nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN

Chillán, dieciocho de junio de dos mil veinticinco.

VISTO:

1°.- Que, comparece el abogado don MAURICIO R. SCHWARTZ GODOY, Rut: RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de ÁRIDOS PROMIR SPA, empresa del giro extracción y comercialización de áridos, representada legalmente por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Ruta N-705, km 3,2, desde Puente Urrutia El Carmen; en contra de ENERGIA EOLICA CJR WIND CHILE LTDA., empresa del giro construcción y generación de electricidad, representada legalmente por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN, organismo de Derecho Público, representada legalmente por su Alcalde don RENÁN EDUARDO CABEZAS ARROYO, con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL ÑUBLE, entidad de Derecho Público, representada legalmente por nombre reservado, Ingeniero Agrónomo, con domicilio en domicilio reservado, a fin de que, acogiéndose este recurso de protección de Garantías Constitucionales, se ordene a los recurridos hacer cesar los actos ilegales y arbitrarios que se denuncian, ordenándoles además reestablecer las cosas al estado anterior de los actos ilegales y arbitrarios, dando finalmente cumplimiento, en lo sucesivo, al imperativo legal en cuanto a la mantención, conservación y resguardo del cauce del río Diguillín, así como a las Bases Generales del Medio Ambiente contenidas en la Ley 19.300, con costas.

Refiere el recurrente y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que habiendo realizado una visita al terreno y toma de fotografías aéreas del sector, pudo observar cambios en el curso y flujo del río Diguillín, así como una dramática disminución de la fauna fluvial de hace 20 días a la fecha, y además de multiplicidad de consultas con vecinos que sufren la misma situación que el recurrente, sumado a denuncias de los habitantes de la comuna de El Carmen, respecto del desvío del cauce del río Diguillín y extracción de áridos desde su cauce por parte de la recurrida ÁRIDOS PROMIR SPA, con el objeto de ser vendidos exclusivamente a la recurrida ENERGIA EOLICA CJR WIND CHILE LTDA.

Señala que en el lugar se observaron los trabajos de desvío del cauce del río Diguillín, con el único objeto de extraer áridos por parte de la recurrida ÁRIDOS PROMIR SPA, la cual si bien es cierto cuenta con una autorización para la extracción de áridos, el sector donde puede efectuarse legalmente esa extracción se encuentra varios kilómetros lejos del sector donde actualmente desviaron el curso del río y extraen áridos.

Manifiesta que se han efectuado numerosas denuncias a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN y DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL ÑUBLE, a fin de que concurran a fiscalizar esta grave situación que produce irreparable daño medioambiental, afectando tanto la topografía del lugar, la flora y la fauna de varios kilómetros a la redonda, incluida la parcela que ocupa, ya que si bien se interviene un espacio del río en cierto lugar, las vibraciones y ruidos afectan a los organismo vivos presentes a varios kilómetros del lugar.

Ninguna de estas denuncias ha sido investigadas por alguna de las dos recurridas mencionadas, siendo su obligación legal el hacer cumplir la Constitución y la Ley, en especial la Ley 19.300.

El desvío del cauce del río Diguillín es gravísimo, pues como se observa de las fotografías aéreas que acompaña en un otrosí de su presentación, se ha practicado una especie de “bypass”, de muy bajo caudal, lo que afecta todo el curso del río aguas abajo, ralentizando el curso de las aguas produciendo un fenómeno llamado “eutrofización”, que consiste en el proceso de contaminación más importante de las aguas en lagos, balsas, ríos, embalses, etc. Este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo. El exceso de nutrientes hace que las plantas y otros organismos crezcan en abundancia, y durante su crecimiento y putrefacción, consumen gran cantidad del oxígeno disuelto y aportan materia orgánica (fango) en abundancia.

Explica que la eutrofización afecta a la calidad de las aguas ya que al aumentar la podredumbre y agotarse el oxígeno, las aguas adquieren un olor nauseabundo. El olor de estas aguas puede ocasionar pérdidas económicas (turismo, áreas que pierden valor…), problemas respiratorios y su consumo puede ocasionar problemas sanitarios a las personas de la zona. Este es un hecho de suyo grave y que incluso puede llegar a constituir un delito a la luz de la legislación actual.

Hace presente que la recurrida ENERGIA EOLICA CJR WIND CHILE LTDA. actúa no sólo en forma arbitraria e ilegal, sino que además está utilizando en sus procesos productivos áridos que no tienen trazabilidad en cuanto a su extracción, y ello con el único objeto de obtener un ahorro económico, además, al ser la recurrida ÁRIDOS PROMIR SPA su única proveedora de material, se puede decir que se está fomentando la ilegalidad con el objeto de tener un beneficio económico.

Afirma que los actos de las recurridas están produciendo contaminación ambiental, cambiando el curso del río Diguillín, eliminando de raíz la Flora y Fauna de aguas abajo al lugar de extracción.

