personas, en especial a la población más sensible a estos efectos, como niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Además, estiman vulnerado, en grado de amenaza y perturbación el ejercicio legítimo del derecho de reunión, consagrado en el artículo 19 Nº 13 de la Constitución Política, que se encuentra íntimamente vinculado con la libertad de expresión y el régimen democrático de gobierno. Una de las modalidades de ejercicio del derecho de reunión se materializa, justamente, a través de las manifestaciones. Al igual que en el caso del derecho a la integridad personal, la libertad de reunión impone un deber negativo de abstención al Estado y sus agentes, de ejecutar conductas que impidan la realización de reuniones pacíficas y sin permiso previo, sosteniendo que éste es un derecho básico en una democracia pues permite que la ciudadanía participe de manera activa en la vida política de su comunidad y vigile la actuación de sus representantes. A diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, el ejercicio del derecho de reunión exige la posibilidad de una aparición física del ciudadano o ciudadana, no bastando para ello la pura libertad de intercambiar ideas. La exigencia constitucional de que la reunión sea “sin permiso previo” habilita a las personas manifestarse críticamente incluso respecto de las posiciones oficiales del Estado o gobierno, pudiendo exigir cuentas a la autoridad por sus acciones. Lo anterior vuelve indispensable para el ejercicio del derecho la posibilidad de agruparse y manifestarse colectivamente, sin temor a sufrir un menoscabo en la salud o en la integridad física y psíquica. De lo contrario, las personas se ven disuadidas de expresar colectivamente sus opiniones en la esfera pública, con el consiguiente detrimento en la deliberación democrática de nuestros asuntos comunes. Ello explica además que, como señala el texto constitucional y como lo ha declarado también la Excma. Corte Suprema, el ejercicio del derecho de reunión no requiere de un permiso anticipado por parte de la autoridad. Pero por sobre todo implica que, en la tarea de resguardar el orden público y los derechos de todos y de todas, la autoridad deba también garantizar la seguridad e integridad de quienes ejercen su derecho de reunión pacíficamente y sin armas.

Finalmente, y en mérito de lo expresado, las recurrentes piden a esta Corte que: 1) Se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto atribuible a funcionarios de Carabineros de Chile, consistente en disparar balines, perdigones y cartuchos de gases lacrimógenos, en forma contraria a sus protocolos, causando lesiones gravísimas, y de la amenaza que esto representa para los Derechos constitucionales de los recurrentes; 2) Se declaren amenazados el Derecho a la integridad física y psíquica de las personas, a la libertad de reunión y la libertad de expresión, asegurados por los artículos 5° inciso segundo, 19 N°1, N°13 y N°12, de la Constitución, en relación a los artículos 7, 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 5, 13, 15, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3) Se ordene a Carabineros de Chile abstenerse de utilizar escopetas antidisturbios, así como municiones y proyectiles (perdigón de goma, supersock y cartuchos de gas lacrimógeno, y en general, los de similares características, cualquiera sea su denominación), que tengan los mismos efectos, sin respetar sus protocolos institucionales, en el contexto de las próximas manifestaciones pacíficas a las que se convoque en general y se participe por parte de los miembros de nuestras comunidades universitarias; y/o, e n subsidio, se ordene a la recurrida que suspendan el uso de las citadas escopetas y proyectiles, sin adecuar y/o actualizar sus protocolos y normativas en el uso de dichos elementos, de acuerdo a derecho y a los parámetros del estándar que el respeto por la integridad y derechos humanos de todas las personas, exige; 4)

Que, sin perjuicio de lo anterior, disponga adoptar las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, subsanando los efectos de las conductas ilegales y/o arbitrarias que amenazan los derechos constitucionales de los recurrentes.

