nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

Chillán, cinco de junio de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, funcionario municipal a contrata grado 7° de la Ilustre Municipalidad de Chillán, interponiendo recurso de protección en contra dicho municipio, por estimar que los actos contenidos en el Decreto Alcaldicio N°2641/2026 de 23 de febrero de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido contra el Decreto Alcaldicio N°11.160/2025 de 16 de septiembre de 2025 y en el Decreto Alcaldicio N°12.339/2023 de 8 de septiembre de 2023, que ordenó la reapertura de sumario administrativo, son arbitrarios e ilegales y vulneran sus garantías fundamentales.

Expone que se ha desempeñado hace más de treinta años como funcionario de la Municipalidad de Chillán y mediante correo electrónico de fecha 18 de marzo de 2022, una funcionaria de su dependencia formuló denuncia en su contra por supuestos actos de acoso laboral y sexual, a raíz de lo cual se instruyó sumario administrativo mediante Decreto Alcaldicio N°4573/2022 de 14 de abril de 2022, el que concluyó por sobreseimiento mediante Decreto Alcaldicio N°2864/2023, de 21 de febrero de 2023.

Añade que paralelamente la denunciante dedujo demanda laboral de tutela por vulneración de derechos fundamentales contra la Municipalidad de Chillán, originándose la causa RIT T-52-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, en la cual se acogió la denuncia por vulneración de derechos fundamentales y se condenó al municipio. Esa sentencia fue utilizada por la recurrida para disponer la reapertura del sumario administrativo mediante Decreto Alcaldicio N°12.339/2023 de 8 de septiembre de 2023, invocando como nuevos antecedentes dicha sentencia, la sentencia de segunda instancia y los antecedentes provenientes del Instituto de Seguridad Laboral y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sostiene que la reapertura del sumario fue arbitraria e ilegal, por cuanto se fundó en antecedentes que no acreditan actos de acoso sexual en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo, utilizándose de manera errónea y desviada una sentencia laboral que solo estableció indicios y condenó al municipio por una conducta negligente en el tratamiento de la denuncia. Reabierto el sumario, se formularon cargos en su contra y posteriormente, mediante Decreto Alcaldicio N°11.160/2025 de 16 de septiembre de 2025, se rechazaron sus descargos y se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, sanción que estima arbitraria e ilegal, por sustentarse principalmente en la sentencia laboral y en antecedentes que no acreditarían la existencia de requerimientos de carácter sexual no consentidos que amenazaran o perjudicaran la situación laboral de la denunciante.

Agrega que, interpuso recurso de reposición contra el referido decreto, solicitando la reapertura del sumario por existir nuevos antecedentes, consistentes en decisiones adoptadas en sede penal, los que fueron desestimados por la autoridad mediante Decreto Alcaldicio N°2641/2026 de 23 de febrero de 2026, manteniéndose la medida disciplinaria de destitución.

Afirma que los actos recurridos vulneran las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N°1, artículo 19 N°2, artículo 19 N°3 inciso cuarto, artículo 19 N°4 y artículo 19 N°16 en relación con el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva: 1. Que se ordene dejar sin efecto los decretos N°2641/2026 de fecha 23 de febrero de 2026, decreto N°11.160/2025 del 16 de septiembre de 2025 y decreto N°12.339/2023 de fecha 08 de septiembre de 2023, retrotrayendo los hechos hasta la dictación del decreto N°2864 del 21 de febrero de 2023 que declaró el sobreseimiento del sumario administrativo instruido por Decreto N°4573 del 14 de abril de 2022. 2. En subsidio de lo anterior, se ordene dejar sin efecto el Decreto N°2641/2026 de fecha 23 de febrero de 2026, en aquella parte que mantiene la medida disciplinaria de destitución, para que, conforme el principio de proporcionalidad se aplique la medida menos gravosa que corresponda. 3. Que se ordene su inmediata reincorporación al ejercicio de su cargo como encargado de la Unidad de Emergencia de la Municipalidad de Chillán y el pago de todas las remuneraciones que en el tiempo medio se hayan devengado. 4. Que se condena a la recurrida al pago de las costas del recurso.

