nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

Chillán, uno de abril de marzo de dos mil veinticuatro Visto:

1°.- Que, comparece Judith Amelia Urzúa Arriaza, abogada, interponiendo Recurso de Protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con domicilio en domicilio reservadoº Piso, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos de don nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros número RUT reservado, de nacionalidad venezolana, garantizados en el Artículo 19 en sus números 2 y 16 de la Constitución Política de la República.

Señala que, don nombre reservado, solicitó Permanencia Definitiva el 28 de abril de 2020, al Departamento de Extranjería y Migración, hoy Servicio Nacional de Migraciones. Esta institución admitió a trámite sus solicitudes, sin embargo, hasta el día de hoy no ha tenido respuesta de su solicitud de parte de la autoridad Administrativa, por lo que considera que la recurrida incurre en una demora al dilatar un procedimiento administrativo que de conformidad con el artículo 27 de la Ley 19.880 no debe exceder el plazo de 6 meses.

La letrada expone que la recurrida, al aprobar la tramitación de solicitud, le otorgó un permiso de trabajo al actor para que pudiese realizar actividades remuneradas, no obstante, al haberse dilatado de manera injustificada dicho procedimiento, se ve amenazada la posibilidad de continuar con sus actividades laborales, o percibir rentas, viendo afectados su derecho de libertad de trabajo, ya que el permiso no le permite renovar su cédula de identidad, lo que les dificulta renovar su contrato de trabajo y la vida diaria. Concluye que la omisión de la recurrida resulta pluriofensiva, en virtud de la afectación de derechos fundamentales, arbitraria, por cuanto se ventila a través de un dilatado procedimiento con la incertidumbre que conlleva al desconocerse la oportunidad de su resolución e ilegal, toda vez que desaplica normas sustanciales que regulan los procedimientos administrativos, siendo que estos, sólo de manera excepcional pudieran exceder el plazo de 6 meses.

Sostiene que la recurrida emitió en 24 de noviembre de 2021 la Circular N°12, que regula las etapas que comprende el trámite de las solicitudes de residencia, no obstante, el instrumento en referencia únicamente establece e informa los distintos estadios que debe agotar una solicitud de residencia ante la recurrida, etapas que deben cumplirse dentro del plazo legal dispuesto por la Ley 19.880, la cual establece las bases de los procedimientos administrativos, agregando que el oficio en cuestión es una comunicación con fines informativo y regulatorio por lo que no puede pretenderse por parte de la recurrida, que dicho documento sea elevado al rango legal que dentro del ordenamiento jurídico ubica a la Ley 19880.

Esgrime que la autoridad recurrida se aleja de los criterios humanitarios al mantener en la indefinición la situación migratoria del afectado, y desatiende el hecho que luego de haber pasado el recurrente más de 5 años en el país, teniendo un comportamiento intachable, este merezca un procedimiento justo que le permita permanecer de manera legal y estable en el territorio nacional.

En cuanto al derecho, se refiere a la procedencia del recurso de protección, mencionando que se han vulnerado los derechos garantizados en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política de la República en concordancia con el artículo 1º del mismo cuerpo legal y del artículo 57 del Código Civil Chileno. A continuación, analiza la normativa migratoria con respecto a las solicitudes de permanencia definitiva, citando y transcribiendo al afecto los artículos 41, 42 y 43 del Decreto Ley 1094 y citando el artículo 80 de su Reglamento. Por otra parte, refiere la Ley 19.880, citando al efecto un fallo de la Excelentísima Corte Suprema signado con el Rol Nº 150.306-2020 y señalando que es necesario considerar las disposiciones contenidas en el Artículo 1º, en concatenación con los artículos 7, 8, 9, 23, 27, 40 de la mencionada ley.

