Protección contra Ilustre Municipalidad de Chillán

Chillán, dos de junio de dos mil veintiséis.

VISTO: 1°.- Que, don Gabriel Ignacio Osorio Vargas, abogado, en representación de don nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Chillán, representada por su Alcalde don Camilo Benavente Jiménez.

Funda su acción en que con fecha 17 de marzo de 2023, la Ilustre Municipalidad de Chillán dictó el Decreto N° NUM000, mediante el cual ordenó la instrucción de un sumario administrativo en contra de su representado, a efectos de determinar si le cabía responsabilidad administrativa por hechos denunciados en su contra, consistentes, según expone en el informe la recurrida, en presuntas conductas de acoso sexual y violencia de género.

Con fecha 22 de septiembre de 2023, la Fiscal Sumariante procedió a formular tres cargos en contra del señor nombre reservado, los que le fueron notificados el 28 de septiembre del mismo año, según consta a fojas 246 del expediente sumarial.

Con fecha 13 de octubre de 2023, el representado del recurrente evacuó sus descargos en tiempo y forma, solicitando la apertura de un término probatorio y ofreciendo prueba testimonial.

Con fecha 24 de marzo de 2024, se tuvieron por evacuados los descargos y se abrió un término probatorio de cinco días hábiles, contados desde la notificación de dicha resolución. No obstante lo anterior, hace presente el recurrente que, a la fecha de interposición del recurso —6 de abril de 2026—, han transcurrido más de tres años desde la instrucción del sumario administrativo sin que éste haya sido afinado mediante acto administrativo terminal alguno, configurándose con ello una omisión ilegal y arbitraria que infringiría gravemente los plazos legales previstos al efecto.

En cuanto al fundamento jurídico de su acción, el recurrente denuncia la infracción de los incisos tercero y cuarto del artículo 133 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual dispone que la investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días, al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento, pudiendo prorrogarse dicho plazo hasta completar sesenta días en casos calificados. Asimismo, invoca el artículo 27 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que establece que el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses desde su iniciación hasta la emisión de la decisión final, norma que se aplica con carácter supletorio. Señala, además, que la conducta de la recurrida contraviene los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad consagrados en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En lo relativo a las garantías constitucionales afectadas, el recurrente invoca la vulneración del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que consagra la igualdad ante la ley y la prohibición de diferencias arbitrarias, señalando que la dilatación injustificada e intolerable del procedimiento disciplinario constituye un trato discriminatorio en perjuicio de su representado en relación con el dispensado a otros funcionarios que han podido ser objeto de procesos disciplinarios tramitados con plazos razonables y oportunos. Asimismo, invoca la vulneración del artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la misma Carta Fundamental, que garantiza las condiciones de un procedimiento e investigación racionales y justos, sosteniendo que el mantenimiento de su representado en condición de inculpado por más de tres años, sin resolución del mérito del asunto, importa una carga ilegítima que perturba el legítimo ejercicio de dicha garantía.

Sostiene que la actuación impugnada es, además, contraria a los principios del plazo razonable reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto a las peticiones concretas formuladas al tribunal, solicita en primer término, que se acoja el recurso en todas sus partes y se declare, pura y simplemente, la imposibilidad material de continuar el procedimiento disciplinario, por haberse tornado ineficaz e inútil como consecuencia de la expiración de los plazos legales; en subsidio, que se ordene a la recurrida afinar el sumario administrativo en un plazo de treinta días, con expresa condenación en costas; y, en todo caso, que se adopte la medida que S.S. Iltma. estime pertinente para restablecer el imperio del derecho y cautelar los derechos fundamentales afectados. 2°.- Que, la Municipalidad de Chillán evacuó dicho por intermedio de su abogado Pablo Sandoval Aparicio, solicitando el rechazo del recurso, señalando que los hechos que sirven de fundamento a la defensa, el informante expone que mediante el Decreto Alcaldicio N° NUM000, de 17 de marzo de 2023, se instruyó sumario administrativo en contra de don nombre reservado, con el objeto de investigar supuestas conductas de acoso sexual y violencia de género en contra de una funcionaria municipal. Señala que, a la fecha de evacuación del informe, el procedimiento administrativo se encuentra en la etapa terminal o resolutiva, estando a la espera de que se evacúe la vista fiscal por la nueva Fiscal designada, lo que determinará si se formulan o no nuevos cargos y, en su caso, si existe o no propuesta de sanción o sobreseimiento.

En cuanto a la justificación de la demora, el informante expone que la dilación en el cierre del procedimiento obedece a la gran cantidad de antecedentes que los fiscales a cargo han debido recabar, encontrándose el expediente sumarial en más de quinientas fojas, y a la complejidad y delicadeza de la materia objeto de la investigación, que ha requerido un estudio detallado con el objeto de obtener un resultado apegado estrictamente a derecho, sin generar perjuicio a ninguna de las partes. Sostiene que, en virtud de lo anterior, no concurriría una imposibilidad material de continuar el procedimiento.

