Protección contra Consejo de Presidentes de los Centros de Estudiantes del Campus Chillán de la Un

Chillán, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por sí y por los demás miembros de la Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en campus Chillán del periodo 2018-2019, interponiendo recurso de protección en contra de Consejo de Presidentes de los Centros de Estudiantes del Campus Chillán de la Universidad de Concepción, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, ubicada en interior de domicilio reservado, representado por su vocera, doña nombre reservado.

Al fundamentar su acción constitucional refiere que a finales del año 2018, fui electa como presidenta de la Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes del campus Chillán de la Universidad de Concepción, para el periodo 2018-2019, junto a los demás miembros de la lista postulante “Vivamos la UdeC”. En el contexto de las movilizaciones que se generaron en el país durante el mes recién pasado, y estando en el ejercicio de nuestras funciones como representantes estudiantiles, fuimos citados a una reunión con el Intendente de nuestra región el día 22 de octubre, a la cual, de buena fe y con el ánimo de comunicar a nuestras bases la información que allí se nos comunicase, enviamos un representante. Sin embargo, a consecuencia de ello, un grupo de estudiantes en asamblea general del día 24 de octubre, nos acusó de haber excedido a nuestras atribuciones con ello, exigiéndonos a gritos renunciar a nuestros cargos por haber asistido a dicha reunión, lo que rechazamos categóricamente. En dicha asamblea también se encontraban miembros del Consejo de Presidentes, quienes tomaron partido en esta verdadera “funa”, exigiéndonos también la renuncia, bajo amenazas de que de no hacerlo nos destituirían, lo que rechazamos nuevamente. Es así entonces como al día siguiente, viernes 25 de octubre, fui notificada a través de mi correo institucional de la interposición de una acusación, suscrita por la totalidad de los integrantes del Consejo de Presidentes y fundada en el artículo 35 letra b) del Estatuto de la Federación de Estudiantes, correspondiente a “notable abandono de deberes”. En los días siguientes, esta acusación se difundió por el Consejo de Presidentes a través de las distintas redes sociales de los centros de estudiantes, y se compartió además a través de los grupos de “WhatsApp” de las distintas carreras y generaciones del campus. La acusación, como podrá corroborar USI., se explaya enumerando un largo listado de supuestos incumplimientos, los cuales en su mayoría se refieren a hechos vagos, imprecisos y falsos, careciendo además de fundamentos jurídicos serios. En el mismo escrito de acusación se me citó para el día lunes 28 de octubre a las 15:00 hrs, a la sesión en que se conocería del asunto, y en donde correspondería conocer del asunto al mismo órgano que había interpuesto la acusación “por unanimidad de sus miembros”. A pesar de lo anterior, concurrí a la sesión citada, en la que se me hizo formalmente lectura de los cargos, y posterior a ello realicé lectura de mi defensa, presentando además una copia escrita de la misma que quedó en poder de uno de los miembros del Consejo. Tras un par de minutos de “deliberación” privada, el Consejo de Presidentes me informó verbalmente que resolvió de forma unánime declararme culpable de todos los cargos formulados, incurriendo en notable abandono de deberes, y que, en consecuencia, se me destituía a mí y a toda la Mesa Ejecutiva de la Federación, sancionándosenos además con la inhabilidad para postular a cargos de elección popular por un año y, designándose a sí mismos, los miembros del Consejo de Presidentes, como reemplazantes en los cargos depuestos. Durante el mismo día se me hizo llegar copia escrita de la resolución, en el mismo sentido. El Consejo de Presidentes difundió luego, a través de las distintas redes sociales de los centros de estudiantes y grupos de WhatsApp de cursos y carreras del campus, esta resolución en que se me declara culpable, se tienen por ciertas todas las imputaciones realizadas y se nos destituye, informándose también en los días venideros a las distintas asambleas de carrera y a la asamblea general.