2°.- Que informando la presente acción constitucional nombre reservado, Director General de Carabineros de Chile, estima que es necesario recordar que desde el 18 de octubre, debido al estallido social registrado en la región, Carabineros de Chile desplegó diversos servicios policiales para mantener y controlar el orden público, pues tanto en la capital regional como en las demás ciudades, se han registrado graves situaciones que han afectado la tranquilidad y la seguridad de la población; en ese contexto, se ha estado aplicando el protocolo para el mantenimiento del orden público y además se han utilizado los distintos elementos disuasivos que permite la norma. En este sentido, para abordar adecuadamente los argumentos formulados por el recurrente, se debe precisar lo siguiente: las acciones desplegadas no pueden considerarse ilegales, pues una de las obligaciones que corresponde a Carabineros de Chile, es el resguardo del orden público, así lo señala el inciso segundo del artículo 101, de la Constitución Política de la República, que señala “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas”. Este mismo imperativo está en el artículo 1°, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que establece que “Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley”. Para mantener el orden público, se ejecutan acciones de carácter preventivo y otras que son necesarias para restablecerlo cuando se producen alteraciones; en este último caso, según las circunstancias, se utiliza la fuerza que contempla: a) El Decreto Supremo 1.364 del año 2018, que establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público; b) La Circular N° 1.832 del año 2019, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza, y; e) La Orden General N° 2.635 del año 2019, que establece los protocolos para el mantenimiento del orden público. Las referidas acciones se utilizan bajo los parámetros que establece el Derecho Internacional en sus dos principales instrumentos; el primero, corresponde al denominado Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley-, que en su artículo 3 o señala que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”; y el segundo, a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley que en el numeral cuarto, de las disposiciones generales, precisa que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”, es decir, los usos de los elementos disuasivos se ejecutan sobre la base de los criterios de progresividad, necesidad y proporcionalidad. Los conjuntos de estas disposiciones configuran el marco normativo sobre el uso de la fuerza. La Orden General N° 2.635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura en base de cuatro escenarios: a) Reguardo del derecho de manifestación; b) Restablecimiento del orden público; e) Desalojos, y d) Procedimiento con infractores de ley; además, regula el trabajo con distintos organismos, entre ellos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. El anexo número uno de la norma, contempla los elementos que pueden ser usados para este fin, según la siguiente clasificación: primaria, Dispositivos, armas y/o munición no letal o menos letal; secundaria, Armas cortas y armas automáticas con munición de arma de puño; terciarias, Armas largas, y; cuarta, Armas de apoyo de alto poder de fuego. El empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidad de la intervención policial depende del tipo de manifestación, la cual, de acuerdo al protocolo, puede ser violenta o agresiva, y también del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal de la Institución, es decir, esta decisión no es enteramente discrecional como lo entienden los recurrentes. En este sentido, para una mejor comprensión de estos términos, el protocolo, en su anexo número dos, contempla el siguiente glosario: 1) "Empleo diferenciado de la fuerza", corresponde al uso gradual según el grado de resistencia que se oponga, y; 2) "Gradualidad de la intervención", son los pasos a seguir para la utilización de los medios disponibles para el mantenimiento del orden público y consiste en dialogar, contener, despejar, dispersar y detener. Los elementos que se emplean para el control del orden público, según el mismo protocolo, son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Todos estos mecanismos, son utilizados bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que, como ya se indicó, están definidos en la Orden General N° 2.635; ello supone, un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias y en la medida que la operación lo permita, por ejemplo, en una manifestación no violenta, el diálogo podrá realizarse y sus resultados pueden ser exitosos, lo que, contrario sensu, no ocurrirá en una de características violentas.

