nombre reservado con nombre reservado

5 Chillán, uno de diciembre de dos mil veintidós.

Visto:

1°.- Que, comparece don Pedro Vicente Ananías Medrano Valenzuela, domiciliado en domicilio reservado quien recurre de protección en contra de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Manifiesta el actor que desde el pasado 6 de enero de 2022, el recurrido a través de amedrentamientos verbales y de obra, ha concurrido con personas a fin cerrar el paso al predio ubicado en el Fundo San José de la Comuna de Coihueco, realizando amenazas reiteradas de desalojo por parte de él como por parte de terceros que señalan trabajar para él, entre otras; destinadas a prohibir su ingreso y el de sus trabajadores al bien inmueble que se encuentra entregado en mediería agrícola a su persona, sin que medie procedimiento legal alguno. Detalla que en la fecha indicada se comunicó con él sus trabajadores, manifestándoles que, sin mediar procedimiento legal alguno, debían hacer abandono de los espacios de cultivo, ya que estaban siendo ocupados por su empresa, razón por la cual manifestó la prohibición de ocuparlos desde el 7 de enero del año 2022 en adelante, y que si eso no ocurría, serían desalojados por la fuerza, lo cual evidentemente constituye una amenaza, afectando con ello a sus trabajadores quienes han visto amenazada su fuente de trabajo, haciendo presente que el proceder del recurrido es del todo arbitraria e ilegal, toda vez, que existiendo contrato vigente respecto del terreno en cuestión, se encuentra amparado su uso a su parte.

En cuanto a las garantías constitucionales el actor califica el proceder del recurrido como un acto arbitrario e ilegal el cual amenaza y perturba los derechos y garantías asegurados en el artículo 19 en sus numerales 3, 21, 24, y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Se sostiene que al celebrarse el referido contrato sobre el bien inmueble, se incorpora a su patrimonio el derecho incorporal a librar al mediero de toda perturbación. Asimismo, no pueden terceras personas, en este caso el recurrido y sus trabajadores, perturbar el uso o goce que la ley le otorga al mediero de un inmueble legítimamente ocupado por el recurrente, ni hacer obras o trabajos que compliquen el goce de ella. En dicho orden de ideas, se estaría frente a simples vías de hecho realizadas por parte del recurrido, quien está procediendo ilegalmente, sin mediar autorización judicial, ni legal alguna, ejecutando actos que pueden calificarse de ilegales y arbitrarios, ya que no encuentran norma o fundamento legal en que se funden, contraviniendo las normas de orden público relativas al debido proceso, perturbando su legítimo derecho a ejercer una legítima actividad económica, así como a su derecho de propiedad sobre los derechos inmateriales que dimanan del status de contratante en una mediería agrícola.

Termina solicitando que se acoja el recurso de protección en contra de nombre reservado, ordenando se restablezca el imperio del derecho, declarando que las actuaciones del recurrido transgreden los derechos garantizados en el artículo 19 en sus numerales 3, 21 y 24 de la Carta Magna; que se le obligue a no perturbar el uso legítimo de los diferentes espacios del predio ubicado en el Fundo San José de la Comuna de Coihueco y, asimismo, se le permita a la parte recurrente el libre ingreso y ocupación para los fines a que se destinó en el contrato y, en general, decretar las medidas que se estimen procedente para restablecer el imperio del derecho.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informan por el recurrido los abogados don Daniel Ruiz Silva y don Guillermo Cocio Sepúlveda, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Refieren que el texto del recurso es difuso y oscuro, al no contener una exposición clara de los hechos, sino más bien tratarse de una narración vaga, confusa y abstracta. Indican que el recurrente no señala el límite temporal del acaecimiento de los supuestos actos pertúrbatenos, pues señala “…desde el 6 de enero…”, sin indicar el hasta. Tampoco expresa cuales serían las vías de hecho, en que consistirían los amedrentamientos verbales, de obra, ni cómo se habría cerrado el paso al predio, circunstancias las cuales impiden determinar cuándo habrían ocurrido los hechos materia del recurso; dónde ocurrieron los hechos o al menos a que terreno se refiere; cuáles serían las vías de hecho y aplicadas sobre quién; en qué consisten los amedrentamientos verbales y de obra denunciados así como con quién celebró el recurrente el supuesto contrato de mediería invocado. Sin perjuicio de lo señalado, niegan la efectividad de los hechos que menciona el actor, ya que su representado no ha ejercido vías de hecho sobre nadie, ni menos sobre el recurrente, persona a quién él no conoce, ni ha tenido contacto. También niegan que haya proferido amedrentamientos verbales y de obra ni contra el recurrido ni nadie, tanto el 6 de enero pasado, como cualquier otro día. Asimismo, descartan el que su representado haya cerrado el paso a nada excepto a su propiedad, inmueble donde no hay ni habrá ningún terreno destinado a mediería agrícola, indicando al respecto que el recurrido no ha celebrado ningún contrato de mediería ni con el señor nombre reservado ni con nadie dentro de su propiedad.

