nombre reservado con MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE BIO BIO

15 Chillán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO, representada por don nombre reservado, SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE, o por quien lo subrogue o represente en su cargo, lo anterior, por la emisión del acto administrativo Resolución Exenta RA N°272/2206/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022, por medio de la cual se comunica la decisión de no prorrogar la contrata por no contar con confianza legítima, notificada el 11 de enero de 2023, por haber actuado en forma arbitraria e ilegal, perturbando y amenazando las Garantías Constitucionales del artículo 19 Nos.1, 2, 9, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando sea acogido en todas sus partes, a objeto que se respeten las garantías constitucionales, restableciéndose el imperio del derecho, con costas.

Para fundarlo, refiere que durante el año 2018 ingresó a prestar servicios de periodista para la recurrida bajo la modalidad de honorarios, su cargo fue prorrogado hasta el año 2020 cuando fue designada en calidad de contrata, siendo su última renovación el año 2022, dado lo cual, cuenta con la confianza legítima. Agrega que siempre tuvo excelentes calificaciones, sin anotaciones de mérito. Y que con fecha 11 de abril de 2022 asumió como Secretario Regional Ministerial el recurrido. El 7 de octubre, reportó a su superior que asistiría al servicio médico de urgencia porque presentaba síntomas de Accidente Cerebrovascular. Pero, fue diagnosticada, por ansiedad, estrés laboral y crisis de pánico. Dice que, paralelamente acudió a la Mutual de Seguridad, solicitando atención profesional por enfermedad de origen laboral, lo cual, derivó en la realización de una intervención de la Seremi, lo que incomodó a la autoridad, por lo que tuvo que suspender su atención médica en dicha institución, siguiendo el tratamiento de manera particular. Hace presente que con anterioridad fue testigo en el expediente por enfermedad profesional producto del acoso realizado contra su ex colega nombre reservado, y además fue ofrecida como testigo en el juicio de tutela laboral interpuesto por ella, a quien la autoridad aisló. Finalmente, el 11 de enero de 2023 fue notificada –encontrándose con licencia médica- a través de carta certificada de la Resolución N°272/2206/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022 que no prorroga su calidad de contrata, Profesional, Grado 12 EUR.

Sostiene que la resolución indicada anteriormente, resulta infundada y contraviene las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la Republica en dictamen E156769N21, de fecha 18 de noviembre de 2021, la cual a través de su Dictamen N°22.766 de 24 de marzo del 2016 señala que: la confianza legítima existirá al tornar en permanente y constante la mantención del vínculo con el funcionario. Se determina que con las sucesivas renovaciones de los cargos a contrata el organismo público incurre en una práctica administrativa “que genera para los recurrentes una legítima expectativa que les Indujo razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación”. En este caso concreto las renovaciones se han extendido por 3 años, a contar del año 2020 hasta la actualidad, permitiendo entender que tenía y podía confiar que su vínculo con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Ñuble se mantendría por el siguiente periodo. Al efecto cita jurisprudencia, y señala que ésta se ha vuelto consistente, al punto de establecerse que a partir de la segunda renovación, el funcionario público de que se trate, puede estimar que el vínculo estatutario que le une con la administración del Estado, será renovado nuevamente, en idénticos términos al del periodo que termina, sea esta una anualidad o un plazo menor, conforme conste en las resoluciones que contienen las designaciones a contrata anteriores, cuyo vencimiento se fuere a producir el día 31 de diciembre del año que se trate.

Luego, reseña la normativa del acto administrativo, en cuanto a su naturaleza, motivación, de la mala evaluación funcionaria o a infracciones a los deberes u obligaciones como motivo de no renovación o término anticipado de la contrata de un funcionario, y en este punto, impugna lo dispuesto por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, en atención a que el acto administrativo no es fundado en cuanto a las razones que esgrime para no prorrogar la designación a contrata al indicar: 10)

“Que en atención al nivel de confianza existente con la autoridad saliente y las funciones asignadas la funcionaria ha presentado una serie de faltas que le han impedido cumplir las tareas encomendadas provocando una serie de deficiencias en la comunicación de los planes y programas ministeriales en la región motivo por el cual se han distribuido sus tareas en el resto del equipo de comunicaciones logrando resolver gran parte de los compromisos incumplidos por la profesional”; 11) “respecto a lo expuesto, la autoridad regional ha considerado que las aptitudes personales y/o profesionales de la Srta. nombre reservado, no resultan ser requeridas por esa Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, toda vez que el organismo no ha dejado de desarrollar las tareas que le habían sido asignadas a la Sra. nombre reservado, ya que estas han sido reasignadas, de esta forma la absorción de la funciones por otros profesionales del equipo ha hecho prescindible su contratación”.

