nombre reservado con CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CHILLAN

Chillán, siete de mayo de dos mil veintiuno.

Vistos:

1°.- Que comparece el abogado don HERNALDO ANTONIO CARTES MOYA, en representación de don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, y doña nombre reservado, quien recurre de protección en contra de don Álvaro Jara Valeria, Abogado, en su calidad de CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CHILLÁN, Suplente del Titular don nombre reservado, fundado en que sus representados son propietarios de los inmuebles denominados LOTES B y C, resultantes de la subdivisión de una propiedad denominada Reloca, ubicada en la comuna de Coihueco, Departamento de Chillán, inscritos los bienes raíces a fojas 6.590 vuelta N° 5.377 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 2012, asociadas a un único Rol de Avalúo Fiscal N° 97-265 de la comuna de Coihueco. Señala que en el mes de marzo del año 2013, los propietarios encargaron la realización de una pericia topográfica a don nombre reservado, Ingeniero Civil Agrícola, respecto del LOTE C, la que arrojó como resultado que el inmueble tiene una superficie diversa a la consignada en el Registro Conservatorio. En efecto, en el registro de propiedad el bien raíz figura con una extensión de 23,74 hectáreas, no obstante, la pericia arrojó como resultado que el predio tiene una extensión real de 25,82 hectáreas. Producto de ello, y ante la dicotomía detectada, proceden a encargar nuevamente una pericia topográfica, esta vez a don nombre reservado, Topógrafo, quien realizó medición del bien raíz en el mes de octubre del año 2020, arrojando su pericia que el LOTE C tiene una extensión real de 25,81 hectáreas (dimensión casi idéntica a la determinada por el otro profesional). Además, en el catastro del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo al Rol de Avalúo Fiscal del LOTE B y C -que se encuentran amparados por el mismo rol-, los predios en su conjunto tendrían una superficie de 24,75 hectáreas, lo que dista mucho de lo consignado en la inscripción conservatoria respecto de ellos, y que en conjunto según la inscripción tendrían una extensión de 30,1 hectáreas (6,36 has. el LOTE B y 23,74 has. el LOTE C).

Luego, refiere que por lo anterior, los propietarios procedieron, mediante una escritura pública de rectificación de superficie, a la que se acompañaron ambos planos ejecutados por los profesionales indicados previamente, y además el certificado de avalúo fiscal con indicación de la superficie del predio, a requerir al Conservador de Bienes Raíces de Chillán procediera, mediante una subinscripción o una nueva inscripción, a consignar como la superficie definitiva del bien raíz denominado LOTE C, la cantidad de veinticinco coma ochenta y una hectáreas (25,81 has). Sin embargo, la solicitud de rectificación de superficie fue rehusada por el recurrido, según da cuenta el certificado de fecha 15 de marzo del presente año, señalando como fundamento para ello “no estar este conservador facultado legalmente para hacerlo”.

El letrado manifiesta que la decisión del recurrido resulta ilegal y arbitraria, y además, afecta el derecho de propiedad que detentan sus representados no sólo sobre el inmueble en su extensión física, sino también es su dimensión registral. Precisa que es ilegal desde que según el artículo 88 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, este auxiliar de la administración de justicia se encuentra facultado para rectificar errores, omisiones o realizar cualquier otra modificación equivalente, sea de oficio o a petición de parte, mediante una subinscripción. Ahora bien, pudiese estimarse que la superficie del inmueble es una mención esencial del Registro de Propiedad y por lo tanto, su modificación no podría provenir de un acto unilateral del poseedor inscrito. Sin embargo, basta tener en cuenta que el artículo 78 del Reglamento, al indicar las menciones que debe contener la inscripción de los títulos, en caso alguno señala que la superficie sea una de ellas, de manera tal que este dato contenido en la inscripción no resulta ser esencial para el sistema Registral, no obstante, si lo es para otros fines, como por ejemplo, para proceder a la subdivisión del inmueble y obtener las autorizaciones del Servicio Agrícola y Ganadero, si es rústico.