Añade, en relación a la utilización de la escopeta antidisturbios y los gases lacrimógenos como elementos disuasivos para el control del orden público, que la escopeta antidisturbios es un elemento disuasivo que los cuerpos policiales de distintos países del mundo utilizan para el control de muchedumbres. En la escala de progresividad que contempla la Orden General N° 2.635, su uso procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y también cuando está en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes pacíficos y del personal policial, así está señalado en el numeral 2.8., es decir, su empleo no es discrecional, pues se circunscribe sólo a muchedumbres violentas y agresivas. Adicionalmente, la Circular N° 1.832, establece que este medio está un peldaño antes de las armas de fuego que se ocupan con munición letal, es decir, es considerado un elemento que no pone en riesgo la vida de las personas porque funciona con un cartucho de 12 mm, que contiene un proyectil con 12 postas de goma endurecida de material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm súper-shock que se compone de un saquete o bolso, una tapa de cartón del plano de boca y una vaina. El uso de este elemento, como luego se expondrá, actualmente está suspendido por disposición del Alto Mando de la Institución y no puede ser usado para el control del orden público. Los disuasivos químicos, se encuentran en concordancia con las tácticas policiales a nivel mundial y se emplean para contrarrestar las alteraciones del orden público. En nuestro país, estos elementos son principalmente, el humo blanco, el gas lacrimógeno es y el agente irritante, los cuales pueden ser utilizados como dispositivos manuales (granadas), rociadores (spray), lanza granadas (escopeta o pistola) o a través de máquinas y vehículos tácticos policiales. Su utilización, además de estar consagrada en los protocolos, también está reconocida a nivel legal. En efecto, la letra e), del artículo 2°, de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, señala que" estarán sometidos a su control, entre otras sustancias químicas, los elementos lacrimógenos; asimismo, establece, en su artículo 3°, inciso 4°, una excepción para Carabineros de Chile, en virtud de la cual, dentro de sus operaciones policiales para el control y restauración del orden público, está autorizado para poseer y tener disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o explosivos y de granadas, fabricados sobre la base de gases paralizantes, como también los implementos destinados a su lanzamiento y activación". En este sentido, se informa que en los procesos de licitación la Institución exige a los distintos proveedores una certificación para acreditar que los productos contienen agentes químicos CS, en las concentraciones que permite la legislación internacional, lo cual demuestra que el actuar de la Institución, se ajusta al Principio de Legalidad. El uso de disuasivos químicos para el control del orden público ha sido efectivo y a la fecha no existen casos con consecuencias fatales, es decir, se trata de un elemento que minimiza el riesgo letal. Además, se puede informar que los gases lacrimógenos que son adquiridos reúnen los siguientes requisitos: a) No son letales (con un uso adecuado y con personal capacitado); b) Son de efecto rápido (genera una reacción inmediata); e) Los síntomas son disipados en breve tiempo al cesar la exposición, y; d) Las concentraciones no superan los 0.4 mgjm3, conforme a la norma tenida a la vista (niosh y osha). Ahora bien, la utilización de gases lacrimógenos en el control del orden público opera bajo los criterios de necesidad, progresividad, proporcionalidad, empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención, pues están antes de la escopeta antidisturbios. Sobre los efectos que produce este tipo de elemento en la población, resulta relevante el estudio que Instituto de Salud Pública remitió al Ministerio del Interior y Seguridad Pública el 20 de mayo de 2011, donde, a propósito de la posible relación de causalidad entre el gas lacrimógeno usado en Chile y los efectos abortivos, se indicó" se reconoce la existencia de los habituales efectos agudos irritativos, tales como tos, lagrimeo, broncoespasmo, irritación bucal, rinorrea, etc. Sin embargo, no se dispone de evidencia científica consistente que permita concluir la presencia de una posible asociación causal entre gas lacrimógeno (eS) y aborto u otras patologías severas en población humana. Por último, es útil mencionar que, Carabineros de Chile, en el control de orden público, antes de utilizar gases lacrimógenos, tal como lo dispone el protocolo, por megafonía, debe advertir, a lo menos en tres oportunidades, que empleará disuasivos químicos, ello permite a las personas tomar los resguardos necesarios para no quedar expuestos a la acción de los mismos. Obviamente, estos avisos se cumplen en la medida que las circunstancias y el teatro de operaciones así lo permita. En la actual situación que vive la región, en materia de orden público, los eventos violentos se han multiplicado; en este sentido, sólo como dato estadístico, se debe informe que hasta el día 16 de diciembre del presente año, en la Región de Ñuble han ocurrido 114 eventos graves, de los cuales 37 han sido desórdenes, 06 saqueos, 13 daños, 01 cortes de ruta, 03 atentados incendiarios, 01 ataques a cuarteles, 11 ataques a vehículos policiales y 52 manifestaciones, por los cuales han sido detenidas 321 personas. Además, se hace presente que a la fecha se registran 18 Carabineros lesionados de distinta gravedad. Lo anterior deja en evidencia el nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar el personal de la Institución, quienes para hacer frente a esta realidad sólo cuentan con los mecanismos que contempla el protocolo. En este nuevo escenario, para restablecer el orden público, resulta más eficaz el uso de los elementos disuasivos de mayor intensidad como gases lacrimógenos y la escopeta antidisturbios. En cuanto a los elementos disuasivos cuestionados, se debe aclarar que, si bien la escopeta antidisturbios está categorizada como un elemento no letal, por su propia naturaleza, eventualmente, podría causar afectación a la integridad física de las personas, pero ello también podría ocurrir con los demás elementos de menor intensidad, como el cañón de agua y los gases lacrimógenos que afecta la vía respiratoria y produce irritación. Sin embargo, es importante mencionar que estos dispositivos sólo se utilizan para controlar y disuadir grupos que, actuando en muchedumbres, ejecutan actos violentos, provocan graves alteraciones al orden público y agreden a las personas que se manifiestan en forma pacífica y por supuesto al personal de Carabineros de Chile, es decir, su utilización constituye una reacción que busca restablecer el orden y la seguridad, pero en ningún caso su objetivo es poner en riegos la vida de personas. La decisión de incrementar el uso de la fuerza, llegando incluso hasta la escopeta antidisturbios, en ningún caso puede ser considerado un actuar arbitrario como lo entienden los recurrentes, pues obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que el marco normativo determina. Por ello, si no pudieran utilizarse los gases lacrimógenos ni la escopeta antidisturbios, por aplicación del principio de progresividad, la Institución se encontraría autorizada para usar armas de fuego con munición letal, 10 que, sin duda, causaría un peligro real para la vida de las personas; en ese contexto adquieren relevancia estos elementos (escopeta y gases), porque constituyen mecanismos que impiden llevar al extremo el uso de la fuerza que Carabineros de Chile legítimamente podría emplear, y que, si hasta la fecha no ha tenido lugar, es justamente por su existencia.

