nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

Chillán, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que comparece la abogada Leslie Madeleine Fernanda Rocco Rivera, en favor de nombre reservado, profesora de Biología y Magíster en Educación, interponiendo recurso de protección contra la Ilustre Municipalidad De Chillán Viejo, representada por su alcalde, Jorge del Pozo Pastene, por los actos ilegales y arbitrarios contenidos en el Ordinario N°118 de 23 de febrero de 2026, que ordenó retener parte de sus remuneraciones, vulnerando su derecho de propiedad e igualdad ante la ley.

Expone que comenzó a prestar servicios para la recurrida el 20 de julio de 2021, mediante Decreto Alcaldicio N°4067, desempeñándose originalmente como jefa administrativa del Departamento de Administración de Educación Municipal (nombre reservado), con contrato regido por el Código del Trabajo, dada la naturaleza del personal de los departamentos de educación municipal.

Señala que el 8 de enero de 2024, la recurrida aprobó un anexo de contrato mediante Decreto Alcaldicio N°142, el cual fijó una nueva remuneración mensual bruta de $3.129.000, extendiendo además sus funciones de responsabilidad, como directora nombre reservado. Precisa que dicho decreto fue debidamente tramitado contando con todas las firmas que le otorgan legalidad y validez administrativa, no teniendo la posibilidad de negarse.

Enfatiza que, en su calidad de funcionaria está sujeta al deber de obediencia del artículo 58 letra f) de la Ley 18.883, por lo cual, no tuvo injerencia alguna en la determinación de la subrogancia, ampliación de funciones, remuneración, y en la redacción del Decreto 142, pues sólo acató una orden superior formalizada en un decreto que gozaba de presunción de legalidad. Agrega que, durante el periodo de enero 2024 a diciembre 2025, cumplió de manera efectiva, real y comprobable las funciones encomendadas, tales como la planificación del PADEM, la gestión del Transporte Escolar Municipal y la coordinación del traspaso al SLEP Diguillín, lo que acredita mediante certificado de experiencia laboral de 15 de julio de 2025.

Refiere que, tras una fiscalización, la Contraloría Regional emitió el Dictamen E106754/2025, señalando que la prolongación de la subrogancia y el aumento de sueldo eran contrarios a la normativa. Ante ello, indica que, en lugar de perseguir las responsabilidades de quienes dictaron el acto, la administración dictó los Decretos N°6504 y N°7309, ordenando la invalidación retroactiva y restitución total de las sumas percibidas, afectando su patrimonio y subsistencia.

En cuanto al derecho, señala que el artículo 53 de la Ley N°19.880 establece que la autoridad administrativa podrá invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, con la limitación de no afectar los derechos adquiridos de buena fe por terceros. Respecto a ello, refiere que la recurrente es una tercera de buena fe ya que no participó en la génesis de la supuesta ilegalidad, que su remuneración es un derecho adquirido que se incorporó a su patrimonio mes a mes como contraprestación de un trabajo efectivamente realizado. Cita jurisprudencia en apoyo de su planteamiento.

Sostiene que lo ocurrido es un error de la administración, ya que la Municipalidad al redactar el Decreto 142, interpretó erróneamente los plazos de subrogancia y los incrementos salariales, por lo que este error no puede ser trasladado a la funcionaria pretendiendo la devolución del dinero, lo que equivale a castigarla por un error ajeno, lo que resulta a todas luces arbitrario.

Manifiesta que las sumas ordenadas restituir tienen naturaleza alimenticia y han sido utilizadas para el pago de vivienda, alimentación, salud y obligaciones básicas de su núcleo familiar, razón por la cual, al tratarse de dineros devengados y consumidos mes a mes, su restitución es materialmente imposible sin causar una quiebra en el patrimonio personal. En dicho contexto, argumenta que la jurisprudencia ha establecido que la administración no puede solicitar la devolución de una remuneración pagada por un servicio efectivamente prestado, pues ello configuraría un enriquecimiento sin causa a favor del municipio, que se queda con el producto del trabajo realizado, pero sin pagar por él.