Reitera la necesidad de una respuesta ágil y oportuna en cuanto a la tramitación de los permisos de residencia de extranjeros, ya que de lo contrario se estaría vulnerando el artículo 19 número 16 de la Constitución. Al respecto, señala por encontrarse de manera irregular en el país, al actor no le está permitido desarrollar ningún tipo de actividad remunerada, por lo que la pérdida de sus puestos de trabajo va a ser inminente. Tampoco podría ser libremente contratado, ni elegir donde trabajar, ya que además de no contar con permiso de trabajo, tampoco cuenta con RUN vigente, siendo este documento fundamental para firmar un contrato de trabajo en notarías, e incluso para superar los procesos de selección en distintas empresas. Cita el artículo 109 de la Ley 21.325 Continúa señalando que la propia Contraloría General De La República en informe final N° 718/2022, informe de auditoría al SERMIG, ha señalado las deficiencias existentes respecto de las demoras actuales en la resolución de las solicitudes de residencias, tanto temporarias como definitivas, siendo un actuar recurrente y alejado de la probidad que se les exige a los administradores. Posteriormente menciona que existe un vacío legal en el artículo 37 de la Ley 21.325, al señalar que las solicitudes deben ser resueltas en un “breve plazo”, debiendo esta corte considerar aplicación de normas generales y específicamente las normas de interpretación de la ley del Código Civil y aplicar ante tal vacío la ley 19.880 sobre bases de la administración del Estado, por cuanto dispone en su artículo 27 que ningún acto administrativo podrá superar el plazo de 6 meses para su resolución.

La compareciente solicita se resuelva sin mayor dilación y tramitación la solicitud de permanencia definitiva de don nombre reservado, mediante el decreto de una resolución exenta con estricto apego a derecho evaluando las características de hecho que dio nacimiento a la solicitud y que se entregue la permanencia definitiva para restituir los derechos perturbados, condenando en costas al recurrido.

Finalmente, solicita tener por interpuesto el presente Recurso de Protección, otorgarle tramitación, declararlo admisible y ordenar informar al Servicio Nacional de Migraciones, sobre los hechos antes descritos y los actos ilegales y arbitrarios por medio de los cuales no se le ha dado respuesta a la solicitud de permanencia definitiva de don nombre reservado, afectándole, sus garantías constitucionales, relativas a la Igualdad ante la Ley; de la libertad de trabajo, su libre elección y libre contratación; de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección como afectado; y, en consecuencia, se le ordene conceder el remedio solicitado y, en general, adoptar todas las demás medidas que esta Corte necesarias para esos efectos, con expresa condenación en costas.

2°.- Que, informa la parte recurrida Servicio Nacional de Migraciones, e indica en primer término que opone la excepción de incompetencia del Tribunal, petición que fundamenta sosteniendo que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece, en su primera disposición: “1°.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde estos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.” Plantea que, revisados los antecedentes de la parte recurrente, es evidente la incompetencia de esta Ilustrísima Corte, ya que el extranjero realizó 2 solicitudes de residencia definitiva, la primera de ellas asociada a la id de trámite N°: 1910137, con fecha 1 de marzo de 2020 y, la segunda solicitud asociada a la Id de trámite N°: 9396842, con fecha 21 de agosto de 2020. Con fecha 16 de mayo de 2022 el recurrente actualizó su domicilio, indicando Calle “Palmira domicilio reservado”, haciendo presente que su domicilio anterior, indicado en las solicitudes correspondía a una dirección de la comuna de Olmué.

Añade que la propia recurrente acompaña en su recurso, en el segundo otrosí, un certificado de alumno regular, emitido por Duoc UC, con fecha 14 de enero de 2024, que da cuenta que don nombre reservado es alumno regular de la carrera Gastronomía Internacional, en el periodo de verano académico 2024, correspondiente a la sede de Valparaíso. Además de un segundo documento aportado, que es el “Contrato de Trabajo Jornada Parcial”, celebrado con fecha 15 de enero de 2023, entre Los Cabros Asociados S.P.A. y nombre reservado, el cual, al relacionarlo con sus cotizaciones, estuvo vigente hasta abril, ya que desde mayo en adelante (hasta noviembre al menos) cambió de empleador, a “LCA Gastronomía Quillota SPA”. Lugares ubicados en la quinta región de Valparaíso.

Asimismo solicita se declare la inadmisibilidad del recurso por ser extemporáneo, atendida la fecha de interposición del recurso, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, que establece un plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, indicando que ha transcurrido con creces el plazo dispuesto para la interposición del recurso, resultando evidentemente extemporáneo.

