Protección contra Alcalde de Ilustre Municipalidad de Chillán

Chillán, catorce de junio de dos mil dieciocho.

Se designa para la redacción del fallo acordado, con conocimiento de las partes, al Ministro señor Christian Hansen Kaulen.

Chillán, catorce de junio de dos mil dieciocho.

VISTO:

1°.- Que comparece nombre reservado, maestro en construcción e interpone acción constitucional de protección a favor de doña nombre reservado, operadora de compras de sección abastecimiento del DAEM de Chillán, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado de esta ciudad y en contra del Alcalde de Ilustre Municipalidad de Chillán, don Sergio Juan Zarzar Andonie, en adelante “el recurrido”, quien vulnerando normas jurídicas y del debido proceso en sumario administrativo, vulnerando la sana crítica y los conocimientos científicamente afianzados, arbitraria e ilegalmente aplicó a la recurrente la sanción de término anticipado de contrato de trabajo por medio del Decreto Alcaldicio N°3.452 de fecha 26 de marzo de 2018; atendido que en su tramitación se han conculcado principios que el propio ordenamiento ha declarado indefectibles, porque juegan un rol equivalente a los axiomas en las ciencias exactas, como lo es el principio de juricidad y legalidad, la igualdad ante la ley y el debido proceso que le es garantizado a mi representada en el Artículo 19, N°3, inciso 5°, de la Constitución Política de la República, toda vez que el sumario se desarrolló con ausencia de las garantías esenciales, siendo irracional e injusto, llevando a la práctica un procedimiento ilegal y arbitrario, además de ilógico, vulnerando derechos fundamentales de los participantes en el mismo, demostrando que el término anticipado del contrato de trabajo aplicado, afecta el derecho a la integridad física y psíquica de la persona (Art. 19 N° 1 CPR), el derecho a la igualdad ante la ley y ha no sufrir diferencias arbitrarias (Art. 19 N° 2 CPR), la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y, no ser juzgado por comisiones especiales (Art. 19 N°3 Inc. 1 y 5 CPR), la presunción de inocencia (Art. 19 N° 3 Inc. 7 CPR), el derecho objetivo a la honra (Art. 19 N° 4 CPR) y, el derecho de propiedad (Art. 19 N° 24 CPR), toda vez que, el Decreto y la resolución objeto de autos contraviene tanto la Constitución Política de la República y principios garantías contenidos en ella, así como también normas de rango legal dictadas en conformidad con nuestra carta fundamental, con lo que se transgrede lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución relativos al Principio de legalidad, siendo necesario que por esta vía de protección se ejerza el control judicial de las facultades disciplinarias del órgano de la administración recurrido, abarcando la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación impugnada.

Refiere que la recurrente ingresó a trabajar a la Ilustre Municipalidad de Chillán con fecha 17 de agosto de 2015, específicamente al DAEM de Chillán, en calidad de Operadora de Compras en la Sección Abastecimiento del DAEM de Chillán, función que realizaba hasta el día de su despido anticipado mediante el Decreto Alcaldicio. La relación laboral empezó el mismo día 17 de agosto de 2015 con una vigencia hasta el 29 de febrero 2016, con una jornada de 44 horas cronológicas semanales, renovándosele mediante Decreto Alcaldicio N°201/961/2016 de 01 de marzo de 2016, hasta que el 26 de agosto de 2016 se formalizó su contrato reconociéndole su empleador la antigüedad en el servicio con un contrato de trabajo por tiempo indefinido, como consta del clausulado de dicho contrato. Agrega que el 04 de septiembre de 2017, alrededor de las 17:25 horas, el funcionario del DAEM de Chillán, don nombre reservado, Operador de Compras de la Sección Abastecimiento, solicitó a la Srta. nombre reservado, autorizar Orden de Compra N° 2471-2803-CM17, por un viaje pedagógico de la Escuela Quinchamalí, viaje que ya se había realizado durante el transcurso del día, sin la autorización respectiva de la Orden de Compra, detectándose que el Decreto Alcaldicio N°9.946 de fecha 29 de agosto de 2017, no tenía las firmas originales, razón por la cual llamó a la Encargada de Abastecimiento, doña nombre reservado a fin de aclarar la situación, solicitando al señor nombre reservado el Decreto Original N°9.946 de 29 de agosto de 2017 que autoriza la contratación del servicio, comentándose el caso a la Jefa del Departamento de Administración y Finanzas lo ocurrido, lo que derivó el que se llamó a don nombre reservado, Encargado de entrega de números para la confección de los Decretos Municipales y Alcaldicios de Ilustre Municipalidad de Chillán, quien busco el Decreto Original y lo envió por correo electrónico a la mencionada jefatura, por lo que recibido, se procedió a revisarlo y verificar si contenía incongruencias entre éste y el documento que había presentado el funcionario nombre reservado, para la autorización que corresponde, teniendo específicamente en el número de la Orden de Compra, por lo se le ubico para que se concurriera hasta la oficina de Finanzas, en donde se encontraban presentes el Director del DAEM, Sr. nombre reservado; la Jefa de Administración y Finanzas, Sra. nombre reservado, Encargada de Abastecimiento y, el funcionario nombre reservado, al que se le consultó sobre la originalidad de los documentos presentados, tanto para autorizar y el enviado al Municipio, respondiendo que efectivamente hay un error en los documentos, señalando no tener en su poder el documento original. Al día siguiente, es decir, el día 05 de septiembre de 2017, doña nombre reservado, recuerda que hizo la devolución de 5 Decretos Alcaldicios, números 7636, 7627, 7619, 7624 y 7629, todos de fecha 04 de julio de 2017, al funcionario don nombre reservado, por estar fotocopiados a color, es decir, no eran documentos originales, para que hiciera entrega de ellos y, ya con estos documentos en la mano, la Jefa de Administración y Finanzas, Sra. nombre reservado, Encargada de Abastecimiento y, doña nombre reservado, el día 06 de septiembre de 2017, concurren a la oficina de Secretaria Municipal de Chillán para comparar los Decretos con los originales que quedan en Archivo Municipal y los presentados por el señor nombre reservado, constatando allí, que dichos documentos presentaban diferencias, por lo que se organizó una reunión urgente a la que citó a varios funcionarios “Debido a la verificación de haber encontrado Decretos de Compra adulterados, se llama a reunión a los Operadores de Compra, Encargada de Abastecimiento, Administrativa de Finanzas, Sr. nombre reservado de la Oficina de Recursos Humanos y quien cita, Jefa de Administración y Finanzas, Sra. nombre reservado” y al respecto, el señor nombre reservado, señala que hubo adulteración del documento público, pero, sin embargo, no señalará quien lo ayudó. Don nombre reservado señala: “Que él fue el responsable de la adulteración de sus Decretos Alcaldicios y, que fue el quien los “adulteró”. Doña nombre reservado, indica que ella ha realizado la práctica anteriormente y que es una práctica que se llevaba a cabo en la antigua Sección de Abastecimiento, de la cual estaba a cargo el Sr. nombre reservado. Doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, indican que ellos no han realizado dicha práctica.