Enseguida plantea que como se puede advertir de la sola lectura del acto administrativo de no prorrogar la designación a contrata, este es a lo menos vago y su fundamentación es simplista sin sustento, pues no se hace mención a las faltas cometidas, ni a las deficiencias en la comunicación de los planes ministeriales, y los que en ningún caso tampoco pueden servir de sustento al acto administrativo pues la jurisprudencia judicial y administrativa han señalado expresamente que no es posible obviar por la autoridad el proceso legalmente establecido para la evaluación de los funcionarios públicos y tampoco se puede desconocer que existe una vía sancionatoria a través de los respectivos sumarios administrativos, siendo por tanto improcedente fundar no prorrogar la designación a contrata en un desempeño deficiente, como ocurre en los hechos en su caso, teniendo en consideración que además he demostrado de manera sistemática y sostenida en el tiempo, ser una destacada servidora pública, tal como se refleja cada año en el proceso de calificaciones, lo que se podrá advertir del listado de calificaciones que adjunto a esta presentación. Añade que tampoco se cumple lo dispuesto en el dictamen 85.700, pues la Resolución Exenta RA N°272/2206/2022 carece de las consideraciones de hecho y de derecho, por lo que se trata de un acto ilegal y arbitrario, vulneratorio de sus derechos, en especial de la confianza legítima. Cita jurisprudencia.

Luego, adujo que la resolución reclamada ha vulnerado derechos y causado graves aflicciones, pues la misma, ilegal en su contenido y forma, en términos prácticos pone fin al vínculo que la une con la administración, sin reconocer ninguno de los derechos que en tal calidad le corresponden, lo cual afecta y amenaza sus derechos consignados anteriormente, desde que constituye amenaza a las garantías de integridad síquica, igualdad ante la ley, pues no habría podido aplicarse en una situación similar respecto a la generalidad de trabajadores, y especie de propiedad sobre el empleo y funciones que aún detenta.

Finalmente, pide tener por interpuesto este recurso en contra de la recurrida anteriormente individualizada, representada legalmente para estos efectos por su Seremi señor Marchant, o por quien lo subrogue o represente en su cargo, acogiéndolo, solicitando que:

a.- Se deje sin efecto la resolución Exenta RA N° 272/2206/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022 emanada por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, notificada con fecha 11 de enero de 2023, ordenando su reincorporación al servicio en el grado y función correspondiente, por gozar de confianza legítima en el ejercicio del cargo y por no encontrase fundada la resolución exenta de no prórroga de contrata, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880.

b.- Se ordene el pago de las remuneraciones no percibidas en el tiempo intermedio que medie desde la separación ilegal hasta la efectiva reincorporación a mis funciones.

c.- Asimismo, se tomen las medidas que estime convenientes para restablecer el imperio del derecho.

d.- Y se condene a la recurrida a una ejemplar condena en costas.