Debido a lo expuesto, estima que se vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad contenidas en el artículo 19 números 2 y 24, esto es, al someterla a un trato discriminatorio al exigirle subsanar con su dinero los errores de la autoridad, y ordenarla a restituir su remuneración incorporada legalmente a su patrimonio.

Termina solicitando tener por interpuesto recurso de protección, acogerlo a tramitación y en definitiva declarar: que el acto impugnado (Ordinario N°118 de 23 de febrero de 2026) es ilegal y arbitrario en cuanto ordena la restitución de sumas de dinero percibidas de buena fe; que la recurrente no está obligada a reintegrar remuneraciones pagadas en virtud del Decreto N°42 de 2024; que se ordene a la recurrida abstenerse de realizar descuentos en las remuneraciones actuales o futuras por dicho concepto y cualquier otra medida necesaria para restablecer el imperio del derecho. Todo ello con expresa condena en costas.

2°.- Que comparece el abogado Andrés Suazo Sandoval, en representación de la recurrida, Ilustre Municipalidad De Chillán Viejo, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por cuanto el acto que se impugna a la entidad edilicia no constituye una actuación ilegal ni arbitraria.

Señala que el recurso de protección no constituye una instancia de revisión de fondo de las decisiones administrativas ni de sustitución del criterio de los órganos competentes, sino un mecanismo excepcional de tutela inmediata frente a una afectación actual y jurídicamente imputable al recurrido.

Expone que mediante Decreto Alcaldicio N°142, de 8 enero de 2024, se aprobó un anexo al contrato en favor de la recurrente, fijándose una nueva remuneración ascendente a $3.129.000, vigente a contar del 1 de enero del mismo año, dejando constancia el propio acto y su anexo que la remuneración legalmente reajustada conforme a la Ley N°21.647 ascendía a $ 2.847.729.

Posteriormente, dicho acto fue observado por la Contraloría Regional de Ñuble mediante oficio E106754/2025, de 26 de junio de 2025, por estimar que el aumento remuneratorio no fue precedido de una evaluación formal del desempeño ni de una fundamentación técnica que lo justificara. A raíz de ello, se instruyó al municipio regularizar la situación y gestionar el reintegro de los montos pagados en exceso. Agrega que el órgano contralor dejó expresamente establecido que la servidora involucrada podía solicitar al Contralor General la condonación total o parcial de los montos percibidos indebidamente o, en subsidio, facilidades para su entero, conforme al artículo 67 de la Ley N°10.336.

En cumplimiento de dicha instrucción, la Municipalidad inició y tramitó un procedimiento invalidatorio conforme a la Ley N°19.880, dictando el Decreto Alcaldicio N°6504, de 7 de julio de 2025, otorgando audiencia a la interesada, el cual concluyó con la dictación del Decreto Alcaldicio N°7309, de 30 de julio de 2025, invalidando el anexo de contrato aprobado por el Decreto N°142 y haciendo presente a la afectada su derecho a reclamar judicialmente del acto en virtud del artículo 53 de la Ley N°19.880.

Agrega que la propia recurrente solicitó ante la Contraloría la condonación de la deuda o facilidades de pago, reconociendo que el reintegro provenía del proceso invalidatorio iniciado por los Decretos antes mencionados, alegando su buena fe. Dicha petición fue resuelta mediante Resolución Exenta N°RE5288/2026, de 18 de febrero de 2026, rechazando la condonación respecto de la obligación de reintegrar la suma de $4.052.584, disponiendo en subsidio su devolución en veinte parcialidades equivalentes cada una a 2,9254 UTM, con devengo de interés anual del 12%, ordenando a la municipalidad informar el cumplimiento del total del reintegro señalado.