En cuanto a los fundamentos de derecho, expresa que el artículo 19 de la Constitución Política de Chile en su numeral 8° señala que es una garantía asegurada a todo habitante de la República “EL DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN. ES DEBER DEL ESTADO VELAR PARA QUE ESTE DERECHO NO SEA AFECTADO Y TUTELAR LA PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA”.

A su turno, el art 10, letra p) de la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, establece que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental: “p) La ejecución de obras, programas o actividades en áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, humedales urbanos y en otras áreas colocadas bajo protección oficial en los casos en que la legislación respectiva lo permita” y la letra s) del mismo artículo señala además que debe someterse al mismo sistema de evaluación la “Ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos, a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano, y que impliquen su relleno, drenaje, secado, extracción de caudales o de áridos, la alteración de la barra terminal, de la vegetación azonal hídrica y ripariana, la extracción de la cubierta vegetal de turberas o el deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la flora y la fauna contenida dentro del humedal, indistintamente de su superficie.”

Por otra parte, el artículo 1° de la Convención de Ramsar, a la cual la República de Chile adhiere, señala que son humedales “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. Conforme lo anterior, el curso del río Diguillín, su flora y fauna accesorios, se encuentran protegidos por esta convención.

Agrega que los actos de los recurridos, consistentes en el cambio del curso del río Diguillín, extracción de áridos, compra de los mismos, a sabiendas de su procedencia y falta de fiscalización, no obstante tener mandato legal para ello, con la consiguiente muerte de flora y fauna ya explicados, son actos evidentemente ilegales y arbitrarios, ilegales ya que contravienen todos los cuerpos legales de protección del medio ambiente de la República de Chile y en especial la Convención de Ramsar la cual Chile adhiere, y no es pretexto que se está sirviendo un bien público mayor como la construcción de un parque eólico para vulnerar la ley y los derechos Constitucionales de este recurrente y de los habitantes de la comunidad de El Carmen.

Sostiene que los actos de las recurridas además son arbitrarios, es decir, contrarios a la razón, pues no existe ninguna razón lógica para desviar el curso y extraer áridos en cuerpos de agua protegidos, destruyéndolos y contaminándolos gravemente, con destrucción de fauna y flora en ciertos casos irremediables ya que existen especies endógenas que no pueden ser repuestas al ecosistema.

Finalmente, expresa que el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, señala que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá también, el recurso de protección en el caso del Nº8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

En mérito de lo expresado, pide tener por interpuesto Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra de ÁRIDOS PROMIR SPA; en contra de ENERGIA EOLICA CJR WIND CHILE LTDA.; en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN, y en contra de la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL ÑUBLE, todos ya individualizados, a fin que, acogiéndose, se ordene a los recurridos hacer cesar los actos ilegales y arbitrarios que se denuncian, ordenándoles además reestablecer las cosas al estado anterior de los actos ilegales y arbitrarios, dando finalmente cumplimiento, en lo sucesivo, al imperativo legal en cuanto a la mantención, conservación y resguardo de los humedales urbanos existentes en la comuna de El Carmen, con costas.

2°.- Que, informando el abogado don FRANCISCO M. FIGUEROA GARCÍA, en representación de la recurrida PROMIR SPA., solicita el rechazo en todas sus partes de la acción deducida, con expresa condenación en costas, aduciendo que como único sustento de dicha acción constitucional el recurrente procede a indicar como hechos vulneratorios los siguientes:

a) Haber observado cambios en el curso y flujo del Rio Diguillín, y disminución de fauna fluvial, además indica que multiplicidad de vecinos sufren la misma situación, sumado a denuncias de los habitantes de la comuna de El Carmen, debido al desvío del cauce del Rio Diguillín y extracción de áridos para ser vendidos a la empresa ENERGIA EOLICA CJR WIND CHILE LTDA.

Manifiesta en su recurso haber visitado el terreno y tomado fotografías aéreas del sector y que observó trabajos de desvío del cauce del río Diguillín con el objeto de extraer áridos.

Afirma el letrado que su representada cuenta con autorización para la extracción de áridos, enfatizando que el sector donde puede efectuar legalmente esa extracción se encuentra varios kilómetros lejos del sector donde actualmente desviaron el curso del río y extraen áridos.

Indica asimismo que se han efectuado denuncias ante la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN y ante DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL ÑUBLE, y que esto genera un irreparable daño medioambiental, afectando tanto la topografía del lugar, la flora y la fauna de varios kilómetros a la redonda, incluida la parcela que él ocupa, además que las vibraciones y ruidos afectan a los organismos vivos presentes a varios kilómetros del lugar.

Indica que se ha practicado una especie de “bypass”, de muy bajo caudal, lo que afecta todo el curso del río aguas abajo, ralentizando el curso de las aguas abajo, produciendo un fenómeno llamado “eutrofización”, lo que genera un exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, y que está produciendo fango en abundancia.

