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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 4005-20197 ene 2020

Protección contra Municipalidad de Coelemu

Fecha
7 de enero de 2020
Corte
Corte de Apelaciones de Chillán
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 4005-2019, sentencia de 7 de enero de 2020

Resumen

Se rechaza la protección contra la Municipalidad de Coelemu: la patente gravaba a una sociedad distinta del recurrente, sin transferencia del rol, por lo que no se configura agravio ni ilegalidad en la clausura.

Texto íntegro

8 Chillán, siete de enero de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Paul Chazal Garrido recurriendo de protección en favor de don nombre reservado, contador público y empresario, en contra de la Municipalidad de Coelemu, representada por su Alcalde, don Alejandro Rodrigo Pedreros Urrutia, médico veterinario y en contra de nombre reservado, inspector municipal, todos domiciliados en la ciudad y comuna de Coelemu, domicilio reservado.

Refiere que su representado mantiene un establecimiento comercial de venta al por menor de combustibles, “Servicentro Las Tranquillas Ltda.”, desde el año 2010, el cual explota en virtud de un contrato de arrendamiento que mantiene con la Empresa Nacional de Energía ENEX S.A.

Enseguida agregó que la mencionada estación de servicios funciona al amparo de la Patente Rol 200984, otorgada por la Municipalidad de Coelemu la que ya existía cuando se hizo cargo del negocio. Sin embargo, no le fue posible enterar el pago de los periodos semestrales posteriores al año 2014, pese a las diversas gestiones por él desarrolladas, concurriendo en múltiples oportunidades hasta el municipio a fin efectuar el trámite, recibiendo como respuesta de parte de la funcionaria que lo atendía que no era posible generar el documento o boletín correspondiente, debido, aparentemente, al extravío o no hallazgo de los antecedentes respectivos. Agrega que ante su insistencia, en marzo de 2018 el municipio recurrido le autorizó el pago de las patentes municipales correspondientes al primer y segundo semestre de 2015 y al primer semestre de 2016.

Señala que, como la situación se mantuvo, llevó al afectado a ingresar al a través de la oficina de partes de la municipalidad de Coelemu, con fecha 28 de agosto de 2018, una solicitud dirigida al Alcalde y al Concejo Municipal, para que se emitieran los documentos de pago de la patente referida, adjuntando a su requerimiento copia de un boletín de Ingreso N° 509296, correspondiente al pago del segundo semestre de 2015, sin que hasta ahora hubiere sido posible realizar tales pagos, pese a la voluntad del contribuyente en tal sentido.

Sostiene que el pasado 11 de noviembre, el Juzgado de Policía Local de Coelemu, conociendo de la causa Rol 34.864/2019, despachó citación a Servicentro Las Tranquillas, por una abultada deuda que mantendría con la Municipalidad de Coelemu por concepto de patentes, declarando al efecto su representado. Posteriormente, el 21 de noviembre último, siendo las 10:10 horas, se presentó en dicho establecimiento el recurrido, nombre reservado, quien junto con manifestar ser inspector municipal, indicó que procedería a la clausura del establecimiento comercial, aduciendo la existencia de un problema de patentes impagas, colocando cinta adhesiva de color blanco con letras rojas en las cuatro máquinas dispensadoras de combustible que existen, impidiendo de esa forma su utilización.

Estima el actor que el municipio recurrido, su alcalde y el funcionario que materializó la diligencia de clausura, al actuar en la forma señalada, incurrieron en un acto ilegal y/o arbitrario, al decretar y llevar a cabo la clausura de un establecimiento comercial, pese a que el titular del mismo ha extremado los recursos para cumplir con su obligación de pago de su patente municipal, sin conseguirlo por causas no imputables a él, como es la inacción o retardo del propio ente municipal para posibilitar tal pago, como también al proceder materialmente a la clausura sin intimación ni notificación previa. Así, considera que existe ilegalidad en la decisión de clausura, toda vez que en ella se ha incumplido lo preceptuado en el artículo 2° de la Ley 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en el artículo 7° de la Constitución Política de la República, al infringir el principio de legalidad, lo cual, constituye una flagrante privación, amenaza y perturbación en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales previstas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por una parte, afecta el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, desde que la clausura, imposibilita de manera absoluta que el recurrente pueda desarrollar su giro comercial, desde que a partir de un acto de autoridad le ha quedado vedado realizar toda clase de ventas de combustibles en su establecimiento, circunstancia que también afecta a sus clientes y a los transportistas que se abastecen de combustible en el lugar. Por otro lado, en lo referente al derecho de propiedad, indica que el actuar de la recurrida priva a su representado de su legítimo derecho a percibir el importe económico que le significaría el ingreso que las ventas de combustibles le reportan en su servicentro, el que a causa de la medida de clausura, está impedido de funcionar, con el consiguiente perjuicio que conlleva.

