Protección contra Ministerio del Interior

Chillán, veinticinco de mayo de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece el abogado don Rodrigo Vera Lama, en representación de doña nombre reservado, trabajadora social, interponiendo acción de protección contra el Ministerio del Interior, representado por su titular don nombre reservado, contra la Resolución Exenta NºNUM000, de 19 de febrero de 2026, mediante la cual el Ministro del Interior rechazó el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, confirmando su destitución, vulnerando las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 Nos 1, 2, 4, 16 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

En primer lugar, argumenta respecto a la competencia de esta Corte para conocer de este recurso de protección, por cuanto la recurrente tiene su domicilio personal en San Carlos y prestaba servicios en la Delegación Presidencial Provincial (DPP) de Punilla con asiento en San Carlos, produciendo sus efectos en esa comuna de la Región de Ñuble.

Refiere que la recurrente prestaba servicios en la Delegación Presidencial Provincial de Punilla y que se le instruyó un sumario administrativo mediante la Resolución Exenta NºNUM001, de 23 de mayo de 2025, el cual tuvo por objeto investigar presuntas irregularidades derivadas de viajes al extranjero realizados por la funcionaria encontrándose haciendo uso de licencias médicas que prescribían reposo total.

Señala que mediante Resolución Exenta NºNUM002 de 8 de enero de 2026 de la Subsecretaría del Interior, se dispuso su destitución, rechazando el Subsecretario del Interior el recurso de reposición presentado, a través de Resolución Exenta NºNUM003 de 13 de febrero de 2026, y, de igual manera, no acogiendo el Ministro del Interior el recurso de apelación presentado conforme a Resolución Exenta NºNUM000 de 19 de febrero de 2026 notificada mediante correo electrónico el 3 de marzo de 2026.

Fundamentando su recurso, la actora alega, en primer término, que no se cumplió con el plazo legal de instrucción del sumario, excediéndose los márgenes de razonabilidad que exige el debido proceso administrativo. Indica el marco jurídico legal particular de la Delegación Presidencial Provincial (DPP) de Punilla y cita y transcribe los artículos 135 y 143 del Estatuto Administrativo.

Indica que el sumario se abrió el 23 de mayo de 2025 existiendo diligencias de investigación incluso en septiembre, y, por ende, no se cumplió con el plazo ordinario de veinte días, ni tampoco con el máximo legal de sesenta días. Sostiene que la demora en la tramitación constituye un vicio de tal magnitud que debería invalidar la investigación, citando jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la materia.

Como segundo vicio, denuncia que la resolución que ordenó instruir el sumario no le fue notificada al inicio del proceso, afectando su derecho a conocer el contenido de la imputación desde el origen. Expone que fue citada a prestar declaración indagatoria sin conocer el objeto preciso del sumario, donde además se le formularon preguntas que califica de sugestivas o inductivas. Alega que se vio obligada a declarar por el mandato de colaboración del Estatuto Administrativo, lo que habría vulnerado su derecho a guardar silencio.

En tercer lugar, argumenta que el acto sancionatorio fue dictado y notificado fuera del plazo legal de protección de estabilidad laboral con motivo del período electoral presidencial. Invoca el artículo 156 inciso primero del Decreto Supremo Nº2421 de 1964, señalando que la sanción expulsiva se decretó dentro del margen de prohibición vinculado a las elecciones de noviembre y diciembre de 2025.

Agrega que conforme a los artículos 158 y 159 de la misma normativa, el incumplimiento conlleva responsabilidad política constitucional, administrativa, civil y penal. En este caso, la destitución está contenida en una resolución de la Subsecretaría del Interior, que ha sido confirmada por resoluciones del mismo Subsecretario y Ministro del Interior; de manera que la sanción expulsiva dispuesta es una decisión administrativa, y por ende, está prohibido “decretarla” o “resolverla” o “decidirla”, dentro del periodo electoral que el artículo 156º indica.

Indica que el espíritu de la cláusula es proteger a los empleados públicos en época de elecciones, lo que cobra mayor sentido si se tiene presente que la afectada, si bien es funcionaria de la DPP de Punilla, es militante del partido de Derecha, Unión Demócrata Independiente (UDI), y Consejera Regional de Ñuble, quien obtuvo la votación más alta de todos los Consejeros Regionales electos, y, quienes adoptaron la decisión sancionatoria y resolvieron los recursos de reposición y apelación, son autoridades de la coalición política opuesta, de Izquierda, Frente Amplio (FA) y Partido Socialista de Chile (PS), que lo hacen luego de un resultado desfavorable en la elección presidencial antes de que asuma el nuevo Gobierno.