2°.- Que, al informar la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, doña nombre reservado, solicitó que la acción de protección fuese rechazada, con costas, fundada en que la recurrente, ingresó a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Ñuble, bajo modalidad de contrato a honorarios a suma alzada, aprobado por Resolución Exenta RA N° 272/1828/2018, para desempeñarse a contar del 08.10.2018 hasta el 31.12.2018, cumpliendo las funciones de Periodista, y en especial encargada de comunicaciones en la SEREMI de Vivienda Y Urbanismo, Región de Ñuble; asimismo, con fecha 12.03.2019, mediante contratación directa a Honorarios, dispuesta por Resolución TRA N° 272/620/2019, se requieren los servicios de la recurrente, asumiendo, entre otras funciones, mandatadas con directa dependencia del SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO, de la época, don Carlos Urrestarazu Carrión. Por Resolución Exenta RA N° 272/113/2020, de fecha 23.01.2020, fue designada en calidad de contrata, Profesional, Grado 12 EUR, en atención que poseía las competencias para el cargo de Encargada de Comunicaciones en dicha SEREMI, ya que se desempeñaba en esas labores en calidad de honorarios a suma alzada, mientras fueran necesarios sus servicios, cabe precisar que en el considerando 5) de la resolución mencionada se estableció que la autoridad hizo uso de la facultad establecida en el artículo 14 de la Resolución N°1, de 2017, no aplicándose procedimiento de reclutamiento y selección de los servicios públicos que pretendan proveer cargos en calidad jurídica a contrata o Código del Trabajo. Asimismo, el considerando 7) de la resolución en comento, estableció que la contratación no excedía la dotación máxima de cargos que fijó el presupuesto de la Nación para el año 2020. Hace presente, que la designación a contrata de la recurrente, tampoco se enmarcó en el proceso de traspaso de profesionales honorarios a calidad jurídica de contrata, que se establece por ley, año a año. Que, la designación a contrata fue prorrogada durante el año 2021, a través de la Resolución Exenta RA W 272/016/2021; y durante el año 2022, su designación fue prorrogada por la Resolución Exenta RA W272/S/2022, dichas prórrogas, se realizaron a solicitud del ex SEREMI don Carlos Urrestarazu Carrión, toda vez, que el cargo en cual se desempeña la profesional se enmarca dentro del organigrama de la Secretaría Regional Ministerial. A contar del 11.04.2022, se designó en la Región de Ñuble, como SEREMI de este servicio a don nombre reservado, y la profesional antes mencionada, siguió cumpliendo sus funciones como Encargada de Comunicaciones.

Añade que, durante el año 2022, por motivos de reiteradas licencias médicas, de reposo total, se ausentó de sus labores, las cuales fueron encomendadas y realizadas en forma satisfactoria por otro profesional, con perfil de comunicador audiovisual, de la Sección de Comunicaciones de la SEREMI MINVU Ñuble, además de sus propias funciones, no teniendo éste, el perfil profesional de doña nombre reservado. Que, en virtud de la nuevas políticas habitacionales implementadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la actualidad, la SEREMI se encuentra implementando en la Región el denominado "Plan de Emergencia Habitacional" {PEH}, estrategia desarrollada por el MINVU para abordar con sentido de urgencia el déficit habitacional que existe en Chile, e ir en apoyo de las personas que más necesitan colaboración del Estado para acceder a una vivienda de calidad, por lo que es de vital importancia para este Servicio, contar con profesionales del área técnica, para reforzar al equipo, desempeñándose en dicho Plan, toda vez que la meta regional es la ejecución de 6.557 viviendas, a través de diversos mecanismos establecidos en el PEH. Se ha definido como una prioridad por el Ministerio llevar a cabo las diversas etapas del Plan, el cual en la región se implementó durante el año 2022, con el escaso personal con que cuenta la SEREMI, mayoritariamente del área técnica, por lo que se ha debido destinar más funciones a las ya realizadas a un porcentaje de profesionales del área técnica, lo cual ha provocado una sobrecarga de sus labores, por lo que resulta prioritario para la región contar con más profesionales que puedan desempeñar labores en virtud de los mecanismos establecidos en el PEH.

Sostiene que el arbitrio de protección presentado resulta improcedente, por cuanto tanto la doctrina nacional como la jurisprudencia están contestes en que la naturaleza del recurso de protección es de acción cautelar, excepcional, razón por las cuales goza de una tramitación breve y sumaria, urgente e informal, lo que se pretende con un recurso de protección es que se restablezca el imperio del derecho y se adopten las medidas para este efecto, cuando hayan actos arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen derechos preexistentes e indubitados en forma evidente u ostensibles, no siendo posible que esta acción pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos susceptibles de tutela judicial efectiva mediante este recurso judicial. Que, en el caso del presente arbitrio, resulta palmario que los hechos materia del recurso deben ser conocidos por el Tribunal que corresponda, más no a través de una acción eminentemente cautelar.

Respecto a los dichos de la recurrente que se la ha privado y/o perturbado en sus derechos constitucionales que señala, precisa que el Dictamen de la Contraloría General de la República N° E 156769/2021, denominado "Nuevo Instructivo sobre Confianza Legítima en las Contratas" establece en el punto VI.- Acto Administrativo que determina la no renovación de una contrata, su renovación en condiciones distintas o le pone Término Anticipado, en numeral 2) Motivación que " ... Así, los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo en condiciones diversas en los términos antes precisados, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener "el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta"; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión "por no ser necesarios sus servicios" u otras análogas".