Termina solicitando que, en virtud de lo expuesto, en mérito de los antecedentes esgrimidos y aportados, y de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta Número 94 de 16 de Julio de 2015 de la Excma. Corte Suprema, que contiene el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se tenga por interpuesta acción o recurso de protección a favor de nombre reservado, en lo concerniente a su actividad comercial en el “Servicentro Las Tranquillas” de Coelemu, en contra de la Municipalidad de Coelemu, representada por su alcalde Alejandro Pedreros Urrutia y el inspector municipal nombre reservado, todos debidamente singularizados, someterlo a tramitación, ordenando informen y en definitiva, se le acoja resolviendo:

- Que, la decisión de la Municipalidad de Coelemu de disponer la medida de clausura, del establecimiento Comercial del recurrente, denominado “Servicentro Las Tranquillas de Coelemu”, así como la materialización de la misma, son ilegales y/o arbitrarias;

- Que, debe dejarse sin efecto de forma inmediata, la citada medida de clausura del establecimiento señalado;

- Que, la Municipalidad de Coelemu, deberá adoptar todas las medidas destinadas a permitir el pago de la Patente Municipal Rol 200984, por parte del recurrente;

- Que, los recurridos deberán abstenerse de ejecutar cualquier otro acto perturbatorio de los derechos garantidos por la constitución, enumerados;

- Que, los recurridos queden condenados al pago de las costas del recurso, sin perjuicio de las demás medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho, y la debida protección de las garantías constitucionales invocadas y amagadas por los recurridos.

2°.- Que, al informar por los recurridos, la abogada doña Marcela Liliana Pino Villagra, solicitó el rechazo de la acción constitucional y refiere antecedentes generales en relación con la actividad del establecimiento comercial, indicando que existe en los registros municipales un otorgamiento de patente comercial N° 200984 de fecha 31 de mayo del año 2012 a la Sociedad de Responsabilidad Limitada "Servicentro Las Tranquillas Limitada o Las Tranquillas Limitada”, Rut RUT reservado, constituidas por los socios Candelario Hinojosa nombre reservado y nombre reservado y explica diversas operaciones comerciales que derivan en un contrato de arrendamiento entre la Empresa Nacional de Energía Enex S.A., ex Petróleos Transandinos YPF S.A. y el recurrente nombre reservado, que comenzó a regir el 165 de diciembre de 2010 y al que finalmente se puso término por sentencia de 5 de marzo de este año dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, y que ordenó la restitución del inmueble donde funcionaba el establecimiento en el camino Coelemu a Tomé, Km. 2. Agrega que, la patente comercial otorgada por la Municipalidad, lo fue para la Sociedad ya individualizada, representada por sus socios, donde el señor nombre reservado no forma parte ni puede ser titular de la mentada patente, puesto que ésta es un derecho exclusivo para explotar un negocio e impiden que terceros la usen sin consentimiento.

Así, alega falta de legitimación activa, puesto que recurrente carece de la titularidad de la patente municipal aludida en el libelo, ni ha comparecido en nombre del titular, pretendiendo que se le reconozcan derechos que nunca han existido.

Señala que, con relación a la patente municipal de que trata el recurso, que aquella ha funcionado al amparo de la actividad comercial “venta al por menos de combustible para automotores” otorgada la Sociedad ya indicada el 31 de mayo de 2012 y que, según ORD N° 10 de la Dirección de Administración y Finanzas de 3 de octubre de 2018, se expresó que fue girada hasta el primer semestre de 2016 y que después no se giró debido a la falta de presentación del capital propio o balance tributario ante el Servicio de Impuesto Internos o la Municipalidad, que permitiera calcular el valor de la patente. Además, indica que, por ORD N° 51 del mismo origen, de fecha 25 de marzo del presente año, informó que revisados los antecedentes ante el Servicio de Impuestos Internos a través de consulta situación tributaria a nombre del Servicentro Las Tranquillas Limitada, registra término de giro de persona jurídica el 28 de noviembre de 2018 y que no presentó capital propio ni balance tributario, no pudiendo girarse la patente rol N° 2000984, no siendo representante de la empresa ni estar facultado. Agrega que el señor nombre reservado presentó en dos ocasiones, 8 de octubre de 2018 y enero de 2019, certificado señalando que el capital propio de la empresa era de cuatro millones de pesos en la primera, y de veinticinco millones en la segunda, pero no acompañó documento en que se le otorgue representación. De esta forma, la Municipalidad sólo ha solicitado lo que prevé el ordenamiento jurídico.

Además, sostuvo que no es efectiva la ilegalidad que se plantea respecto de la actuación del inspector municipal nombre reservado, quien cumplió su cometido sin infracción de ley, apersonándose en el domicilio registrado por el contribuyente, notificando la cláusula (sic) del establecimiento comercial, según lo dispuesto en el decreto alcaldicio N° 2745 de 4 de noviembre de 2019 y luego se notifica el decreto alcaldicio N° 2811 de 14 de noviembre, procediéndose a levantar acta de fecha 21 de noviembre donde se deja constancia de la entrega del decreto a la persona que dijo ser dueño de la patente, rehusándose, agregando que la diligencia se llevó a cabo con la presencia de Carabineros y se envió notificación por carta certificada al domicilio registrado.

