nombre reservado con nombre reservado

Chillán, veinticinco de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

1º.- Que, comparece la abogada doña Francisca Hermosilla Solís, en representación de don nombre reservado, quien a su vez actúa como Mandatario Liquidador de la sociedad Agrícola Los Aromos S.A., todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, oficina treinta y dos, de la ciudad de Chillán, interponiendo acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Conservador de Bienes Raíces de Coihueco. Sostiene la actora que, en el marco del procedimiento concursal de reorganización judicial tramitado ante el Undécimo Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C guión trece mil ciento uno guión dos mil veintitrés, se dispuso la enajenación ordenada de los activos de la concursada para el pago de las acreencias. En ese contexto, con fecha veintiocho de enero de dos mil veinticinco se otorgó, ante el Notario de Santiago don nombre reservado, bajo el Repertorio número mil ciento ochenta y cuatro guión dos mil veinticinco —rectificada por escritura de treinta de mayo de dos mil veinticinco—, la compraventa del Lote Tres del Fundo Pilmaiquén y de los derechos de aprovechamiento de aguas asociados, gestión que dio origen a la carátula número seis mil ochocientos dieciocho; y, con fecha catorce de marzo de dos mil veinticinco, se otorgó ante el Notario de Santiago don nombre reservado, bajo el Repertorio número mil seiscientos ochenta y uno guión dos mil veinticinco, la escritura pública de compraventa, alzamiento y cancelación relativa al Lote Uno guión A, a los derechos de aprovechamiento de aguas y al inmueble agrícola nominado Lote Uno guión B, de una superficie de dos coma noventa hectáreas, derivado de la subdivisión del Fundo Los Abedules de la comuna de Coihueco, ingresada para su inscripción en el mes de mayo de dos mil veinticinco y que dio origen a la carátula número siete mil quinientos ochenta y dos, cuya entrega se hallaba prevista para el treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco. Denuncia que la autoridad registral recurrida retarda de forma injustificada dichas gestiones, acumulando un retraso superior a los nueve meses.

En lo relativo al derecho, la recurrente precisa que la omisión denunciada vulnera tres garantías fundamentales amparadas por esta acción constitucional. En primer lugar, estima conculcado el derecho de propiedad previsto en el artículo diecinueve número veinticuatro de la Carta Fundamental, por cuanto el retardo excesivo y el arbitrario rehusamiento del Conservador privan a las partes de consolidar la transferencia dominical, impidiendo el ejercicio del atributo esencial de disposición sobre el bien y exponiendo al comprador de buena fe a una grave incertidumbre jurídica y patrimonial. En segundo lugar, alega la afectación del derecho a desarrollar cualquier actividad económica, consagrado en el artículo diecinueve número veintiuno de la Constitución Política, toda vez que la paralización de las inscripciones frustra la ejecución de transacciones indispensables para dar cumplimiento a los objetivos del acuerdo de reorganización judicial y el consecuente pago a los acreedores. Finalmente, considera conculcada la garantía de igualdad ante la ley del artículo diecinueve número dos de la Constitución, argumentando que el recurrido dispensa un trato desigual y discriminatorio en comparación con otros usuarios del sistema registral, rehusando un título que cumple con todos los requisitos legales y cuyas tasas de inscripción fueron íntegramente pagadas.

Termina pidiendo que se acoja el recurso de protección, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión y se ordene al Conservador de Coihueco practicar de inmediato las inscripciones dominicales correspondientes a las carátulas números siete mil quinientos ochenta y dos y seis mil ochocientos dieciocho, con expresa condena en costas.

