Protección contra Resolución Exenta N°215067/684/2025 de fecha 27 de marzo de 2025

Chillán, diecisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTO:

1°.- Que, comparece el abogado don Héctor Armando Anabalón Zurita, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien actuando en representación de don nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de la Resolución Exenta N°215067/684/2025 de fecha 27 de marzo de 2025, dictada por el Servicio Nacional de Protección especializada a la Niñez y Adolescencia.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que su representado, Sr nombre reservado, periodista de profesión, se ha desempeñado como profesional de comunicaciones regional en la Dirección Regional de Ñuble del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, bajo régimen de contrata desde el 25 de abril de 2022, habiendo recibido sucesivas renovaciones hasta la resolución exenta RA N°215067/70/2025, que prorrogó su vínculo por todo el año 2025.

Señala que durante su permanencia en el servicio, el Sr. nombre reservado ha ejercido funciones relevantes como encargado de comunicaciones institucionales, contribuyendo en campañas clave como las relacionadas con Familias de Acogida, organización de cuentas públicas, y manejo de contingencias mediáticas como la crisis en residencias para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el incendio en la residencia Castellón, y la cobertura comunicacional tras la muerte de la adolescente Monty, hecho que tuvo resonancia nacional. En dichas ocasiones, elaboró contenidos, minutas informativas y coordinó entrevistas y comunicados con medios locales y nacionales.

En marzo de 2024, por instrucción de la Dirección Regional, se le asignó además la función de encargado de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), mediante Resolución Exenta N°118, lo que implicó una sobrecarga funcional significativa, sin que existiera una readecuación de su contrato ni apoyo adicional, a pesar de no ser especialista en dicha área, asumió dicha responsabilidad con compromiso institucional, gestionando situaciones críticas de atención ciudadana en contextos de alta sensibilidad.

Agrega que, durante sus tres años de servicio, ha sido evaluado consistentemente en Lista 1 de desempeño, sin antecedentes previos de sanciones ni observaciones. No obstante, en el primer trimestre de 2025 fue objeto de una pre-evaluación negativa, cuyo contenido fue utilizado como fundamento para poner término anticipado a su contrata mediante la resolución RA N°215067/684/2025. Esta decisión se basó en supuestas deficiencias en habilidades blandas y técnicas (como la producción de contenido audiovisual o trabajo en equipo), las cuales no fueron advertidas previamente como insalvables, ni se otorgó oportunidad alguna de mejora mediante capacitación o evaluación progresiva, desconociéndose así los principios de progresividad, retroalimentación y mejora continua del capital humano, establecidos en la normativa administrativa aplicable a la evaluación del desempeño en la función pública.

Indica que a pesar de haber sido notificado del término de su contrata el día viernes 28 de marzo de 2025, pasadas las 16 horas, se le exigió la inmediata devolución de equipos de trabajo, sin un procedimiento humanizado ni conforme al principio de trato digno, lo que le provocó un impacto personal y emocional relevante, situación agravada por la falta de fundamentos suficientes en la resolución que dispuso su desvinculación.

Aduce que su representado, a pesar de contar con 18 años de experiencia en el sector público, trayectoria intachable y un historial de compromiso institucional, fue notificado formalmente y mediante un acto arbitrario e ilegal del término de su nombramiento a contrata, lo que se materializó mediante la Resolución Exenta N°215067/684/2025 de fecha 27 de marzo de 2025 del servicio nacional de protección especializada a la niñez y adolescencia.

Hace presente que, en la resolución antes aludida, se realizan un conjunto de divagaciones no argumentales, de calificación de las tareas y funciones, así como el rendimiento de su representado, todas cuestiones vertidas, en esta única instancia, sin referencia alguna a instrumentos formales de evaluación, anotaciones de carrera funcionaria, memos, oficios o siquiera referidos de alguna jefatura. En definitiva, este conjunto de considerandos viene en establecer cuestiones innovativas no justificadas respecto de una supuesta evaluación del servidor público, careciendo de toda consideración racional, al ser meramente vertidas para la satisfacción del acto administrativo impugnado y carentes de realidad que como se ha indicado en los hechos corresponde a un funcionario que ostenta calificaciones en la lista de excelencia y con anotaciones de mérito en su hoja de vida, razonamientos con suficiente peso argumental que contrastan con la ficción dispuesta en la redacción del acto impugnado.

Sostiene que, conforme a lo anterior, queda en evidencia que no consta actuación alguna de la administración que evidencie, homologue, parafrasee o cite, algún instrumento, resolución o disposición de autoridad, por el cual exista siquiera verosimilitud de una evaluación deficiente de su representado, siendo en los hechos una actuación de autoridad del tipo genérica, irracional, desproporcionada y despersonalizada, tornándose por ello ilegal y arbitraria, que vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 2) “Igualdad ante la ley”; 4) “Respeto y Protección a la honra de la persona y la familia” y N°24) “El derecho de propiedad en todas sus formas”.

En mérito a lo expuesto, solicita tener por interpuesta acción de protección en contra de la Resolución Exenta N°215067/684/2025 de fecha 27 de marzo de 2025, acogerla, y de ese modo restablecer el imperio del derecho.