Argumenta que en el acto recurrido ha existido desviación de poder, causal de nulidad de los actos administrativos. Refiere que la animosidad política detrás de la medida se desprende del hecho que una vez notificada la decisión a la recurrente, la noticia se viralizó.

Como cuarto defecto, denuncia que en la tramitación de los recursos de reposición y apelación no se respetó el principio de doble instancia, pues en ambos casos participó el mismo Jefe de la División Jurídica del Ministerio, Felipe Cerda Sepúlveda. Afirma que la existencia de la doble instancia resultó ilusoria, dado que el asesor jurídico encargado de elaborar los actos fue la misma persona en ambas sedes recursivas, según se desprende de la firma de responsabilidad con iniciales, rúbrica y timbre plasmado en los respectivos actos. Añade que se infringiría las normas relativas a la imparcialidad y a la probidad administrativa.

Otro punto de agravio reside en que, según la recurrente, no se decretaron ni cumplieron diligencias solicitadas oportunamente, como la remisión de su hoja de vida y calificaciones desde otros órganos públicos. Sostiene que también se denegó la solicitud de informar sobre la fuente de datos de sus viajes, lo que le impidió ejercer adecuadamente su derecho a defensa.

Finalmente, expresa que existe un manifiesto trato discriminatorio con otros empleados públicos a quienes se les ha hecho el mismo reproche administrativo, pero no han sido sancionados con destitución. Da cuenta de estadísticas relativas a los sumarios administrativos instruidos y la cantidad de funcionarios que han sido destituidos.

En cuanto al fondo de los cargos, niega la existencia de fraude o simulación de enfermedad, asegurando que padecía una patología real debidamente certificada.

Arguye que de acuerdo con el principio de legalidad contenido en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 52º del DS Nº3/1984 del Ministerio de Salud, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, es misión exclusiva y excluyente de la COMPIN e ISAPRE investigar incumplimientos de licencias médicas, y no de otros órganos del Estado.

Respecto a las imputaciones, se formularon tres cargos que luego son ratificados en la resolución sancionatoria y en las que desechan los recursos de reposición y apelación, el primero relativo a incumplimiento de reposo médico del 21 de enero de 2024, el segundo por igual incumplimiento del 1° al 5 de mayo de 2024, mencionándose en ambos casos infringido el articulo 61 letra c) del Estatuto Administrativo que exige a los funcionarios “realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución”, y el tercero que indica infringir gravemente la probidad administrativa del artículo 61 letra g) del referido Estatuto.

Manifiesta que un aspecto fundamental a dilucidar es si las licencias médicas otorgadas a la inculpada eran producto de una enfermedad real o simulada, es decir, si existió un fraude, si se fabricó o no un permiso que le permitiera alejarse de sus funciones, y de todos los antecedentes médicos que existen en el expediente administrativo se desprende que efectivamente existían patologías, en especial un cáncer papilar de tiroides, y por ende las licencias son justificadas.

En relación con los motivos del incumplimiento del reposo médico, que en la especie son viajes al extranjero, el primero de ellos el 21 de enero de 2024 es por un día, domingo, a Argentina, que coincide con el fin de la licencia médica, esto es, un feriado en época estival, siendo la motivación razones de esparcimiento por la enfermedad que le aquejaba; y el segundo entre el miércoles 1° de mayo de 2024 (feriado) al domingo 5 de mayo de 2024, semanas después de una cirugía oncológica, con el propósito de conocer la Fundación Intecnus de San Carlos de Bariloche, referente internacional en el tratamiento del cáncer.

Reconoce que, si bien no existe norma que autorice a dejar el reposo derivado de una licencia médica y ausentarse del país, resulta del todo justificado que una persona que padece cáncer papilar de tiroides, que se someterá y ha tenido recientemente una cirugía oncológica y en espera de quimioterapia, busque un breve momento de distracción como fue el viaje de enero de 2024, y explore todas las alternativas médicas existentes como sucedió en mayo de 2024. Agrega que la cirugía oncológica fue el 4 de abril de 2024, y en ella se indica “Reposo:

Relativo”. De esta manera, estando justificada su ausencia, no hay infracción al artículo 61 letra c) del Estatuto Administrativo.