2º.- Que, informando, don nombre reservado, Conservador de Bienes Raíces de Coihueco, señala respecto de la carátula número seis mil ochocientos dieciocho que la gestión se encuentra completada, habiéndose practicado las inscripciones a fojas mil ciento noventa y siete número mil diez del Registro de Propiedad y a fojas doscientos cuarenta y siete número doscientos veintitrés del Registro de Aguas, ambas del año dos mil veintiséis, razón por la cual la acción habría perdido objeto a su respecto. En lo tocante a la carátula número siete mil quinientos ochenta y dos, expresa que ella se encuentra parcialmente completada, pues se inscribieron el Lote Uno guión A y los derechos de aguas —a fojas mil ciento noventa y dos número mil cinco del Registro de Propiedad y a fojas doscientos veinticuatro número doscientos del Registro de Aguas, del año dos mil veintiséis—, restando únicamente la inscripción del Lote Uno guión B, de fojas mil ciento cuarenta y ocho número mil treinta y tres del año dos mil veinticinco. Respecto de este último, sostiene que su actuación se ajusta a la legalidad, por cuanto formuló un rehusamiento fundado en el artículo mil cuatrocientos sesenta y cuatro del Código Civil, debido a que sobre el inmueble consta una reinscripción de embargo practicada a fojas ciento veintiséis número ciento doce del Registro de Prohibiciones de su cargo, del año dos mil veinticinco, circunstancia que, a su juicio, constituye un impedimento legal mientras no se le notifique formalmente el alzamiento dictado por el tribunal competente.

Termina pidiendo que se tenga por evacuado el informe y se rechace la acción en todas sus partes, por no configurarse actuación ilegal o arbitraria de su parte, sin costas.

3º.- Que, en cumplimiento de la medida para mejor resolver decretada por esta Corte, informa doña nombre reservado, Conservadora de Bienes Raíces Suplente de Chillán, remitiendo los antecedentes registrales del inmueble Lote Uno guión B del ex Fundo Los Abedules, inscrito a fojas cuatro mil doscientos treinta y tres vuelta número tres mil sesenta y cuatro del Registro de Propiedad del año dos mil veintidós de su cargo, cuyo dominio vigente figura a nombre de Carsol Fruit Export SpA. Detalla cronológicamente los dos gravámenes judiciales que afectaron sucesivamente al predio. En primer lugar, certifica la existencia de un embargo inscrito a fojas tres mil novecientos ochenta y uno número dos mil trescientos cuarenta y nueve del Registro de Prohibiciones del año dos mil veintitrés, trabado en la causa Rol J guión sesenta y uno guión dos mil veintitrés del Juzgado de Letras de Chillán, caratulada “nombre reservado con Servicios de Exportación Sur SpA”, medida que fue alzada judicialmente por resolución de fecha dos de julio de dos mil veinticuatro y cancelada registralmente mediante anotación marginal con fecha diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro. En segundo lugar, da cuenta de un embargo inscrito bajo el número mil cuatrocientos setenta, Repertorio número seis mil cuatrocientos diecinueve del año dos mil veinticuatro, decretado con fecha veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro por el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán en los autos RIT J guión treinta y siete guión dos mil veinticuatro, caratulados “nombre reservado con Empresa Carsol Fruit Export SpA”, gravamen que fue alzado por resolución de fecha tres de diciembre de dos mil veinticuatro y cuya cancelación se inscribió con fecha veinte de enero de dos mil veinticinco, bajo el número cincuenta y seis. Agrega que registran inscripción vigente, a favor de Rabofinance Chile SpA, una hipoteca con cláusula de garantía general y una prohibición de enajenar, gravar, arrendar o ceder la tenencia, ambas del año dos mil veintidós. Concluye informando que, a la fecha de su informe, el inmueble se encuentra libre de las medidas de embargo dictadas en su jurisdicción, por hallarse ambas judicialmente alzadas y canceladas.

Termina pidiendo que se tengan por presentados los informes y documentos registrales acompañados en cumplimiento de la medida para mejor resolver decretada por esta Ilustrísima Magistratura.

4º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo veinte de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho atributo.