Sostiene que su representada la sociedad PROMIR SpA. es una sociedad chilena, que pertenece a un grupo societario denominado Grupo PM., y cuyo objeto social principal es la producción, elaboración, comercialización, extracción y distribución de áridos y sus derivados y otras sustancias análogas, y en el desempeño de su actividad comercial se ha ajustado permanentemente a los cambios normativos, cumpliendo a cabalidad la norma regulatoria de su negocio, para así prestar un servicio extractivo con el más alto estándar, cuidando principalmente el medio ambiente, respeto a las comunidades locales y a su equipo de trabajadores, es así como ha trabajado en implementar y educar a su equipo, como las altas direcciones en la prevención de delitos de variada naturaleza, incluido los ambientales.

Es por ello que cada faena que ha instalado para cubrir la demanda de sus clientes, se ha ajustado al marco regulatorio, solicitando las autorizaciones de extracción de materiales pétreos ante las instituciones públicas correspondientes, apoyado de equipos consultores profesionales de alto estándar, para la redacción y estudios correspondientes a cada faena, en lo particular con los respectivos proyectos de extracción de material pétreo desde cauces.

Es por ello y en lo que respecta a la extracción en Rio Diguillín perteneciente a la comuna de El Carmen, el proyecto se emplaza en un polígono de 49.692 M3, cuyo titular es don nombre reservado, en un área total de intervención de 1.9 hectáreas, conforme a un cuadro de coordenadas, y que es una zona de extracción legal.

Refiere que su representada adecúa su actividad a la normativa legal vigente sin afectar sitios de interés arqueológico o histórico. Se excluyen zonas con vegetación de interés para el desarrollo de la fauna. No se realizan excavaciones profundas en las cercanías de puentes, defensas fluviales y obras de captación de aguas, y la elección del sitio se realiza no solo en consideración de la calidad de los materiales, costo de extracción y transporte, sino también se consideran criterios éticos, de seguridad y sanidad ambiental. Igualmente, la actividad extractiva se ubica alejada de zonas pobladas, y tampoco al interior de áreas protegidas y sitios prioritarios.

Dentro de los proyectos de extracción de material pétreos desde el polígono emplazado en el cauce del Río Diguillín, se realizó debidamente el Estudio Hidrológico -Hidráulico y Mecánico -Hidráulico.

Entonces, conforme a los estudios e informes tenidos a la vista, por Decreto Alcaldicio N°0307 de fecha 10 de febrero del año 2025, de la I. Municipalidad de El Carmen, se autoriza a don nombre reservado, la extracción de material árido, desde polígono de 1.9 hectáreas emplazado en cauce del Rio Diguillín, sector del fundo San Luis, Comuna de El Carmen, Provincia del Diguillín, Región de Ñuble, en la cantidad de 49.692 m3 y durante un plazo de 12 meses a partir del 17 de febrero del 2025. Todo lo anterior de acuerdo a proyecto de extracción, ciñéndose la actividad al informe técnico de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas-Región de Ñuble, conforme a ORD.DOH Ñuble N°85, de fecha 3 de febrero de 2025.

Estima que el presente recurso debe ser rechazado por cuanto constituyen elementos esenciales de procedencia de esta acción constitucional, la existencia de un acto u omisión ilegal y/o arbitrario que prive, perturbe o amenace alguna de las garantías constitucionales referidas en el artículo 19º de la se requieran o necesiten una declaración de cautela urgente.

Desde otro ángulo sostiene que en el caso de autos no resulta fácil, más bien es imposible identificar el acto u omisión concreto que funda el recurso de protección, pues siempre se reconduce a una crítica general a la actividad de su representada y la forma como la I. MUNICIPALIDAD DEL CARMEN, la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE ÑUBLE y la sociedad ENERGÍA EÓLICA CJR WIND CHILE LTDA. ejercen sus potestades y actividades.

En otro orden de ideas, aduce que nos encontramos frente a una acción que se plantea de manera engañosa, pues, no se identifican claramente los recurrentes, no se solicitan medidas de protección en favor de éstos, sino que se solicitan en favor de “además de consultas con vecinos que sufren la misma situación que éste recurrente” o “aquellos que han efectuado numerosas denuncias ante la Municipalidad”.

De la manera anterior, señala el letrado que estamos frente a un caso en que la acción de protección pretende ser utilizada como acción popular, pues, no determina, sino se remite a “aquellos que han efectuado numerosas denuncias ante la Municipalidad” sin precisar quienes. Ello determina la improcedencia de la acción deducida por cuanto, se sabe que el recurso de protección no es una acción popular.

Por otro lado, y como fundamento para el rechazo de la acción incoada, indica que el recurrente carece de legitimidad activa y pasiva para accionar de protección, pues es menester que se produzca una vinculación entre la afectación al derecho (perturbación, privación y eventualmente amenaza o riesgo) y la conducta de un individuo determinado. En consecuencia, la exigencia de la determinación de la autoridad o persona imputada de la afectación del derecho, supone la verificación de la relación de causalidad entre el acto u omisión ilegal y la violación del derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Se trata de una imputación objetiva, ya que se atribuye un resultado a la conducta de un individuo. No es necesario que el recurrente determine si el hecho causante de la afectación fue realizado con dolo o culpa. Lo importante es que objetivamente ese hecho proviene de la acción u omisión de un determinado sujeto.