Sin embargo, a contrario sensu, si existe un razonamiento y expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta la decisión de no renovación, se entenderá que el acto administrativo se encuentra motivado en conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la ley N° 19.880, que dispone, en lo que interesa, que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada. Además, los dictámenes Nos 12.248 y 18.901, ambos de 2017, y de la Contraloría General de la República, podrán servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentren suficientemente acreditados mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión, entre otros: "La modificación de las funciones del órgano y/o su restructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario"; "la supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente"; "Nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal (aplica dictamen N" 25.143, de 2017, de esta Entidad de Control)".

Respecto a lo dicho anteriormente, considera que las aptitudes personales y/o profesionales la recurrente, no resultan ser requeridas por su representada, toda vez que, en el organismo no se dejará de desarrollar las tareas que se le asignaron, las que ente caso están actualmente y seguirán siendo realizadas por otro funcionario con un perfil distinto, que cumple satisfactoriamente con los requerimientos de la Sección y la SEREMI en general. Asimismo, señala que, desde el Ministerio se ha priorizado durante la actual administración la aplicación de los lineamientos y mecanismo establecidos en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), para cumplir con metas regionales y comunales, para afrontar el déficit habitacional con la ejecución de 2.152 viviendas, para lo cual se requiere contar con profesionales que cumplan con perfiles técnicos. En cuanto a las atribuciones de las autoridades en materia de no renovación, renovación en condiciones diversas y término anticipado, diversos pronunciamientos sobre la materia, se establecen que no afectan las facultades que tienen las autoridades competentes en torno a las contratas, u otras figuras de designación semejantes, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquellas, lo que ha sido consignado de manera expresa por la jurisprudencia vigente sobre la materia.

Agrega que, si bien la recurrente hace mención expresa al considerando 10 de la Resolución Exenta RA W 272/2206/2022, para hacer ver que el único fundamento que se ha tenido presente para no prorrogar su designación a contrata, dice relación "aparentemente", con un mal desempeño en sus funciones, se ha olvidado de mencionar en su libelo los demás fundamentos esgrimidos en el acto administrativo que pretende impugnar por la vía de la acción de protección y que se encuentran en perfecta armonía con lo dispuesto en el Dictamen de la Contraloría General de la República antes indicado, con el fundamento de la "La supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente". En este contexto y como se expresa en forma clara y precisa en el considerando 12 de la resolución mencionada, que, en virtud de las nuevas políticas habitacionales, se encuentra desarrollándose por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las Secretarias Regionales Ministeriales y los Servicios de Vivienda y Urbanización, una nueva política habitación denominada Plan de Emergencia Habitacional (PEH), el cual corresponde a una estrategia para abordar con sentido de urgencia el déficit habitacional que en existe en el país, para ir en apoyo de las personas que más necesitan colaboración con el Estado para acceder a una vivienda de calidad. Cabe precisar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha establecido este Plan como una prioridad, y para llevar a cabo las diversas etapas, el poco personal con perfiles técnicos en la SEREMI de Vivienda y Urbanismo en la Región de Ñuble, ya se encuentra trabajando en las actividades para avanzar en la ejecución del mismo, sin embargo, la carga laboral se ha visto incrementada, por lo que resulta sumamente necesario para la SEREMI, contar con profesionales del área técnica y con ello dar cumplimiento a la política habitacional, la cual es una prioridad para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Respecto de la protección del derecho a la vida y a la integridad psíquica y fisca de la persona, que estima afectados la recurrente, dice que es uno de los principales derechos, el cual supone la garantía de una vida libre de violencia y, además, la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles inhumanos o degradantes, cuestión que en la especie no se produce, toda vez, que desde ningún punto de vista, se ha conculcado el derecho de la recurrente, con mayor razón si entendemos que la integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas y la integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. En este sentido, cabe precisar que la naturaleza de las funciones que desempeñaba la profesional en las dependencias de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo en la región de Ñuble, no suponen un riesgo tal que afecte su integridad física y menos su integridad psíquica, derecho que la recurrente señala haberse perturbado o amenazado. Refuerza lo antes señalado, el corroborar que la recurrente hizo uso de reiteradas licencias médicas, con reposo total, por lo que la institución, dispuso que otro profesional desarrollara sus funciones durante el tiempo de su reposo, con el objeto de no perturbar su total recuperación. Además, se debe tener presente, que la posible situación (es) que dio origen a que la recurrente recurriera a un servicio de urgencia, y posterior derivación a salud mental, se produjo antes de la notificación de la Resolución de no renovación de su contrata, pues tal como indica en su Recurso, ella concurrió a Urgencia el día 07 de octubre de 2022; por lo tanto, no es posible afirmar que la emisión del acto administrativo objeto del Recurso, le ha producido a la recurrente una vulneración a su derecho a la vida y/o integridad física y psíquica. Se debe tener presente, lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, que señala "Los empleos a contratar durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en su función en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos". Lo anterior revela el carácter esencialmente transitorio de esta forma de contratación siendo el plazo al 31 de diciembre el tiempo "máximo" de duración, por tanto, puede terminar antes, si la autoridad llamada a concluir esa contratación estima que hay razones para ello, lo cual debe reflejarse en un acto administrativo debidamente fundado. Por ello, la no prórroga de la designación a contrata de doña nombre reservado, no es un acto que vulnere la garantía constitucional de igualdad ante la ley, por el contrario, la autoridad adoptó el procedimiento establecido como buena práctica laboral aplicable a todos los funcionarios que se encuentran en la misma situación, consistente en dictar el respectivo acto administrativo debidamente fundado en las razones que tuvo la autoridad para adoptar esa determinación y que se notifica a los funcionarios en conformidad a la ley, no pudiendo en consecuencia visualizar ninguna desigualdad ni en la aplicación de la normativa correspondiente, ni en el trato dado a la recurrente con la decisión de no prorrogar su designación a contrata.