En cuanto a las lesiones referidas en el libelo, indica que de acuerdo con el informe de fecha 11.12.2019, evacuado por el Coronel de Carabineros Sr. nombre reservado - Prefecto de la Prefectura Ñuble "N° 17"- Y por el Teniente Coronel de Carabineros Sr. nombre reservado - Subprefecto de los Servicios de la Prefectura Ñuble "N° 17"-, es posible informar que: En cuanto al estudiante detenido D.B.S.P. de la Universidad de Concepción, se informa a que efectivamente personal de la Prefectura de Carabineros "Ñuble", lo detuvo a las 20.30 horas del día 28.10.2019, al porque tomó participación en manifestaciones públicas junto a un grupo indeterminado de individuos, quienes instalaron barricadas en la Avenida Ecuador de la ciudad de Chillán, provocando posteriormente desórdenes públicos, siendo identificado por funcionarios de Carabineros, en los instantes en que esta persona lanzaba objetos contundentes a los funcionarios de servicio que estaban restableciendo el orden quebrantado. Que, los manifestantes al divisar la presencia de Carabineros, se dieron a la fuga en diferentes direcciones, logrando el personal de servicio detener a D.B.S.P en Avenida Ecuador esquina calle Central, oportunidad en que se empleó la fuerza dentro de los parámetros establecidos para ello. El detenido, para evitar el actuar policial, agredió con golpes de pies y puños al Capitán nombre reservado, quien resultó con equimosis, lesión de carácter leve, según certificado médico DAU N°1707994. A consecuencia de su actuar, el detenido resulto con "Fractura de los huesos de la nariz", lesión de carácter grave, según certificado médico DAU N°1707915; ambos diagnósticos emitidos por el médico de Turno del Hospital Regional Herminda Martín de Chillán. Producto de los hechos descritos, el detenido provoco daños a las siguientes especies fiscales: dos protectores de ojos (antiparras) marca ESS, de material mica acrílico, marco de gomas y un casco antifracmentario marca Rabintex, modelo Golfo, serie N° 12760, daños avaluados en la suma de $ 640.000.- Por instrucciones del fiscal de turno, el ciudadano pasó a audiencia de control de detención por el delito de Maltrato de obra a Carabinero, según parte de detención N° 4688, de día 28.10.2019, de la 2da Comisaría de Carabineros Chillán. En relación a la estudiante detenida G.A.B.F. de la Universidad del Biobío, se informa que el día 13.11.2019, no existen datos en la Prefectura Carabineros Ñuble, sobre la detención de una estudiante de esa Casa de Estudios Superiores, con las referidas iniciales. Sin embargo, hace presente, que personal de la Prefectura de Carabineros "Ñuble", detuvo a las 22.15 horas del día 12.11.2019, a la ciudadana G.B.F., porque tomó participación en la interrupción del normal tránsito vehicular en Avenida Libertad esquina calle 18 de Septiembre de la ciudad de Chillán. Cuando el personal de Carabineros se encontraba restableciendo el orden quebrantado, un grupo aproximado de 30 personas se opusieron a dicha acción, momentos en los cuales, una mujer identificada como G,B.F, lanzó tres golpes de puño en diferentes partes del cuerpo y rostro al Capitán nombre reservado, no causándole daños ni lesiones, procediendo a su detención, aplicando y haciendo uso de la fuerza en un contexto legal, necesario, proporcional y responsable, dándole a conocer el motivo de la detención y los derechos que le asisten. La imputada fue trasladada al Hospital Herminda Martín de Chillán, donde el médico de turno le diagnosticó "Escoriaciones en codos y eritema cervical", de carácter leve, según certificado médico DAU N° 1727615. Por instrucciones del fiscal de turno, la ciudadana pasó a control de detención a primera audiencia al Juzgado de Garantía de Chillán por el delito de Maltrato de obra a Carabineros, según parte de detención N° 4914 del 12.11.2019 de la 2da Comisaría Chillán. En lo que respecta a la estudiante C.F.P.P., - quien fue rociada directamente en su rostro con gas pimienta, con fecha 21 de noviembre de 2019, sobre el particular señala, que no existen en Carabineros de Chile antecedentes sobre ese hecho o donde estuviere involucrada una persona con iniciales C.F.P.P. por lo que no se puede informar al respecto. En cuanto a la situación descrita en el Recurso de Protección como estudiante de iniciales F.G.L., herido por balines parte del cuerpo, en la pierna y glúteo, en la semana del 11 al15 de noviembre de 2019", no existe registro en los Cuarteles de esa Repartición, respecto a lo sucedido a una persona cuyas iniciales serían F.G.L. Se suma a lo anterior, el hecho que tampoco se registra atención de urgencia en los establecimientos asistenciales, ubicados en la ciudad de Chillán, de una persona con dichas iniciales y por tal motivo. Respecto a al estudiante de iniciales D.N.F., herido por balines en rodilla y piernas el6 de noviembre de 2019, no existe registro alguno en los Cuarteles dependiente de la Prefectura Ñuble, respecto a la situación descrita y que guarde relación con alguna persona cuyas iniciales sean D.N.F. Se suma a lo anterior, el hecho que tampoco se registra atención de urgencia en los establecimientos asistenciales de la ciudad de Chillán, de una persona con dichas iniciales y por tal motivo.