Denuncia que la fiscal administrativa actuó de manera arbitraria al formular cargos con "efecto indirecto" a un testigo externo, el Sr. nombre reservado, por no creer en su versión de los hechos, respecto de quien se resolvió hacer una investigación interna breve y sumaria, Expediente NºNUM004 de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Los Ríos, en la que el 23 de marzo de 2026 se exoneró de responsabilidad a dicho testigo, validando la verosimilitud de la visita médica en el extranjero.

Señala que el incumplimiento del reposo conlleva una punición, cual es el rechazo de la licencia médica, y, por ende, se convertiría en una doble pena si además se castiga en sede administrativa. Cita jurisprudencia en apoyo de su posición.

Destaca que el artículo 125 del Estatuto Administrativo referente a la sanción de destitución, señala que procede cuando se vulnere gravemente el principio de probidad administrativa y en determinados casos que la norma indica, no encontrándose comprendida la inculpada ni en una infracción grave a la probidad, ni tampoco en el listado de hipótesis que la norma indica.

Expresa que la Contraloría General de la República de forma reiterada ha expresado que debe existir proporcionalidad entre la gravedad de los hechos cometidos y el castigo impuesto.

Advierte una serie de situaciones anómalas en la pesquisa de la fiscal administrativa nombre reservado que no han sido objeto de reproche por la autoridad que sanciona, tales como, faltas de ortografía, resoluciones que confieren aumento de plazo, desconocimiento de reglas básicas de cómputo de plazos en la referida resolución exenta; ausencia de foliación con letras como lo exige el artículo 130 inciso final del Estatuto Administrativo; excederse en sus atribuciones la fiscal al intentar indagar al “acompañante” de viaje de la inculpada.

Añade que a la recurrente le asisten las circunstancias atenuantes de irreprochable conducta anterior, con una hoja de vida intachable, reiteradamente clasificada en Lista Nº1, de Distinción, además de la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos habiendo declarado incluso sin saber el objeto preciso del sumario. Que, existen una serie de comunicaciones de 8 y 12 de enero entre abogados del Ministerio del Interior, de los cuales se colige que además de la urgencia o premura en decidir el castigo administrativo, nadie advirtió una serie de falencias tales como estar dentro del plazo de exclusión electoral para decretar la sanción expulsiva, referencia a una quimioterapia que fue posterior a los viajes, ausencia de foliación conforme a la ley, incumplimiento de diligencia de obtención de calificaciones de la funcionaria, etc.

Que conforme a lo expuesto, la recurrente ha sido privada, perturbada y amenazada en su derecho a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, honra, libertad de trabajo y su protección, y propiedad, reconocidos en los numerales 1, 2, 4, 16, y 24 el artículo 19 de la Constitución Política de la República, respectivamente; y consagrados también en los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 7, 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos 5, 11, 21 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Considera que se ha vulnerado su integridad psíquica al mantener a una persona, profesional trabajadora social, con gran trayectoria de servicio público, y que además ha padecido una grave enfermedad, alejada de sus funciones de forma arbitraria.

Se afecta su derecho a la igualdad ante la ley, al aplicarse criterios sancionatorios diversos a casos semejantes de viajes con licencia médica. Indica que el acto recurrido afecta su integridad psíquica, su honra, su libertad de trabajo y su derecho de propiedad sobre el cargo, especialmente por su rol como Consejera Regional electa.

Respecto a la honra de la afectada, al hallarse destituida, y ser una persona de exposición pública, no solo por su condición de funcionaria de la DPP de Punilla sino que también por su cargo de Consejera Regional de Ñuble, es percibida por la comunidad como una persona que cometió un hecho gravísimo que ameritaba ser alejada del organismo público.

En lo atingente a la libertad de trabajo y su protección, resalta que la destitución conlleva una inhabilidad de cinco años para cargos públicos, lo que la obligaría a cesar en su cargo de elección popular donde obtuvo la más alta votación.