Agrega que, conforme a los hechos relatados en la presente acción, con fecha 21 de agosto de 2020, el recurrente realizó la solicitud de residencia definitiva id de trámite N°: 9396342 - denunciando una supuesta configuración de una omisión arbitraria o ilegal por no dictar la recurrida un acto terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva y que dicha omisión generaría, por si sola, una supuesta vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. En ese contexto hace presente las sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 115.064-2022 y 1115.368-2022, ambas de fecha 20 de marzo del presente, transcribiendo lo pertinente de aquellas. Indica que no existe en los hechos un acto u omisión que pueda ser calificado como ilegal o arbitrario y que vulnere las garantías fundamentales de la contraria, ni aún en grado de amenaza, y que pueda ser tutelada mediante la presente acción de protección.

El letrado señala que el Recurso de Protección pierde su eficacia, puesto que no existe derecho cuyo imperio deba ser reestablecido, ya que por aplicación del artículo 43 de la ley 21.325, su cédula continúa vigente. Además, indica que resulta improcedente declarar admisible la presente acción de protección, toda vez que no hay existencia de alguna vulneración que pueda ser cautelada por esta vía, ya que todo extranjero que tenga una solicitud de residencia en trámite en nuestro país, se puede desarrollar de forma plena, sin que “esté impedido de realizar trámites esenciales con su cedula de identidad ante cualquier entidad pública o privada.”

Sostiene que la acción debe ser declarada inadmisible, además, al no existir alguna arbitrariedad o ilegalidad, ni aún en grado de amenaza. Más aun teniendo en cuenta que, su trámite migratorio está pendiente, a la espera de pago del derecho correspondiente por parte del recurrente, desde el día 6 de junio de 2022, es decir, el acto u omisión que denuncia como vulnerador de sus garantías constitucionales, se debe a la propia negligencia de la recurrente.

Luego, el compareciente, alega la falta de legitimación pasiva, ya que la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados. Al efecto cita el considerando undécimo de las sentencias ya individualizadas de la Excma. Corte Suprema. Señala que la recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en su contra en atención a que no ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales incoados por la recurrente, todo esto conforme a los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325, y de acuerdo a los antecedentes que señala el presente recurso, y la jurisprudencia emanada por la Excma. Corte Suprema es claro que esa supuesta omisión, que se estima por la contraria como vulneradora de derechos fundamentales no existe ni tampoco es posible sostener que es obra del Servicio Nacional de Migraciones, ya que la normativa vigente y los instrumentos que ella regula permiten a la recurrente residir en Chile sin ninguna restricción ni limitación, salvo el respecto de la Constitución y la ley como cualquier otro habitante de la República.

En cuanto al fondo debatido, menciona que con fecha 21 de agosto de 2020, el recurrente solicitó ante la recurrida, el beneficio de la residencia definitiva, mediante la solicitud N° ID 9396842. La solicitud del recurrente se encuentra actualmente en trámite, su estado es pendiente y en etapa de “Pago de Derechos”. A su vez, al consultar a la unidad de Soporte Especializado del Servicio, se le dan instrucciones al recurrente para avanzar con su solicitud.

En cuanto al derecho, manifiesta que al solicitar el recurrente el beneficio de la permanencia definitiva previo a la entrada en vigor de la nueva Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, es que hace mención a los artículos que regulaban la materia en dicho momento, para efectos de contextualizar el inicio y tramitación del procedimiento administrativo. Así menciona el artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, norma que se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería. Por su parte, cita el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería y el numeral primero del artículo sexto transitorio de la Ley N° 21.325 de Migración Extranjería que ha determinado que todo beneficiario de un permiso de permanencia definitiva que haya sido otorgado con anterioridad de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.325, esto es, antes del 12 de febrero de 2022, es asimilado al beneficiario de la residencia definitiva.

En cuanto a la tramitación de la solicitud de residencia definitiva y las normas protectoras de la ley n° 21.325, indica que la solicitud de residencia definitiva del recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N° 25 de la Ley N° 21.325, y del artículo 45 del Decreto N° 296 de 12 de febrero de 2022, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería.