La recurrente estima conculcadas a su respecto el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la honra de la persona, así como el derecho de propiedad, todos ello consagrado en del artículo 19 N°2, 4 y 24 de la Constitución Política de la República. En cuanto a la igualdad ante la ley señala que el procedimiento llevado a cabo por el Consejo de Presidentes a través del cual se me sancionó, ha incurrido en diversas irregularidades que constituyen actos ilegales y a la vez arbitrarios, no dando correcto cumplimiento a las normativas internas de la Federación que nos rigen, y aplicando finalmente un procedimiento y sanción sin razonamiento justo y lógico.

Detalla al respecto lo siguiente:

1) Falta de imparcialidad del órgano sancionador:

El procedimiento llevado a cabo por el Consejo de Presidentes ha faltado toda imparcialidad, siendo conocido y resuelto por el mismo órgano que ha deducido la acusación, y quienes finalmente han resultado autodesignados en reemplazo de los cargos depuestos, dejando en evidencia un claro conflicto de intereses a la hora de juzgar, y una falta total de controles racionales que aseguren justicia en su desarrollo, quedando finalmente el acusado en tales condiciones a merced de los caprichos del órgano sancionador.

En tal sentido este mismo tribunal se ha pronunciado en causa rol 1.701 - 2018, señalando “…que previo a la aplicación de alguna sanción a alguno de sus integrantes, la asociación recurrida debe seguir un procedimiento racional y justo. Y dicho concepto, al menos significa una suma de derechos para el investigado consistentes en ser juzgado por un órgano imparcial…”.

2) Se ha omitido el examen de admisibilidad, o realizado este, ha sido contrario a derecho:

El art. 12. del Reglamento Sobre Aplicación de Medidas Disciplinarias, que nos rige, limita claramente la procedencia de la acusación por notable abandono de deberes, disponiendo que “La acusación por notable abandono de deberes, será fundada en el incumplimiento de al menos la mitad de los deberes encomendados al acusado”.

A pesar de la notoria falta de imparcialidad del Consejo de Presidentes para este caso, este órgano estaba llamado a resolver respecto a la admisibilidad de la acusación previo a conocerla, como indican los artículos 13 y 14 del Reglamento Sobre Aplicación de Medidas Disciplinarias.

Sin embargo, el Consejo de Presidentes no se ha pronunciado respecto a este examen, y de haberse realizado, este no debió haber admitido a tramitación la acusación, por los motivos que paso a señalar:

Como requisito de admisibilidad es el fundarse en el “incumplimiento de a lo menos la mitad de los deberes encomendados al acusado”, necesariamente se debió haber determinado previamente cuáles eran todos los deberes del acusado.

Del análisis de las normas estatutarias, y tomando en consideración que en los procesos infraccionales la interpretación debe ser restrictiva, se revela que estos deberes se encuentran establecidos en el art. 29 del Estatuto Orgánico de Federación, que indica las responsabilidades y atribuciones del Presidente, con un listado de once letras.

Realizando un examen de los cargos formulados en la acusación, podemos constatar que de los deberes que corresponden al Presidente, esta acusación cuestiona, invocando con dificultades, apenas cuatro (letras b, f, g, i) de los once deberes allí enumerados; siendo las demás imputaciones presentadas reiteración de un mismo deber supuestamente incumplido, o bien corresponden a deberes de otros cargos y órganos, o derechamente son cargos sin fundamento jurídico alguno.

No cumpliendo entonces con el requerimiento mínimo de procedencia señalado en el art. 12 del Reglamento Sobre Aplicación de Medidas Disciplinarias, la acusación debió declararse inadmisible, lo que revela finalmente que este examen de admisibilidad no se llevó a cabo, o se realizó de forma irregular sin que tampoco exista registro de él.

3) Se han tenido por ciertos hechos sin haber evaluado prueba alguna:

La resolución dictada por el Consejo de Presidentes ha tenido por ciertos todas las infracciones imputadas en la acusación, sin haber evaluado prueba de ninguna especie.

Si bien es cierto que el artículo XX señala que el Consejo podrá evaluar la prueba en conciencia, esto no puede significar de modo alguno el prescindir de ella.