Finaliza solicitando a esta Corte, tener por interpuesto recurso de protección en favor de doña nombre reservado y en contra Ministerio Del Interior, a través de su titular don nombre reservado, acogerlo a tramitación, ordenando que el recurrido en un plazo breve y perentorio informe por la vía más rápida y efectiva al tenor del recurso, debiendo acompañar todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo de la acción, para que en definitiva se reestablezca el imperio del Derecho asegurando la debida protección de la afectada, dejando sin efecto la medida disciplinaria de destitución, ordenando la reincorporación de nombre reservado a la Delegación Presidencial Provincial de Punilla, y disponiendo el pago retroactivo de las remuneraciones durante el tiempo que permaneció separada de sus funciones, con costas. 2°.- Que, comparece informando la abogada doña Paulina Rivas Núñez, abogada, en representación del Ministerio del Interior. Inicia su exposición relatando que el sumario se originó con base en el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) Nº9 de 2025 de la Contraloría General de la República.

Agrega que, conforme al informe de verificación del Servicio Nacional de Migraciones y Policía Internacional, se constató que la exfuncionaria salió del país el 21 de enero de 2024 con destino a la República Argentina, reingresando al día siguiente, saliendo nuevamente con el mismo destino el 1° de mayo de 2024 y reingresado el 5 de mayo del mismo año, en ambos casos, sin contar con la autorización médica ni administrativa correspondiente para ausentarse del país durante su período de reposo laboral total.

Mediante resolución exenta N°NUM001, de 2025, de la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, instruyó sumario administrativo respecto de la recurrente, doña nombre reservado funcionaria de la Delegación Presidencial Provincial de Punilla, en calidad contrata asimilada a grado 9 E.U.S., con el objeto de determinar posibles responsabilidades administrativas derivada del incumplimiento del reposo prescrito en licencias médicas, al registrarse salidas del territorio nacional durante su vigencia.

Expone que con fecha 07 de octubre de 2025, se formularon tres cargos a la recurrente, consistentes en: a) Incumplimiento inexcusable de reposo médico y contravención a los deberes de diligencia y dedicación funcionaria (enero 2024); b)

Incumplimiento inexcusable y reiterado de reposo médico y contravención a los deberes de diligencia y dedicación funcionaria (abril – mayo 2024) y c) Vulneración grave y manifiesta del principio de probidad administrativa.

Indica a continuación que la funcionaria presentó los descargos relacionados, los que fueron debidamente ponderados por la fiscal asignada, manteniendo las imputaciones formuladas en su contra por estimar que dichas conductas se encontraban suficientemente acreditadas, proponiendo la medida de destitución, la que se materializó en la resolución exenta N°NUM002, de fecha 08 de enero de 2026. Contra dicha resolución, la funcionaria interpuso los recursos de reposición y jerárquico en subsidio, conforme lo establece el artículo 141 de la ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, los que fueron rechazados mediante las resoluciones exentas N°NUM003, de fecha 14 de febrero de 2026, y N°NUM000, de fecha 19 de febrero de 2026, respectivamente.

A continuación, cita la normativa aplicable al caso correspondiente al Título V de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en particular, los artículos 119, 121 y 111. Agrega el DS N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento de autorización de licencias médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en particular los artículos 1°, 72, 55 letra a), 52 y 50.

En cuanto al procedimiento disciplinario y los supuestos vicios formales alegados por la recurrente, precisa que es posible constatar que la funcionaria investigada realizó, durante el mes de enero de 2024 una salida del país por un día, específicamente el 21 de enero de 2024, coincidentemente con la vigencia de licencia médica que prescribía reposo total en su domicilio. Luego, durante el mes de mayo de 2024, registró una salida del país el día 01 de mayo de 2024, reingresando el día 05 de mayo de 2024, permaneciendo fuera del territorio nacional por un total de cinco días, igualmente dentro del período cubierto por licencia médica que indicaba reposo total.

Se acompañaron documentos que dieron cuenta de la condición de salud de la funcionaria, la copia de las licencias médicas otorgadas y las recomendaciones respecto al cuidado que debía tener luego de someterse a los procedimientos médicos prescritos, no constando autorización médica que justifique su concurrencia al extranjero a realizarse exámenes o procedimiento alguno, incluso indicando que respecto de determinados exámenes (específicamente el “tratamiento con yodo radioactivo hospitalizado”, prescrito para su condición médica) se imponía a la ex funcionaria restricciones de movimiento.