En cuanto a la supuesta afectación de garantías, señala que la Constitución Política, en el artículo 19° N° 13, asegura a todas las personas "El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía". Ahora bien, aun cuando los recurrentes no lo dicen expresamente, es posible inferir que las garantías de los numerales 1 y 12, pretenden ser ejercidas dentro del derecho de reunión y en ese contexto serán analizadas. Entendiendo entonces que las garantías alegadas por los recurrentes están supeditadas al derecho de reunión, se debe aclarar que el protocolo para el mantenimiento del orden público regulado en la Orden General N° 2.635, fue concebido para proteger a los manifestantes pacíficos, así está consagrado en el Protocolo N° 1, donde se indica "Todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas, esto es, pacíficas y sin armas, de conformidad a las garantías que confiere la Constitución, las leyes y los derechos consagrados en los principales instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos", es decir, mientras no existan situaciones que afecten la normalidad que afecten a las personas que se manifiestan de forma pacífica, el personal de la Institución no interviene y sólo mantiene un actitud de observación y resguardo. La Carta Fundamental establece que las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se rigen por las disposiciones de policía, en este caso, por el Decreto Supremo N° 1.086 del año 1983, norma que, si bien no afecta el contenido esencial del derecho a reunión, establece una serie de requisitos de índole administrativo que los organizadores deben cumplir. Ahora bien, la Institución está obligada a actuar y puede utilizar los elementos disuasivos que contempla el protocolo cuando existen manifestaciones ilícitas, violentas o agresivas, y, además, cuando se utilizan armas, como consta en las siguientes normas: La letra f), del Decreto Supremo N° 1.086, establece que "Se considera que las reuniones se verifican con armas, cuando los concurrentes lleven palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y, en general, cualquier elemento de naturaleza semejante", en ese caso, dispone en forma imperativa que la fuerza de Orden y Seguridad Pública debe conminar a los sujetos a entregar esos elementos y si se niegan o se producen situaciones de hecho, la reunión será disuelta. El Protocolo N° 1, de la Orden General N° 2.635, señala que las manifestaciones pueden ser lícitas e ilícitas y estas últimas violentas o agresivas. "Es violenta" cuando se contravienen las instrucciones de la autoridad policial y los actos involucren la vulneración de derechos de terceros, como sería la libre circulación por las vías. "Es agresiva', cuando se generan daños o cuando se agrede intencionalmente a las personas o a la autoridad policial. Por lo anterior, no puede existir un acto arbitrario o ilegal en las acciones policiales que realiza la Institución para el control de orden público porque en la medida que existan manifestaciones como las descritas, se encuentra legalmente facultado para hacer uso de la fuerza, la cual se ejerce sobre la base de criterios de necesidad, proporcionalidad y progresividad. Además, en conveniente aclarar que en la medida que las circunstancias lo permitan, Carabineros de Chile debe advertir los manifestantes, al menos en tres ocasiones, que usará elementos disuasivos, 10 cual permite a las personas tomar los resguardos necesarios.