No existen hechos u omisiones vinculantes a su representada con afectación de garantías constitucionales y no es posible siquiera desprenderlas debido a la imprecisión y falta de fundamentos de la recurrente.

Conforme a la jurisprudencia, es menester para acoger una acción de protección, preguntarse lo siguiente.

1.- ¿A quién o quiénes afectan en sus derechos y garantías fundamentales consagradas en el N°1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República?

2.- ¿Se afecta el derecho a la vida, a la integridad física o psíquica de alguna persona?

3.- ¿A quién y cómo está ocurriendo esto?

4.- ¿Cuáles son los hechos y donde está la ilegalidad del acto?

Sostiene que todas estas preguntas son imposibles de responder porque la recurrente no desarrolló ni al menos dio indicios de ninguno de los requisitos esenciales de procedencia del recurso de protección y se debe tener en consideración que el antecedente único fundante materia de este recurso de protección vago, difuso y temerario, de lo que se logra comprender a la fecha, es el pleno desconocimiento de los permisos y la responsabilidad social de su representada.

En virtud de lo expuesto, solicita se tenga por evacuado el informe requerido en tiempo y forma, y rechazar el Recurso de Protección, con costas.

3°.- Que, informando el abogado don DARÍO HERNÁN ARAYA TORRES, en representación de ENERGÍA EÓLICA CJR WIND CHILE SPA, solicita se rechace en todas sus partes el recurso de protección, manifestando que con fecha 20 de abril de 2025, compareció ante esta Corte don MAURICIO R. SCHWARTZ GODOY, abogado, quien dice estar domiciliado en “domicilio reservado, presentando recurso de protección en contra de Áridos Promir SpA; Energía Eólica CJR Wind Chile SpA; la Ilustre Municipalidad de El Carmen, y en contra de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ñuble, por vulneración de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 19 N°1 y 8, en relación con el artículo 10 letra p) y letra s) de la Ley 19.300sobre Bases del Medio Ambiente y el artículo 1° de la Convención de Ramsar.

Refiere que el recurrente y como fundamento de su recurso, señala hechos vagos e imprecisos, como ser:

a) “Haber observado cambios en el curso y flujo del río Diguillín, así como una dramática disminución de la fauna fluvial de hace 20 días a la fecha”.

b) Una supuesta “multiplicidad de consultas con vecinos que sufren la misma situación que el recurrente, sumado a denuncias de los habitantes de comuna de El Carmen, respecto del desvío del cauce del río Diguillín y extracción de áridos desde su cauce por parte de la recurrida ÁRIDOS PROMIR SpA con el objeto de ser vendidos exclusivamente a la recurrida ENERGÍA EÓLICA CJR WIND CHILE LTDA.”

c) Dicha situación lo habría llevado a visitar el terreno y tomar fotografías aéreas de sector.

d) Indica que “se observaron los trabajos de desvío del cauce del río Diguillín, con el único objeto de extraer áridos por parte la recurrida ÁRIDOS PROMIR SPA, la cual si bien es cierto cuenta con una autorización para la extracción de áridos”, el sector donde puede efectuar la extracción estaría a varios kilómetros de donde lo están haciendo.

e) Afirma que “se han efectuado numerosas denuncias ante la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN y DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL ÑUBLE, para que concurran a fiscalizar esta grave situación que genera un irreparable daño medioambiental, afectando tanto la topografía del lugar, la flora y la fauna de varios kilómetros a la redonda, incluida la parcela que ocupa, ya que vibraciones y ruidos afectan a los organismos vivos presentes a varios kilómetros del lugar”.

Acusa que ninguna de estas dos autoridades ha cumplido con su obligación de investigar estas denuncias.

Describe que “se ha practicado una especie de “bypass”, de muy bajo caudal, lo que afecta todo el curso del río aguas abajo, ralentizando el curso de las aguas produciendo un fenómeno llamado “eutrofización”, lo que se provocaría por un exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, y que estaría generando materia orgánica (fango) en abundancia.

En cuanto a su representada, señala que “actúa no solo en forma arbitraria e ilegal, sino que además está utilizando en sus procesos productivos áridos que no tienen trazabilidad en cuanto a su extracción, y ello con el único objeto de obtener un ahorro económico, además al ser la recurrida ÁRIDOS PROMIR SpA su única proveedora de material, se puede decir que se está fomentando la ilegalidad con el objeto de tener un beneficio económico”.

Refiere el letrado que ENERGÍA EÓLICA CJR WIND CHILE SpA, es una empresa chilena de capitales portugueses perteneciente al Grupo CJR Renewables, que presta servicios integrales a empresas propietarias de proyectos de energías renovables no convencionales, entregando soluciones completas en el sector eólico y fotovoltaico, trabajando en todos los procesos de implementación de los proyectos.