Un proceso llevado a cabo de esta manera implica revertir la carga de la prueba poniendo al inculpado en la obligación de probar su inocencia, lo cual es contrario al debido proceso y a las normas del onus probandi de los procedimientos infraccionales o disciplinarios.

4) Se ha omitido la ratificación del Centro General de Estudiantes:

El art. 35 del Estatuto Orgánico de la Federación letra b. indica que el notable abandono de deberes será calificado por el Consejo de Presidentes y ratificado por el Centro General de Estudiantes (C.G.E.), conforme al correspondiente reglamento; sin embargo, dicha ratificación por el C.G.E. no se realizó, toda vez que a la época de la sanción el C.G.E. no se encontraba conformado, por lo que el Consejo de Presidentes al sancionar sin tener dicha ratificación ha excedido a sus atribuciones, contraviniendo además lo dispuesto en el inciso tercero de la misma norma citada, que dispone el derecho del integrante acusado a ser escuchado no solo por el Consejo de Presidentes, sino que también por el C.G.E. antes de que sea votada la aplicación de la sanción.

Es así entonces como, a través del actuar del Consejo de Presidentes, se me ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, pues, al aplicárseme una sanción a través de un procedimiento disciplinario irregular, el Consejo de Presidentes ha actuado de forma arbitraria e ilegal, sometiéndome a un trato discriminatorio en relación con a otras personas que se encuentren en mí misma situación.

Termina solicitando: 1. Que se deje sin efecto la sanción de inhabilitación para optar a cargos de elección popular por el periodo de un año, impuestas a mí y a los demás integrantes de la Mesa Ejecutiva depuesta. 2. Que se deje sin efecto el nombramiento de la Mesa Ejecutiva Interina, y lo obrado por esta. 3. Que se ordene la eliminación de la resolución que tuvo por ciertos los cargos que me fueron imputados, de todas las redes sociales de los Centros de Alumnos, integrantes del Consejo de Presidentes, en que se publicó. 4. Que se ordene al recurrido poner en conocimiento de la resolución de este tribunal a través de los mismos medios utilizados para difundir la las sanciones impuestas.

