nombre reservado CONTRA nombre reservado
- Fecha
- 10 de junio de 2025
- Sala
- Segunda Sala
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 336-2025, sentencia de 10 de junio de 2025
Resumen
Se rechaza la protección contra COMPIN Ñuble y la Superintendencia de Seguridad Social: el rechazo de las licencias médicas está médico-administrativamente justificado y la recurrente no acompañó los antecedentes solicitados para acreditar el diagnóstico.
Texto íntegro
Chillán, diez de junio de dos mil veinticinco.
Visto:
1°.- Que, comparece doña nombre reservado, nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de Ñuble, quien interpone recurso de protección en contra de COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE Y nombre reservado INTENDENTE DE BENEFICIOS SOCIALES SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, con domicilio en domicilio reservado, con ocasión de haber dictado las Resoluciones Exentas Nos. R-01-S-50128-2025 de fecha 16 de abril de 2025 y R-01-S-39936 de 27 de marzo de 2025, las que rechazaron las licencias médicas Nos. RUT reservado RUT reservado RUT reservado y RUT reservado, por no encontrarse justificado el reposo.
Refiere la recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por ella interpuesta, que el rechazo de licencias referidas por la autoridad recurrida, ha vulnerado sus derechos y garantías garantizados en la Carta Magna, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica y el derecho a la protección de la salud, que se tipifica en el artículo 19, numerales 1 y 9 de la Constitución Política de la República, al no llevar a cabo el procedimiento que permitía clarificar y resolver adecuadamente lo relativo a las licencias.
Señala que el artículo 20 de la Constitución Política expresamente establece como un derecho superior, el que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra perturbación o amenaza en el legítimo derecho y garantías establecidos en la normas citadas, podrá ocurrir por sí o cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de quien es afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.
Sostiene que su hija, nombre reservado, nació el 5 de agosto de 2023, y durante sus primeros 15 días de vida fue alimentada con leche materna. Ahora bien, al acudir a un control con la pediatra, Dra. nombre reservado, se evidenció un bajo incremento ponderal. A las dos semanas de vida, Dominga comenzó a presentar vómitos y episodios de apnea obstructiva, y debido a lo anterior se le indicó tratamiento con Esomeprazol 1 mg/kg/día vía oral.
Luego señala que Dominga además presentaba cólicos intensos y deposiciones líquidas con moco, muy frecuentes durante el día. A raíz de estos síntomas, se sospechó una alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), explicándole la pediatra que el diagnóstico de esta condición se realizaba clínicamente, ya que no existen exámenes específicos que lo confirmen. Por esta razón, debió suspender completamente el uso de fórmula y modificar su alimentación, eliminando todos los productos lácteos y sus derivados, a fin de que Dominga fuera alimentada exclusivamente con leche materna sin proteínas de leche de vaca.
Indica que, aunque persistieron las deposiciones líquidas y mucosas, se observaron mejoras progresivas, lográndose una remisión de los síntomas aproximadamente seis semanas después de haber iniciado la dieta de exclusión.
A los cuatro meses de vida se realizó una contraprueba, lo que implicó que ella retomara el consumo de lácteos, ya que Dominga se alimentaba exclusivamente con leche materna. Cinco días después, reaparecieron los síntomas: cólicos, deposiciones líquidas e incluso sangre en un par de ocasiones. Frente a esta situación, se contactó de inmediato con la pediatra, quien le indicó suspender nuevamente y de forma definitiva el consumo de lácteos.
Tras la suspensión, se observaron claras mejoras clínicas, lo que permitió confirmar la sospecha de APLV.
Hace presente la recurrente que se desempeña como nombre reservado en un establecimiento educacional. Por esta razón, solicitó a la pediatra no extender licencia médica durante los meses de enero y febrero, ya que su posnatal concluyó en ese período, optando por tomar sus vacaciones legales en lugar de licencia, dado que estaban en proceso de evaluación médica y existía la posibilidad de una mejoría significativa en la salud de Dominga.
Sin embargo, al persistir la sintomatología, continuaron extendiéndole licencias médicas, y curiosamente las cinco primeras licencias médicas fueron aceptadas, todas por siete días, con fecha 1 al 7 de marzo, del 8 al 14 de marzo, del 15 al 21 de marzo, del 22 al 28 de marzo, y del 29 de marzo al 4 de abril, todas del 2024, para rechazar las posteriores por 30 días (4), por resoluciones del COMPIN, recurridas y rechazadas, quedando para salvar sus derechos el recurso de protección que impetra.
Indica que en su oportunidad se acompañaron todos los antecedentes necesarios y suficientes para fundamentar y legitimar sus derechos, pero la recurrida no respetando las normas del debido proceso y violando sus garantías constitucionales, se niega a que sus licencias médicas sean acogidas, vulnerándose con ello las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas.
Por todo lo anterior, termina solicitando tener por deducido recurso de protección en contra de COMPIN CHILLAN, REPRESENTADO EN ESTOS ANTECEDENTES POR DON nombre reservado, ya individualizados, por los actos arbitrarios o ilegales que constituyen una lesión o amenaza a garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 3 y 9 de la Constitución Política de la República de Chile, acogerlo a tramitación, declarándolo admisible para que previo a los trámites de rigor acoja y disponga que la recurrida deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias para proceder a acoger y declarar procedentes las licencias médicas rechazadas y con ello restablecer todos los derechos conculcados en su perjuicio, con costas.