Indica que su representada está presente en Chile desde el año 2013 y, desde esa fecha, ha desarrollado diversos proyectos de energías renovables no convencionales en distintas regiones de Chile, y siempre con pleno respeto a la normativa ambiental chilena y a las señaladas políticas. En la actualidad se encuentra construyendo el “Parque Eólico Pemuco”, ubicado en la comuna de Pemuco, provincia de Diguillín, región de Ñuble, a 47 km al Sur de Chillán, de propiedad de ENGIE CHILE, el cual contará con hasta 27 aerogeneradores y una capacidad instalada máxima de 165 MW. Este proyecto cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental Favorable N°202416000127 de 27 de marzo de 2024.

Hace presente que la ejecución del proyecto “Parque Eólico Pemuco”, por parte de su representada, así como la compra de áridos para su construcción, se enmarca en y está asegurada por las garantías constitucionales que le asisten, como son las de los números 2, 21, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, todas las cuales no pueden ser restringidas, salvo que se acredite por el recurrente que existe una afectación o una amenaza real a las garantías del N°8 y N°1 del señalado artículo 19, que esgrime como vulneradas en su escrito a través del cual presenta su recurso de protección.

Sostiene, y como fundamento para rechazar el presente recurso, la circunstancia de que es completamente vago e impreciso y se basa en apreciaciones subjetivas del recurrente, carentes de la más mínima rigurosidad técnica y con una serie de afirmaciones que se realizan sin acompañar ningún tipo de fundamento.

En efecto, si bien es cierto que el recurso de protección es una acción de tramitación rápida para que sea eficaz en la protección de las supuestas garantías conculcadas, ello no le resta de tener que acreditar el recurrente los presupuestos mínimos para que sea acogido.

El recurrente, para legitimar su recurso señala que está domiciliado en “domicilio reservado”. Sin embargo, no da mayores antecedentes sobre la ubicación de su domicilio y, lo más importante, no acompaña a su recurso ningún documento o antecedente que acredite dicha circunstancia, situación que llama bastante la atención, toda vez que en el recurso de protección que presentó en contra de los mismos recurridos, Rol de Ingreso N°294-2025, de esta misma Iltma. Corte de Apelaciones, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, indicó como su domicilio “domicilio reservado”, no mencionando en parte alguna de dicho recurso el domicilio que ahora señala ni tampoco indicó allí, lo que ahora agrega en el presente recurso de protección, en cuanto a que él tiene una parcela en la comuna recién señalada, que también estaría afectada, al igual que “los habitantes de la comuna de El Carmen”, a favor de los cuales interpuso el fallido recurso de protección que fue declarado inadmisible, por tratarse de una acción popular como declaró este Ilustrísimo Tribunal, el que resolvió:

“Que en atención a que el abogado don Mauricio Schwartz Godoy interpone el recurso en favor de los habitantes de la comuna de el Carmen, lo que permite concluir que lo hace en favor de terceros no identificados e individualizados genéricamente, razón por la cual, al tratarse de una acción popular que no permite dar por establecidos hechos que vulneren garantías constitucionales de personas determinadas, por lo que atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y de conformidad con lo dispuesto en el N°2 inciso segundo del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara inadmisible el recurso de protección interpuesto a folio 1”.

Afirma el letrado que el recurrente en su presentación reclama que “se han efectuado numerosas denuncias a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN y DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL ÑUBLE para que concurran a fiscalizar” y que “ninguna de estas denuncias ha sido investigada por ninguna de las dos recurridas mencionadas”, a las que acusa de incumplir con su obligación legal de hacer cumplir la Constitución y la ley, en especial la Ley 19.300.

¿Cuáles son las numerosas denuncias? ¿Quién las ha efectuado? ¿En qué fecha se realizaron las denuncias? ¿Cuántas en la Ilustre Municipalidad de El Carmen? ¿En qué departamento u oficina de dicho municipio? ¿Cuántas en la Dirección de Obras Hidráulicas? ¿En qué departamento u oficina de dicho Servicio Público? ¿Todas ante ambas entidades públicas?. No existe ningún antecedente para acreditar esta afirmación ni se ha acompañado ninguna denuncia. No hay ningún elemento que permita darle algún grado de certeza, por mínimo que sea, a dicha afirmación.

El recurrente señala que producto de las actividades de extracción de la empresa ÁRIDOS PROMIR SpA se ha producido eutrofización en el río Diguillín, explica el concepto, pero no acompaña ningún informe técnico que respalde un tema como ese, por lo que dicha aseveración no pasa de ser una opinión subjetiva de su parte. Por lo demás, la sede para discutir un tema tan técnico como el que menciona, que requiere varios estudios ambientales, no es la Ilustrísima Corte de Apelaciones, sino los otros entes con competencia ambiental específica.

Sostiene que, en el caso de su representada, el recurso de protección es mucho más infundado aún y carente de todo sentido, pues no se ve de qué manera, con los hechos que se le atribuyen, estaría vulnerando las garantías del artículo 19 N°8 y N°1 respecto del recurrente ni respecto de ninguna otra persona.