5º.- Que, son requisitos indispensables de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal —esto es, contrario a la ley— o arbitrario —producto del mero capricho de quien incurre en él—, y que tal conducta provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración básica para el examen y decisión de cualquier arbitrio como el deducido.

6º.- Que, esta acción de cautela de derechos constitucionales está destinada a brindar protección respecto de garantías cuya existencia sea indubitada. En la especie, según se razonará, el derecho de dominio cuyo amparo se reclama y la inexistencia del impedimento opuesto por el recurrido constan de manera fehaciente de los propios antecedentes registrales allegados a la causa, de suerte que no se está en presencia de una controversia que, por su complejidad, deba ser dilucidada en un procedimiento de lato conocimiento, sino frente a una situación documentalmente establecida que habilita el pronunciamiento por esta vía.

7º.- Que, sentado lo anterior, conviene tener presente el marco normativo que rige la actuación impugnada. El artículo trece del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces dispone que el Conservador no podrá rehusar ni retardar las inscripciones, debiendo no obstante negarse si la inscripción es en algún sentido legalmente inadmisible, precepto que ejemplifica con situaciones de carácter esencialmente formal, salvo aquella, contenida en su parte final, relativa a que sea visible en el título algún vicio o defecto que lo anule absolutamente. Como reiteradamente lo ha sostenido la Excelentísima Corte Suprema —entre otras, en las sentencias Rol N° 119.109-2020, Rol Nº 167.602-2022, Rol Nº 242.516-2023,—, dicha disposición constituye la regla base de la potestad calificadora del ministro de fe, de carácter imperativo, al emplear la forma verbal “deberá”, y a la vez excepcional, de modo que, para negarse a inscribir, el defecto debe ser constitutivo de nulidad absoluta y, además, manifiesto u ostensible en el título, sin que esa facultad lo habilite para examinar la validez y eficacia de los actos que el título contiene. A su turno, el artículo mil cuatrocientos sesenta y cuatro, número tercero, del Código Civil sanciona con objeto ilícito la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, impedimento que cesa una vez que el respectivo embargo ha sido judicialmente alzado y registralmente cancelado.

8º.- Que, el arbitrio constitucional se funda en la omisión atribuida al Conservador de Bienes Raíces de Coihueco, consistente en el excesivo tiempo de tramitación transcurrido sin registrar el título de dominio del Lote Uno guión B, correspondiente a la carátula número siete mil quinientos ochenta y dos. El único impedimento opuesto por el recurrido para practicar esa inscripción es el embargo reinscrito a fojas ciento veintiséis número ciento doce del Registro de Prohibiciones de su cargo, del año dos mil veinticinco, anotación que no es sino la reinscripción, en el Conservador de Coihueco, del embargo originalmente trabado en el Conservador de Bienes Raíces de Chillán con motivo del traslado de los títulos entre ambos oficios.

Que, examinando la cronología fáctica a la luz de los antecedentes objetivos allegados por los informes del Conservador de Coihueco y de la Conservadora de Chillán, consta de manera indubitada que el gravamen original —inscrito a fojas tres mil novecientos ochenta y uno número dos mil trescientos cuarenta y nueve del Registro de Prohibiciones de Chillán del año dos mil veintitrés— fue alzado por resolución judicial de fecha dos de julio de dos mil veinticuatro y cancelado mediante anotación marginal de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, esto es, con anterioridad a la reinscripción del título y del propio gravamen en el Conservador de Coihueco. Asimismo, la segunda medida precautoria que afectó al predio —el embargo decretado con fecha veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro por el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán en los autos RIT J guión treinta y siete guión dos mil veinticuatro, e inscrito bajo el número mil cuatrocientos setenta— fue ordenado alzar por el mismo tribunal mediante resolución de fecha tres de diciembre de dos mil veinticuatro, inscribiéndose su cancelación con fecha veinte de enero de dos mil veinticinco, bajo el número cincuenta y seis. De este modo, a la época de la calificación, el inmueble se encontraba libre de toda medida de embargo.

