nombre reservado con FISCALÍA REGIONAL DE ÑUBLE

Chillán, siete de julio de dos mil veintidós.

Vistos:

1°.- Que, comparece la abogada del Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial doña Mónica Araya Flores en favor del periodista don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Fiscalía de Chillán, considerando que el afectado, en su condición profesional al servicio del medio nacional El Ciudadano, ha sido discriminado arbitrariamente por la recurrida, impidiendo el acceso a información pública relativa a hechos de corrupción de gran notoriedad.

Explica que solicitó, el 21 de abril de este año, una entrevista a la Fiscalía Regional de Ñuble, en los siguientes términos: “Buen día. Solicito a Usted una entrevista con el Fiscal Sergio Pérez, quién debería estar investigando el caso de corrupción que involucra al Gobernador Regional de Ñuble, Oscar Crisóstomo. Nos interesa saber cuándo solicitarán la formalización y que sucedería con su cargo en caso de que esto ocurriera…” El destino de esta comunicación fue: correo reservado. La respuesta fue: “Buen día nombre reservado, te llamé al número que aparece en el pie de firma y está apagado. Por favor, llámame desde ahora hasta las 10 o a las 13 horas, porque voy a estar en un curso durante la mañana. Te dejo mi celular teléfono reservado. En qué medio trabajas?” El origen de tal respuesta está en el mismo correo mencionado y correspondería a don nombre reservado. Luego, por medio de whatsapp, se rechazó cualquier posibilidad de entrevista y entrega de información.

Agrega que el 23 de abril de este año, la Sra. Fiscal Regional otorgó al respecto, una amplia entrevista al medio La Discusión, como consta en: https://www.ladiscusion.cl/en-nuble-hay-vigentes-116-causas- de-corrupción, lo que se transforma en un acto discriminatorio y arbitrario en perjuicio de su representado y del medio nacional El Ciudadano, representado por dicho profesional en la búsqueda de la información requerida, lo que constituye una infracción al artículo 19 de la Carta Fundamental, en sus numerales 2 y 12 lo que configura una manera indirecta de censura previa, que afecta a los lectores de El Ciudadano, sobre una información que es pública, al tenor del artículo 8, inciso segundo, de la propia Carta Fundamental. Esta condición es reafirmada por la propia fiscalía recurrida al entregar una entrevista sobre dichas materias a otro medio de comunicación. Lo que se traduce, además, en una censura previa, afecta su libertad de trabajo y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, en los términos del artículo 19 N° 16 y 21 de la Constitución.

Finalmente pide tener por solicitada protección constitucional en favor del periodista, Sr. nombre reservado y del medio de circulación nacional El Ciudadano, en contra de la Fiscalía Regional de Ñuble, encabezada por la Sra. nombre reservado.

En subsidio, considerando que lo hechos expuestos pueden tipificar la figura delictiva del artículo 36 de la Ley de Prensa, N° 19.733, en atención a los artículos 175, 176 y 177 del Código Procesal Penal, deduce denuncia, al efecto, para que sea remitida al Ministerio Público.

2°.- Que, informa doña nombre reservado, Fiscal Regional de Ñuble y señala que la investigación a la que se refiere la acción constitucional de protección corresponde al RUC 2110025640-9, en la que se investigan delitos de negociación incompatible, fraude al fisco y fraude en las subvenciones. La investigación se encuentra vigente, desformalizada y con diligencias en curso. A propósito de dicha indagación el periodista nombre reservado solicitó al Jefe de la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Regional, Sr. nombre reservado, una entrevista para inquirir información de una eventual formalización y de los efectos concretos de aquella. El Sr. nombre reservado le respondió la imposibilidad de hacerlo, esto conforme al artículo 182 del Código Procesal Penal y 64 de la Ley 19640, que se refieren al secreto de la investigación para terceros y el deber de los fiscales de abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes a su cargo.