Asimismo, el informante da cuenta de las medidas de celeridad adoptadas por la I. Municipalidad de Chillán, que expone ordenadas cronológicamente en los siguientes términos: i) Oficio N° NUM001, de 29 de julio de 2025, mediante el cual el Director Jurídico, don nombre reservado, requirió información actualizada sobre el estado de los procedimientos disciplinarios a cargo de los fiscales e instructores; ii) Oficio N° NUM002, de 4 de septiembre de 2025, por el que se solicitó a los fiscales e instructores informar el estado de avance de cada procedimiento; iii) Reunión celebrada el 30 de septiembre de 2025, convocada por correo electrónico, con el objeto de que los fiscales dieran cuenta del estado de avance de los procedimientos a su cargo; iv) Capacitación a Fiscales y Actuarios, realizada el 26 de noviembre de 2025 en la Sala del Concejo Municipal, con el objeto de impartir directrices tendientes a dar celeridad al cierre de los procedimientos administrativos; v) Oficio N° NUM003, de 30 de enero de 2026, que fijó como plazo perentorio e improrrogable para concluir y materializar el término de los procedimientos disciplinarios el día 20 de febrero de 2026; vi)

Solicitud de aplicación de la medida disciplinaria de anotación de demérito en contra de la Fiscal a cargo del sumario, doña nombre reservado; y vii) Oficio N° NUM004, de 11 de mayo de 2026, mediante el cual el Director Jurídico procedió a solicitar al Alcalde el cambio de la Fiscal a cargo de la tramitación del procedimiento administrativo, designando en su reemplazo a doña nombre reservado, abogada de la Dirección Jurídica de la I. Municipalidad de Chillán.

En lo referente a sus peticiones, el informante solicita que se rechace el recurso de protección en cuanto a la declaración de imposibilidad material para continuar el procedimiento disciplinario, por no haberse incurrido en actos ilegales ni arbitrarios que priven o perturben las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República, y que se rechace asimismo la solicitud de condenación en costas. Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que su representada se encuentra llana a que se fije un plazo —de treinta días conforme a lo solicitado por el recurrente, o el que prudencialmente determine el tribunal— para dar término y cierre al sumario administrativo que dio origen a la presente acción constitucional. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que en la especie, el acto que se reprocha consiste en una omisión, esto es, la falta de pronunciamiento por parte de la Municipalidad de Chillán respecto de sumario administrativo en el cual el recurrente tiene la calidad de denunciado. 7°.- Que conforme reconoce la propia recurrida en su informe, en marzo de 2023, se instruyó sumario administrativo en contra de don nombre reservado, con el objeto de investigar supuestas conductas de acoso sexual y violencia de género en contra de una funcionaria municipal, y que a la fecha se encuentra en la etapa terminal o resolutiva, estando a la espera de que se evacúe la vista fiscal por la nueva Fiscal designada, lo que determinará si se formulan o no nuevos cargos y, en su caso, si existe o no propuesta de sanción o sobreseimiento 8°.- Que si bien es efectivo que conforme al criterio sustentado por la Contraloría General de la República, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, ello no significa que la autoridad pueda postergar indefinidamente la resolución de un asunto sometido a su conocimiento, especialmente cuando se trata de un proceso disciplinario por acoso sexual que afecta gravemente la situación funcionaria tanto de la denunciante como del denunciado, hoy recurrente. 9°.- Que el artículo 8° de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, consagra el principio de conclusividad, estableciendo que todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad. A su turno, el artículo 27 del mismo cuerpo legal dispone que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final. Si bien dicho plazo no tiene carácter fatal, su notable y excesiva superación, sin justificación razonable, constituye una infracción al deber de diligencia que pesa sobre la Administración. 10°.- Que la justificación ofrecida por la autoridad recurrida, consistente en que la extensión del proceso sumarial, no constituye, a juicio de esta Corte, razón suficiente para legitimar una dilación que se aproxima a los 39 meses desde el inicio del procedimiento. 11°.- Que la inactividad descrita constituye una omisión que reviste el carácter de arbitraria, por cuanto carece de fundamento racional que justifique mantener en estado de indefinición la situación administrativa del recurrente; y de ilegal, por cuanto contraviene el deber de la autoridad de pronunciarse sobre los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, conforme exigen los principios de celeridad y conclusividad consagrados en la Ley N°19.880. 12°.- Que dicha omisión afecta el legítimo ejercicio de la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que la recurrente, no obstante tener la calidad de denunciado en un sumario administrativo, ha permanecido por un lapso excesivo sin obtener decisión alguna de la autoridad llamada a resolverlo. Tal situación resulta además incompatible con las exigencias de un procedimiento administrativo racional y justo, en cuanto éste debe concluir con una decisión fundada dentro de un plazo razonable, sin que sea admisible que la incertidumbre sobre la suerte del proceso, se prolongue indefinidamente. En similar sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en causa rol 56.558-2025. 13°.- Que, sin embargo, esta Corte, teniendo especialmente presente la materia objeto de la denuncia, y la circunstancia que los hechos que se le imputan al recurrente afecta, en calidad de víctimas a otras funcionarias que prestan servicios para la recurrida, estima que el restablecimiento del imperio del derecho se satisface ordenando a la Municipalidad de Chillán emitir pronunciamiento dentro de un plazo perentorio que esta Corte fijará al efecto. 14°.- Que, en consecuencia, el recurso de protección será acogido, para el solo efecto de que la autoridad recurrida emita pronunciamiento sobre sumario administrativo impetrado contra el recurrente, dentro del plazo que se determinará en lo resolutivo de la presente sentencia.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge el recurso de protección deducido por don Gabriel Ignacio Osorio Vargas, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Chillán, representada por su Alcalde don Camilo Benavente Jiménez, sólo para el efecto de ordenar a la autoridad recurrida que, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada, emita pronunciamiento respecto sumario administrativo instruido respecto del recurrente con fecha 17 de marzo de 2023, mediante Decreto N° NUM000, debiendo notificar a éste la decisión que adopte y acompañar a estos autos copia de la resolución y de su respectiva notificación.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Subrogante señor nombre reservado.

No firma la abogada integrante señora Elizondo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

Rol N°341-2026 PROTECCIÓN.