Protección contra administración del indicado condominio

Chillán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, por sí mismo y atendiendo a los intereses de la comunidad de copropietarios del condominio Camino Nuevo (TERRASOL Chillán), quien recurre de protección en contra de la administración del indicado condominio, en la persona de su administradora y de todos de los miembros del Comité de Administración actualmente vigentes.

Funda su recurso en la negligencia y proceder de la Administradora y del Comité de Administración Vecinal del Condominio Camino Nuevo (Terrasol Chillán), quienes habiendo culminado su período anual el 31 de enero de 2023, no han efectuado entrega de información ni de balance según conforme a la Ley 21.442 y el Reglamento de copropiedad.

Añade que mediante carta certificada de 5 de enero de 2023 se solicitó a la Administradora que en la Asamblea citada para el 21 de enero de 2023, se transparentara lo siguiente: libro de Acta foliado; rendición de cuentas; fondo de reserva; situación contractual de todo el personal; presupuesto estimativo para el año en curso; presentar nomina actualizada de copropietarios y arrendatarios; transparentar contratación de servicios y personal (cotizaciones y certificaciones). Tal información no fue entregada.

Indica que la comunidad presenta problemas graves en lo que respecta al suministro de agua potable, sanitario, electricidad, seguridad, entre otros, manteniéndose a la fecha los servicios con corte en trámite, situación que se ve aún más agravada por la circunstancia que los copropietarios no cuentan con la atribución legal para tramitar o gestionar ante las instituciones aludidas. Afirma que la administración y el respectivo comité no ha generado convenios ni pagos, pese a tener dominio de la cuenta corriente asociada al Condominio en Banco Santander Nº[cuenta reservada].

Señala que son conocedores que la acción para resolver todo lo concerniente a la administración, en especial, lo referido a la remoción de los miembros de la administración del condominio, es de competencia de los Juzgados de Policía Local, para lo cual presentaron una demanda ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Chillán, causa Rol 583/2023 a fin de obtener de dicha jurisdicción la constitución de Asamblea de Copropietarios para proceder a la remoción de toda la administración del condominio. En ese contexto fueron instruidos por la propia magistratura que ella no está facultada para autorizarles a gestionar ante las empresas prestadoras de los suministros básicos los convenios de pagos o pagos derechamente, situación que motiva la presente acción constitucional, a fin que se logre restablecer el imperio del derecho y lograr una autorización a fin de poder gestionar ante las empresas de servicios básicos, las consultas, los pagos y/o convenios de pago para evitar los cortes de suministros básicos referidos.

Estima, que en el presente caso y fruto del proceder de la recurrida, se han visto conculcadas las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; el derecho a la protección de la salud; el derecho de derecho de propiedad y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al exponer a todas las personas a los cortes de suministros básicos; se les ha expuesto a vivir en un medio ambiente insalubre, al no contar con personal para el retiro adecuado de la basura, ya que todos los Conserjes abandonaron sus puestos de trabajo, vulnerado además, su derecho a la propiedad, al no poder acceder a la representación necesaria para accionar antes las empresas de suministros.

Termina solicitando que se tenga por interpuesto recurso de protección y, en definitiva se disponga de forma inmediata el restablecimiento del derecho exigiendo informe la recurrida de los pagos a los servicios básicos de los espacios comunes del Condominio, de la mantención o no de los servicios de Conserjes y Seguridad y se autorice al recurrente a imponerse de las deudas y formas de resolverlas, ante las empresas de suministros básicos antes referidas, de luz y agua.

2°.- Que, no obstante haber sido notificados, los recurridos no evacuaron el informe requerido y por resolución de fecha ocho de junio del año en curso se prescindió del mismo.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en el presente caso el actor atribuye diversas infracciones a la Administradora y los miembros del Comité de Administración del condominio del cual forma parte, que dicen relación en términos generales con o pago de servicios básicos y de seguridad de las áreas comunes.

Así las cosas, del tenor del recurso se desprende que la materia denunciada corresponde a aquellas regidas por la Ley 21.442, que aprueba la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria y que conforme a su artículo 44 son de competencia del Juzgado de Policía Local correspondiente y se sujetan a las disposiciones de la Ley 18.287 y en subsidio, a las normas del libro Primero del Código de Procedimiento Civil. Del mismo modo, la mentada Ley contempla la posibilidad de que tales conflictos sean sometidos a la resolución de un juez árbitro.

7°.- Que, conforme a lo señalado precedentemente, la determinación de las eventuales responsabilidades y sanciones respecto de los recurridos, necesariamente requiere de un juicio declarativo, en que se puedan acreditar las circunstancias alegadas y sus consecuencias jurídicas, con pleno respeto a la garantía del debido proceso, cuestión que no es posible decidir por la vía simplemente indagatoria que contempla esta acción constitucional.

En otros términos, los hechos en que se funda el recurso intentado dicen relación con una materia que excede la naturaleza estrictamente cautelar de la acción de protección, cuyo único objeto es la cautela urgente de derechos indubitados afectados por actos u omisiones ilegales y/arbitrarias.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el interpuesto por don nombre reservado en contra de la administración del condominio Camino Nuevo-Terrasol Chillán.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Érica Pezoa Gallegos.

Rol N° 385-2023 Protección