2°.- Que, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en representación de Consejo de Presidentes en su calidad de Vocera, procedió en lo principal de su escrito a oponer la excepción de incompetencia, argumentando que el Reglamento y Estatuto Orgánico de la Federación de Estudiantes Universidad de Concepción Campus Chillán, deja la competencia del Tribunal Electoral Regional la posibilidad de apelar de lo resuelto por el Consejo de Presidentes. En subsidio informa, sostenido lo siguiente: La recurrente fue electa en Octubre del 2018, en la lista denominada “Vivamos la UdeC” en conformidad al estatuto orgánico de la federación de estudiantes, que indica que el proceso eleccionario comienza en dicha fecha, debiendo concluir antes de que finalice dicho mes. Además señala que, dicho cargo tendrá una duración de un año. Es por esto que en virtud de tal cuerpo normativo a la fecha que ocurren los hechos en que se funda este recurso la recurrente estaba a solo dos días de finalizar su periodo. A raíz de la contingencia nacional iniciada el día 18 de Octubre del presente año, como cuerpo estudiantil se realizaron distintas asambleas, las cuales tenían por objeto evaluar nuestra situación y participación como estudiantes en las mismas; en dichas convocatorias el mismo cuerpo estudiantil manifestó su descontento con el desempeño de la mesa ejecutiva fecch sobre su gestión durante todo su periodo federativo, entendiéndose este el transcurrido desde fines del 2018 a octubre 2019, siendo la reunión de fecha 22 de octubre, con el intendente de la Región de Ñuble uno de los tantos puntos por los cuales, estas bases estudiantiles en asambleas de carrera y posterior asamblea general de campus, con fecha 24 de Octubre de 2019, solicitan la renuncia o destitución de la recurrente y de su equipo de trabajo federativo. Por lo tanto el Consejo al cual represento, ejerce legítimamente sus facultades por mandato de los estudiantes en representación de estos en su calidad de presidentes de los distintos centros de alumnos. Sobre la admisibilidad de la acusación, esta fue resuelta en sesión del 24 de octubre con posterioridad a la respuesta de la Mesa Ejecutiva Fecch en cuanto a su decisión irrevocable de No renunciar, haciendo un análisis de la misma por parte del Consejo. En ese sentido el artículo 13 del reglamente sobre aplicación de medidas disciplinarias, establece que esta se hará a propuesta de un integrante del Consejo y se votará en el mismo momento la admisibilidad la acusación, y citando el mismo artículo “evaluando si hay elementos reales para dicha acusación.” Cabe precisar US. Ilustrísima que el Reglamento en ningún lugar exige mayores requisitos, y que no obstante este Consejo tuvo bien en hacer un análisis acabado de las acusaciones presentes en tal sesión, llegando a la conclusión de declararlo admisible. Una vez declarada admisible la acusación, se citó a la acusada para el día 28 de octubre del presente año, para efectos de realizar la audiencia señalada en los artículos 18 y siguientes del mismo reglamento. En cuanto a la sesión del Consejo de Presidentes del 28 de Octubre, que tenía por objeto realizar el procedimiento del Párrafo V del Reglamento de aplicación de medidas disciplinarias, y en la cual fue citada la recurrente para dar inicio al proceso llevado en su contra, la señorita nombre reservado, asistió a tal sesión solo con su defensa escrita la cual según a su parecer desestimaba todos los hechos y cargos imputados. Cabe precisar que a la misma le asistía el derecho de presentar testigos, prueba escrita y diversos medios de pruebas para la defensa de tal acusación, no haciendo uso de tal prerrogativa no sustentando su defensa en ningún medio de prueba que permitiere a este Consejo llegar a la convicción de que no existía tal abandono de Deberes. El artículo 23 del citado reglamento indica: “Realizado los descargos, podrá el defensor o el mismo acusado mostrar pruebas o testigos a favor del afectado”. Como nos expresa tal norma US. Ilustrísima la acusada no hizo efectivo tal derecho, no desestimando ninguno de los puntos expresados en la acusación dejando su defensa a merced de la simple respuesta escrita que presenta ante este Consejo. Sobre el peso de la prueba cabe precisar que los actos imputados eran de notorio conocimiento público y que como se señala más adelante habían sido evidenciados por este Consejo, y por tanto la manera de desestimarlos era mediante documentos que acreditasen lo contrario, los cuales, de existir, deberían haber estado en ese momento en poder de la Federación. Como Consejo de Presidentes, somos el órgano colegiado de gestión política de la Federación, y dentro de nuestras atribuciones - Como lo señala el estatuto Orgánico de la Federación acompañado por la recurrente- está comprendida la fiscalización de la Mesa Ejecutiva Fecch. En ese sentido, durante el transcurso del año hemos verificado una serie de deficiencias, omisiones, falencias e irregularidades que se manifestaron por parte de la Federación de Estudiantes representada por su Mesa Ejecutiva y en este caso por la Presidenta de la misma. Tales deficiencias, omisiones, falencias e irregularidades fueron expresadas y detalladas en la acusación por notable abandono de deberes, que fue acompañada por la recurrida y en la que se puede evidenciar además lo detallada