Se ponderaron suficientemente las circunstancias atenuantes y agravantes, conforme lo prescribe el artículo 121 del Estatuto Administrativo, destacando entre ellos, como agravante, el hecho de que la recurrente gestionó posteriormente, el día 28 de mayo de 2025, la creación de un “certificado de visita” al centro médico ICTENUS ubicado en Argentina, para ser presentado en el sumario con el fin de construir una coartada para justificar su segundo viaje.

Argumenta que analizada la prueba y los descargos presentados durante el procedimiento disciplinario llevado a cabo, la fiscal logra la convicción de que la recurrente de autos infringió gravemente el principio de probidad administrativa contemplado en los artículos 52 de la ley N°18.575, artículo 61 letra g) y 125 de la ley N°18.884, al utilizar el tiempo de licencia médica remunerada con recursos públicos para fines ajenos al restablecimiento de su salud, priorizando su interés personal por sobre el general y generando con ello, consecuencialmente, descrédito institucional, quebrantando la confianza pública. Dando lugar a la dictación de la resolución exenta N°NUM002, de fecha 08 de enero de 2026, en la que se resolvió por parte del Subsecretario del Interior de la época aprobar el informe fiscal de fecha 29 de diciembre de 2025 y aplicar a la recurrente la medida disciplinaria de destitución prevista en el artículo 125 del Título V del Estatuto Administrativo, notificándole personalmente dicha resolución con fecha 15 de enero de 2026.

Respecto de los vicios denunciados, detalla que los cargos contra doña nombre reservado fueron por incumplimiento inexcusable de reposo médico y contravención a la probidad administrativa por realizar viajes fuera del país. Afirma que el procedimiento disciplinario se ajustó estrictamente a las normas del Estatuto Administrativo y que se respetaron todas las garantías de la funcionaria.

Sobre la alegación de falta de plazo razonable, sostiene que, según la doctrina de la Contraloría, los plazos en los procesos disciplinarios no son fatales para la Administración.

Respecto a la falta de notificación del inicio del sumario, señala que dicha resolución es un acto de mero trámite que no genera efectos sancionatorios por sí mismo. Agrega que no existía obligación legal de notificar a la parte recurrente de la resolución que instruyó el referido sumario, ya que, según indica el Estatuto Administrativo, antes de la formulación de cargos los sumarios son secretos. Por otra parte, el debido proceso se materializa con la formulación de cargos, instancia en la cual la inculpada pudo ejercer plenamente su derecho a defensa. Cita jurisprudencia al respecto.

En cuanto al derecho a guardar silencio, sostiene que la declaración de la funcionaria fue voluntaria y constituyó un medio de defensa, no existiendo autoincriminación forzada.

En relación con la supuesta vulneración de la estabilidad laboral electoral, aclara que el artículo 156 citado no impide el ejercicio de la potestad disciplinaria, sino que establece restricciones de competencia que no concurren en la especie.

Señala que el propio órgano contralor, mediante el oficio N°E205842/2025 del 02 de diciembre de 2025, indicó que la limitación señalada en la Ley N°10.336 no afecta la prosecución de los procesos disciplinarios, en el entendido que el acto administrativo que impone una medida expulsiva genera sus efectos jurídicos una vez que se encuentra totalmente tramitado. No obstante, aclara que este procedimiento sumarial se inició a propósito del Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9 de 2025, de la Contraloría General de la República, que ordenó instruir las investigaciones sumarias y sumarios administrativos pertinentes, constituyendo una excepción a lo prescrito en el artículo 156 de la ley N°10.336.

Desestima la infracción al principio de doble instancia, explicando que las resoluciones fueron suscritas por autoridades distintas, Subsecretario y Ministro del Interior. Precisa que el rol del Jefe de la División Jurídica es el control de juridicidad y asesoría, lo que no anula la voluntad de la autoridad que finalmente decide el recurso.

Respecto a las diligencias omitidas, afirma que la hoja de vida y calificaciones sí fueron tenidas a la vista y ponderadas al momento de resolver la sanción. Sobre el origen de la información de los viajes, reitera que proviene de un órgano de control externo (Contraloría) que consistió en el cruce de información entre la Superintendencia de Seguridad Social y la Policía de Investigaciones y que la propia recurrente reconoció la efectividad de las salidas del país.

