nombre reservado con nombre reservado

Chillán, veinte de septiembre dos mil veintitrés.

Vistos:

1°.- Comparece la abogada Geraldine Scarlette Garcés Hernández, quien actuando en representación de don nombre reservado, chileno, casado, maestro de construcción, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interpone acción de protección en contra de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por vulnerar éste con su actuar las garantías consagradas en el artículo 19 Nº 1 y N° 8 de la Constitución Política de la República.

Refiere la recurrente, y como fundamento de su arbitrio, que el actor es propietario de un retazo de terreno ubicado sobre el Lote Siete, resultante de la subdivisión del resto de la parcela número Dos, del Proyecto de Parcelación Los Montes, ubicado en la Provincia de Ñuble, departamento de Chillán, Comuna de Coihueco, lote siete cuyos datos de inscripción y deslindes individualiza en su presentación. En dicha propiedad el actor tiene su casa-habitación, y vive junto a su familia por lo que constituye su residencia permanente.

Indica que desde hace 3 años el vecino colindante de su representado tiene un galpón donde ejecuta trabajos de fabricación de estanques de metal, siendo cada año tal fabricación más insoportable y peligrosa, debido a la utilización de herramientas que, además de producir ruidos demasiado fuertes sobre los niveles máximos permisibles de presión sonora, generan chispas que afectan el entorno y ponen en riesgo a todos los vecinos que viven en el lugar, pues se encuentran en una zona rural donde existen pastizales a su alrededor. A raíz de lo anterior, se han suscitado entre las partes diferentes circunstancias de hecho, entre ellas, reclamos, llamadas a carabineros con el objeto de denunciar tales hechos, sin obtener una solución a la problemática generada por ruidos molestos, siendo tales ruidos generados de forma arbitraria, dañando irremediablemente la salud y bienestar del actor y su grupo familiar.

Señala que la situación descrita con anterioridad se ha intensificado durante el tiempo, dado que los ruidos son cada vez más intensos y fuertes. Además, las herramientas que utiliza podrían ocasionar un incendio afectando no solo al grupo familiar del recurrente, sino a todos los vecinos del sector. En ese sentido, hace presente que durante el mes de febrero del presente año fue decretado estado de excepción constitucional de Catástrofe por los incendios que afectaron a la región, por lo que la actividad que ejerce el recurrido constituye un peligro latente.

Expresa que los ruidos molestos son provocados por la utilización de herramientas y golpes, y se producen desde las 08:00 hasta las 19:00 horas aproximadamente, lo que no permite que su representado y su grupo familiar puedan realizar sus actividades cotidianas, generando de esta manera un grave perjuicio en su salud, afectando su integridad física debido a las migrañas, cefaleas, irritabilidad, y además su integridad psicológica, por las crisis de ansiedad, angustia, y estrés severo ocasionados por las acciones ilegales y arbitrarias del recurrido, que provocan los ruidos fuertes. Agrega que los ruidos descritos se manifiestan todos los días, de manera que el grupo familiar, en especial, los niños, tienen que permanecer encerrados en ciertos espacios de su casa, pues los niveles de ruido superan los 70 decibeles, no cumpliéndose ni respetándose la normativa vigente en cuanto al máximo de ruido generados por fuentes, según lo indica el D.S N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica.

En cuanto al derecho, señala que la acción se entabla dentro de plazo, toda vez que el acto vulneratorio se renueva día a día.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas menciona el derecho contemplado en el artículo 19 N°1, esto es, “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, como asimismo, el derecho contemplado en el artículo 19 N°8, esto es, “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.”

Finaliza solicitando a esta Corte acoger íntegramente este recurso y restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

2°.- Que, informando don nombre reservado, soldador, domiciliado en domicilio reservado, señala que efectivamente es vecino del recurrente de protección, y que vive allí con su familia, lugar en el cual también desarrolla labores concernientes a su oficio de soldador. En lo que respecta a su actividad, indica que ejecuta trabajos de fabricación de estanques de metal, y en dicha confección adopta todas las medidas tendientes a evitar cualquier situación dañosa hacia su persona, su familia, los vecinos y el medio que lo rodea en general.