Añade que la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería ha establecido una serie de normas protectoras, que tienen por objeto asegurar el legítimo ejercicio de los derechos de todos los extranjeros solicitantes de un permiso de residencia definitiva. En efecto, en virtud de los artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la norma individualizada, todo ciudadano extranjero que ostente un certificado de residencia definitiva en trámite mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional. Por un lado, el artículo 38 de la Ley N° 21.325 protege la libertad personal y la seguridad individual de todos los extranjeros que ostentan un certificado de residencia en trámite, determinando que son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que poseía anteriormente haya perdido su vigencia. En segundo lugar, los extranjeros residentes en Chile también pueden acreditar su condición migratoria regular en el país si es que éstos poseen una cédula de identidad vigente. Vinculado a lo anterior, la Ley N° 21.325, en su artículo 43 inciso final, protege el legítimo ejercicio de los derechos de los extranjeros al establecer, de pleno derecho, la prórroga de la vigencia de la cédula de identidad de extranjeros, siempre y cuando su titular pueda acreditar que mantiene una solicitud de permiso de residencia en trámite.

Expone que la protección jurídica otorgada a los extranjeros migrantes por las normas de la Ley N° 21.325 ya individualizadas ha sido expresamente reconocida por la Excelentísima Corte Suprema. Cita al efecto la sentencia de 20 de marzo de 2023, causa Rol N° 115064-2022, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre la apelación de un recurso de protección de idéntica naturaleza al de autos. En el caso de autos, el recurrente mantiene una solicitud de residencia definitiva en trámite, puede acceder a un certificado que acredita dicha condición y posee una cédula de identidad para extranjeros, la cual, aun en el caso de que se muestre como vencida a la fecha de este informe, se encuentra plenamente vigente por el sólo ministerio de la ley, mientras su solicitud se encuentre en estado de trámite. Mantiene entonces la contraria, a la fecha de este informe, condición migratoria regular en el país y cuenta con un documento de identificación vigente y válido para ser presentado ante cualquier organismo público y privado, por lo que es posible descartar cualquier vulneración de sus garantías fundamentales por el mero hecho de que su solicitud de residencia no se encuentre resuelta.

Menciona que si bien la nueva Ley de Migraciones es clara en determinar la vigencia de las cédulas de identidad de los extranjeros que acrediten mantener una solicitud de residencia en trámite, en los hechos, otras entidades, públicas y privadas, han desconocido la recta aplicación de la Ley N° 21.325, impidiendo a los solicitantes el acceso a variados servicios, tanto estatales como privados, por contar con una cédula de identidad aparentemente vencida, por lo que el Servicio Nacional de Migraciones, velando por el debido cumplimiento efectivo de la función pública, ha remitido los respectivos Oficios Ordinarios a diversas instituciones públicas para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a los organismos que se encuentran bajo su fiscalización y supervigilancia que reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite. Destaca que la Excelentísima Corte Suprema, en el fallo ya citado, también ha reconocido la situación descrita.

Por otro lado, sostiene que respecto a la ley de presupuesto para el sector público de 2023, se ha hecho mención al presupuesto destinado para el Servicio Nacional de Migraciones, lo que contempla el monto de $992.089.000.- sólo en concepto para “Regularización Rezago solicitudes migratorias”., lo que demuestra una preocupación para la Administración la demora que existe respecto a las diversas solicitudes de residencia que tienen los extranjeros ante el Servicio Nacional de Migraciones, dicho plan de regularización se encuentra controlado en la glosa 4 y 6 del programa.

Continúa señalando que por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Considera que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, se impone como un plazo “no fatal”, esto es, un plazo referencial y prudencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, además a su respecto no se ha establecido la sanción de caducidad. Añade que la Excelentísima Corte Suprema, en la sentencia ya referida también ha decidido zanjar la discusión sobre la naturaleza del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, confirmando la tesis de este Servicio de que dicho plazo no es de naturaleza fatal para la Administración.