Que, si bien el Conservador de Coihueco obró bajo la apariencia jurídica de una anotación vigente en sus propios índices, lo cierto es que dicho embargo se hallaba extinguido por orden judicial previa al traslado de los títulos, habiendo subsistido sólo de manera formal por un defecto de actualización coordinada entre ambos oficios conservatorios, ya que el alzamiento fue oportunamente requerido y anotado en el Conservador de Chillán —único competente mientras los títulos permanecían inscritos en ese registro—, sin que tal cancelación se reflejara luego en la reinscripción practicada en Coihueco. Habiéndose acreditado documentalmente ante esta Corte el alzamiento material de la precautoria, mantener la denegación del registro deviene en una omisión carente de justificación, que reviste el carácter de arbitraria y que lesiona directamente el derecho de propiedad de la recurrente y del adquirente de buena fe, impidiendo la libre disposición de los activos enajenados dentro de un procedimiento concursal regulado por ley e interrumpiendo de forma injustificada los fines socioeconómicos perseguidos por éste. A ello se añade que entre el ingreso de la solicitud, en el mes de mayo de dos mil veinticinco, y la data de su materialización transcurrió un periodo que excede con creces los plazos regulares del oficio, configurándose el retardo excesivo denunciado. Cabe precisar, finalmente, que el rehusamiento del recurrido se fundó exclusivamente en el embargo ya analizado, de manera que el presente examen se circunscribe a dicho impedimento, sin que esta sentencia se pronuncie sobre eventuales gravámenes diversos cuyo alzamiento corresponda tramitar conforme a derecho. Que, por consiguiente, atendidos los principios de legalidad, celeridad y servicialidad que informan el correcto funcionamiento de los órganos auxiliares de la administración de justicia, la presente acción cautelar debe ser acogida únicamente con el objeto de remitir los antecedentes al Conservador de Coihueco para que resuelva en derecho la solicitud formulada.

Que, en cambio, respecto de la carátula número seis mil ochocientos dieciocho, el propio informe del recurrido y los antecedentes acompañados dan cuenta de que las inscripciones de dominio y de aguas a ella referidas fueron practicadas, de modo que la acción ha perdido oportunidad y objeto a su respecto, sin que reste medida alguna que adoptar por esta vía.

9º.- Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos diecinueve número veinticuatro y veinte de la Constitución Política de la República; trece, catorce, veinticinco y setenta del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces; mil cuatrocientos sesenta y cuatro del Código Civil; y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada doña Francisca Hermosilla Solís, en representación de don nombre reservado, Mandatario Liquidador de Agrícola Los Aromos S.A., en contra del Conservador de Bienes Raíces de Coihueco don nombre reservado, sólo en cuanto se declara que es ilegal y arbitrario el excesivo tiempo de tramitación y pronunciamiento, ordenándose en consecuencia, remitir de forma inmediata copia autorizada de la presente sentencia y de los antecedentes registrales que acreditan la cancelación definitiva de los embargos judiciales que fundaron el rehusamiento que dio origen a este recurso, al Sr. Conservador de Bienes Raíces de Coihueco, a fin de que dicho funcionario, tomando conocimiento formal de lo expresado en los considerandos del presente fallo, proceda a dictar el pronunciamiento que en derecho corresponda, respecto de la solicitud de inscripción de dominio contenida en la carátula número siete mil quinientos ochenta y dos de su cargo, debiendo informar a esta Corte el cumplimiento de lo resuelto dentro del plazo fatal de cinco días.

II.- Que el recurso carece de objeto actual respecto de la carátula número seis mil ochocientos dieciocho, por encontrarse ya practicadas las inscripciones de dominio y de aguas a ella referidas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Carlos Arzola Burgos, quien no firma por no haber integrado hoy.

No firma la ministra Pezoa, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de permiso.

Rol N° 364-2026 Protección.