Sostiene que resulta del todo lícito el desarrollo de una determinada actividad económica, ya que así lo consagra, en primer término, la Carta Fundamental, y más específicamente el propio Código Civil, en el artículo 582, en lo concerniente al derecho de dominio que por cierto le asiste a su representado sobre su casa. En ese sentido, expresa que no hay arbitrariedad ni ilegalidad en el ejercicio de los atributos del dominio, y menos en su caso que emplea y dispone de medidas de seguridad en su trabajo.

Señala no ser una persona que busque dar motivos para generar conflictos o diferencias con los demás, especialmente con sus vecinos, desconociendo el móvil o motivo por el cual el actor se ha empecinado en sostener que es causante de una serie de hechos que describe como arbitrarios y lesivos para él y su grupo familiar. Al respecto indica que aquellas imputaciones son del todo falsas, dado que los ruidos molestos, daño irreparable a la salud, su propio bienestar y de su familia, son menciones inexactas y carentes de fundamento serio.

Expresa asimismo que el recurrente intenta amparar su acción de protección sobre la base de eventuales riesgos que podrían afectarle la salud física y mental de él y su familia por eventuales riesgos de incendio. Sin embargo, aclara que su trabajo de soldador no genera chispas que pudieren provocar un incendio, por cuanto utiliza materiales que dada su composición, y al utilizar la conocida soldadura “TIG”, la que en términos simples genera solo una luz al momento de aplicarla, pues se trata de un gas argón inerte completamente distinta a la soldadura al oxígeno, y que no genera chispas como erróneamente lo sostiene el recurrente. Adicionalmente, cuenta con un galpón aislado, provisto de extintores, con proximidad de red de agua, carpas que evitan o aíslan del entorno al momento de trabajar, etc. Agrega que el ruido sólo se genera con galletera al cortar y se trata de un sonido de nivel normal, incapaz de generar un trauma acústico u otro daño de relevancia como erróneamente lo sostiene el recurrente, quien de forma sorprendente expresa que debe encerrase junto a su familia, ante ruidos insoportables.

Hace presente que el recurrente un tiempo atrás profirió amenazas hacia el recurrido y su señora, las cuales fueron denunciadas oportunamente en la Fiscalía Local de Chillán, con fecha 31 de enero de 2023, en causa Ruc 2300133686-K, y con ello deja de manifiesto que no hay buenas relaciones de vecindad, ya que el propio recurrente lo ha amenazado de forma seria y verosímil, y ahora, de modo impropio, pretende mediante una acción de carácter cautelar y excepcional lograr solución a un problema que, para el caso de marras, corresponde a los tribunales de la instancia y no por la vía del recurso de protección.

Respecto de los derechos conculcados y que se refieren al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, artículo 19 N° 8 y el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, artículo 19 N°1, indica que no se está frente a actos arbitrarios e ilegales en los términos descritos por el recurrente, ya que se trata de un conflicto fuera de la esfera de esta acción cautelar de rango constitucional, la cual, según lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, tiene aplicación restrictiva sólo en casos de evidente vulneración de derechos fundamentales, los que en el caso sub-lite no son tales.

Finaliza solicitando a esta Corte rechazar la presente acción, con costas.