En cuanto al reproche administrativo y la sanción impuesta, destaca que se calificó la conducta de la funcionaria como una falta grave a la probidad administrativa. Los hechos que se tuvieron por acreditados, consistentes en viajar al extranjero durante la vigencia de dos licencias médicas que prescribían reposo total, constituyen un uso indebido de un beneficio financiado con recursos públicos, ajeno a la finalidad que justifica su concesión, que es, la recuperación de la salud del trabajador. En ese sentido, no podría existir trato discriminatorio en circunstancias que la ley no exige la aplicación de idénticas medidas para aquellos funcionarios que hayan incurrido en conductas similares. Lo que sí es exigible es que la revisión del caso sea conforme a sus particularidades, aplicando con ello criterios razonables, proporcionales y justos. Cita jurisprudencia apoyando su posición.

En relación con los hechos en los que se sustenta el procedimiento disciplinario, subraya que las licencias médicas tienen por fin exclusivo el restablecimiento de la salud, siendo incompatibles con viajes recreacionales al extranjero. Considera que el incumplimiento del reposo total constituye una falta grave a la probidad, pues se perciben remuneraciones financiadas con fondos públicos sin cumplir con la condición del beneficio.

Aclara que el sumario administrativo no pretende, como se intenta imputar mediante esta acción, calificar de falsa o injustificada la licencia médica concedida a la Sra. nombre reservado, ni cuestionar la existencia de su patología o la validez del instrumento médico, sino que busca la observancia estricta de las condiciones de reposo prescrito durante su vigencia.

Manifiesta que el acto denunciado en el presente recurso no reviste el carácter de arbitrario o ilegal, ni es de aquellos que amenacen, perturben o priven a la actora de una o más de sus garantías constitucionales, al encontrar en él fundamento suficiente para su dictación y al ser, los hechos en los que se sustenta, de tal gravedad, que justifican la medida disciplinaria aplicada.

Argumenta que el recurso de protección no constituye una instancia para revisar el mérito de las decisiones de la Administración ni ponderar nuevamente los medios de prueba arribados al procedimiento, ni evaluar la proporcionalidad de una sanción disciplinaria impuesta en un sumario administrativo que se ajustó a derecho. Cita jurisprudencia en apoyo.

Niega vulneraciones a las garantías establecidas en el artículo 19 N°1, 2, 4, 16, y 24 de la Constitución Política de la República, correspondientes al derecho a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, honra, libertad del trabajo y su protección y derecho de propiedad.