En virtud de lo anterior, refiere que la procedencia del reintegro, monto y modalidad, no fueron definidas por la Municipalidad sino por la Contraloría Regional de Ñuble, en ejercicio de sus atribuciones, por lo tanto, el acto contra el cual se recurre no emana de un acto autónomo de la entidad edilicia, sino de un acto expreso del órgano contralor.

En relación con el acto recurrido, consistente en el Ordinario N°118, precisa que éste corresponde a un oficio dirigido al Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Valle Diguillín, mediante el cual se solicita gestionar el cumplimiento de lo resuelto por Contraloría, atendido que la recurrente había sido traspasada a dicho organismo, por lo que a dicha entidad, conforme a convenio suscrito con la municipalidad, le correspondía retener y transferir los montos relativos al reintegro.

En tal sentido, sostiene que el Ordinario N°118 no constituye un acto terminal creador de obligación, ni una decisión unilateral de la Municipalidad sobre el patrimonio de la recurrente, sino un acto de mera ejecución y coordinación interinstitucional, dictado para el cumplimiento de una resolución previa de Contraloría en razón del cambio de empleador producido por el traspaso de personal al SLEP Valle Diguillín. Bajo esta lógica, el acto recurrido carece de la autonomía lesiva que el libelo pretende atribuirle.

Hace presente que la Municipalidad no ha efectuado descuento alguno en las remuneraciones de la recurrente, por tanto, no existe una detracción patrimonial ejecutada por su representada y reiteran que solo se trata de una gestión administrativa orientada a canalizar el cumplimiento de lo resuelto por Contraloría.

Concluye que no concurre ilegalidad ni arbitrariedad, por cuanto la municipalidad sólo se limitó a dar cumplimiento a las instrucciones de la Contraloría dentro de un procedimiento regular, con respeto del derecho a defensa de la recurrente. Agrega que, si existe en el recurso una discrepancia sobre la procedencia del reintegro o sobre el alcance que deba darse a la alegación de buena fe invocada por la recurrente, ello no puede ser reprochado como una arbitrariedad propia del municipio, ya que dicha alegación fue sometida al conocimiento de la Contraloría mediante la solicitud de condonación deducida por la propia recurrente, siendo rechazada, pero se le concedieron facilidades de pago.

Explica que su representada no pretende desconocer ni calificar por sí misma la buena o mala fe subjetiva de la recurrente, puesto que, si la recurrente estima que la alegación de buena fe ameritaba una consecuencia distinta, ello no transforma en ilegal o arbitraria la conducta municipal de dar cumplimiento a lo resuelto por la autoridad contralora. Por otra parte, señala que el recurso tiene una evidente desalineación entre el sujeto recurrido y el núcleo real del agravio, ya que se dirige contra la municipalidad de Chillán Viejo, y la recurrente pretende que se declare que no se encuentra obligada a reintegrar suma alguna y que se ordene abstenerse de futuros descuentos, pero la obligación de reintegrar ya fue establecida por la Resolución Exenta N°RE5288/2026.

Finalmente, sostiene que no se configuran vulneraciones a las garantías constitucionales invocadas, desde que no existe descuento material alguno realizado por la Municipalidad y el acto impugnado es solo una solicitud de gestión dirigida a un tercero institucional, y además, no existe un trato discriminatorio, ya que el recurso se dirige contra un acto que no es el que genera el agravio que se reclama, por lo que solicita su rechazo íntegro.

Solicita tener por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar íntegramente el recurso en todas sus partes, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, para efectos de resolver el presente arbitrio es necesario precisar que el acto impugnado es el Ordinario N°118 de 23 de febrero de 2026, suscrito por la alcaldesa (S) de Chillán Viejo, doña Lorena Montti Olave, dirigido al director ejecutivo del SLEP Valle Diguillín, en que se solicita que se gestione el cumplimiento de lo resuelto por la Contraloría Regional de Ñuble mediante la Resolución Exenta N° RE 5288/2026, que dispuso el reintegro de las sumas pagadas en forma indebida a la funcionaria nombre reservado.