3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

4º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

5º.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, necesario es consignar que del tenor del libelo fluye con evidencia que el recurrente hace consistir la arbitrariedad e ilegalidad de la situación en el accionar del recurrido, quien es su vecino colindante y tiene un galpón donde ejecuta trabajos de fabricación de estanques de metal, provocando con ello ruidos insoportables que superan los 70 decibeles y que dañan irremediablemente la salud y bienestar, tanto de él como de su grupo familiar, agregando que los ruidos se provocan por fuertes golpes que ocasiona con las herramientas que utiliza, desde las 08.00 y hasta las 19.00 horas, lo que impide al recurrente y a su grupo familiar realizar sus actividades cotidianas, generándole un grave perjuicio en su salud e integridad física, debido a las migrañas, cefaleas e irritabilidad, etc., 6º.- Que, por su parte, evacuando el recurrido su informe de rigor manifiesta en lo medular y pertinente que su oficio es soldador, y que ejerce las labores en su domicilio fabricando estanques de metal, y que desde esa perspectiva no existe arbitrariedad ni ilegalidad en su accionar. Manifiesta asimismo que con su actividad no pone en riesgo al recurrente ni a su familia, y que su trabajo no genera chispas que pudieren provocar algún incendio, ya que por lo demás utiliza la soldadura TIG, la que solo provoca luz al momento de aplicarla, contando además con red de agua y carpa de aislamiento. Finalmente, señala que el ruido provocado por la galletera es de nivel normal, incapaz de generar un trauma acústico u otro daño, según lo menciona el actor.

7.- Que, informando Carabineros de la Subcomisaría Huambalí de esta ciudad, quienes se constituyeron en el lugar a fin de verificar y constatar la efectividad de los hechos, manifestaron que al momento de entrevistarse con el recurrido Sr. nombre reservado, no existían ruidos ni trabajos producidos por máquinas o herramientas, debido a que el taller-galpón- donde desempeña sus actividades, se encontraba cerrado, haciendo presente dicha Unidad Policial que se trataría de un galpón de material sólido, de estructura metálica, de 6 metros de largo por 4 de ancho y 3 de alto, el cual se encuentra ubicado dentro de su terreno, en tanto que la propiedad de su vecino se encuentra distante a 50 metros aproximadamente.

8º.- Que, desde otra perspectiva, y con el propósito de constatar la veracidad de lo expuesto por el recurrente en su presentación, esta Corte ofició a la Superintendencia del Medio Ambiente a fin de fiscalizar el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 38 de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, el cual establece normas de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, atendido los ruidos molestos que ocasionarían los trabajos de fabricación de estanques de metal realizados por el Sr. nombre reservado, en un galpón, colindante al predio del recurrente, informando dicha Repartición Estatal, y mediante Ordinario Nº560, de fecha 9 de marzo de 2023, no haber sido posible realizar la medición correspondiente, dado que se necesitaba mayor información para realizar el protocolo de medición, pues no existía certeza respecto de la ubicación del inmueble individualizado en la denuncia, el que es rural y se encuentra dentro de una parcelación.

Lo propio se informó mediante Ordinario Nº988 de fecha 26 de abril de 2023, en el que se manifestó que tampoco fue posible concretar la actividad de fiscalización dado que no se tenía certeza de la ubicación del inmueble individualizado en la denuncia.

Finalmente, con fecha 31 de julio del 2023, y mediante Ordinario Nº 1826, la Superintendencia del Medio Ambiente informa que fiscalizadores de dicha Repartición Estatal, se constituyeron nuevamente en dos oportunidades en el lugar de los hechos, específicamente el 7 de junio y 27 de julio del año en curso, con el objeto de llevar a cabo una medición de ruidos y de este modo verificar el cumplimiento del D.S. 38/2011, no siendo posible realizar las mediciones de ruido, al no haber sido posible percibir ruido alguno desde la fuente emisora denunciada, por lo que se le indicó al denunciante que se realizaría una próxima inspección ambiental, previa coordinación con él.

9º.- Que, conforme lo pormenorizado en los motivos que anteceden, no es posible, en consecuencia, tener por asentadas las circunstancias fácticas sobre las cuales se construyó el presente arbitrio, por lo que el presente recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por la abogada Geraldine Scarlette Garcés Hernández, en representación de don nombre reservado, en contra de don nombre reservado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente deberá continuar con el proceso de fiscalización, a fin de que éste se cumpla como en derecho corresponde, oficiándose para tales efectos.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Juan Antonio De la Hoz Fonseca, quien no firma por encontrarse ausente.

Rol Nº 404-2023-PROTECCIÓN.