Finalmente, expresa que Carabineros de Chile en ningún caso podría vulnerar los derechos que la Carta Fundamental asegura al recurrente, porque, en el evento de ejecutar el protocolo para el mantenimiento del orden público y utilizar los elementos disuasivos que el mismo contempla, está ejerciendo una facultad que le ha sido conferida, es decir, opera amparado por el Principio de Legalidad. Como antecedente adicional, se puede informar que por orden de esta Dirección General, mediante el Documento Electrónico N.C.U. 105493134, de fecha 20.11.2019, la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, dispuso la suspensión de la escopeta antidisturbios como elemento disuasivo para el control del orden público, dicha instrucción señala "Se ordena suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte". Esta orden se mantendrá en tanto no se tengan a la vista los resultados de las pericias que la Institución encargó para determinar la composición de la munición que era utilizada; sin perjuicio de ello, sólo se empleará ante peligro inminente para la vida del personal y de terceros, pero en ese caso el funcionario autorizado para operar dicho elemento portará una cámara que grabará su actuación, lo cual permitirá determinar, en caso de ser procedente, si se ajustó o no a las reglas sobre el uso de la fuerza. En cuanto a los disuasivos químicos, se reitera que su utilización, según el protocolo, sólo está autorizado para contrarrestar el actuar de sujetos que causan desórdenes graves, como incendios, saqueos y agresiones a civiles y al personal de Carabineros de Chile, en ningún caso su fin es atacar a los individuos que participan en las marchas pacíficas, a los cuales la Institución está obligada a proteger. Además, la Institución ha tomado los resguardos para recibir e investigar las denuncias que puedan formularse por el uso de gases lacrimógenos y la escopeta antidisturbios con el objeto de determinar si el actuar del personal se ajustó a los protocolos. Es importante destacar que, en los Recursos de Protección donde se ha prohibido el uso de las escopetas antidisturbios, hasta ahora principalmente a través de las órdenes de no innovar, las Cortes han determinado que ese elemento no puede ser utilizado en manifestaciones pacíficas o derechamente han permitido que sea empleado cuando existe peligro para el personal.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha deducido.