Con lo anterior queda claro que el recurrente no ha encontrado qué hecho arbitrario o ilegal adjudicarle a su representada, toda vez que sólo se limita a señalar que ésta “actúa no solo de manera arbitraria e ilegal…”, pero no indica cuál sería esa conducta arbitraria e ilegal que le atribuye ni cuáles son los hechos constitutivos de dicho accionar por la cual recurrió de protección en contra de su representada, agregando que al ser su única proveedora de material “se puede decir que está fomentando la ilegalidad con el objeto de obtener un beneficio económico”. Sin embargo, aquí el recurrente no está sino haciendo un comentario totalmente subjetivo, de lo que a él le parece, lo que él cree, en sus propias palabras “se puede decir”, pero con qué fundamento si él ni siquiera conoce la relación contractual de las partes.

Respecto a la afirmación de que su representada “está utilizando en sus procesos productivos áridos que no tienen trazabilidad en cuanto a su extracción”, dicha afirmación carece de todo sentido y se contradice con lo expuesto por el mismo recurrente en otro acápite de su recurso.

Afirma que es posible concluir, que el presente arbitrio ha sido presentado sin ningún fundamento y, a través de él, se ha intentado paralizar, no una sino dos veces, a través de una orden de no innovar y un recurso de reposición después, las faenas de extracción de áridos no obstante contar con todos los permisos respectivos.

Conforme a lo anterior, solicita se sirva tener por evacuado el informe ordenado en estos autos por ENERGIA EÓLICA CJR WIND CHILE SpA, solicitando desde ya el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

4°.- Que, informando el abogado don GUSTAVO MENDEZ LABRA, Ingeniero Agrónomo, Director Regional de la Dirección de Obras Hidráulicas de Ñuble, solicita el rechazo del recurso deducido en contra de su representada, por parte de don nombre reservado, argumentando que la mencionada acción se interpuso a propósito de la supuesta conducta arbitraria e ilegal que habrían desplegado los recurridos respecto del cauce del río Diguillín, en concreto, la recurrente alega que Áridos Promir SpA desvió el cauce del río para extraer áridos fuera del sector permitido con la finalidad de venderlos a Energía Eólica CJR Wind Chile Spa. Posteriormente, el recurrente alega que la Ilustre Municipalidad de El Carmen y la Dirección de Obras Hidráulicas de Ñuble son responsables al no fiscalizar ni sancionar a Áridos Promir SpA.

Agrega que según consta en la Resolución ORD. DOH ÑUBLE N°85 del 3 de febrero de 2025, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región de Ñuble visó técnicamente el Proyecto denominado "Proyecto de extracción de materiales pétreos desde polígono emplazado en cauce, comuna de El Carmen, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble" por un volumen de 49.692 m³. Según se aprecia en el informe técnico que se incluye en dicha resolución, se observa el siguiente plano, el cual comprende el mismo sector indicado por el recurrente como una “zona de intervención ilegal”.

Señala que mediante el Decreto Alcaldicio N°0307 del 10 de febrero de 2025, la Ilustre Municipalidad de El Carmen autorizó a don nombre reservado la extracción de áridos desde polígono de 1.9 hectáreas emplazado en cauce del Rio Diguillín, sector del fundo San Luis, Comuna de El Carmen, Provincia del Diguillín, Región de Ñuble, en la cantidad de 49.692 m³ y durante un plazo de 12 meses a partir del 17 de febrero del 2025.

Manifiesta que es necesario tener presente que en conformidad a la Resolución DGOP N°333 del 31 de octubre del 2000, los Directores Regionales de Obras Hidráulicas tienen la función de autorizar la factibilidad de la extracción de áridos y vigilar las obras de extracción, y desde esa perspectiva, mediante Resolución ORD. DOH ÑUBLE N°85 del 3 de febrero de 2025, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de Ñuble visó técnicamente el Proyecto denominado "Proyecto de extracción de materiales pétreos desde polígono emplazado en cauce, comuna de El Carmen, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble”. Dicho proyecto se ubica en el sector señalado por el recurrente en su recurso.

Posteriormente, y con fecha el 11 de abril de 2025, en cumplimiento del deber de vigilancia, se realizó una visita inspectiva a la zona de extracción de áridos, según consta en Libro de la Empresa Promir, el Inspector Fiscal de Ñuble y el Director de Obras Municipales de El Carmen acreditaron que “la extracción se ajusta a lo aprobado”.

Por consiguiente, esta Dirección ha actuado en conformidad a la regulación aplicable al caso, por lo que no es cierto lo afirmado por la parte recurrente.

Por último, el recurrente alega que se ha producido un "daño irreparable e irreversible" sin presentar peritajes técnicos que respalden científicamente sus afirmaciones sobre eutrofización y daño a la flora y fauna local. En consecuencia, las afirmaciones del recurrente son meras opiniones subjetivas, que no constituyen prueba, por lo que no existe forma de acreditar la supuesta “gravedad de los hechos” que alega el recurrente.