Por otra parte en relación con la protección al derecho de salud, señala que en el ordenamiento jurídico chileno conviven, en el ámbito sanitario, el Estado subsidiario y el Estado social; el primero se desprendería del artículo 10 de la Constitución, mientras el segundo encuentra sus antecedentes en la naturaleza social del derecho, en su desarrollo normativo y jurisprudencial, también, en el desarrollo histórico de políticas públicas para mejorar la tutela del derecho a la salud, lo que significa que en definitiva, el Estado no interviene sino cuando otros dispositivos fallan, ese primer momento quedaría entonces entregado a la iniciativa privada, entendida ésta en un sentido amplio. Dicho esto, el Estado subsidiario se expresa también en otros capítulos esenciales de la Constitución. El derecho a la salud, lo que se protege a través del recurso de protección es la libertad de elegir el subsistema de salud al que se quiere optar; lo mismo ocurre con la libertad de enseñanza lo que se garantiza no es el contenido social de esos derechos, sino los contenidos asociados a la libertad. El contenido sustantivo del derecho es lo que quedaría al margen del recurso de protección, al menos así fue pensado en el diseño constitucional del derecho.

En este contexto, afirma, la protección de la salud garantizada en el artículo 19 N° 9 inciso primero de la Constitución debe ser apreciada, por una parte, como el derecho a acceso de la salud - acciones que tengan por objeto su prevención, recuperación y rehabilitación- y, por otra parte, como una garantía de que la persona no sufrirá enfermedades evitables. La recurrente pretende hacer ver que se ha visto afectado su derecho a la salud, en el sentido a recuperarse del estado de salud por el cual se encuentra afectada por el hecho de no haberse prorrogado su designación a contrata, situación que, en la especie, no es tal, toda vez que la recurrente, desde el momento que comenzó a prestar servicios a la SEREMI, ha tenido la libertad de elegir su sistema de salud y ha tenido acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de su salud y de su rehabilitación de una patología que aparentemente se habría originado en el cumplimiento de sus funciones, lo cual no se encuentra demostrado fehacientemente, en forma oportuna y sin discriminación, por lo que, pretender que el acto administrativo que decide la no prórroga de su designación a contrata, afecta su derecho a la salud, resulta por lo menos irreal, considerando que la misma recurrente ha acompañado a esta acción conversaciones en grupo Whatsapp, en las cuales queda en evidencia, que el SEREMI, en ningún momento cuestionó su estado de salud y constantemente le estuvo consultando.

Hace presente que la recurrente con fecha 13.10.2023 (sic), ingresó en la Mutual de Chillán, para estudio de enfermedad profesional por salud metal, tal cual se informa al Encargado de Prevención de Riesgos de la SEREMI, mediante correo electrónico de fecha 18.10.2023. Con esa misma fecha se informa que la funcionaria renuncia al procedimiento iniciado en dicha Mutual, y decide según se expresa en una conversación por whatsapp, para continuar su proceso de forma particular, lo que deja claramente en evidencia que la recurrente hace uso de su derecho a la salud, consagrado constitucionalmente, derecho que en ningún caso fue perturbado o amenazado, por el acto administrativo que se pretende impugnar.