2°- Que, informa don Rafael Videla Poblete, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Chillán, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

En primer término, sostiene que el recurso es extemporáneo respecto del Decreto Alcaldicio N°12.339/2023 de 8 de septiembre de 2023, que ordenó la reapertura del sumario administrativo y del Decreto Alcaldicio N°11.160/2025 de 16 de septiembre de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de destitución, subsistiendo únicamente dentro de plazo la impugnación del Decreto Alcaldicio N°2641/2026, de 23 de febrero de 2026, que rechazó la reposición administrativa.

Expone que la reapertura del sumario administrativo se ajustó a derecho porque se fundó en antecedentes nuevos no conocidos ni ponderados al momento de dictar el sobreseimiento original, consistentes en la sentencia dictada en la causa laboral RIT T-52-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, su confirmación en segunda instancia, antecedentes del Instituto de Seguridad Laboral y resolución de la Superintendencia de Seguridad Social, los cuales revestían entidad suficiente para alterar lo resuelto previamente. Dichos antecedentes permitieron válidamente reabrir el procedimiento disciplinario, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, respetándose íntegramente el debido proceso, al permitirse al recurrente formular descargos y rendir prueba dentro del sumario.

Luego aduce que la sanción de destitución no se fundó únicamente en la sentencia laboral dictada en la causa RIT T-52-2022, sino también en la Resolución Exenta N°R-01-UM-23520-2023 de la Superintendencia de Seguridad Social, en el Oficio N°E404239 de la Contraloría Regional de Ñuble y en mensajes de WhatsApp y demás antecedentes concordantes ponderados en el procedimiento administrativo.

Afirma que la conducta atribuida al recurrente constituye acoso sexual en sede administrativa, en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo y de la normativa estatutaria funcionaria, precisando que la responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal, por lo que la inexistencia de sanción penal no excluye la procedencia de sanción disciplinaria.

Agrega que, el Decreto Alcaldicio N°2641/2026 se hizo cargo de los antecedentes invocados en la reposición y desestimó fundadamente las alegaciones del recurrente, concluyendo que no existía mérito para modificar la sanción aplicada.

Sostiene, que no existe acto ilegal ni arbitrario, que el procedimiento disciplinario se ajustó a derecho y que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna del recurrente.

Finalmente, solicita se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°. - Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°. - Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en primer lugar, el recurrente impugna el Decreto Alcaldicio N°12.339/2023 de 8 de septiembre de 2023, que invocando nuevos antecedentes dispuso la reapertura del sumario administrativo seguido en su contra.

7°. - Que, respecto del aludido Decreto Alcaldicio, procede rechazar el recurso de protección tanto por resultar la acción cautelar extemporánea como por atacarse un acto administrativo de aquellos correspondientes a la tramitación del sumario administrativo.

8°. - En cuanto a la extemporaneidad alegada, cabe consignar que, conforme lo dispone el N°1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, este debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

En el presente caso, de los antecedentes allegados y de lo expuesto por el propio actor, se constata que éste tuvo conocimiento cierto de la reapertura del sumario administrativo seguido en su contra a lo menos el 29 de abril de 2024, fecha en la cual fue notificado de la formulación de cargos.

De este modo, al interponerse el recurso el 26 de marzo de 2026 transcurrió con creces el plazo fatal de treinta días establecido en el Auto Acordado respectivo.

9°. - Que, por otra parte, y en lo atingente a la naturaleza jurídica del acto impugnado, la jurisprudencia de los tribunales superiores ha sostenido reiteradamente que la acción de protección no es procedente para impugnar actos intermedios o trámites administrativos que no determinen el término del procedimiento ni afecten de manera irreversible los derechos fundamentales.

De tal manera que el Decreto Alcaldicio N°12.339/2023 de 8 de septiembre de 2023, que invocando nuevos antecedentes dispuso la reapertura del sumario administrativo seguido contra el actor, no puso término al procedimiento ni afectó de manera irreversible sus derechos fundamentales, toda vez que el señor nombre reservado pudo formular sus alegaciones y defensas e impugnar la decisión final adoptada por la autoridad administrativa.

10°.- Que, en concordancia con lo razonado y concluido en el motivo 8°.- precedente, la acción incoada contra el Decreto Alcaldicio N°11.160/2025 de 16 de septiembre de 2025 que aplicó la medida disciplinaria de destitución, también es extemporánea, toda vez que habiendo sido notificado el recurrente el 2 de octubre de 2025, al interponerse la acción cautelar en análisis el 26 de marzo de 2026, evidentemente transcurrió con creces el plazo fatal de treinta días establecido en el Auto Acordado respectivo.

