Protección contra Ministerio de Bienes Nacionales y contra quienes resulten responsables por los h

Chillán, quince de marzo de dos mil veintidós.

Vistos:

1°.- Que comparece don nombre reservado en representación de don nombre reservado, señalando fundamentar un recurso de protección en base a que según posesión efectiva Fojas 2286 N°1885 del año 1995, resolución emanada del 2do Juzgado de Letras de San Carlos en causa rol N°8404, concedió posesión efectiva al fallecimiento de doña nombre reservado a favor de sus herederos forzosos y se pregunta, si existió una posesión efectiva por un tribunal, ¿por qué figura hoy dicha propiedad ubicada en domicilio reservado de la comuna de San Carlos inscrita a nombre de nombre reservado?. Añade que se encuentra inscrita de forma maliciosa por Bienes Nacionales, lo que amerita un ilícito, existiendo sus herederos restantes, cabiéndole responsabilidad al Ministerio de Bienes Nacionales, ocurriendo hechos irregulares y arbitrarios en la inscripción de la propiedad, asegurando que expone lo anterior para que en otros casos no le pase lo mismo, fraude e irregularidades sin control alguno.

Termina pidiendo tener por interpuesto recurso de protección de acuerdo al artículo 19 N°1, 2, 3, 4, 12, 24 y el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Posteriormente, aclaró que recurso lo deduce en contra del Ministerio de Bienes Nacionales y contra quienes resulten responsables por los hechos expuestos, teniendo como objeto la nulidad de la inscripción, atendido a que existía una posesión efectiva y la inscripción se le adjudicó a un muerto, pues estaba fallecido el solicitante. Añade que las peticiones son claras, la propiedad tiene sus herederos forzosos, por lo que aumenta la nulidad de la inscripción.

Indica que al 23 de diciembre de 2021 nombre reservado quiso ingresa a la propiedad y lo amenazaron con arma blanca y que existe herederos que necesitan esta propiedad y no por un error de Bienes Nacionales, que no debiese ocurrir pero que cometieron, existiendo documentos válidos del Registro Civil, Conservador de Bienes Raíces y Servicio de Impuestos Internos, cómo no van a revisar antes de inscribir un bien raíz, más aun cuando el solicitante estaba fallecido cuando se inscribió, lo que aumenta el fraude y debiera ser un acto penal y trasladarse a la fiscalía por los hechos irregulares, maliciosos y fraudulentos en contra de Bienes Nacionales del Biobío.

Solicita que se traslade a Fiscalía por la serie de hechos irregulares, tales como fraude, por lo que pide tener por contestado recurso de protección de acuerdo al artículo 19 N°1, 2, 3, 4, 12, 24 y el artículo 20 de la Constitución Política.

2°.- Que informa don nombre reservado, nombre reservado Nacionales (S), haciendo presente en primer lugar, que el recurrente no expresa qué actos u omisiones serían arbitrarios o ilegales, como tampoco el órgano o persona que habría cometido los presuntos actos irregulares o fraudulentos, ni de qué forma.

Refiere, en cuanto a la de regularización de don nombre reservado, que con fecha primero de agosto de 2003, éste presentó una solicitud de regularización respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, provincia de Ñuble, región del Biobío, hoy, ubicado en la región del Ñuble. Luego de realizadas las gestiones pertinentes del procedimiento administrativo, se ordenó inscribir el inmueble en el Conservador de Bienes Raíces de San Carlos, mediante la Resolución Exenta N°409, de fecha 7 de marzo del 2006, la cual fue inscrita a fojas 921, N°695 del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos. Sin embargo, actualmente la inscripción de don nombre reservado no se encuentra vigente debido a su fallecimiento. Por ello, sus respectivos herederos, procedieron a practicar la inscripción especial de herencia, la cual consta a fojas 3.091, N°2.561 en el Registro de Propiedad del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos. Sin embrago, indica que, debido a la existencia de un incendio ocurrido el 12 de noviembre de 2019 en el archivo de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Biobío, no fue posible para el servicio obtener una copia del expediente administrativo con las diligencias realizadas en el procedimiento.

Plantea que el presente recurso debe ser rechazado por extemporáneo, pues los hechos que originan la acción ocurrieron el año 2006, fecha en la cual se practicó la inscripción a favor de don nombre reservado, o incluso antes, durante la tramitación del procedimiento administrativo de regularización.