Finaliza solicitando a esta Corte tener por evacuado el presente informe, rechazando en todas sus partes el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, por las razones expuestas con expresa condena en costas. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes– protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, en la especie, la recurrente señaló que el acto que reprocha como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta NºNUM000, de 19 de febrero de 2026, del Ministerio del Interior, que dispuso su destitución como funcionaria de la Delegación Presidencial Provincial de Punilla en virtud de los hechos establecidos en el sumario administrativo instruido en su contra por el uso indebido de licencia médica, actos por los cuales se ha vulnerado el principio de probidad administrativa, estimando que aquello constituye una infracción de sus garantías constitucionales de derecho a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, honra, libertad del trabajo y su protección y derecho de propiedad, por las razones que esgrimió en su recurso, contemplados en el artículo 19 Nos. 1, 2, 4, 16 y 24 de la Carta Fundamental. 7°.- Que del análisis de los antecedentes acompañados y del informe evacuado por la recurrida aparece acreditado que la recurrente hizo uso de licencia médica durante el período comprendido entre los días 15 al 21 de enero de 2024 y del 29 de abril al 19 de mayo del mismo año, con reposo laboral total y lugar de reposo expresamente fijado en su domicilio, señalando que, conforme a la información entregada por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Chillán, de la Policía de Investigaciones de Chile, se constató que la funcionaria salió del país el 21 de enero de 2024 con destino a Argentina reingresando al día siguiente y que nuevamente salió el 1° de mayo de 2024, con el mismo destino, reingresando el 5 de mayo del mismo año, sin contar con autorización médica ni administrativa para ausentarse durante el período de reposo, circunstancia que fue reconocida por la propia afectada durante la tramitación del sumario. 8°.- Que, para resolver el fondo del asunto, y tal como lo ha asentado la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en la causa Rol N°54.911-2025, resulta imperativo tener presente que el artículo 8 de la Constitución Política de la República exige a las autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. En estricta concordancia con dicho mandato, el artículo 125 del Decreto con Fuerza de Ley N°29 de 2025 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, prescribe expresamente que la medida disciplinaria de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el referido principio fundamental. 9°.- Que, adentrándose al análisis de la antijuridicidad denunciada, la conducta que determinó la infracción y la subsecuente sanción disciplinaria consistió en hacer uso indebido de una licencia médica, otorgada por una enfermedad común, para fines particulares, materializado en dos viajes fuera del territorio nacional. En la especie, fluye como un hecho pacífico e incontrovertido, acreditado mediante el Oficio N°NUM005 de la Policía de Investigaciones de Chile, que la actora abandonó el país con destino a Argentina los días 21 de enero y entre el 1° y 5 de mayo de 2024, período en el cual se encontraba gozando de reposo laboral por haberse extendido licencia médica por 7 días entre el 15 y 21 de enero de 2024 y por 21 días entre el 29 de abril y el 19 de mayo del mismo año. Este actuar, ajeno a la finalidad de recuperación de la salud que el reposo contemplaba, y orientado a obtener descansos por sobre los que otorga la ley al resto de los funcionarios municipales, afecta gravemente el debido cumplimiento de las funciones del órgano estatal y la satisfacción de las necesidades colectivas de manera regular y continua, constituyendo, a la luz del ordenamiento jurídico, elementos propios de una afectación de carácter grave a la probidad. Por consiguiente, la autoridad ministerial, al calificar la falta y aplicar la medida de destitución en el marco de un sumario instruido por el órgano contralor, actuó dentro de la esfera estricta de sus atribuciones legales y en el resguardo del interés general. 10°.- Que, abordando el test de arbitrariedad formulado por la actora respecto a la presunta desproporcionalidad de la sanción por falta de ponderación de atenuantes o del trato discriminatorio en la aplicación de la sanción, a mayor abundamiento, esta Corte reitera, que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como ocurre en la especie con la proporcionalidad de la sanción de destitución aplicada a la recurrente. Por ello, resulta manifiestamente erróneo intentar plantear que, en esta instancia jurisdiccional excepcional y de emergencia, se revise la ponderación de la decisión de mérito a la que arribó la fiscal a cargo de la investigación en su Vista Fiscal y, finalmente, la autoridad disciplinaria al sancionar la vulneración a la probidad. De la misma manera, establece la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°54.911-2025, que, “Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie, que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades (causas Rol N°18.823-2019, N°97.284-2020, N°150.201-2020, N°135.620-2022 y N°137.862- 2022, entre otras).” 11°.- Que, respecto a los vicios procedimentales que se denuncian y que vulnerarían el debido proceso, es posible constatar de los antecedentes aportados y en particular del expediente de sumario administrativo, que la recurrente ejerció su derecho a defensa, que pudo aportar la prueba ofrecida, que ejerció recursos y fue asistida por un letrado, de manera que no se observa una infracción a la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, derecho que, a mayor abundamiento, no fue invocado como vulnerado en estos autos. 12°.- Que, en consecuencia, de todo lo que se viene exponiendo, resulta palmario que el Ministerio del Interior obró en el ejercicio legítimo de sus potestades disciplinarias regladas, sin vulnerar el principio de irretroactividad de los actos administrativos y motivando adecuadamente su decisión terminal en hechos debidamente comprobados. No existiendo las infracciones denunciadas en el presente recurso y advirtiéndose que el sumario administrativo, respetó el debido proceso, que la recurrente ejerció su derecho a defensa, que pudo aportar la prueba ofrecida, que ejerció recursos y fue asistida por un letrado, todo lo que desvanece la supuesta vulneración a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, a la honra, a la libertad de trabajo y al derecho de propiedad de la actora, debiendo la presente acción cautelar de urgencia ser íntegramente desestimada. 13°.- Que, de esta manera, en el caso de autos no se divisa de qué manera el acto impugnado pueda estimarse carente de razonabilidad o desprovisto de fundamento, ni que este importe una vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, razón por la cual la acción constitucional deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada por don Rodrigo Vera Lama, abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior, representado legalmente por su titular don nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la abogada integrante Vanessa Elizondo Cerda, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

Rol N°333-2026-PROTECCIÓN.-