Expresa que la Dirección Regional de Obras Hidráulicas no ha cometido acto u omisión ilegal o arbitrario alguno, sino por el contrario, ha apegado su actuar a la normativa en la materia, ya que justamente, dentro de las competencias del Servicio, se visó técnicamente el Proyecto denominado "Proyecto de extracción de materiales pétreos desde polígono emplazado en cauce, comuna de El Carmen, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble” y en virtud del deber de vigilancia se realizó una visita inspectiva al lugar, constatando que la extracción se ajusta a lo aprobado, no existiendo vulneración alguna a las garantías constitucionales que alega el recurrente.

En virtud de lo anterior, pide tener por evacuado el informe requerido, rechazando la acción de protección.

5°.- Que, informando el abogado don MARCELO BRUNET BRUCE, en representación de la Ilustre Municipalidad de El Carmen, solicita declarar la inadmisibilidad de la presente acción, toda vez que existen acciones no ejercidas por parte de la recurrente y que resultan más pertinentes que la acción incoada.

Aduce que no existe duda de que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.

Sin embargo, de los hechos expuestos en la presentación, en relación con lo señalado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se colige que la acción presentada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, pues no es la vía idónea al efecto.

En efecto, sostiene que, existiendo procedimientos administrativos vigentes ante la Dirección de Obras Hidráulicas, no resulta procedente deducir una acción cautelar como el presente recurso de protección.

En la especie, el artículo 41 del Código de Aguas establece que la fiscalización y sanción por modificaciones no autorizadas del cauce de un río corresponde exclusivamente a la Dirección General de Aguas (DGA), no a la Dirección de Obras Hidráulicas de Ñuble. En consecuencia, la vía adecuada para accionar eran los procedimientos administrativos de la Ley 19880, por ende, no es el Recurso de Protección la vía idónea para resolver esta materia, sino el procedimiento que permite que los entes administrativos facultados por ley para el conocimiento de estas materias sean los que puedan tener opinión respecto de esta materia.

En consecuencia, la recurrente prescinde del recurso establecido por la vía idónea, que es la administrativa, recurriendo ante esta Corte y obviando el recurso que debió deducir pertinentemente.

Lo anterior faculta al Tribunal de Alzada a desechar sin más el presente recurso, por inadmisibilidad, toda vez que existiendo una vía idónea para recurrir, la acción debió deducirse en ella.

Agrega que, en el mismo sentido de la inadmisibilidad, pero por otras argumentaciones, la acción deducida excede el carácter de “derecho indubitado” que establece la Constitución y el Auto Acordado para permitir que el recurso prospere, tal como ha señalado la reiterada jurisprudencia de nuestros máximos Tribunales, resultando necesario para acoger dicha acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado del que el recurrente sea titular y protegido por tal acción.

Refiere el letrado, y en otro capítulo de alegación, que la encargada de la regulación de los temas vinculados a los permisos relativos a la extracción de áridos es la Dirección de Obras Hidráulicas. La Ley N°11.402, vigente desde el año 1953 establece en su artículo N°11, que la extracción de ripio y arena de los cauces de ríos y esteros podrá realizarse con autorización de la municipalidad respectiva y previo informe técnico de la Dirección General de Obras Públicas.

La norma señala lo siguiente:

“Artículo 11° La extracción de ripio y arena en los cauces de los ríos y esteros deberá efectuarse con permiso de las Municipalidades, previo informe favorable de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas. Las Municipalidades podrán cobrar los derechos o subsidios establecidos por las leyes.

La Dirección General de Obras Públicas determinará las zonas prohibidas para la extracción de ripio, arenas y piedras de los cauces antedichos y se fijarán a beneficio de la correspondiente Municipalidad, multas que fluctuarán entre uno y cinco sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y del comercio del departamento de Santiago, por cada infracción y que aplicará el Juzgado de Policía Local, previa denuncia de Inspectores Municipales o funcionarios de la Dirección General de Obras Públicas. En caso de reincidencia la multa se duplicará por cada nueva infracción.” (los destacados son nuestros).

Refiere que, en su oportunidad, la municipalidad solicitó la pertinencia de extracción a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). En ella, don nombre reservado emitió su resolución que señala que es factible otorgar el permiso de acuerdo al proyecto de extracción que se solicitó dentro del cauce, en consecuencia, y en virtud del principio de paralelismo jurídico -aquel comúnmente conocido como las cosas en derecho se deshacen como se hacen- que implica que un decreto puede ser reformado por otro decreto, una ley modificada o dejada sin efecto por otra ley, un acto administrativo por otro acto administrativo, un nombramiento se revoca por otro, etc., en la especie correspondería que para que se revocara un permiso municipal que requiere, como prerrequisito una instrucción de la Dirección de Obras Hidráulicas, sería menester la existencia de una instrucción del mismo organismo pero en sentido contrario.

Desde otro ángulo señala que con fecha 11 de abril de 2025, en cumplimiento del deber de vigilancia, se realizó una visita inspectiva a la zona de extracción de áridos, según consta en Libro de la Empresa Promir, el Inspector Fiscal de Ñuble y el Director de Obras Municipales de El Carmen acreditaron que “la extracción se ajusta a lo aprobado”.