2°.- Que, informando el recurso el abogado don Francisco Ortega Bello, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, manifiesta que antes de informar respecto del fondo de la acción de protección que motiva el presente informe, viene en solicitar a SS.Iltma. que se declare a la presente acción de protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.
En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N°1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N°3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N°44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.
De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.
Sostiene que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.
Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.
Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, ya que el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N°18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.
En mérito de lo anteriormente expuesto, y en forma previa a entrar al análisis del fondo de la acción interpuesta solicita a SS. Ilustrísima declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.
En subsidio de las alegaciones anteriores, resulta necesario esclarecer cuál es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección. 1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.
Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº1, del año 2005, y en el D.S. Nº3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.
En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.
Hace presente que el derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N°18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.
Aduce que el aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.
Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.
Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.
Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N°3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).
A su vez, el artículo 199 del Código del Trabajo, establece un permiso por enfermedad grave de un niño menor de un año, en favor de la madre o padre, o de alguna de las demás personas que la misma norma señala, que dará derecho a un subsidio por incapacidad laboral si se cumplen los requisitos pertinentes, o remuneración en su caso, para lo que se deberá emitir una licencia médica, respecto de cuya procedencia deberá pronunciarse la COMPIN o ISAPRE, de acuerdo al sistema de salud que corresponda.
La circunstancia de padecer el menor de una enfermedad grave, se debe acreditar mediante informes médicos y exámenes complementarios.
Ahora bien, en lo que respecta a la recurrente de autos, la Sra. nombre reservado reclamó ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 07 de agosto de 2024, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Ñuble, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, a contar del 04 de junio de 2024, por no comprobar enfermedad grave hijo menor de un año.
En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas señaladas, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes médicos evaluados, no permiten justificar el reposo de la madre, padre o tutor legal, más allá de los 35 días ya autorizados por la misma patología que afecta a su niño. Dictamen y fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N°R-01-UME199553-2024, de 30 de diciembre de 2024.
Seguidamente, la Sra. nombre reservado se presenta por segunda vez, con fecha 06 de enero de 2025, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N°R-01-UME199553-2024. Respecto a esa presentación, este Servicio cumplió con informar que, el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas, no se encontraba justificado.
Que, en efecto, los antecedentes aportados no describen criterios de gravedad que permitan justificar el reposo por enfermedad grave del hijo menor de un año, en consecuencia, la patología corresponde a un cuadro leve. Dictamen y fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N°R-01-S-50128-2025, de 16 de abril de 2025.
En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de confirmar el rechazo de la licencia médica de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito. Lo anterior, en virtud de lo expuesto en la Circular N°3721 de 2022, por no constituir una afectación moderada o severa de la enfermedad (graves), sino que su forma leve, por lo que la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.
En síntesis, en el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.
3°.- Que, informando don nombre reservado, Presidente (S) de COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, manifiesta que doña nombre reservado presentó reposo continuo desde el 1° de marzo hasta el de agosto de 2024, reportando nueve licencias por enfermedad grave del hijo menor de un año, con el diagnóstico de “Colitis y gastroenteritis alérgicas y dietéticas”. De las nueve licencias presentadas, se autorizaron las primeras cinco, de 7 días cada una, las que se extendieron desde el 1° de marzo al 4 de abril de 2024, siendo las cuatro últimas de 30 días cada una, las que fueron rechazadas y que cubrían el período desde el 5 de abril hasta el 2 de agosto de 2024.
Sostiene que a la recurrente se le solicitó adjuntar un informe médico de la inmunóloga o gastroenteróloga a fin de realizar una correcta evaluación diagnóstica de la menor, lo que no cumplió, por lo que se procedió al rechazo de la licencia N°17805818, que se extendió desde el 5 de abril hasta el 4 de mayo de 2025. Posteriormente, y con fecha 17 de mayo de 2025, se procede a rechazar la licencia médica N°18089255, que se extendía desde el 5 de mayo hasta el 3 de junio de 2024, por el mismo fundamento.
Que en virtud de lo anterior se estimó improcedente autorizar el reposo, ya que doña nombre reservado no presentó documentos de atención por especialista Inmunólogo o Gastroenterólogo, como tampoco los resultados de un examen de confirmación diagnóstica que reflejara la severidad del cuadro reportado, con el fin de justificar los reposos.
4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, desinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.
5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.
6º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.
7°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, resulta útil consignar que de acuerdo a los antecedentes e informes agregados al recurso, es posible concluir que lo resuelto por COMPIN, y posterior confirmación por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en cuanto al rechazo de las licencias médicas presentadas por la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, en razón a que los antecedentes tenidos a la vista no permiten justificar el reposo prescrito.
8°.- Que, sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, cabe advertir que la recurrente tampoco acompañó los antecedentes que le fueron solicitados en su oportunidad, en especial, el informe médico inmunológico o gastroenterológico a fin de acreditar la confirmación diagnóstica.
9°.- Que, así las cosas, conforme a lo que se ha venido diciendo, es posible concluir que en la especie, la Superintendencia de Seguridad Social al igual que COMPIN, en su actuar se ciñeron al ordenamiento jurídico al adoptar las decisiones recurridas, las cuales se aprecian como motivadas y carentes de arbitrariedad e ilegalidad, de modo tal que, ante la inexistencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal de parte de las recurridas, el presente recurso no podrá prosperar.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por doña nombre reservado en contra de COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE Y nombre reservado, en su calidad de INTENDENTE DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
Notifíquese, regístrese y, hecho, archívese.
En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.
Redacción a cargo del Abogado Integrante Señor Juan Antonio De la Hoz Fonseca.
ROL N° 336-2025-PROTECCIÓN.