11°.- Que, en lo que atañe al Decreto Alcaldicio N°2641/2026 de 23 de febrero de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido contra el Decreto Alcaldicio N°11.160/2025 de 16 de septiembre de 2025, manteniendo la aplicación de la medida disciplinaria de destitución contemplada en los artículos 120 letra d) y 123 c) por las conductas formuladas en el cargo N°1 de la propuesta de fiscal administrativo, debe decirse que razona fundadamente sobre los elementos idóneos para tener por acreditada la conducta de acoso sexual laboral, concluyendo que no procede una sanción menos gravosa, lo que -estima la autoridad recurrida- es concordante con el hecho de haberse establecido la transgresión al artículo 82 letra l) de la Ley N°18.883 infracción que, conforme lo dispone el artículo 123 letra c) del mismo cuerpo normativo, se encuentra sancionada con la destitución.

Conforme aparece del texto del mencionado decreto, en él se consigna detalladamente la normativa aplicable, en particular aquella que tipifica las conductas de acoso sexual, precisando que el tratamiento en materia administrativa conceptualmente es armónico con la normativa laboral, siendo por tanto distinto del ámbito penal. En este punto la resolución se hace cargo de las alegaciones del actor en cuanto releva en su defensa el hecho haber sido sobreseído respecto del delito de abuso sexual de mayor de 14 años previsto en el artículo 366 del Código Penal.

Mas adelante se reseña de manera pormenorizada lo establecido en la sentencia dictada con fecha 9 de mayo de 2023 en causa sobre tutela laboral T-52-2022 seguida contra la Municipalidad de Chillán, en la cual se acoge la acción de tutela y se establece que la denunciante nombre reservado fue víctima de acoso sexual por parte de su jefe nombre reservado.

Por otra parte, el acto administrativo recurrido, se hace cargo íntegramente de las alegaciones del actor, muestra de ello es que alza los cargos N°2 y N°3 formulados por el señor fiscal instructor, manteniendo en definitiva el cargo N°1, conducta que justifica la sanción de destitución.

12°.- Que, lo expuesto y razonado conduce a concluir que la autoridad edilicia, al calificar la falta y mantener la medida de destitución en el marco de un sumario instruido, actuó dentro de la esfera estricta de sus atribuciones legales, sin que exista mérito para sostener que en la tramitación del proceso se afectaran las garantías fundamentales garantizadas por la Constitución Política de la República.

13°.- Que, abordando el test de arbitrariedad formulado por el actor respecto a la presunta desproporcionalidad de la sanción por subsistir solo un cargo y faltar la ponderación de atenuantes, esta Corte reitera que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como ocurre en la especie con la proporcionalidad de la sanción de destitución aplicada al recurrente. Por ello, resulta manifiestamente erróneo intentar plantear que, en esta instancia jurisdiccional excepcional y de emergencia, se revise la ponderación de la decisión de mérito a la que arribó el fiscal a cargo de la investigación en su Vista Fiscal y, finalmente, la autoridad disciplinaria al sancionar una conducta constitutiva de acoso sexual.

De la misma manera, lo establece la Excma. Corte Suprema en causa Rol: 54.911-2025, que, “Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie, que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades (causas Rol N 18.823-2019, N 97.284-2020, N 150.201-2020, N135.620-2022 y N 137.862-2022, entre otras).”

14°.- Que, colofón de lo que se viene exponiendo, resulta palmario que la Municipalidad de Chillán obró en el ejercicio legítimo de sus potestades disciplinarias regladas motivando adecuadamente su decisión terminal en hechos debidamente comprobados.

En tal contexto, no existen las infracciones denunciadas en el recurso, advirtiéndose que el sumario administrativo respetó el debido proceso, que el recurrente ejerció su derecho a defensa, que pudo aportar prueba y ejerció recursos, todo lo que desvanece las vulneraciones denunciadas.

15°. - Que, en consecuencia, no se divisa de qué manera el acto impugnado pueda estimarse carente de razonabilidad o desprovisto de fundamento, ni que este importe una vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, razón por la cual la acción constitucional deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada por don nombre reservado contra la Ilustre Municipalidad de Chillán representada por su alcalde don Camilo Benavente Jiménez.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción de la ministra Paulina Gallardo García.

No firma el abogado señor Coloma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy Rol N°316-2026-PROTECCIÓN. - 2