Respecto a la entrevista en el Diario La Discusión a la que hace mención el recurrente, señala que en ella se abordó de manera general el fenómeno de la corrupción, estadísticas de casos indagados en la Región y dificultades de las indagatorias de ese tipo de delitos, no haciendo alusión ni comentarios a ninguna investigación en particular, todo lo cual consta en la publicación de fecha 23 de abril de 2022, del diario indicado, cuyo link indica el recurrente en su presentación.

Estima que no existe arbitrariedad en su actuar, puesto que se trata de situaciones totalmente diversas, el recurrente solicitó antecedentes específicos sobre una causa determinada, mientras que en la entrevista al diario La Discusión, se habló del fenómeno de delitos de corrupción en términos genéricos sin aludir a ninguna investigación en particular.

Termina solicitando tener por informado el presente recurso y rechazar la acción constitucional de protección interpuesta en atención a que la negativa a dar la entrevista se basó en normativa expresa que impide a los fiscales divulgar información o hacer comentarios de investigaciones penales vigentes, no tratándose por tanto, de una actuación arbitraria, todo esto en conformidad a los artículos 182 del Código Procesal penal y 64 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, mediante esta acción constitucional, la recurrente denuncia la vulneración de las garantías del periodista nombre reservado relativas a la igualdad ante la ley, libertad de opinión, de trabajo y el desarrollo de cualquier actividad económica, pues la negativa a conceder una entrevista por la Fiscalía Regional de Ñuble y a entregar los antecedentes de la investigación penal que indica, constituye una censura previa y discriminación arbitraria, al haberse dado, a otro medio de comunicación, los datos por él requeridos.

7°.- Que, por su parte la Fiscal Regional de Ñuble descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, teniendo en cuenta que la normativa pertinente le impide entregar la información solicitada, de conformidad con los artículos 172 del Código Procesal Penal y artículo 64 de la Ley N° 19640, y que la entrevista otorgada al Diario La Discusión no se refiere al proceso penal en cuestión, sino a aspectos generales de la persecución criminal en la región.

8°.- Que, conforme se sostiene por la recurrente, la discriminación arbitraria denunciada se verifica con la negativa a entregar antecedentes concretos respecto de una investigación penal, sosteniendo que aquella es pública de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de la República y que al compararse con el proceder del persecutor al conceder una entrevista al diario La Discusión, se revela un trato desigual al plasmarse los mismos antecedentes que aquél solicitaba. Sin embargo, esta Corte disiente de lo postulado por el actor, pues, de la lectura de la entrevista contenida en el link que se indica en el recurso, se aprecia que ella versa sobre aspectos estadísticos de las investigaciones llevadas en la región y las particularidades que se presentan en tales delitos, sin encontrarse referencias a diligencias específicas o imputados determinados, con lo cual se descarta el cuestionamiento formulado en este acápite.

9°.- Que, por otro lado, tampoco puede estimarse que la conducta del Ministerio Público, constituya una censura previa, entendida como una prohibición de reproducir, difundir o divulgar cierta información, puesto que ninguna medida en ese sentido consta haberse adoptado por el ente persecutor.

10°.- Que, por último, con relación a la afectación de la libertad de trabajo y libertad económica del periodista señor nombre reservado, debe desestimarse tal aseveración, en razón que, además de no ser suficientemente explicada una conculcación concreta al ejercicio del periodismo, lo cierto es que el resguardo del secreto de las investigaciones que ordena tanto el Código Procesal Penal como la Ley Orgánica del Ministerio Público, no puede considerarse como un acto que prive o perturbe en el caso concreto dichas garantías, debiendo, por tanto, desecharse la acción constitucional incoada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por la abogada doña Mónica Araya Flores en favor del periodista don nombre reservado, en contra del Ministerio Público - Fiscalía de Chillán.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendida la petición subsidiaria efectuada por la recurrente, remítanse los antecedentes a la Fiscalía Local de Chillán, para los fines legales pertinentes.

Notifíquese, regístrese y, hecho, archívese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo de la Ministra señora Paulina Gallardo García.

ROL N°3176-2022-PROTECCION.-