de esta y los fundamentos jurídicos expresados. Sobre las publicaciones en redes sociales, me remitiré a expresar que la acusación y sentencia fue publicada en los medios de comunicación oficial de los centros de estudiantes así como del Consejo de Presidentes, las cuales son pertenecientes a Instagram. En cuanto a la red social whattsapp desconocemos tal divulgación, tratándose de una red Social privada. La recurrida alega vulneración del derecho a la igualdad ante la Ley; cabe precisar su señoría ilustrísima, que en ningún momento este órgano aplico reglas diferentes a las establecidas en nuestra normativa interna, a la cual nos apegamos estrictamente. Sobre las alegaciones presentadas por la recurrida en cuanto a la vulneración de este derecho, es necesario exponer lo siguiente: a. Falta de imparcialidad del órgano sancionador. El órgano mandatado y facultado para realizar el proceso disciplinario en conformidad al artículo art.35 letra b del estatuto fecch, y el reglamento de aplicación de medidas disciplinarias es únicamente este Consejo, en primer lugar éste es el máximo órgano colegiado de nuestra orgánica, quien tiene vinculación directa con las bases que representa igualmente la Federación en ese sentido el Consejo actúo a petición de las bases que representaron directamente su malestar en las asambleas de carrera, no existiendo actitud caprichosa alguna en tal ocasión por parte de los integrantes de este consejo, sino más bien el cumplimiento del rol representativo que tenemos para y ante la comunidad universitaria; en segundo lugar el espíritu del estatuto pone a este consejo en un rol de contra peso ante las eventuales irregularidades y/o faltas de la federación de turno y de las variadas facultades que tiene la Mesa Ejecutiva Fecch. Sobre el supuesto conflicto de intereses por la auto designación que realiza este Consejo, es el mismo Estatuto en su artículo en su artículo 57° letra I) quien señala que es deber y atribución de este cuerpo colegiado remplazar a la mesa ejecutiva en los casos de vacancia, y que no obstante ello la asamblea general de campus esto fue solicitado por las mismas bases estudiantiles en su mayoría, ante la negativa de la Federación de Estudiantes de poner sus cargos a disposición. Además, al momento de asumir funciones esta misma mesa ejecutiva interina, llamó elecciones a la brevedad, las cuales fueron realizadas los días 11 y 12 de noviembre y que por tanto esta mesa interina tuvo como periodo solo 12 días, sin realizar gestión financiera ni administrativa alguna. Sobre la falta de ratificación del Centro General de Estudiantes, hay que tener presente lo siguiente: a. El Estatuto Fecch, promulgado y aprobado el año 2015 dispuso la creación de un órgano denominado Centro General de Estudiantes, el cual iba a tener una doble integración, en primer lugar se encontraba conformado por los voceros de los consejos de delegados de las distintas carreras, más un representante electo por asamblea de carrera. b. Dicho órgano nunca fue constituido, por falta de participación de las bases estudiantiles, en ese sentido el estatuto en su disposición transitoria previendo esta posibilidad estableció lo siguiente: Transitorio 5° “El C.G.E iniciará sus funciones progresivamente a partir de abril 2016. Mientras el Consejo de Presidentes subrogará sus funciones, hasta que el C.G.E sea integrado en un 60% del total de sus integrantes” y luego en su artículo Transitorio 6° dispone que: “Mientras no se llegue a dicho porcentaje el Consejo de Presidentes, tendrá todas las potestades por el C.G.E en concordancia a su función de subrogación.” c. En consecuencia en ningún caso este consejo omitió o transgredió lo dispuesto por el Estatuto Fecch, y que como es de sentido común era innecesario ratificar una decisión nuevamente, habiendo sido adoptada por la unanimidad de los integrantes del Consejo de Presidentes. En cuanto el derecho a la Honra, se debe precisar que éste contiene dos faz, según nuestra excelentísima Corte Suprema: uno objetivo referido a apreciación de terceros, y otro subjetivo, que dice relación a la estimación propia o interna. Pero que para el derecho solo tiene relevancia desde el primer punto de vista. Debemos precisar que en ningún momento se menosprecia a la recurrida ni en su calidad de estudiante, ni tampoco como presidenta, ya que no se hizo presente en las instancias de participación estudiantil masivas donde se pidió su renuncia, entiéndase como tales las Asambleas generales Universitarias. Por ende, cualquier comentario emitido por personas externas al órgano recurrido no pueden ser imputables a nosotros. En cuanto a la vulneración del derecho a la propiedad, consideramos necesario señalar que la titularidad de un órgano de representación estudiantil no se encuentra exento de limitaciones y responsabilidades que el mismo estatuto establece, por tanto, se erra al señalar que existe una vulnera al derecho de propiedad sobre el mismo, ya que como todos los derechos se encuentra sujeto a las limitaciones propias de la naturaleza del mismo. Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en primer término cabe hacerse cargo de la alegación de incompetencia, planteada por la recurrida, la que se desestimará en razón de que la acción constitucional de protección es sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