2°.- Que, informando don Daniel Muñoz Sanhueza, abogado y en representación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Región de Ñuble, solicita el rechazo del presente recurso de protección, por no existir una acción u omisión arbitraria o ilegal de este servicio, que haya privado, perturbado o amenazado los derechos fundamentales de don nombre reservado, habiéndose actuado con estricto apego a derecho, y no existiendo en consecuencia garantía constitucional alguna infringida.

Refiere que mediante Resolución Exenta RA N°215067/3922/2023 del 07 de noviembre de 2023 se designó en la contrata a Don nombre reservado, RUN N°RUT reservado, como Profesional asimilado a grado 11° E.U.S., a contar del 25 de abril de 2022, y hasta el 31 de diciembre de 2022, para cumplir funciones de Profesional de Comunicaciones Regional, en la región de Ñuble del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, expresando que el ingreso de don nombre reservado se generó a través de un proceso de reclutamiento y selección por PRS vía de la excepción (designación directa, sin mediar concurso público); señalándose expresamente en el acta de selección N°263-2022 (adjunto en Otrosí N°2 del Informe), que el cargo era de confianza de la jefa regional del Servicio, circunstancia ésta que reviste una vital importancia, y contrasta con todas las alegaciones sostenidas por el recurrente, dado que él no sólo sabía que su contratación se llevó a cabo por aspectos subjetivos en razón de su profesión; más importante aún, el recurrente sabía que su desempeño estaba vinculado a una relación de confianza, dada la naturaleza de su tarea estrechamente vinculada con la Directora Regional; lo mismo que acontecía con la jefa de gabinete.

Agrega que el vínculo contractual del aludido funcionario fue prorrogado para los periodos 2023, 2024 y 2025, mediante las Resoluciones Exentas RA N°215067/6018/2023, 215067/36/2024 y 215067/70/2025, de lo que se desprende que el funcionario a la época del término anticipado no gozaba de confianza legitima, conforme a la jurisprudencia administrativa y judicial actualizada.

Hace presente el letrado, y en otro orden de ideas, que se está tratando de utilizar la presente acción cautelar como recurso jurisdiccional ordinario, pretendiendo impugnar una resolución que fue dictada por la autoridad recurrida en el ejercicio de sus legítimas atribuciones, y tal como se ha resuelto por diversas Cortes, la presente acción de protección, desde luego, no constituye la vía idónea para impugnar resoluciones administrativas, puesto que la ley no la ha previsto como medio de impugnación de determinaciones administrativas.

Debido a lo anterior, en el presente caso se trata, entonces, y como tantas veces ocurre, de una utilización errónea y abusiva de este recurso, que se interpone en la errada creencia que se encuentra en la cúspide del sistema recursivo procesal y que resulta pertinente para impugnar toda suerte de resoluciones y decisiones, de la más variada índole, expedidas por autoridades administrativas e incluso, de orden jurisdiccional. Es fácil entender que, de acogerse, implicaría que el Poder Judicial, a través de este medio, vendría a ejercer y orientar las más diversas políticas públicas que, en rigor, corresponden a la autoridad administrativa, y que tienen sus medios de control y de impugnación propios.

Este punto nos lleva a discutir, en este informe, la inadmisibilidad de la acción constitucional en el caso de marras, dado el carácter excepcional de la acción constitucional, considerando que no hay de derechos indubitables en favor del recurrente por su naturaleza contractual transitoria, plausibles de privar, amenazar o perturbar.

Desde otro ángulo, aduce que, en el caso de marras, el recurrente pretende por esta vía excepcional impugnar un acto administrativo, cuya vista por ley ya se encuentra encargada a otro órgano del estado como es Contraloría. Por otro lado, si lo que pretende el actor es argüir la vulneración de derechos fundamentales, la ley ha establecido la Tutela Laboral adscribiéndola incluso para los funcionarios públicos, precisamente para el término de la función pública, de manera que mediante esta acción se pretende abstraer de la competencia de la Contraloría General de la República el asunto en comento, toda vez que controversias como la de la especie, corresponden a dicho ente de control por expresa disposición de la Ley N°10.336, que establece la organización y atribuciones de dicha institución; bien sea resguardando la legalidad de los actos administrativos que incidan en el estatuto administrativo; o conociendo de los recursos de ilegalidad que previene el artículo 160 de DFL 29/2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido y sistematizado de la Ley 18.834 sobre estatuto administrativo.

Por otro lado, los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo regulan el proceso de Tutela Laboral que se hace extensivo a los funcionarios públicos, existiendo basta jurisprudencia sobre este aspecto.

Indica que, así las cosas, existen otras vías legales más idóneas para impugnar el acto administrativo o deducir las alegaciones de garantías constitucionales conculcadas vía tutela, el carácter excepcional de acción constitucional no se satisface en el caso sub-lite, ya que existen procesos especiales, y expresamente regulados por ley para que el recurrente hubiese formulado sus alegaciones.