Indica que debido a lo anterior, se llamó al señor nombre reservado y se le informó que se pedirá una investigación sumaria, en la que el procedimiento de adulteración consistía en cortar la palabra del Decreto que tenía un error y luego se volvía a imprimir, lo pegan en el Decreto y luego lo fotocopian a color, a lo que nombre reservado señaló que la situación ocurrida era sólo por dar cumplimiento a su trabajo, que “no existía una mala intención de por medio”. El 08 de septiembre de 2017, el Director de Educación Sr. nombre reservado, mediante ORD. N°5000/3001/2017, dirigido al Alcalde de Ilustre Municipalidad de Chillán señor Sergio Zarzar Andonie, le informó la situación detectada y solicitó investigación, por lo que el 11 de septiembre del mismo año, el Alcalde recurrido mediante Decreto Alcaldicio N° 10.690 de dicha fecha, decretó con el N°1, Instruir Sumario Administrativo al Departamento de Administración y Finanzas, Sección Abastecimiento DAEM y SEP, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieses configurar término de contrato de trabajo de los funcionarios involucrados respecto de los hechos que les pudieren asistir en relación a los hechos informados. Con el N°2, designó como Fiscal del Sumario Administrativo a la abogada de la Dirección de Educación Municipal de Chillán, doña Gloria Alegría Sepúlveda. Con el N°3, ordenó notificar a la Fiscal del presente Decreto Alcaldicio. Agrega que obran una gran cantidad de documentos, que dicen relación con las adulteraciones denunciadas e investigadas, dentro de las cuales destacan los decretos Alcaldicios y órdenes de compra que individualiza, las cuales no provocaron detrimento alguno al patrimonio Municipal, como consta del informe del Director de Control de I. Municipalidad de Chillán, otros adulterados por quien señala en cuanto se corrigieron errores evidentes de redacción, las cuales no provocaron detrimento alguno al patrimonio, tal como consta del informe del Director de Control de I. Municipalidad de Chillán, copia de documento que indica las Funciones del Cargo de Operador de Compras.

En cuanto al sumario, refiere que la Fiscal no estimo estar inhabilitada y procedió a nombrar como Actuaria a doña nombre reservado, pero resulta que ella no está acreditada en Chile Proveedores, lo que la inhabilita para trabajar en el DAEM, asimismo, que la Actuaria no desempeño a cabalidad su cargo en el sumario, toda vez que se ausentó del mismo por estar con licencia psiquiátrica y sin que se haya designado un Fiscal Suplente. Refiere latamente las actuaciones importantes del mismo para llegar al resultado del sumario administrativo, repitiendo el inicio del mismo, precisando las confesiones de nombre reservado y de nombre reservado, las que transcribe estableciendo que se trataba de una práctica sin beneficio privado, llegando a la declaración de la recurrente nombre reservado, la que reconoce una práctica de corrección para evitar procesos administrativos más engorrosos, pero que no se trataba de algo común como se entendió de sus palabras en la reunión en que se conocieron los hechos. Por lo anterior, con fecha 2 de octubre de 2017, la Fiscal formuló un cargo único en contra de la recurrente, cual es “Haber generado, durante el ejercicio de sus funciones documentación pública y haber adulterado la misma, alterando parte de la información contenida en distintos decretos de compras, utilizando como método: pegar sobre varios decretos de compras ya generados y debidamente firmados tanto en el DAEM como en el Municipio, un trozo de papel con información distinta a la originalmente autorizada, y posteriormente haber fotocopiado a color los mismos decretos de compras que contenían la adulteración mediante el método descrito. Lo anterior, con la finalidad que una vez adulterados los respectivos decretos de compra, fueran incorporadas las fotocopias de estos a la carpeta que debía remitirse para autorización que permitiera dar origen a una serie de compras, adquisiciones que se concretaron en razón de la adulteración concretada, habiéndose, además, sido esta documentación pública adulterada la que se publicó en el portal de mercado público, actuación con la que usted concretó una conducta indebida de carácter grave, debidamente comprobada, como es la falta de probidad en el desempeño de sus funciones, lo que conlleva a que haya incumplido gravemente las obligaciones y funciones que le impone su contrato de trabajo, en relación a lo establecido en este y respecto de lo estipulado en el artículo 160 N°1 letra a) y N°7 del mismo articulado.”. Luego agrega “Hago presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 18.883, usted tiene un plazo de cinco días contados desde la fecha de notificación del presente Oficio, para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas, pudiendo acompañar todos los antecedentes que estime conducentes a su defensa. De conformidad a lo establecido en al Artículo 135 de la Ley N° 18.883, el expediente sumarial podrá ser examinado en la Oficina de la Actuaria ubicada en domicilio reservado.”.