Concluye que no ha existido acto ilegal o arbitrario conforme se ha expresado, no existiendo clausura de patente comercial alguna que diga relación con algún ejercicio comercial, giro o actividad gravada a nombre del señor nombre reservado, quien sólo registra una patente profesional rol N° 300.017 otorgada el 19 de mayo de 1999, descartándose, asimismo, la vulneración de garantías constitucionales invocadas.

Termina solicitando se tenga por evacuado informe ordenado y en virtud de lo expuesto, y la documentación fundante y demás pruebas allegadas a los autos, y en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2.385 que fija texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N° 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales, las normas consignadas Decreto Ley N° 824 de 1974, la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, artículo 20 la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección y demás normas pertinentes, se rechace el recurso incoado en contra de la Municipalidad de Coelemu representada por su Alcalde don Alejandro Rodrigo Pedreros Urrutia y de don nombre reservado, con costas.

3°.- Que, rola en autos informe evacuado por la Prefectura de Carabineros Ñuble NRO.: 17 de fecha 29 de noviembre pasado, el que en lo medular establece que personal de la Subcomisaría Coelemu de la 5ta. Comisaría Quirihue se constituyó en la Ruta 126 Los Conquistadores Km. 153, comuna de Coelemu, con el objeto de verificar sobre el funcionamiento y clausura del establecimiento comercial denominado "Servicios Las Tranquillas", el cual permanece cerrado, sin moradores, tras ser clausurado por personal de la Municipalidad de Coelemu el día 21 de noviembre de 2019 a las 10:00 horas, siendo verificada la diligencia por personal del Primer Patrullaje a cargo del Suboficial nombre reservado, desarrollándose sin alterar el orden público, estampando constancia en la hoja de ruta de lo obrado, y desde la misma data no se han realizado trabajos en el lugar.

4°.- Que, el Director Administración y Finanzas de la Municipalidad de Coelemu, informa sobre los pagos y movimientos registrados en relación con la patente municipal Rol 200984 a nombre de las Tranquillas Ltda y acompaña la carpeta de antecedentes respectiva.

5°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

6°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

7°.- Que, de acuerdo con lo anterior y apreciándose los antecedentes incorporados, se concluye que en el presente arbitrio no se satisfacen los requisitos ya descritos, puesto que, por una parte no aparece un derecho indubitado de quien ejerce la acción y, por otra, no se avizora la actuación ilegal y/o arbitraria vulneradora de garantías que se denuncia.

8°.- Que, en cuanto a lo primero, se debe tener presente que el recurso ha sido interpuesto en favor de don nombre reservado y es, a su respecto, que se denuncia la afectación de la libertad económica y derecho de propiedad, con la clausura que la recurrida dispuso del establecimiento comercial que explotaba, como consecuencia de la negativa del propio organismo público de permitir el pago de las respectivas patentes.

Sin embargo, fluye de los documentos acompañados, que la actividad comercial gravada con la patente rol N°200984 de la Municipalidad de Coelemu, respecto de la cual se reclama, correspondía al contribuyente Servicentro Las Tranquillas Ltda., RUT N° RUT reservado, sociedad a la que no pertenece el recurrente, ni consta mantener algún vínculo con ella, más allá de sostener haber sido quien pagó el importe correspondiente en los períodos que indica. Tal situación no alcanza a constituir algún derecho que se integre al patrimonio del actor, desde que la actividad gravada sigue estando unida al contribuyente individualizado y no existe antecedente que dé cuenta de una transferencia en el rol respectivo como lo permite la normativa respectiva, lo que trae como resultado, que no aparezca un agravio que pueda ser corregido en esta sede.

9°.- Que, por lo mismo, no es posible constatar la ilegalidad o arbitrariedad en el trato dispensado al recurrente por la Municipalidad de Coelemu, debido a que ésta sólo se ha limitado a tomar decisiones respecto de una patente que gravaba la actividad de un contribuyente distinto del actor, el cual se encontraba en mora en el pago de la contribución y que lleva a la clausura del establecimiento donde aquella se debía llevar a cabo.

10°.- Que, no es óbice a lo concluido, la circunstancia que el recurrente haya celebrado un contrato de arrendamiento sobre el espacio físico del establecimiento o realice, en los hechos, distribución de combustibles en el lugar, puesto que no consta que se haya regularizado dicha situación conforme las disposiciones del Decreto Ley 3063 sobre Rentas Municipales que conlleve a que su actividad se encuentra al resguardo de tal normativa, motivos que llevan a desestimar el arbitrio incoado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el abogado don Paul Chazal Garrido en favor de nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Coelemu.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

No firma el Ministro Darío Silva Gundelach, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso.

Redacción a cargo del Ministro Claudio Arias Córdova.

Rol 4005-2019-PROTECCION.-