5°.- Que, a la luz de lo recién expuesto, cabe reflexionar que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en la especie, los recurrentes estiman vulneradas las garantías contenidas en los numerales 1, 12 y 13 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dando cuenta de 2.535 casos de personas heridas en el país por balas, perdigones, balines, armas de fuego no identificadas, golpes, gases y otros, a partir del 18 de octubre pasado y hasta el 21 de noviembre de 2019, según informa el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Agrega que en la región de Ñuble hay 231 personas detenidas a la fecha, 45 denuncias en contra de Carabineros de Chile y de las F.F.A.A., y detalla cinco casos de lesiones producidas directamente sobre miembros de las comunidades universitarias a las que representan, indicando sus iniciales y fecha de ocurrencia de los hechos. Asimismo, señala informes emitidos por la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital Salvador (en Santiago) y del Presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, que dan cuenta de los daños ocasionados a los ojos de las víctimas por balines que aparentemente son de goma pero que según análisis realizados, contendrían un 20% de este material y el 80% restante tendría una densidad metálica, produciendo trauma ocular severo, e indicando además el impacto que esta situación habría causado en la comunidad internacional según los reportes que refiere. En base a lo señalado reclama, como se relató detalladamente en el considerando 1°, de la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación de la recurrida.

7º.- Que por su parte, Carabineros de Chile, explica que tiene el respaldo constitucional, legal y reglamentario para hacer uso de la fuerza, en determinadas circunstancias y bajo estrictos protocolos, todo lo cual se ha cumplido, es decir, actúa amparado bajo el Principio de Legalidad. Que en ningún caso su fin es atacar a los individuos que participan en las marchas pacíficas, a quienes la institución está obligada a proteger, y dando cuenta de los antecedentes de las detenciones y origen de las lesiones de dos de los cinco estudiantes de las universidades recurrentes que se mencionan en el recurso (con las iniciales de cada uno y fecha de ocurrencia de los hechos), e indicando que respecto de los otros tres no registran antecedentes de los hechos o de participación en éstos de personas con las iniciales señaladas. Sin perjuicio de ello, añade que se encuentran actualizando sus protocolos para resguardar el orden público y que, a mayor abundamiento, por Documento Electrónico N.C.U. 105493134, de 20 de noviembre de 2019, emanado de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, la utilización de la escopeta antidisturbios quedó restringida como medida extrema y exclusivamente para legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte, debiendo en ese caso el funcionario autorizado para operar dicho elemento, portar una cámara para fiscalizar su uso y determinar, de ser procedente, si se ajustó o a las reglas sobre el uso de la fuerza. Respecto de las bombas lacrimógenas, advierte que tienen los componentes y cantidades permitidas, y que no provocan daños permanentes.

8°.- Que en cuanto a los disuasivos químicos, se utilizan, según el protocolo, para contrarrestar el actuar de sujetos que causan desórdenes graves (incendios, saqueos y agresiones a civiles y a personal de Carabineros), y no tienen por fin atacar a quienes participen en las marchas pacíficas, a los que la institución está obligada a proteger.