Estima que se advierte con nitidez que la denuncia que dio paso al sumario administrativo de que se trata y que nuevamente refiere, que sorprendentemente la Fiscal doña Gloria Alegría Sepúlveda, al formular cargos, lo hace sólo en contra de don nombre reservado y de doña nombre reservado, desapareciendo como inculpado confeso don nombre reservado, el cual, habiendo reconocido haber adulterado el Decreto Alcaldicio N°9.946 de fecha 29 de agosto de 2017, sin embargo la Fiscal, al oficiar a la señora nombre reservado, Jefa de nombre reservado de Chillán, con fecha 6 de noviembre de 2017, le solicitó los contratos de trabajo y sus eventuales anexos, única y exclusivamente respecto de nombre reservado y de nombre reservado, misma situación estima que ocurre en otras de sus actuaciones, al no considerar al principal inculpado confeso nombre reservado ni indagar sobre si el Decreto Alcaldicio N°9.946 de fecha 29 de agosto de 2017, provocó algún detrimento patrimonial a las arcas municipales, todo lo cual no fue considerado por el Alcalde recurrido al dictar el Decreto por el que se aplicó a la recurrente la desproporcionada sanción de término anticipado de su contrato de trabajo, vulnerando con ello derechos constitucionales a la recurrente, iterando los ya señalados previamente, denunciando en síntesis, que no se ajustó a derecho el acto mediante el cual la autoridad comunal impuso la sanción de término de contrato de trabajo a su representada, toda vez que del mérito de la investigación sumaria contrapuesta al Decreto Alcaldicio N°3.452 de fecha 26 de marzo de 2018, la sanción aplicada por medio de este último, aparece como desproporcionada, pues la falta de probidad señalada en la formulación de cargos, no consta en el expediente sumarial ni hay documento alguno que pruebe que su representada haya adulterado Decretos de Compra, sólo existe su declaración al respecto, los testigos nada aportan al esclarecimiento de marras, por el contrario, el cargo único que se atribuye a la recurrente no cumple con los requisitos que se exigen para su validez, pues las imputaciones deben ser concretas y precisas y, necesariamente, contener el detalle de los hechos constitutivos de la o las infracciones que se le atribuyen al o los inculpados y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado, de modo que se les permita asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el Servicio pueda fundadamente determinar, si fuere procedente, la aplicación de la medida disciplinaria que en derecho amerite la falta administrativa, de la que no se determina data o período de ocurrencia de los hechos respectivos, como tampoco se exhiben los Decretos de Compras supuestamente adulterados, omitiéndose la individualización de los mismos, sin señalar el día y la hora o circunstancias en que habrían sido adulterados y, que materiales o productos se compraron con ellos, si es que ello fue realmente así. Lo anterior no era un hecho imposible para la Fiscal, toda vez que, asegura que dichos Decretos de Compras habrían sido publicados en el portal de mercado público, sin embargo, no se allegaron al expediente sumarial, ningún instrumento o documento efectivamente adulterado por la recurrente que pruebe la imputación de falta de probidad grave señalada por la Fiscal, la que no aparece probada en el expediente de marras, en contravención a lo ordenado al efecto por la Contraloría General de la República mediante el dictamen N° 34.010, de 2005, para estimar que la investigación se encuentre agotada, al tenor de la lata relación de hechos ara demostrar que ello no es efectivo pues las acciones solo corregían la mala redacción de los actos sin que ello, finalmente, genere un detrimento patrimonial para el Municipio, sin perjuicio de que del sumario administrativo no se han podido comprobar fehacientemente los hechos materia de los cargos formulados, por las razones ya expresadas previa y latamente, respecto de la actora, debiendo acogerse la acción deducida y reabrirse el sumario, retrotrayéndolo a la etapa indagatoria, a fin que se realicen todas las diligencias necesarias para esclarecer las situaciones de que se trata y, si es procedente, acusar y sancionar como en derecho corresponda.

Indica que el contrato firmado entre la recurrente y la recurrida, el mismo se rige por las normas del Código del Trabajo, por lo que sin perjuicio del sumario antes referido, en aquellos casos en que se disponga el término de la relación laboral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 160 del Código del Trabajo u otra medida disciplinaria de las contenidas en el artículo 154 N°10, de dicho texto normativo, es necesaria la instrucción de una breve investigación, la cual, si bien no debe ajustarse a las reglas rígidas de tramitación de un sumario, es indispensable que asegure el derecho a un debido proceso, bastando para ello que se acredite la ocurrencia de los hechos que configuran el motivo de la desvinculación del funcionario, se oiga al afectado entregándole la oportunidad de defenderse y que se le notifique la sanción, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con los dictámenes de Contraloría que indica y que aplicarían, estima que la falta de probidad en el desempeño de sus funciones e incumplimiento grave de las obligaciones y funciones, debió establecerse de acuerdo a los artículos 127 al 143 de la Ley N°18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan, debiendo señalarse al respecto, que dichas normas de tramitación consultan todos los resguardos para cautelar el debido proceso y asegurar la adecuada defensa de los inculpados, por lo que la posibilidad de aplicar las medidas disciplinarias contempladas en el artículo 154 N°10, del Código del Trabajo, esto es, amonestación verbal o escrita o multa de hasta el 25% de la remuneración diaria, corresponde que aquellas estén expresamente previstas en un reglamento interno dictado por el Alcalde, siendo éste un requisito esencial para su disposición, sin embargo, no existiría reglamento interno que aplique sanciones a las faltas cometidas por los funcionarios en el DAEM de Chillán, se destinaron recursos económicos en horas extras para que doña Gloria Alegría Sepúlveda redactará uno y, hasta la fecha no está confeccionado, por lo que al momento de ser sancionada la recurrente, no existía un reglamento interno en el DAEM que aplique sanciones a los funcionarios ante falta de los mismos, solo existe el reglamento interno de higiene y seguridad en el trabajo de la Ilustre Municipalidad de Chillán, para lo que desarrolla una lata tesis desde el artículo 49° del Decreto Exento N°202/2483/2011 de 04 de julio de 2011, que Aprueba Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo para Personal de la Ilustre Municipalidad de Chillán, en su primera parte dispone que, “El funcionario que contravenga las normas contenidas en este reglamento, instrucciones o acuerdos que imparta el Comité Paritario, Departamento en Prevención de Riesgos y Organismo Administrador o incorporados a gestión, serán sancionados de acuerdo a lo estipulado Código del Trabajo, Estatuto Administrativo, en la Ley 18.883, Título V de las responsabilidades Administrativas en sus Artículos números 118, 119 y 120, lo que dará derecho a una investigación sumaria y su correspondientes medidas disciplinarias. Todo de acuerdo al grado y consecuencias del desacato.”, estableciendo así que se impuso una medida de aquellas contempladas en el Código del Trabajo, la que no está expresamente establecida en el respectivo reglamento interno de higiene y seguridad en el trabajo, pero si en el Código del Trabajo, acorde con el régimen contractual al cual se encuentra sometida, es decir, término anticipado del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 160 N° 1 letra a) y N°7 del Código del Trabajo, siendo una sanción desproporcionada la aplicada, del modo que se ha venido estableciendo.

