Protección contra Servicio Local

Chillán, diecinueve de junio de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece nombre reservado, docente, quien conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, interpone acción constitucional contra el Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, representado legalmente por su Directora Ejecutiva, Sra. nombre reservado, por vulnerar de manera grave, ilegal y arbitraria el derecho consagrado en el artículo 19 N.° 16 de la Carta Fundamental.

Expone que desde el 12 de marzo de 2025 se desempeña como docente a contrata en los establecimientos Escuela Fabián de la Fuente y Escuela José Andrés Liva, ambos dependientes del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, cumpliendo una jornada total de 30 horas semanales (15 horas en cada unidad educativa).

A la fecha, no se le ha entregado resolución administrativa que acredite el inicio formal de su contrato ni su eventual término. Esta omisión infringe abiertamente el principio de legalidad y el deber de formalidad de los actos de la Administración, conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley N.° 18.575 y el artículo 79 de la Ley N.° 19.070.

Añade que, en abril de 2025, en cumplimiento del deber profesional de protección de la infancia, derivó a la dupla psicosocial un caso de violencia intrafamiliar que afectaba a un alumno. El caso activó el protocolo correspondiente, con intervención de la Oficina Local de la Niñez y posterior denuncia al Ministerio Público.

Luego indica que el día martes 13 de mayo de 2025, al presentarse en la Escuela de Los Puquios, fue informado verbalmente por la profesora encargada, Sra. nombre reservado, que su contrato habría finalizado el día anterior (12 de mayo), por lo cual no debía continuar desempeñando funciones. Le indicó que dicha afirmación carecía de legalidad, al no haberse emitido ni notificado resolución alguna al respecto. La profesora nombre reservado manifestó que consultaría con el gestor de personas del SLEP, Sr. nombre reservado, y posteriormente le comunicó que él había señalado que el día miércoles 14 de mayo a las 16:00 horas se le haría entrega de las resoluciones administrativas de nombramiento y de término de contrato. Solicitó comunicarse telefónicamente con el Sr.- nombre reservado, y en dicha conversación expuso que el procedimiento aplicado era absolutamente irregular y vulneratorio. Sin embargo, él ratificó que la documentación le sería entregada el día 14, negándose a remitirla en forma inmediata. Tras este hecho, y profundamente afectado emocionalmente, se dirigí a la Mutual de Seguridad para recibir contención, considerando la violencia institucional y el desamparo sufrido en el ejercicio de su rol como servidor público.

A continuación, afirma que jamás ha sido notificado formalmente de acto administrativo alguno que disponga su nombramiento o desvinculación. Esta omisión impide la validez jurídica de cualquier decisión, dado que, conforme a la normativa vigente, los actos administrativos que afectan derechos de los funcionarios solo producen efectos una vez notificados al interesado. En consecuencia, no resulta jurídicamente posible aplicar retroactividad al eventual acto administrativo, pues ello transgrediría los principios de certeza jurídica, legalidad y debido proceso.

En cuanto al derecho señala que el artículo 19 N.° 16 de la Constitución asegura a todas las personas “la libertad para contratar y el derecho al trabajo en condiciones justas y dignas”. Estos derechos han sido transgredidos por la actuación del Servicio Local, al excluirlo de sus funciones docentes sin causa legal ni procedimiento formal. El artículo 7 de la Constitución establece el principio de legalidad en el actuar de los órganos del Estado: toda actuación administrativa debe emanar de autoridad competente, mediante acto formal y debidamente fundado. Su incumplimiento acarrea la nulidad de pleno derecho de cualquier acto, por lo que la exclusión de mis labores es completamente inválida. La Ley N.° 21.643 ("Ley Karin"), que modificó normas del Código del Trabajo y del Estatuto Administrativo, prohíbe expresamente represalias -contra trabajadores que participen en procesos de denuncia de violencia o activación de protocolos institucionales. La temporalidad de los hechos revela que su desvinculación constituye una represalia encubierta, y por tanto, un caso de acoso laboral institucional. El Estatuto Docente (Ley N.° 19.070) y su reglamento exigen que todo nombramiento y cese sea formalizado mediante acto administrativo fundado, debidamente notificado al afectado. En este caso, ni siquiera existe constancia del acto de nombramiento, lo cual configura una grave vulneración del principio de juridicidad.

Precisa que, si bien la Directora Ejecutiva del Servicio Local, Sra. nombre reservado, no tuvo participación directa en la ejecución de estos actos, es la máxima autoridad jerárquica del órgano recurrido y, como tal, responsable del control de legalidad de sus subordinados. Por lo tanto, es plenamente procedente dirigir esta acción en contra del Servicio Local, representado legalmente por dicha autoridad, sin atribuirle responsabilidad personal, sino en cuanto representante legal del ente público que ha permitido o tolerado esta vulneración constitucional.