Sostiene que la acción de autos resulta improcedente, porque aquella exige que exista una petición concreta e inmediata que recaiga sobre el derecho indubitado afectado, lo que no ocurre, pues no cumple con ninguno de los presupuestos que el artículo 20° de la Constitución Política establece, al no haber un acto u omisión ilegal o arbitraria por parte del Servicio, ni tampoco se han vulnerado las garantías constitucionales mencionadas por el recurrente.

Explica que no existe un acto ilegal o arbitrario atribuible al Ministerio de Bienes Nacionales, pues se trata de un procedimiento de regularización que se materializa en la resolución que ordena la inscripción a favor del beneficiario. Así, es una decisión escrita y formal del órgano de la administración, en ejercicio de una potestad pública, que tiene la naturaleza de acto administrativo y goza de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad, asegurando que el servicio actúo conforma derecho en tal procedimiento, ajustándose a sus facultades legales.

Alega que en la especie no se verifica vulneración alguna, señalándose en el recurso una designación genérica de garantías constitucionales, sin indicar de qué manera se estarían afectando y qué medidas se debiesen adoptar para restablecer el imperio del derecho, no avizorando la afectación de las garantías de los numerales 1, 2, 3, 4, 12 y 24 del artículo 19 que se invocan, por lo que concluye pidiendo se tenga por evacuado el informe requerido y, en su mérito, disponer el total rechazo de la acción de protección deducida, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, del tenor del recurso y su aclaración, es posible deducir que el recurrente cuestiona la existencia de una inscripción de dominio respecto de un inmueble ubicado en la comuna de San Carlos, que fuera objeto del proceso de regularización que se rige por el Decreto Ley 2695, pues, a su juicio, aquello resulta improcedente dada la existencia de asignatarios forzosos de la herencia, dentro de cuyo activo figura aquel inmueble y cuya posesión efectiva se habría concedido por resolución judicial en el año 1995.

7°.- Que, por su parte, el servicio recurrido descarta la ocurrencia de cualquier vulneración de garantías constitucionales, alegando en primer término la extemporaneidad del recurso, atendida la época en que se produjo la inscripción que se repudia, esto es, el año 2006. Luego, en cuanto al fondo, sostiene la legalidad de los actos de la administración en dicho procedimiento de regularización, cuya documentación no mantiene dado un incendio que afectó las dependencias donde se guardaban, pero que concluyó en la dictación de la resolución final que permitió la inscripción a nombre de nombre reservado quien, luego de fallecer, transmitiera sus derechos en el inmueble a su sucesión, encontrándose vigente la inscripción especial de herencia respectiva, motivos por los cuales el recurso debe rechazarse.

8°.- Que, sobre la alegación de extemporaneidad, esta será rechazada, pues no existe antecedente que lleve a determinar que el momento en que el recurrente tomó conocimiento de la situación que denuncia, se produjo con antelación a los treinta días establecidos como límite por el Auto Acordado sobre tramitación y fallo de la acción de protección.

9°.- Que, en cuanto al fondo, en primer término no es posible apreciar alguna ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del Servicio recurrido, ni se explica mayormente en el recurso una acción u omisión que conlleve contravención normativa o capricho por parte de este último, teniendo en cuenta que los hechos presentados por el actor, dicen relación con la existencia de un procedimiento de regularización de la propiedad raíz de conformidad con las normas del Decreto Ley 2695, que habría operado respecto de un inmueble que integraba una masa hereditaria. Lo cierto, es que esa sola circunstancia no resulta determinante para estimar espurio el procedimiento o su resolución final y que conlleva el rechazo del recurso.

10°.- Que, de todos modos, cualquier disconformidad que se plantee en torno a ello, viene en configurar un conflicto jurídico, cuyo mecanismos de resolución se encuentran regidos por la propia norma que regula dicho procedimiento de saneamiento, no siendo esta sede de protección de garantías indubitadas, la idónea para satisfacer la pretensión perseguida por el recurrente, pues mediante esta acción constitucional, solo puede aspirarse a definir, sin forma de juicio y por vía simplemente indagatoria, si se ha producido una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos por los cuales resulta procedente. Así, la resolución de dicha controversia debe ser conocida y resuelta conforme a los procedimientos establecidos por la ley, en los que las partes podrán hacer valer sus peticiones y rendir las pruebas atingentes, motivos que fuerzan la decisión que ya se adelantó.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el interpuesto por don nombre reservado a favor de don nombre reservado, en contra del Ministerio de Bienes Nacionales.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro titular señor Guillermo Arcos Salinas.

Rol N° 37-2022-Protección.-