En cuanto al derecho que asiste a la recurrente, estima que se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley y ha no sufrir diferencias arbitrarias (Art. 19 N° 2 CPR), pues no obstante haberse realizado el sumaria por denuncia que incluía a otras personas, las que desaparecieron al final y quedaron sin sanción, es precisamente una desigualdad hacia la actora, siendo sancionada mediante esa diferencia arbitraria al ponerse término anticipado a su contrato de trabajo mediante el Decreto Alcaldicio N° 3.452 de fecha 26 de marzo de 2018, en comparación al otro imputado don nombre reservado, conforme la formulación de cargos ya referida, que fue aprobada por el Alcalde Chillán, mediante el Decreto N° 3.452 de fecha 26 de marzo de 2018, siendo así el acto sancionatorio emitido por el Alcalde Chillán, mediante el Decreto N° 3.452 de fecha 26 de marzo de 2018, carente de motivación o fundamentación, ya que la resolución recurrida solo hace una descripción enunciativa o referencial de los antecedentes que tuvo en consideración para aplicar la medida disciplinaria, no bastándose a sí misma para explicar cuál fue el motivo o los fundamentos por los que se dio por acreditado los hechos que fueron materia de formulación de cargos en contra de su representada, lo que afecta la garantía de igualdad ante la ley, respecto de otros funcionarios que si tienen acceso a la adecuada fundamentación de las resoluciones, siendo la sanción máxima de destitución absolutamente desmesurada, con abierto atentado al elemental principio de proporcionalidad que trasunta el ejercicio de toda potestad sancionatoria, lo que es vulneratorio en los términos descritos. Agrega que se ha vulnerado el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y, no ser juzgado por comisiones especiales (Art. 19 N° 3 Inc. 1 y 5 CPR), pues al ordenarse instruir sumario administrativo en los términos ya descritos previamente, estima que conforme la ley y la jurisprudencia, queda de manifiesto que esos actos deben obedecer a una justificación suficiente, deben tener una motivación como actos administrativos, por lo que el Decreto Alcaldicio N°3.452 de fecha 26 de marzo de 2018, no se encuentra debidamente fundado en circunstancias que debe bastarse a sí mismo, lo que infringe lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880; esto mismo, afecta la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, toda vez que, se le ha condenado sin probar las imputaciones de haber adulterado Decretos de Compras y, sin probar que haya faltado gravemente a la probidad y a sus obligaciones y funciones como trabajadora, todo ello al tenor de la relación de documentos del sumario que indica, pues estima que la sanción propuesta, sin indicar el porqué de ello, sin señalar cuáles, sin citar los números de los Decretos de Compra supuestamente adulterados, ni sus números, ni fechas, ni productos con ellos comprados, pero afirmando que dichas supuestas acciones de la recurrente vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, pero no se establecen cada uno de los hechos específicos que se le atribuyen a la investigada, la responsabilidad que se asentó no se ajustó en la realidad a una investigación acuciosa ni acorde a los hechos investigados, infringiendo el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, pues de todos los antecedentes acompañados y declaraciones en auto, no se acompañó prueba instrumental alguna que probará la acusación, vulnerándose nuevamente la garantía contemplada en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de la igualdad ante la ley. Además, el recurrido ha vulnerado a el derecho a la presunción de inocencia (Art. 19 N°3, inc. 7 CPR), el derecho a el derecho objetivo a la honra (Art. 19 N°4 CPR) y, el derecho al debido proceso (Art. 19 N°3, inc. 5 CPR), por las mismas razones, que reitera y por las que impugna el sumario administrativo, desde que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia de la recurrente al emitir el Decreto Alcaldicio N°3.452 de fecha 26 de marzo de 2018, mediante el cual se le aplicó una desproporcionada sanción basado en que se habría faltado a la probidad, a sus funciones y obligaciones, lo que no ha sido probado y fue notificado a la Inspección del Trabajo, condenándole a no poder trabajar en su profesión por cinco años, lo que vulnera su honra, conforme la doctrina que cita al efecto. Asimismo, se ha vulnerado el debido proceso toda vez que se ha condenado a la recurrente sin allegar prueba documental alguna para dar mérito a la sanción recibida. Finalmente, el recurrido ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente (Art. 19 N°24 CPR) pues al considerar el Alcalde de Chillán que la sola declaración de doña nombre reservado constituye una grave falta a la probidad e incumplimiento de sus obligaciones y funciones, sin considerar el mérito del expediente en donde no fue probada la imputación que le hace la Fiscal, esto es, haber adulterado algún Decreto de Compra, toda vez que como ha reiterado extensamente, no existe ninguna prueba material ni testimonial al respecto de dicha acusación sino sólo su propia declaración, la cual no basta para tenerla por culpable, ya que el principio de la probidad administrativa, según previene el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo “implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado” y, por otra parte, un concepto similar se registra en el artículo 54 de la Ley N° 18.575, ya que para que proceda la medida disciplinaria de destitución el artículo 160 N°1 letra a) y N°7 del Código del Trabajo, se requiere que los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa ya que la relación entre la imputación a la recurrente y la sanción que se le ha impuesto aparece como desproporcionada y desprovista de la racionalidad, toda vez que no existe daño alguno o detrimento al patrimonio de Ilustre Municipalidad de Chillán, conculcando el derecho de propiedad sobre el bien incorporal que tiene la actora sobre su trabajo o cargo de Operador de Compras, lo que relaciona con jurisprudencia sobre la proporcionalidad, ya que el derecho a la carrera funcionaría y a la estabilidad del empleo público que garantiza la Constitución Política en su artículo 38, como también la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, refiere que el empleado no puede ser privado de su cargo sino por las causales que la ley contempla y conforme al procedimiento que en ellas se señala, importa una especie de propiedad garantizada como bien incorporal por el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, ya que todo lo anterior, deriva en una vulneración del derecho a la integridad física y psíquica de su persona (Art. 19 N° 1 CPR), conforme lo relacionado procedentemente.