Destaca que nunca fue notificado del acto administrativo supuestamente dictado para poner término a su contrato, por lo que, conforme a los artículos 46 y 53 de la Ley N.°19.880, dicho acto no ha producido efectos jurídicos. En consecuencia, no cabría invocar retroactividad a ninguna parte, ya que los efectos de los actos administrativos se subordinan a la notificación válida y oportuna, como ha sido reiteradamente establecido por la jurisprudencia administrativa y constitucional.

Finalmente solicita:

a)

Tener por interpuesta esta acción de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, representado por su Directora Ejecutiva;

b)

Declarar que la actuación de dicho órgano, a través de sus funcionarios, es ilegal y arbitraria, vulnerando el derecho al trabajo de este recurrente;

c)

Ordenar como medida de restitución la reincorporación inmediata a mis funciones docentes en las mismas condiciones contractuales existentes hasta el día 12 de mayo de 2025;

d)

Instruir la entrega formal del decreto de nombramiento y del acto administrativo que eventualmente ponga término a la relación laboral, regularizando la situación jurídica;

e)

Oficiar a la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Educación y la Contraloría General de la República para que, en el ámbito de sus competencias, adopten las medidas que estimen pertinentes;

f)

Condenar en costas a la parte recurrida.

Acompaña copia de la carta enviada a la Dirección Ejecutiva del SLEP Punilla Cordillera, donde consta la denuncia de estos hechos.

Con fecha 23 de mayo de 2025, efectúa presentación en la cual indica que el 14 de mayo acudió personalmente a las dependencias del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, previa citación vía correo electrónico, ocasión en que se le hizo entrega de copias impresas de documentos titulados “DESÍGNESE DOCENTE A CONTRATA”. Asevera que ninguno de esos antecedentes contiene numeración ni identificación como resolución exenta, que permita establecer su correlación en los registros oficiales del organismo, ni menos formalizar legalmente su nombramiento y posterior desvinculación como docente a contrata en los establecimientos Escuela Básica Fabián de la Fuente y nombre reservado.

2°.- Que, informa el abogado don Nicolás Alfredo Valdés Castro, mandatario judicial del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, solicitando el rechazo de la acción incoada, con costas, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada necesaria y consecuencialmente improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que, a su vez, atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 19 y protegidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 24 de noviembre de 2017, fue publicada la ley N°21.040 que crea el nuevo Sistema de Educación Pública, cuyo objeto es que el estado provea a través de los establecimientos educacionales de su propiedad y administración que formen parte de los Servicios Locales de Educación Pública una educación pública, gratuita y de calidad, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa, y pluralista, que promueva la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad, considerando las particularidades locales y regionales, garantizando el ejercicio del derecho a la educación de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República. El Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, es un servicio público creado por la ley 21.040, dicho cuerpo normativo en su artículo 17 dispone que “El objeto de los Servicios Locales será proveer, a través de los establecimientos educacionales de su dependencia, el servicio educacional en los niveles y modalidades que corresponda, debiendo orientar su acción de conformidad a los principios de la educación pública establecidos en el artículo 5.”. Hace presente que el territorio por el cual este servicio local tiene su competencia corresponde a las comunas de Pinto, Coihueco, San Fabián, Ñiquén y San Carlos.

En virtud de esto el día 01 de enero de 2024 se realizó el traspaso del Servicio Educativo siendo de esta manera el Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera el nuevo sostenedor de los establecimientos públicos requiriéndose la designación de docentes y contratación de asistentes de la educación. El año escolar 2025 comenzó el día 01 de marzo, razón por la cual se vieron los movimientos finales de la dotación de funcionarios de los establecimientos dependientes del Servicio Local.

En el caso concreto, la señora nombre reservado profesora de Educación General Básica quien impartía las asignaturas de Ciencias, Historia, Tecnología, Artes y música, se encontraba en la dotación con 15 horas en la Escuela Básica José Andrés Leiva Leiva y con 15 horas en la Escuela Básica Fabián de la Fuente, la docente asumió nuevas horas en otro establecimiento. Por dicha razón, el 12 de marzo de 2025, se requirió de un profesor de educación de general básica de reemplazo para las asignaturas que realizaba doña nombre reservado señaladas por 15 horas en cada uno de los establecimientos, donde desde un comienzo se le señaló que el reemplazo era sólo por un mes y que estaría a prueba, ya que sin bien don nombre reservado es profesor de educación general básica, su mención es en lenguaje y matemáticas, por lo que la primera asunción de ambos establecimiento que llegaron al SLEP eran desde el día 12 de marzo de 2025 al 12 de abril de 2025.