Esgrime que la tramitación de la solicitud del recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

Finalmente, solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del extranjero recurrente, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que la recurrente funda la acción de protección en la omisión ilegal y arbitraria en que incurriría el Servicio Nacional de Migraciones en relación al pronunciamiento correspondiente de la Solicitud de Permanencia Definitiva que presentó ante dicho servicio el 28 de abril de 2020 y que a la fecha no tendría respuesta.

7°.- Que, a su turno la recurrida, previo a informar el fondo del recurso, opone las excepciones y defensas cuyos argumentos constan en lo expositivo de este fallo y respecto de las cuales corresponde efectuar su análisis en los considerandos siguientes.

8°.- Que, en relación a la excepción incompetencia, de conformidad a lo establecido en el artículo primero del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, el actor se encuentra facultado para imponer la acción ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido la acción u omisión arbitraria o ilegal, o donde éstas hubieren producido sus efectos, no habiendo aportado la recurrida antecedente alguno, que permita establecer que la recurrente, a la fecha, tenga su domicilio en un lugar distinto al territorio jurisdiccional de esta Corte, y por ende, donde la omisión denunciada pudiere estar produciendo sus efectos, motivo por el que habrá de desecharse esta excepción.

9°.- Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, es menester considerar que el acto recurrido consiste en una omisión, es decir, en un hecho negativo, que a juicio del recurrente produce efectos perjudiciales que vulneran las garantías constitucionales que invoca.

Esta conducta omisiva no ha cesado, desde que a la época de esta sentencia no se ha dictado el acto administrativo por parte de la autoridad recurrida, de manera que el cómputo del plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado Sobre Tramitación del Recurso de Protección, se mantiene vigente.

10°.- Que, en relación a la inadmisibilidad alegada, ella no puede ser acogida porque la presente acción constitucional fue declarada admisible, no habiéndose interpuesto recurso alguno en su oportunidad, por lo que no corresponde efectuar un nuevo pronunciamiento sobre dicha alegación formal, máxime considerando que el fundamento de la misma se basa en un argumento que corresponde resolver respecto del fondo del recurso.

11°.- En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva invocada por la recurrida, cabe tener presente que la omisión que se reprocha es la falta de pronunciamiento de la autoridad respecto de la solicitud formulada ante ella, y, siendo el Servicio Nacional de Migraciones precisamente la autoridad competente para dictar el acto terminal que se pronuncie sobre tal petición, su legitimación pasiva resulta evidente.

12°.- Finalmente en lo referente al fondo del recurso, la Excma. Corte Suprema con fecha veinte de marzo del año dos mil veintitrés, en los autos rol N° 115.064- 2022, expresó que: “dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales, por lo que, los hechos expuestos en el presente arbitrio no dan cuenta de la existencia de una vulneración o amenaza a la garantía constitucional que invoca, por cuanto los eventuales inconvenientes que se esgrimen en el recurso, no son tales, porque la parte recurrente mantiene su situación migratoria regular, pudiendo ingresar y egresar del territorio nacional sin límite, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen la Ley de Migración y su reglamento, como lo indica el artículo 38 de la Ley 21.325.

A mayor abundamiento la recurrente, mantiene la vigencia de su cédula de identidad, en tanto acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite o hasta que la autoridad migratoria resuelva su respectiva solicitud, conforme así lo establece el artículo 43 del mismo cuerpo legal, por lo cual, no es posible establecer de los presupuestos fácticos que sirven de fundamento a su recurso ni configurar infracción a la garantía de igualdad consagrado en el artículo 19 n° 2 de nuestra Carta fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I. Que, se rechazan las excepciones de incompetencia y extemporaneidad formuladas por el Servicio Nacional de Migraciones.

II. Que, se rechazan las alegaciones referentes a la inadmisibilidad del recurso y falta de legitimación pasiva formuladas por el Servicio Nacional de Migraciones.

III. Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada Judith Amelia Urzúa Arriaza en representación de nombre reservado.

IV. Sin perjuicio de lo resuelto, se hace presente al recurrido que debe emitir pronunciamiento dentro de un plazo razonable, respecto de la solicitud de residencia definitiva presentada por la recurrente, con fecha 28 de abril de 2020.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Érica Pezoa Gallegos.

ROL 36-2024 PROTECCION.