Cita latamente relaciones entre el derecho y la jurisprudencia respecto de la falta de probidad y lo señalado por el Código del Trabajo en lo relativo a la causal de despido aplicada, pues de un lato análisis de doctrina, establece que los Tribunales de Justicia no se han preocupado de elaborar un concepto claro de falta de probidad, por lo entiende que se aplica el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, refiriendo que detallados los efectos patrimoniales que las partes estipulan en el contrato, por otra parte existen deberes propios del contrato, los que no pueden ser dejados de lado por las partes, al constituir éstos normas de orden público, sin perjuicio de la necesidad de la gravedad del hecho que se imputa, conforme fallo que cita al efecto, pues la discusión por ésta causal de despido no se basa en si proceden o no los hechos, sino que en si la infracción o incumplimiento de las obligaciones son graves, situación que depende de la forma de apreciar las pruebas otorgadas por las partes según la sana critica, al tenor del criterio esbozado por la Corte Suprema, en fallo que transcribe, reiterando que la sanción ha sido desproporcionada ya que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia a la que tiene derecho la recurrente ni se ha probado falta de honestidad por parte de ella, en tanto trabajadora, tampoco deslealtad, menos que ella haya obtenido algún provecho económico para sí respecto de las supuestas adulteraciones de decretos ni que haya faltado gravemente a sus obligaciones o funciones derivadas de su contrato de trabajo, ninguna prueba existe en el expediente sumarial que pruebe dicha imputación, sin perjuicio que el referido Decreto Alcaldicio tampoco señala que obligaciones y que funciones se han incumplido gravemente, más su falta de fundamentación antes desarrollada, resultan en que el acto es arbitrario e ilegal.

Finaliza solicitando, conforme las normas que cita, que se acoja el recurso y, en definitiva, se declare la nulidad del Decreto Alcaldicio N°3.452 de fecha 26 de marzo de 2018, que dispone el término anticipado del contrato de trabajo de la recurrente y, consecuencialmente, se invalide todo lo actuado en el sumario administrativo seguido en contra de la misma, debiendo ésta última mantenerse en el cargo de Operador de Compras en la Sección Abastecimiento del Departamento de Administración y Finanzas de la Dirección de Educación Municipal “DAEM”, o lo que se determine de justicia. Acompaña documentos.

2°.- Que comparece el abogado don Pedro San Martín López, en representación de la Ilustre Municipalidad de Chillán, persona jurídica de derecho público, ambos con domicilio en domicilio reservado de la precitada comuna e informando el recurso, solicita desde ya su rechazo. Refiere previamente lo señalado en el recurso, sin perjuicio de estimar necesaria una breve relación de los hechos vinculados con la materia, para su mejor comprensión, a fin de expresar las consideraciones de fondo que a su juicio hacen inadmisible la acción de protección impetrada o determinan el rechazo de la misma, en todas sus partes.

Precisa que mediante el Decreto Alcaldicio N°10.690 de 11 de septiembre de 2017, la Municipalidad recurrida ordenó instruir un sumario administrativo al Departamento de Administración y Finanzas, Sección Abastecimiento del Departamento de Administración de Educación Comunal (nombre reservado), tendiente a determinar eventuales responsabilidades administrativas en relación a irregularidades que se habrían producido en las secciones de Abastecimiento del DAEM y de la Subvención Escolar Preferencial SEP, en particular, verificar la existencia de adulteraciones de documentación referida a adquisiciones de bienes y servicios a cargo de dichas unidades. Agrega que al término de la investigación, se estableció la efectividad de los hechos denunciados consistentes en la adulteración de diversos documentos vinculados a procesos de adquisiciones, determinándose la responsabilidad, entre otros, de doña nombre reservado. En ese contexto, tratándose de funcionarios municipales cuyos vínculos laborales estén regidos por el Código del Trabajo, como es el caso, la concurrencia de alguna causal de término del contrato establecida en el aludido ordenamiento debe ser determinada a través de una breve investigación, la que si bien no requiere sujetarse a las normas de tramitación de un proceso administrativo formal, exige acreditar la ocurrencia de los hechos que configuran la hipótesis de desvinculación de que se trata, contemplando a lo menos oír al afectado, otorgándole de ese modo la oportunidad de defenderse.

Indica que el artículo 160 del Código del Trabajo, dispone que el contrato de trabajo cesa sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador invoque una o más de las causales de despido fijadas en dicho precepto, entre las que se encuentra la del N°1, letra a) referida a la falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones, y la del N°7, referida al incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato; por lo que, habiéndose acreditado la concurrencia de las señaladas causales como se estableció en la vista Fiscal del proceso investigativo, la Municipalidad emitió el correspondiente decreto poniendo término a la relación laboral, lo que le fue debidamente notificado a la recurrente por intermedio de su abogado a quien había conferido patrocinio y poder en el proceso investigativo. Luego, su apoderado dedujo recuso de reposición, el que erróneamente interpuso ante la propia Fiscal, quien por resolución de 10 de abril de 2018, lo desestimó. Luego, con fecha 13 de abril de 2018, la recurrente fue notificada personalmente de la carta aviso de despido, lo que certificó el Secretario Municipal, en su calidad de Ministro de Fe.