De la misma manera en su liquidación de remuneración correspondiente al mes de marzo de 2025 se señala como fecha de inicio de la contrata el 12 de marzo y fecha de término el 12 de abril de 2025. El día 11 de abril de 2025 se realizó una reunión por el desempeño en el mes de prueba para realizar la retroalimentación, donde participó la encargada de la Escuela Fabián de la Fuente doña nombre reservado, la encargada de la escuela nombre reservado doña nombre reservado y el Profesor a prueba don nombre reservado. En esta reunión las encargadas de escuela le entregaron las observaciones al docente y se le dejó claro que se le renovaría por un mes más y que de no realizar mejoras no continuaría en ambas escuelas, lo que se encuentra consignado en acta bajo firma de los participantes. Por lo anterior, se realizó la asunción por un mes viendo si mejoraba, sino para buscar un nuevo docente que cubriera la necesidad del plan de estudio de ambos establecimientos, esto es, un docente que realizará las asignaturas de ciencias, historia, tecnología, artes y música, estas nuevas asunciones y designación a contrata extendiendo como máximo su relación estatutaria hasta el día 12 de mayo de 2025 para no suspender el servicio educativo. El día 6 de mayo de 2025 se realizó una nueva reunión donde participó la encargada de la Escuela Fabian de la Fuente doña nombre reservado, la encargada de la escuela nombre reservado doña nombre reservado y el Profesor a prueba don nombre reservado, oportunidad en la cual se evaluó si realizó los cambios solicitados por ambas encargadas de escuela, lo que no se cumplió por lo que se le señaló que su último día prestando funciones era el día 12 de mayo de 2025.

Dentro de las razones para la no renovación se comprenden las siguientes: 1.- Ingresar a reunión de apoderados sin ser consultado ni acordado con anterioridad con la profesora jefe, causando molestias en algunos apoderados. 2.- Falta de dominio de grupo en curso, teniendo que la profesora encargada intervenir en reiteradas ocasiones, sacando estudiantes de la sala, para evitar desregulaciones o situaciones mayores. 3.- No asignar funciones claras dentro de la sala a asistente de educación, manifestando ella incomodidad por el caos en sala. 4.- No entregar planificaciones de asignaturas, siendo recordado de ello y obligación para los docentes. 5.- Atrasos reiterados al ingreso de Jornada de trabajo, avisando con minutos de anticipación. 6.- Falta de apoyo en cuidado de los estudiantes, ya que el salía del establecimiento en horas del almuerzo sin consulta, teniendo en cuenta que es una escuela rural y el funcionamiento requiere de apoyo en recreo y en horas de la tarde antes del furgón o recreo de almuerzo, debido al escaso personal del establecimiento. 7.- Enviar mensajes a apoderados sin fines pedagógicos, enviar comunicados a centro de padres sin consultar a la profesora encargada de la escuela, instando a la comunidad a manifestarse en contra de la profesora encargada. 8.- Interrogar a estudiantes sin ser acompañado por otro funcionario del establecimiento, por un supuesto protocolo que no se había activado aun sin ser el responsable de ello en el establecimiento, cuando la profesora encargada le dijo que no hasta que ella llegara porque se encontraba en otras funciones fuera del establecimiento (reunión de directores del SLEP).

En tal contexto, el martes 13 de mayo de 2025, don nombre reservado concurre al establecimiento escuela Fabián de la Fuente probando suerte y alegando desconocimiento, a pesar de que el día 6 de mayo del presente fue notificado de su no renovación siendo su último día de designación el día 12 de mayo de 2025. Es cierto que a don nombre reservado el día 13 de mayo de 2024 que presentó la acción, no se le había notificado estas resoluciones, pero no puede desconocer que desde un comienzo se le señaló que era un reemplazo y que sus menciones (lenguaje y matemáticas), no eran concordante con la funcionaria reemplazada por lo que sería sólo por un mes de prueba y/o hasta que se encontrara a la persona adecuada al plan de estudio de ambos establecimientos. Don nombre reservado fue citado a las dependencias del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera para el 14 de mayo de 2025 donde se le entregarían las Resoluciones Exentas donde era designado como docente a contrata.