7°.- Que primeramente conviene señalar que la Contraloría General de la República es un organismo autónomo que ejerce el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examina y juzga las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; lleva la contabilidad general de la Nación y desempeña las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva, conforme a la definición constitucional contenida en el artículo 98 de la Carta Fundamental.

A su turno, la Ley Orgánica Constitucional N°10.336 reglamenta las atribuciones fundamentales de dicho órgano, dentro de las cuales se contempla la facultad de realizar auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa, regulando en extenso la posibilidad de evaluar la administración financiera del servicio fiscalizado y la documentación sustentadora, así como la facultad de formular proposiciones para la corrección de vicios que detecten (artículo 21 A).

Tal normativa, que debe complementarse con el Decreto Ley N°1.263, de 28 de noviembre de 1975, orgánico sobre Administración Financiera del Estado, que en sus artículos 51 y siguientes regula el sistema de control financiero y establece que este compete a la Contraloría General de la República, es plenamente aplicable a las municipalidades por expresa remisión efectuada por la Ley 18.695, que en su artículo 50 dispone: “Las municipalidades se regirán por las normas sobre administración financiera del Estado”.

8°.- Que, de lo expuesto por las partes y los antecedentes allegados a estos autos resultan establecidos los siguientes hechos:

a) La Contraloría Regional de Ñuble, en uso de sus atribuciones, mediante oficio E106754/2025, de 26 de junio de 2025, observó el Decreto Alcaldicio N°142, de 8 enero de 2024, que aprobó un anexo al contrato de la recurrente, aumentando su remuneración.

b) El fundamento del órgano de control es que dicho aumento no fue precedido de una evaluación formal del desempeño ni de una fundamentación técnica que lo justificara e instruyó a la municipalidad regularizar la situación y gestionar el reintegro de los montos pagados en exceso.

c) En cumplimiento de lo instruido, el municipio inició y tramitó un procedimiento invalidatorio conforme a la Ley N°19.880, dictando el Decreto Alcaldicio N°6504, de 7 de julio de 2025, que concluyó con la dictación del Decreto Alcaldicio N°7309, de 30 de julio de 2025, invalidando el anexo de contrato aprobado por el Decreto N°142.

d) La afectada fue oída y se le hizo presente su derecho a reclamar judicialmente del acto en virtud del artículo 53 de la Ley N°19.880.

e) La funcionaria solicitó ante la Contraloría la condonación de la deuda o facilidades de pago.

f) Por Resolución Exenta N°RE5288/2026, de 18 de febrero de 2026, la Contraloría rechazó la solicitud de condonación y dispuso la restitución de las sumas indebidamente percibidas en veinte parcialidades, ordenando a la municipalidad informar el cumplimiento del total del reintegro.

9°.- Que, conforme a los hechos consignados en el motivo precedente, se constata que el acto impugnado (el oficio N°118 de 23 de febrero de 2026) se limita a solicitar al Servicio Local de Educación -del que ahora depende la recurrente- que realice las gestiones para dar cumplimiento a lo resuelto por la Contraloría Regional de Ñuble, sin que se haya adoptado por parte de la recurrida decisión alguna que pueda ser estimada como ilegal o arbitraria.

En otros términos, la municipalidad, ajustándose a lo resuelto y ordenado por el ente de control, y a lo dispuesto en las normas que regulan la materia, emitió un oficio para su cumplimiento, de manera que no se avizora en dicha actuación ilegalidad o arbitrariedad alguna que vulnere alguna de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, que requiera de algún pronunciamiento o protección por parte de esta Corte.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña Leslie Madeleine Fernanda Rocco Rivera, en favor de nombre reservado, contra la Ilustre Municipalidad De Chillán Viejo.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección. Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

Rol 315-2026 Protección