Alega que el recurso deberá ser desestimado por tratarse de un asunto de lato conocimiento, siendo evidente que se pretende plantear una controversia sobre determinadas interpretaciones con relación a la normativa y circunstancias de hecho referentes al proceso investigativo, a fin de impugnar el Decreto Alcaldicio N°3.452 de 26 de Marzo de 2018, asunto que, por su propia naturaleza, es de lato conocimiento y, por ende, absolutamente ajeno a la finalidad propia del recurso de protección, sin perjuicio que se advierte de la sola lectura del libelo de autos, que la peticionaria persigue que este Tribunal emita un pronunciamiento acerca del fondo del sumario administrativo y su acto terminal, pues ha transcrito gran parte de lo obrado en el mismo, solicitando que se deje sin efecto este último, declarándolo ilegal y arbitrario, y ordenando, en consecuencia, su restitución en el cargo que ejercía, materia que excede el ámbito de aplicación del recurso de protección, ya que no es una vía para conocer asuntos de lato conocimiento ni para formular cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica. En el mismo sentido, desarrolla que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar sumarios administrativos, pues no obstante su objetivo es que se adopten medidas tendientes a evitar los efectos de un acto que se considera arbitrario o ilegal, no procede su interposición para impugnar las resoluciones internas de esos procesos administrativos o las decisiones finales de las autoridades competentes que recaen sobre los mismos, cuando el objetivo es determinar y hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, pues ello implica desconocer el procedimiento fijado por el ordenamiento jurídico para aquéllos, resultando que no puede prosperar la acción constitucional deducida. En tal sentido, la Contraloría General de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto de la materia, determinando mediante el Dictamen N°390 de 2009, entre otros, que las normas que regulan la tramitación de los procesos sumariales de la Administración contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido procedimiento y asegurar una adecuada defensa de los inculpados, pues establecen entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos, los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones, las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores, la formulación de cargos y su debido emplazamiento, la amplia admisibilidad de medios de prueba, la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que aquéllos pueden hacer uso, tales como la presentación de descargos y la interposición de los recursos que procedan en contra de la sanción dispuesta aplicar en su contra, tal como relaciona con jurisprudencia que cita, quedando en evidencia que la acción cautelar no puede ser entablada para obtener un pronunciamiento que recaiga en una materias como la responsabilidad administrativa, la cual está sujeta a un procedimiento especial, al tenor del fallo que transcribe al efecto.

Destaca que no se ha cometido arbitrariedad ni ilegalidad alguna, pues como se reconoce en el mismo recurso y de la documentación incorporada por éste, en el curso de la investigación doña nombre reservado admitió haber adulterado instrumentos públicos, al igual que lo hicieron otros dos funcionarios, don nombre reservado y don nombre reservado, contra quienes igualmente se dirigió la investigación, que concluyó con la decisión de poner término a los contratos de la Sra. nombre reservado y del Sr. nombre reservado y, en relación al tercero de los investigados, don nombre reservado, también, en su oportunidad, se le formularon cargos como consta a fojas 225 y 226 del expediente sumarial , los que le fueron notificados mediante carta certificada de fecha 5 de Octubre de 2017, conforme certificación de Correos de Chile, siendo defendido por el letrado don nombre reservado, quien solicitó ampliación de plazo para efectuar descargos, acción que no se concretó, pues con fecha 25 de Septiembre de 2018 (sic), el Sr. nombre reservado presentó su renuncia al Alcalde de Chillán, dándose término a la relación laboral con fecha 31 de Octubre de 2017. Por otra parte, respecto de los cuestionamientos a la Fiscalía por haber solicitado información sólo respecto de nombre reservado y de nombre reservado, ello obedece al cumplimiento de diligencias probatorias solicitadas por los involucrados en el proceso, dentro del término de prueba, pedidas por su apoderado y abogado don Eduardo González Salidas, por lo que no existe discriminación alguna. Asimismo cuando se dice que “el cargo de falta de probidad que se le imputa a doña nombre reservado no aparece fehacientemente acreditado, por lo que el Decreto Alcaldicio N°3.452 de fecha 26 de Marzo de 2018, al aplicar a su representada la desproporcionada sanción de término anticipado de contrato de trabajo vulnera sus derechos constitucionales”, ello se derrumba al tenor de la propia declaración de la recurrente, quien en diligencia estampada a fojas 168 a 169 del sumario, según cita textual del recurrente en la página 15 del recurso, letra d), señala: “Que, al declarar doña nombre reservado, RUT.: RUT reservado, desde fojas 168 a 169 inclusive, a lo que interesa, CONFESÓ: Respecto a lo que se me pregunta en relación a lo informado por el director de Educación Municipal en Ord. N° 5000/3001/2007 en torno a la adulteración de documentos públicos en los que me veo directamente involucrada, puedo hacer presente que efectivamente utilicé la práctica de adulteración en ciertas ocasiones. Sin embargo los Decretos que fueron adulterados no eran Decretos de Pago como lo especifica el ordinario mencionado, sino que se trataba de Decretos de compra. Mi responsabilidad la asumí efectivamente en reunión sostenida por la Jefa de Finanzas del DAEM con personal del mismo Departamento el día 06 de septiembre de 2017 donde efectivamente indiqué la realización de esta práctica y que esta la había llevado a cabo en la antigua Sección de Abastecimiento cuando estaba a cargo de don nombre reservado. No me acuerdo en que minuto surgió la idea de realizar esta práctica, ni tampoco recuerdo si fue una situación que haya informado a algún compañero de sección. La metodología que yo utilizaba era la siguiente:

Yo detectaba algún error ortográfico en los Decretos, específicamente en los Decretos de compra, que eran los que yo debía generar, y en razón de la urgencia con la que debía tramitar dichas compras para responder a los servicios de Escuelas procedía a subsanar el error en el Decreto original pegando sobre éste un papel que contenía la información correcta. El Decreto sobre el que se pegaba el papel correspondía al Decreto original, que ya se había tramitado y que por lo tanto contenía todas las firmas, tanto aquellas que debían cursarse en el DAEM como en el Municipio. Posterior a pegar el papel sobre el error que yo identificaba en el Decreto, lo fotocopiaba y lo ingresaba a la carpeta que debía revisar la supervisora encargada de autorizar la compra, de tal forma que se lograra autorizar la compra, de tal forma que se lograra autorizar la compra dentro del plazo necesario y requerido por el establecimeinto requirente…” , y luego se agrega que “…yo siempre he estado consciente y en conocimiento de que, frente a un error en algún documento público puedo utilizar un Decreto de Corrección que me permite subsanar el error en cualquier documentación. Sin embargo, en estos casos no lo realicé y preferí subsanar los errores de los Decretos mediante esta adulteración…”, más adelante dice “…yo asistí a la reunión del día 6 de septiembre de 2017 en el Departamento de Finanzas del DAEM y así mi responsabilidad frente a los hechos que ahí se describen y que quedaron estampados en acta de misma reunión y que yo firmé…”; por lo que, de esa forma y existiendo una confesión expresa de la conducta censurada, es decir, de la falsificación reiterada de instrumentos públicos, la Fiscal estimó configurada la causal de falta de probidad proponiendo al señor Alcalde la terminación anticipada del contrato de trabajo, tanto de la Sra. nombre reservado como del otro inculpado Sr. nombre reservado, lo que fue aceptada por la autoridad, procediendo a decretar la terminación de ambos funcionarios, sin olvidar que la medida no se aplicó respecto del Sr. nombre reservado pues se le aceptó su renuncia con anterioridad.

Explica que la probidad debe ser observada por todas las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera sea la denominación con que las designe la Constitución y las leyes, y por los funcionarios de la Administración Pública, acorde con lo establecido en el artículo 52, inciso primero, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ya que la comisión de un ilícito, aunque no haya acarreado perjuicio patrimonial al erario municipal, implica una conducta contraria a los principios, pues la probidad administrativa se encuentra consagrada en el artículo 8°, inciso primero, de la Carta Fundamental, reiterado en el artículo 13, inciso primero, de la Ley N°18.575 y cuyo concepto se encuentra desarrollado en el artículo 52, inciso segundo, del mismo cuerpo legal, en el que se establece que, "El principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.", por lo que se trata de deberes éticos que debe observar todo funcionario de la administración pública. Por ello, la nulidad del decreto que se pretende por medio de este arbitrio, no es posible ya que cumplió con todos los requisitos necesarios para su expedición, siendo éste el acto terminal de un proceso sumarial, donde la Sra. nombre reservado ejerció su defensa en distintas etapas y se dio pleno respeto a las garantías constitucionales y legales que reglamentan un proceso de tal naturaleza, como se desprende del respectivo sumario que acompaña.

Explica que los cuestionamientos de la validez del nombramiento de la Fiscal designada para la investigación, doña Gloria Alegría Sepúlveda, afirmado que no contaría con una acreditación en Chileproveedores, situación que la inhabilitaría para trabajar en el Daem y que la actuaria, doña nombre reservado, no desempeño a cabalidad su cargo en el Sumario Administrativo ya que habría hecho uso de licencia médica y sin que se haya designado un fiscal suplente; todas parten del desconocimiento de la normativa que regula la materia, puesto que de conformidad a lo establecido en el artículo 127 de la Ley N°18.833, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, establece que: “El sumario administrativo se ordenará por el alcalde mediante decreto, en el cual designará al fiscal que estará a cargo del mismo. El fiscal deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario que aparezca involucrado en los hechos. Si no fuera posible aplicar esta norma, bastará que no exista relación de dependencia directa. Si designado el fiscal, apareciere involucrado en lo hechos investigados un funcionario de mayor grado o jerarquía o de dependencia directa en su caso, continuará aquél sustanciando el procedimiento hasta que disponga el cierre de la investigación. Por su parte, el artículo 128, prescribe que: “El decreto a que se refiere el artículo anterior será notificado al fiscal, quien designará un actuario, el que se entenderá en comisión de servicio para todos los efectos legales. El actuario será funcionario de la municipalidad, tendrá la calidad de ministro de fe y certificará todas las actuaciones del sumario. El sumario se llevará foliado en letras y números y se formará con todas las declaraciones, actuaciones y diligencias, a medida que se vayan sucediendo y con todos los documentos que se acompañen. Toda actuación debe llevar la firma del fiscal y del actuario.”. Agrega que dado que los investigadores como los fiscales de una investigación sumaria o de un sumario administrativo, respectivamente, tienen la calidad de funcionarios públicos, por lo que deben cumplir con las obligaciones funcionarias, entre las que se encuentra la de cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente y en ninguna parte de la Ley se precisa que el funcionario designado fiscal para un sumario administrativo deba estar inscrito el Chileproveedores; basta con que tenga la calidad de funcionario para que pueda ser investido como fiscal, lo que ocurrió en la especie, pues dicha profesional se encuentra vinculada mediante un contrato de trabajo con la Municipalidad de Chillán, siendo parte del personal que funciona en el servicio traspasado DAEM, que puede ser contratado bajo tal modalidad y, por lo demás, no fue objeto de ninguna recusación en la oportunidad correspondiente, por lo que tal alegación que pretende deslegitimar el proceso sumarial, debe ser rechazada. En cuanto a las licencias de la actuaria y su ausencia en la parte final del sumario, debe precisarse que la investigación ya estaba concluida, siendo innecesario contar con la presencia de actuario en las diligencias posteriores a la vista Fiscal, por lo que la alegación a este respecto deberá ser desestimada.