7°.- Que, la recurrente refiere haber sido acusada con fecha 24 de Octubre del presente año por el Consejo de Presidentes de los Centros de Estudiantes del Campus Chillán de la Universidad de Concepción, imputándole el cargo de notable abandono de deberes, reglado en el artículo 35 letra b de Estatuto orgánico de la Federación de Estudiantes Universidad de Concepción Campus Chillán, indicando haber sido notificada de la acusación el día 25 de Octubre y convocada para el día 28 del mismo mes a la sesión donde se conocería de libelo acusatorio.

8°.- Que, el día lunes 28 de Octubre, tuvo lugar la audiencia que conoció de la acusación, regulada en los artículos 18 y siguientes del Reglamento sobre Aplicación de medidas Disciplinarias.

9°.- Que, concluida la audiencia el Consejo de Presidentes por unanimidad resolvió destituir a la recurrente y a toda su mesa ejecutiva en conformidad al artículo 35 del Estatuto de la Federación. Adicionalmente se les inhabilitó por el período de un año para postular nuevamente a un cargo de elección popular.

10°.- Que, al examinarse la dinámica de la acusación, sanción y efectos de la misma, es posible constatar hechos atentatorios a la garantía del debido proceso, pues el mismo órgano que acusó fue quien en definitiva adoptó la decisión de destituir a la Presidenta de la Federación de Estudiantes y hoy recurrente.

11°.- Que, la Constitución Política de la República reconoce y ampara los grupos intermedios y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Quedan en consecuencia habilitados para establecer un estatuto que regule su funcionamiento, incorporando al efecto organismos de gestión, de fiscalización, u otros incluyendo por cierto un estamento de carácter disciplinario.

12°.- Que, en materia de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, a partir de la reforma de la Ley N°20.500 de 2011, se estableció que la potestad disciplinaria debe ser ejercida por un órgano como una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, los integrantes de este órgano no pueden tener un cargo en el directorio u órgano de administración, para garantizar así su independencia. Además, se exige que el órgano disciplinario proceda a aplicar sanciones “mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados” (art. 553 inciso 2° Código Civil).

13°.- Que, el lineamiento argumental precedente está en armonía con las disposiciones que rigen el sistema de enjuiciamiento penal, que separa claramente la función investigativa y de acusación con el rol o labor decisoria. El Ministerio Público acusa y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal decide la absolución o condena.

14°.- Que, en consecuencia constituye un principio rector de la potestad sancionatoria la clara separación entre el ente persecutor y acusador y el organismo llamado a adoptar la decisión sobre absolución y condena, lo que no ha ocurrido en la especie pues el Consejo de Presidentes, asumió sobre sí el rol acusatorio y decisorio, lo que claramente constituye un atentado al derecho a la igualdad ante la ley reconocida en el artículo 19 N°2 del Código Político, pues en el ámbito del derecho privado y en el de la justicia penal claramente se contempla la separación funcional. La concentración de roles en el caso concreto sólo puede ser calificada de arbitraria e ilegal, pues transgrede la ley y la razonabilidad que a de guiar todo el proceso y ejercicio de las potestades disciplinarias al interior de un órgano de la sociedad civil. Se trató de un quebrantamiento, sustancial, transcendente y grave, que indefectiblemente conduce a que la presente acción constitucional de cautela deba ser acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Consejo de Presidentes de los Centros de Estudiantes del Campus Chillán de la Universidad de Concepción, representado por su vocera doña nombre reservado, dejándose sin efecto todo lo resuelto con fecha 28 de Octubre del año 2019, por el Consejo de Presidentes.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese, en su oportunidad, devuélvase.

Redacción del Abogado integrante don Eduardo Peñafiel Peña.

ROL 4041-2019-PROTECCIÓN