Añade que la solicitud tampoco afecta los derechos de terceros, toda vez que el inmueble conserva su perímetro inalterable como lo ha mantenido desde el año 2007, época en la que se adquirió el predio por parte del progenitor de sus representados. Por lo tanto, la corrección de la extensión del bien raíz no busca modificar los cercos ni captar nuevos territorios, sino que consignar con mayor precisión la superficie que en los hechos existe dentro de los límites del bien raíz. Además, la solicitud de rectificación de superficie de una inscripción presentada al Conservador de Bienes Raíces es una práctica común y que se realiza normalmente, puesto que se reconoce como una situación de ocurrencia generalizada, el que exista discordancia entre la superficie del inmueble consagrado en el Registro y la que existe en los hechos. Esto es así porque la técnica para la medición de inmuebles ha mejorado considerablemente con los años, incluso, se han establecido criterios por parte de algunos conservadores de bienes raíces en el sentido que si la rectificación de superficie no es superior al 10% de las dimensiones consignadas en la inscripción, no habría impedimento para hacer la subinscripción, extrapolando las normas de los artículos 1831, 1832 y 1833 del Código Civil a estas situaciones.

Sostiene que al rehusar la solicitud el Conservador de Bienes Raíces, ha vulnerado el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto ha limitado el ejercicio del derecho de propiedad de sus representados, como lo es definir registralmente la superficie real del predio de que son titulares, provocando una privación, o a lo menos, una perturbación en el legítimo ejercicio de la garantía constitucional en comento, que se encuentra amparado por la acción de protección del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental.

Finalmente pide a esta Corte que acoja la presente acción constitucional de protección, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho, en términos tales que se ordene al recurrido proceder a la subinscripción de la minuta de rectificación de superficie de fecha 23 de febrero de 2021, otorgada ante el Notario Público de Chillán don nombre reservado, Suplente del Titular don nombre reservado, repertorio N° 918, al margen de la inscripción de fojas 6.590 vuelta N° 5.377 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 2012, con costas.

2°.- Que al informar el abogado don Álvaro Jara Valeria, Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad, Suplente del Titular don nombre reservado, indica que efectivamente se rehusó a practicar la rectificación de superficie, solicitada por medio de escritura pública otorgada ante don nombre reservado, Abogado, Notario Público de la Tercera Notaría de Chillán, Suplente del nombre reservado, de fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintiuno, Repertorio número novecientos dieciocho año dos mil veintiuno, pues no existe ley alguna que lo faculte para alterar unilateralmente una inscripción, siendo necesario para ello, como lo ha resuelto nuestro más alto Tribunal de Justicia, que medie una resolución judicial dictada en un juicio de lato conocimiento seguido en contra de legítimo contradictor. Además, erradamente el recurrente señala que conforme el artículo 88 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces permite rectificar en tales casos… “la rectificación de errores, omisiones o cualquiera otra modificación equivalente que el Conservador, de oficio o a petición de parte, tuviere que hacer conforme al título inscrito…”, situación que no es el caso de autos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, el recurrido, en su carácter de ministro de fe encargado de los registros conservatorios de bienes raíces, ha observado el título presentado por la parte recurrente, consistente en una escritura pública de rectificación de superficie, rehusándose a practicar la rectificación solicitada.

6°.- Que, la actuación del recurrido no puede tildarse de arbitraria ni ilegal, pues se funda en las normas registrales que regulan el derecho de dominio tanto del recurrente como de terceros que, eventualmente, podrían ser afectados por la pretendida modificación. Por lo mismo, no existe mérito para sostener que su decisión sea antojadiza o ajena al ámbito de su competencia.

7°.- Que, ahora bien, debe tenerse presente que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción constitucional destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos indiscutidos y preexistentes, adoptándose, en caso de ser procedente, providencias para poner remedio a un acto arbitrario o ilegal que afecta ese ejercicio. Pero su misma naturaleza cautelar impide que este arbitrio pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, para el análisis de interpretaciones de normas jurídicas o para dilucidar criterios de aplicación de leyes o de contratos, según la posición jurídica que adopte el pretensor y que se conforme a su interés particular.

8°.- Que, bajo dicha premisa, se ha cuestionado por el competente funcionario público la inscripción de un título que pretende rectificar una inscripción modificatoria de la cabida de un inmueble, acto que eventualmente puede afectar a los terceros propietarios de los terrenos colindantes. Por ende, aquellas son cuestiones que escapan al conocimiento de la presente acción cautelar, pues requieren previamente el establecimiento de un derecho respecto al cual han de rendirse las pruebas idóneas, recurriendo el interesado a la acción de que trata el artículo 18 del Reglamento de Registro Conservatorio de Bienes Raíces, u a otra acción en procedimiento de lato conocimiento.

Por estos fundamentos y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, y doña nombre reservado, en contra de don Álvaro Jara Valeria, Abogado, en su calidad de Conservador Suplente de Bienes Raíces de Chillán.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministra señora Paulina Gallardo García.

ROL 358-2021 PROTECCION.

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