Desde otra perspectiva, y conforme a recientes jurisprudencias confirmadas por la Corte Suprema, ha señalado que, en el término de la función pública a contrata, no puede entenderse que exista un derecho indubitado.

Asimismo, sostiene que el acto administrativo impugnado, esto es, la Resolución RA N°215067/684/2025, de 27 de marzo de 2025, fue dictada por Director Nacional de este Servicio, dentro del ámbito de funciones; debida y expresamente motivada dado los informes de desempeño y denuncias sobre las relaciones laborales del actor; sustentándose en el carácter transitorio de la contrata y, en el concepto de exclusiva confianza del ingreso del recurrente, quien, además, no gozaba de confianza legitima, teniendo presente a este respecto que es un criterio extensamente reconocido por los tribunales superiores de justicia, que no es posible pretender que un funcionario de confianza continúe ejerciendo sus labores cuando dicha confianza deja de existir.

Termina manifestando que en consecuencia no existen garantías constitucionales vulneradas, por lo que solicita tener por informado el recurso, y en mérito al mismo, desestimar la presente acción constitucional.

3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. Surge de lo transcrito en consecuencia, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

4º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expresado, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

5°.- Que, cabe tener presente que en estos autos lo que se reprocha es la decisión del Servicio Nacional de la Niñez y Adolescencia, de poner término anticipado a la contrata de don nombre reservado, por medio de la dictación de la Resolución Exenta N°215067/684/2025, de fecha 27 de marzo de 2025, fundada en que ha tenido un desempeño inferior a los requerimientos de su cargo.

6°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, resulta útil consignar que de acuerdo a los antecedentes de autos, el ingreso del actor como funcionario público a contrata no ha sido mediante concurso público, por ende, no existen vías que permitan otorgar resguardo frente a su desvinculación, pues, conforme se ha precisado, el actor hizo su ingreso por la Vía de la Excepción y no mediante concurso público.

Desde la perspectiva anterior, conviene señalar que los cargos a contrata lo son por plazo definido, un año. No son cargos de planta y, por ello no son provistos por concurso y, por lo tanto, no gozan de inamovilidad.

7°.- Que, por otro lado, el cargo que detentaba el actor estaba estrechamente vinculado a las relaciones interpersonales y de confianza con la autoridad regional, dado su permanente contacto en actividades y diversos ámbitos, siendo pertinente indicar a este respecto que no se advierte inconveniente para poner término anticipado a una designación, en la medida que el acto se encuentre suficientemente motivado, y se acredite que las labores desempeñadas sean de aquellas que requieren una confianza entre la autoridad respectiva y el dependiente, como acontece en el caso del recurrente.

8°.- Que, así las cosas, es posible advertir que en atención a la naturaleza propia de los empleos de exclusiva confianza, los funcionarios que los sirven se mantienen en sus cargos sólo mientras cuenten con ella, dependiendo su remoción de la voluntad de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento. Es por lo anterior, que disponer el cese de la contrata no constituye sino el ejercicio de una facultad privativa que expresa el propósito del superior de remover al afectado de su empleo, por estimarse que dicho servidor ha dejado de contar con la confianza requerida para el desempeño de esa plaza, cuestión ésta que precisamente se refleja en el caso de autos, toda vez que la autoridad se encuentra expresamente facultada para fundamentar su decisión en razones de confianza, hipótesis concurrente en el presente caso y que guarda coherencia con las normas citadas que fijan el marco normativo dentro del cual la autoridad puede adoptar legítimamente esta clase de decisiones discrecionales.

9°.- Que, desde otra perspectiva, resulta útil consignar que el actor se vinculaba con la administración a través de contratas anuales, y por haber tenido un período de desempeño inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima, y en consecuencia, la Administración puede poner término a su contrata de forma anticipada.

10°.- Que, de lo que se viene diciendo, fluye de manera evidente que el conflicto planteado mediante el presente recurso, se traduce en la decisión plasmada en un acto administrativo de no renovar la contrata del actor para el año 2025, y debido a que su cargo es a contrata, es de naturaleza temporal y esencialmente transitoria, no estando amparado por el principio de confianza legítima.

11°.- Que, asimismo, de los antecedentes no fluye que el recurrente de autos ostente un derecho indubitado que pueda ser protegido por esta vía extraordinaria, pues para ello se requiere de un pronunciamiento declarativo previo en otra sede, ya sea ante la judicatura del trabajo o de la Contraloría General de la República, asunto que excede las atribuciones cautelares excepcionales de este Tribunal que la acción deducida le confiere.

12°.- Que, en virtud de lo expuesto, se concluye que la recurrida no incurrió en un acto ilegal o arbitrario que se le atribuye, toda vez que motivó la decisión cuestionada en autos precisamente en la causal prevista en la ley, esto es, que el desempeño que había tenido el funcionario era inferior a los requerimientos de su cargo.

13°.- Que, conforme lo pormenorizado en los motivos que anteceden, el presente recurso de protección no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistirle al recurrente.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el art.20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso interpuesto por el abogado don Daniel Muñoz Sanhueza, en representación de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

ROL 329-2025-PROTECCION.