9°.- Por último, el informe de la Dirección General de Carabineros destaca que las Cortes de Apelaciones del país en donde se han presentado Recursos de Protección para buscar prohibir el uso de escopetas antidisturbios, principalmente a través de las órdenes de no innovar, han determinado que ese elemento no puede ser utilizado en manifestaciones pacíficas, o han permitido que sea empleado cuando existe peligro de vida para el personal o para terceros. En otros casos se ha resuelto que, encontrándose Carabineros de Chile sujeto en su actuar a la ley, reglamentos y protocolos, sus conductas, en caso de que transgredan esos límites, son susceptibles de revisarse y, eventualmente, sancionarse por los tribunales de justicia, lo que hace innecesario disponer una orden en ese sentido. Asimismo, hace presente el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Iquique, cuyo número de rol indica, en que -considerando el proceso de actualización de protocolos que está realizando Carabineros y la exigencia de que cada funcionario que esté autorizado para operar alguno de los elementos cuestionados (escopetas antidisturbios y/o gases lacrimógenos), porte una cámara que grabe la forma en que fueron utilizados, lo que permitirá determinar eventuales responsabilidades en caso de ser necesario-, se estableció que es posible apreciar que la recurrida ha adoptado políticas de funcionamiento acordes con los parámetros de proporcionalidad, necesidad y progresividad, concluyendo de esa forma que las garantías de los recurrentes se encuentran suficientemente protegidas, por lo que se procedió al rechazo de la acción.

10º.- Que, sin perjuicio de lo recién concluido, se dirá que tampoco se advierte la existencia en nuestra zona de hechos arbitrarios e ilegales. En efecto, si bien puede compartirse que existen varios casos a nivel nacional de personas que han resultados heridas o incluso fallecidas dentro del contexto de las manifestaciones sociales acaecidas, de ello no se sigue, necesariamente, que en esta región Carabineros haya ejercido la fuerza legítima de un modo arbitrario, desde que no existen antecedentes que den cuenta de ello, según lo expresado precedentemente.

11º.- Que también es dable dejar en claro que si existiesen posibles responsabilidades penales o de otra naturaleza en que pudieran haber incurrido los funcionarios de Carabineros, tal persecución debe efectuarse mediante los procedimientos correspondientes, y no en esta sede, ya que en ella no se puede debatir respecto de la responsabilidad del Estado por el exceso que eventualmente hayan cometido sus agentes, ni la responsabilidad administrativa o penal de éstos.

12°.- Que, como puede apreciarse, además de entregarse constitucionalmente el uso de la fuerza legítima a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para el resguardo, mantención y restablecimiento del orden público, la normativa que rige a Carabineros de Chile, principal llamado a ésta que constituye no solo una misión, sino que también un deber, contiene disposiciones precisas que permiten, regulan, acotan y precisan las condiciones de utilización de la clase de implementos a que se refiere el recurso. Asimismo, un ejercicio valorativo de complejidad bastante reducida habilita además para sostener que los supuestos de hecho en que se permite el empleo de las denominadas escopetas antidisturbios son similares a aquellos en que la ley faculta para obrar en legítima defensa. Ahora bien, la contravención a esta normativa es evidentemente ilegal, pero obviamente también esa contravención no convierte en ilegal a la normativa.

13°.- Que, asimismo, el recurso no podrá prosperar desde que lo pedido escapa a lo que puede determinarse en esta acción de urgencia. En efecto, se pretende, en buenas cuentas, que esta Corte defina la forma en la que la policía debe controlar el orden público, cuestión propia de una política pública a cargo de las autoridades competentes, y no de la judicatura.

14°.- Que así las cosas, y estimándose por esta Corte que no se han vulnerado las garantías constitucionales alegadas, se desestimará el recurso de protección interpuesto por los recurrentes.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 Nº 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por los abogados don Juan Pablo Burgos Henríquez, don Juan Pablo Yáñez Abuter y don José Antonio Santander Gidi, por la Universidades del Bio Bío, de Concepción y Católica de La Santísima Concepción respectivamente, y en representación de los Rectores de las mismas Universidades, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en contra de Carabineros de Chile, representado por su General Director don nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro titular don Guillermo Arcos Salinas.

Rol N° 4073-2019-PROTECCION.