El día 14 de mayo de 2025 se realizó en las dependencias del Servicio Local la reunión que estaba citado don nombre reservado la que fue dirigida por don nombre reservado, funcionario de la subdirección de gestión y desarrollo de las personas del SLEP, en esa reunión se le explicó nuevamente lo que es la designación a contrata en este caso a plazo fijo que en un comienzo era solo por un mes y la que se alargó por un mes más y terminaron el día 12 de mayo de 2025 y se le hizo entrega de las Resoluciones Exentas N°630, 631, 632 y 633 todas de fecha 14 de mayo de 2025. Las resoluciones acompañadas por el denunciante si contienen el número y se encuentran tramitadas mediante la plataforma digital del gobierno, la plataforma enumera las resoluciones en su esquina superior derecha al igual que le fecha, también contiene el timbre del servicio de que el documento totalmente tramitado y con código QR para verificar su integridad y autenticidad del documento.

Finalmente solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia de Escritura Pública de mandato judicial de fecha 18 de junio de 2024.

2.- Asunciones de funciones de nombre reservado mes de marzo 2025.

3.- Asunciones de funciones de nombre reservado mes de abril 2025.

4.- Liquidaciones de Remuneraciones de nombre reservado de marzo y abril 2025.

5.- Acta de evaluación de Desempeño 11 de abril de 2025 firmada.

6.- Correo Electrónico de fecha 6 de mayo de 2025 de Encargada de la Escuela Fabian de la Fuente.

7.- Resolución Exenta N°630 de fecha 14 de mayo de 2025.

8.- Resolución Exenta N°631 de fecha 14 de mayo de 2025.

9.- Resolución Exenta N°632 de fecha 14 de mayo de 2025.

10.- Resolución Exenta N°633 de fecha 14 de mayo de 2025.

11.- Acta de Reunión de fecha 14 de mayo de 2025 en SLEP firmada.

3° Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

4.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

5º.- Que, para resolver el asunto sometido a la decisión de esta Corte, debe tenerse en cuenta que conforme al N°1 del artículo 19, de la ley 21.040 que Crea el Sistema de Educación Pública, ccorresponderá especialmente a los Servicios Locales, respecto de los establecimientos educacionales de su dependencia: “Velar por que cada uno de los establecimientos educacionales de su dependencia cuente con un equipo directivo y docente en permanente desarrollo profesional y que participe en un trabajo colaborativo constante. La dotación deberá ser suficiente para cumplir con los objetivos señalados en los números 2, 3, 4 y 5 de este mismo artículo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, letra b), de esta ley.”

6°. - Que, de la documentación allegada por la recurrida, consta que la señora nombre reservado, profesora de educación general básica, quien impartía las asignaturas de ciencias, historia, tecnología, artes y música, se encontraba en la dotación con 15 horas en la Escuela Básica José Andrés Leiva Leiva y con 15 horas en la Escuela Básica Fabián de la Fuente.

Dicha funcionaria asumió nuevas horas en otro establecimiento, quedando vacantes las jornadas que desempeñaba en ambos colegios, de tal manera que ante la necesidad de adecuar las plantas docentes a los requerimientos del servicio, mediante solicitud de los directores de aquellos, fue designado en su reemplazo el actor por dos periodos de plazo fijo, el primero desde el 12 de marzo al 12 de abril y luego del 12 de abril hasta el 12 mayo, todos del año 2025, periodos durante los cuales se le pagó la remuneración correspondiente, según dan cuenta las liquidaciones de sueldo.

El 11 de abril de 2025 consta acta de reunión de desempeñó, y luego del segundo periodo no se renovó su contratación, situación que según afirma la recurrida se informó al señor nombre reservado el 6 de mayo, y además, se consignó en acta de 14 de mayo de 2025.

7°.- Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa, resulta que no existe mérito suficiente para sostener seriamente que la recurrida haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario que afecte la garantía constitucional que establece el N°16 del articulo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, por cuanto, habiéndose producido una vacante en dos establecimientos educacionales dependientes del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, el actor en su calidad de profesor de educación general básica, fue contratado para realizar un reemplazo por dos meses consecutivos entre el 12 de maro y el 12 de mayo de 2025, decidiendo la autoridad no contratarlo por otro periodo.

8°.- Que, de lo dicho se sigue que no es posible establecer que el recurrente haya justificado ser titular de un derecho indubitado que deba ser protegido por esta vía excepcional.

9º.- Que, en consecuencia, esta Corte no divisa ilegalidad ni arbitrariedad en las actuaciones del Servicio recurrido, por cuanto éste ha actuado en el ejercicio de sus funciones y acorde a sus atribuciones y competencias, lo que conduce a rechazar la acción incoada.

Lo anterior sin perjuicio de las acciones administrativas o de índole laboral que el actor estime pertinentes ejercer.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado contra el Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Paulina Gallardo García.

No firma el Abogado Integrante señor Juan de la Hoz Fonseca, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado el día de hoy.

ROL Nº 389-2025.- PROTECCION.