En cuanto a la garantía constitucional del derecho de propiedad consagrado en este caso y atendida la naturaleza precaria de la modalidad a contrata que tenía la recurrente, no se puede pretender que exista un derecho de propiedad sobre su empleo hasta el 31 de diciembre de 2022, por cuanto se trata sólo de meras expectativas en tanto aquel constituye el plazo máximo de duración del contrato, pudiendo ponerse término anticipado al mismo, cuando a juicio de la autoridad administrativa empleadora existieren motivos fundados para ello, como ha ocurrido en la especie. Así también se expresa en el Dictamen de la Contraloría General de la República N° E 156769/2021, denominado "Nuevo Instructivo sobre Confianza Legítima en las Contratas”, en el punto 11, que establece respecto a las Atribuciones de las autoridades en materia de no renovación, renovación en condiciones diversas, y término anticipado, que los diversos pronunciamientos en la materia no afectan las facultades que tienen las autoridades competentes en torno a las contratas, u otras figuras de designación semejantes, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquellas, lo que ha sido consignado de manera expresa por la jurisprudencia vigente sobre la materia. (Dictámenes 12.421; 28.530; y 39.999, todos del 2017), los cuales sólo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado. No existe un derecho devengado respecto de ese empleo hasta la fecha máxima señalada, sino sólo sobre aquellas correspondientes a los días efectivamente laborados, derecho que ha sido plenamente reconocido a la funcionaria recurrente, reflejado en el correspondiente pago de sus remuneraciones hasta el último día laborado y hasta que el acto administrativo que dispuso el término anticipado de la contrata se encuentre totalmente tramitado; comprendiendo además, el uso de los permisos estatutarios que correspondieren.

Por último, solicitó se desestimara en todas sus partes la acción de protección impetrada en su contra, con costas, toda vez que no existe un acto arbitrario e ilegal, y derechos conculcados, ya que al emitir la Resolución Exenta RA N° 272/2206/2022, sólo se hace prerrogativa de la facultad que tienen las autoridades competentes en torno a las contratas u otras figuras de designación semejantes, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquellas en que rija la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios", u otra similar de conformidad con las disposiciones legales respectivas, lo que ha sido consignado de manera expresa por la jurisprudencia vigente sobre la materia, según aparece de los dictámenes Números 12.421, 28.530 Y 33.999, todos del año 2017.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en la presente acción, la recurrente reprocha a la recurrida el término de su contrata para el periodo 2023, al no existir motivación para aquello y a su vez, la recurrida funda decisión de cesar la contrata de la actora, en que aquella sus servicios han dejado de ser necesarios, dado que en su ausencia han sido desempeñados por otro profesional, quien los ha asumido en su totalidad.

7°.- Que, necesario es advertir que constituye jurisprudencia administrativa el que una relación a contrata que exceda de dos años y se renueve reiteradamente una vez superado ese límite, tiene el mérito de transformarla en un vínculo indefinido conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la Republica comenzó aplicar de manera uniforme, y que ha plasmado en dictámenes recientes, principio y criterio que ha sido recogido por la Jurisprudencia de Excma. Corte Suprema, resultando pertinente señalar que ello se traduce en que el Jefe de Servicio, al tomar la decisión de no renovar el contrato de una persona a contrata que goza de confianza legítima o terminarlo anticipadamente, debe hacerlo a través de un acto administrativo que exprese completamente los fundamentos de hecho y de derecho, así como el razonamiento realizado para tomar dicha determinación.