Con respecto al contrato de mediería agrícola acompañado por el actor refieren que, en su primera cláusula se señala que don nombre reservado, es dueño de un inmueble denominado San José, ubicado en la comuna de Coihueco, de mil cuadras de extensión, más o menos, lo cual sostienen resulta ser lo más alejado de la realidad, pues el señor nombre reservado, no es dueño de esa propiedad, si no es un comunero más en conjunto con variadas personas naturales y jurídicas, no alcanzando incluso en ningún caso al 10% de las acciones o derechos totales sobre el predio señalado en dicha cláusula, por lo que mal puede disponer del todo o parte sin autorización de los demás co-dueños. Advierten que el contrato en comento, es un arrendamiento de un inmueble rural, pues tiene canon y no hay nada en media. Además el contrato, para efectos del recurso, se firmó solo 10 días antes de los supuestos hechos materia del recurso, por lo que resulta evidente que no existen cultivos de cereales, alfalfa, chacras u hortalizas en ningún lugar, pues no sólo no se alcanza a sembrar nada en tan poco tiempo, sino que incluso ponen en duda que en dicho lapso se logre siquiera preparar el suelo para la siembra. Insisten en que resulta imposible que el señor nombre reservado, haya si quiera entregado 3 hectáreas al recurrente, puesto que además de ser comunero, no tiene posesión alguna de la propiedad que dice ser dueño, pues ha confesado judicialmente en un escrito de demanda en autos caratulados nombre reservado con Constructora Intecpa Limitada, Rol C-1263-2021 del 2º Juzgado Civil de Chillán, respecto del inmueble denominado San José, ubicado en la comuna de Coihueco, de mil cuadras de extensión, más o menos lo siguiente: “Que pese a que mi representado es poseedor inscrito del inmueble, por lo que además se le presume la calidad de propietario, según declara el artículo 700 del Código Civil, se ha visto privado de la posesión material del predio, la que detenta el demandado a contar del 20 de junio del año 2016, época en la que dando cumplimiento a lo resuelto por sentencia de término sobre querella posesoria, en causa Rol C-405-2014 del Primer Juzgado Civil de Chillán, el inmueble de la comunidad le fue entregado a la parte demandada, entrando esta (SIC) a ocuparlo.”

Consideran los letrados que en la especie, no se configura ninguno de los requisitos para que pueda prosperar el presente arbitrio constitucional, por lo que solicitan que se tenga por evacuado el informe requerido y, en su mérito, se rechace íntegramente el recurso, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que la recurrente reclama, en síntesis, por cuanto el recurrido, por sí y a través de terceros, lo habría amenazado con desalojarlo por la fuerza, del predio que ocupa en virtud de un contrato de mediería agrícola, y, finalmente le cerró el acceso a éste, lo que afecta las garantías que indica.

7º.- Que la recurrida, por su parte, luego de alegar por lo vago y confuso del recurso, niega los hechos e incluso conocer al actor. Y agregó, que en el contrato acompañado, no está determinado el retazo que ocuparía el recurrente, controvirtiendo que su contratante pueda habérselo entregado, si apenas es un comunero, y además, si está demandando de reivindicación a un tercero, por carecer de la posesión material del inmueble.

8°.- Que, sin perjuicio que el recurso carece de algunas precisiones, es claro de su tenor, que se reprocha una amenaza que habría proferido la recurrida al actor y luego el cierre del acceso al predio que éste decía ocupar, amparado por un contrato. Sin embargo, la actora no acompañó ningún antecedente que demuestre la efectividad de haber ocurrido los actos materiales por los que reclama, y si a ello, se une la negativa del recurrido, sólo cabe desestimar el presente recurso, por falta de pruebas, desde que sin el presupuesto fáctico en que descansa, resultan inoficioso referirse a las demás alegaciones de éste.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por el abogado Pedro Vicente Ananías Medrano Valenzuela, en contra de don nombre reservado recurrente.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro Claudio Arias Córdova.

Rol Nº 36-2022-PROTECCIÓN.-