Respecto de las garantías supuestamente conculcadas y que harían procedente la interposición de la acción constitucional de autos, estas serían el derecho de integridad física y psíquica de la persona, el derecho a la igualdad ante la ley y a no sufrir diferencias arbitrarias, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y no ser juzgado por comisiones especiales, la presunción de inocencia, el derecho objetivo a la honra y el derecho de propiedad, de las que como cuestión previa, resulta necesario destacar que no se advierte cómo el Decreto recurrido, que decide la terminación del contrato de trabajo de la recurrente, podría significar privación, perturbación o amenaza de dichas garantías constitucionales, en los términos previstos en el artículo 20 de la Constitución Política, desde el momento que ha sido emitido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico le ha conferido al Alcalde de la Municipalidad de Chillán, pues es requisito de procedencia del recurso de protección, que efectivamente se hayan realizado actos o incurrido en omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho evidente y no disputado del reclamante, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional, conforme jurisprudencia que cita, resultando que las invocadas carecen de sustento y no se refiere a la supuesta vulneración del derecho de integridad física y psíquica de la persona, de la presunción de inocencia y del derecho a la honra, sino que se detiene en la del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, relativa al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que como resultado de la emisión del Decreto cuya impugnación pretende, la recurrente ha sido destituida del cargo que ocupaba en la Municipalidad de Chillán, Departamento de Educación, siendo en consecuencia, privada él, apareciendo de la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, que se ha declarado que el nombramiento de un servidor público como titular de un empleo no confiere el derecho de propiedad sobre él, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucra el dominio, pues tal titularidad otorga el derecho a ejercer la función en tanto no exista una causal legal de expiración de ella, puntualizando que no es posible concebir su privación, perturbación o amenaza, tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos de la Administración ya que la función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña participa de tal carácter y constituye una clase de representación del Estado que no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que la propiedad se inserta, y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional. Por otra parte, en cuanto a las garantías vulneradas de la igualdad ante la ley y a no sufrir diferencias arbitrarias, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y de no ser juzgado por comisiones especiales, se remite a las consideraciones explicadas precedentemente en orden a que el Decreto Alcaldicio N°3.452 de 26 de marzo de 2018, constituye el acto terminal de un proceso administrativo reglado, tramitado conforme a derecho, en el cual a la actora se le respetaron las garantías de un justo, racional y debido proceso, en el cual intervino asistida por un abogado, tomó conocimiento de los cargos imputados, ejerció acciones de defensa, rindió prueba e interpuso recursos y la sanción aplicada, es las consecuencia lógica de la gravedad de las faltas cometidas por ella, descartándose por lo tanto la vulneración de las garantías señaladas.

Finaliza solicitando, conforme las normas que cita, que se tenga por evacuado el informe de rigor requerido y, en definitiva, se declare que se rechaza en todas sus partes el recurso de protección intentado, con costas.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, por Decreto Alcaldicio N° 3.452 de 2018, el Alcalde de la Municipalidad de Chillán, don Sergio Zarzar Andonie, decretó el término anticipado del contrato de trabajo suscrito entre doña nombre reservado, operadora de compras del DAEM de Chillán y la Municipalidad de Chillán, en razón de falta de probidad acreditada en el expediente de investigación sumaria ordenada por Decreto Alcaldicio N° 10.690 de once de septiembre de dos mil diecisiete, lo que acarreó el incumplimiento grave de las obligaciones y prohibiciones que en contrato de trabajo lo impone, conforme lo dispone el artículo 160 números 1 y 7 del Código del Trabajo.

En el acápite N° 2) del Decreto en cuestión, se ordenó la notificación de término anticipado del contrato de trabajo a la Srta nombre reservado personalmente o por carta certificada enviada, al domicilio señalado en el contrato, expresando las causales invocadas y los hechos en que se funda, como asimismo, el estado de sus imposiciones previsionales según lo establece el artículo 162 del Código del Trabajo; y su derecho a interponer los recursos que en derecho sean procedentes.

En el acápite N° 3) se ordena enviar copia del aviso señalado en el acápite 2) a la Inspección del Trabajo de Chillán, conforme se dispone en el artículo 162 del Código del Trabajo.

6°.- Que, es útil tener presente para un mejor acierto del fallo, que la parte recurrente en lo que interesa en este recurso, señala que las causales establecidas por el artículo 160 del Código del Trabajo, a lo que en la especie interesa respecto del Decreto Alcaldicio impugnado, son:

1) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones.

Añade el recurrente que este supuesto tiene en consideración, como lo señala la doctrina y la jurisprudencia, la falta de honestidad por parte del trabajador, deslealtad contraria a la buena fe, con el fin de obtener provecho económico para sí. Dentro de estas se han señalado por parte de la jurisprudencia: retención indebida de dineros; adulteración de documentos con objetivos ilícitos; sustracción y comercialización de elementos de trabajo o herramientas; hurto, robo o sustracción de bienes; tentativa de robo; adulteración de cuentas o controles; introducción de bebidas alcohólicas, consumirlas o darlas a consumir dentro del recinto de trabajo; introducción de drogas o estupefacientes, consumirlos o darlos a consumir dentro del recinto de trabajo; competencia desleal frente a la empresa empleadora con fines de lucro personal; uso malicioso de antecedentes técnicos del empleador.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Manifiesta que esta causal constituye el género dentro de la enumeración taxativa del artículo 160 del Código del Trabajo. Corresponde al quebrantamiento de las obligaciones que empleador y trabajador han suscrito en el respectivo contrato, pero esta vulneración debe revestir el carácter de grave para poder ser señalada como causal de despido.

7°.- Que, el recurrente sostiene respecto del Decreto Alcaldicio N° 3.462 de 26 de Marzo de 2018, que en la investigación sumaria respectiva nada se ha probado en contra de su representada.

Agrega que tampoco se ha probado que su representada haya faltado gravemente a sus obligaciones o funciones derivadas de su contrato de trabajo; ninguna prueba existe en el expediente sumarial que pruebe dicha imputación.

8°.- Que, de todo lo dicho precedentemente se puede constatar que el recurrente pretende plantear ante esta Corte una controversia respecto de la conclusión de la investigación realizada y la legitimidad del término efectivo del contrato de trabajo de su representada, por concurrir la causal de término del contrato de trabajo conforme al artículo 160 números 1 y 7 del Código del Trabajo.

9°.- Que, lo planteado en el recurso interpuesto por la naturaleza de la causa de pedir, como de la cosa pedida, debe conocerse y resolverse en un juicio de lato conocimiento, en el cual se pueda rendir las pruebas pertinentes y valorarlas posteriormente.

La finalidad del recurso de protección planteado en estos autos, no se condice con la naturaleza que es propia del recurso de protección, razón por la cual el recurso de protección interpuesto, por no ser la vía procesal para conocer de las materias que en él se señalan, no puede prosperar y por ende será rechazado.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza el deducido por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra del Alcalde de la Municipalidad de Chillán, don Sergio Zarzar Andonie, sin costas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Christian Hansen Kaulen.- ROL 387-2018-PROTECCION.- 23