En el mismo orden de ideas expresada en el acápite que antecede, el principio de confianza legítima impone en definitiva la obligación de fundamentar las decisiones administrativas, lo que es de suma relevancia en estos casos en que se desvincula a una trabajadora de su fuente laboral, teniendo esta la expectativa razonable de continuar prestando sus servicios. Es decir, no se desconocen las facultades o potestades que la ley confiere a las autoridades u órganos públicos, sino a la racionalidad de cómo se ejercen éstas. De lo anterior fluye de manera evidente que la exigencia de motivación de los actos de la administración, consiste en hacer públicas las razones de hecho y de derecho que los justifican, permitiendo su control por el interesado y opinión pública, exigencia necesaria para descartar su ilegitimidad y permitiendo, asimismo, su control jurisdiccional, único modo en que el afectado por una medida puede decidir sobre la pertinencia de su impugnación, de modo que la necesidad de exteriorizar la racionalidad de la decisión, será en todo caso procedente cuando se afecte la esfera jurídica del particular destinatario del acto administrativo, puesto que de ese modo se garantiza que no se actuó en forma arbitraria, motivación que permitir conocer cuáles fueron los criterios fundamentales de la decisión, en especial, la adecuada ponderación de los intereses públicos y privados en juego y los demás elementos de juicio requeridos por la norma, sin que se cumpla con esta exigencia a través de fórmulas genéricas, las que habrán de concretarse en cada caso, relacionando y explicitando los factores de hecho concurrentes, con la política pública que lo fundamenta.

8°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, resulta útil dejar asentado que, de los antecedentes que obran en autos, se acredita la circunstancia de que la recurrente ha sido nombrada en el cargo a contrata por más de dos anualidades, lo que genera a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, siendo lo anterior refrendado por la propia Contraloría, de modo tal que solo se puede terminar esa relación estatutaria mediante un sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita, no concurriendo en la especie ninguno de dichos supuestos.

9°.- Que, si bien la administración se encuentra facultada para poner término al empleo a contrata de la actora, la referida potestad debe ejercerse con arreglo a la ley, cuestión establecida por la jurisprudencia de nuestros tribunales, la que ha señalado que es necesario acudir a la legislación que regula los actos de Administración, puesto que la resolución dictada por un jefe superior del servicio que pone término a un cargo a contrata es un acto legalmente reglado.

El ejercicio de una facultad discrecional no exime de manera alguna a la autoridad de fundamentar sus decisiones, transparentando las razones jurídicas y fácticas que le sirven de sustento, haciendo constar en sus resoluciones como la adecuada administración de los medios determina adoptar una cierta decisión.

A dicha conclusión se arriba dado el tenor del artículo 5 de la Ley General de Bases de la Administración del Estado (Ley 18.575), en cuanto dispone que los actos de la autoridad deban propender a una eficiente e idónea administración de los medios jurídicos y la función pública.

Que, por otra parte, la Ley N 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, cumplimiento de criterios constitucionales, se ha encargado de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la administración del Estado, puntualizando en el artículo 11 que sus preceptos se aplicaran con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales.

Además, dicho estatuto jurídico establece en el inciso segundo del artículo 11, la obligación de motivar, o de fundamentar expresamente en el mismo acto administrativo las razones de la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten los derechos de las personas.

Y el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal ordena: "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada".

10°.- Que, así las cosas, la conducta que se reprocha al Servicio recurrido vulnera la garantía de igualdad ante la ley, pues, un funcionario administrativo tiene la legitima expectativa de conocer los antecedentes por los cuales se decide poner término a su vínculo con la administración, si después de más dos años no ha tenido reproches de la jefatura, y además el derecho de propiedad, respecto de su cargo a contrata, privándolo del derecho a permanecer y ser renovado en sus funciones, salvo que una causa legal, justifique lo contrario, lo que no ocurre en el caso de marras.

11°.- Que, de acuerdo con lo antes razonado y considerando que la fundamentación es un requisito exigido generalmente por la ley a todo acto administrativo que afecte derechos de los particulares, en la especie se ha efectuado una diferencia arbitraria en perjuicio del recurrente al no renovar su contrata injustificadamente, vulnerándose con ello la garantía fundamental de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

Que, por las razones señaladas precedentemente se acogerá el recurso de protección deducido por la recurrente, quien deberá ser reincorporada en sus funciones según se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Pablo Millán Barría, en favor y a nombre de doña nombre reservado, y en consecuencia se dispone que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Ñuble, deberá proceder a dejar sin efecto la Resolución Exenta N° RA N°272/2206/2022 de 30 de noviembre de 2022 que afecta a la recurrente, por la cual se puso término a su nombramiento a contrata, debiendo reincorporarla de inmediato a sus funciones que se entienden renovadas desde el 1 de enero del presente año, con el pago de las remuneraciones correspondientes por el tiempo que permaneció separada de sus labores.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Claudio Arias Córdova.

Rol 359-2023 Protección.-