En razón de lo anterior, no existiendo motivo técnico por parte de la DOH para revocar el permiso concedido, no es procedente que el Municipio lo haga.

La DOH tiene la última palabra porque esa es la unidad técnica, y su representada como municipio debe inspeccionar el tema de las extracciones, los volúmenes a sacar y que la DOH les informe que se está realizando de buena manera. Por supuesto, siempre habrá situaciones que puedan ser susceptibles de revisión en el proceso fiscalizatorio, pero ellas son propias del arte de la extracción de áridos.

Señala asimismo que la tutela de derechos fundamentales por la vía del recurso de protección en nuestro ordenamiento jurídico lo ha sido como un recurso de carácter extraordinario que, además, se conoce en ejercicio de las potestades conservadoras de los tribunales superiores de justicia y no de las propiamente jurisdiccionales, razón por la cual, el que esta acción pueda ejercerse sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no puede significar que las acciones ordinarias que el ordenamiento jurídico ha dispuesto específicamente para el conocimiento y resolución d un determinado asunto, sean subsidiarias de la acción de urgencia y se dejen para un momento posterior, en el evento de que quien la intentó no haya obtenido en este procedimiento breve, concentrado y desformalizado, que provee el recurso de protección, la satisfacción total de lo que pretendió.

Indica en su afirmación el recurrente que el actuar legítimo de la Municipalidad de permitir una actividad lícita y autorizada legalmente, generaría una afectación a los derechos de las personas “al aumentar la podredumbre y agotarse el oxígeno, las aguas adquieren un olor nauseabundo. El olor de estas aguas puede ocasionar pérdidas económicas (turismo, áreas que pierden valor…), problemas respiratorios y su consumo puede ocasionar problemas sanitarios a las personas de la zona”, no se condice con la realidad.

Finalmente, argumenta el letrado que de conformidad con los antecedentes acompañados al informe, se puede inferir que el recurrente ha deducido una acción constitucional de protección sin ningún fundamento que haga suponer una real acción u omisión, ilegal o arbitraria ni menos caprichosa de parte del Municipio.

Al contrario, la actuación del Municipio, como se ha apreciado no tiene otra motivación más que el bien común, desarrollar una actividad económica lícita que sirve de apoyo a la comunidad de los vecinos de la comuna de El Carmen, y de colaboración con la sociedad.

Termina pidiendo tener por presentado el informe de rigor y, en definitiva, rechazar la acción de protección deducida por los recurrentes en contra de su representada, y con expresa condenación en costas procesales y personales que correspondan.

6º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. Surge de lo transcrito en consecuencia, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

7º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expresado, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

8º.- Que, en cuanto a la petición de la recurrida Promir SpA, en orden a que el recurso de autos sea declarado inadmisible por extemporáneo, ello no aparece así toda vez que la conducta que se denuncia como arbitraria e ilegal, se mantendría en el tiempo con todos sus efectos, y conforme ha sido resuelto invariablemente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, el derecho a accionar no precluye mientras los efectos del acto que se considera vulneratorio continúen produciéndose, razón por la cual se desestimará este capítulo de alegación.

9º.- Que, conforme al relato efectuado por la recurrente en su presentación, es posible advertir que el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario por parte de las recurridas, lo hace consistir en que la extracción de áridos, si bien cuenta con la autorización respectiva, ésta se estaría realizando en un sector o polígono no autorizado, lo cual estaría ocasionando un irreparable daño medioambiental, afectando tanto la topografía del lugar, la flora y la fauna de varios kilómetros a la redonda.

10°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, resulta útil consignar que, según se aprecia de la Resolución ORD.DOH ÑUBLE N°85 de 3 de febrero de 2025, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de Ñuble visó técnicamente el proyecto denominado “Proyecto de Extracción de Materiales Pétreos desde polígono emplazado en cauce, comuna de El Carmen, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble”, comprobándose que dicho proyecto se ubica en el sector señalado por el recurrente en su recurso.

Además, con fecha 11 de abril de 2025, y en cumplimiento del deber de vigilancia, se realizó una visita inspectiva a la zona de extracción de áridos, constatándose que “la extracción se ajusta a lo aprobado”.

Por su parte, y en lo respecta al ente edilicio, mediante el Decreto Alcaldicio N°0307 del 10 de febrero de 2025, la Ilustre Municipalidad de El Carmen autorizó a don nombre reservado la extracción de áridos desde polígono de 1.9 hectáreas emplazado en cauce del Rio Diguillín, sector del fundo San Luis, Comuna de El Carmen, Provincia del Diguillín, Región de Ñuble, en la cantidad de 49.692 m³ y durante un plazo de 12 meses a partir del 17 de febrero del 2025.

11°.- Que, desde otra perspectiva, y en cuanto a lo que sostiene el recurrente y que dice relación con un daño irreparable e irreversible que estaría produciéndose al medio ambiente, necesario es advertir que no ha presentado ningún peritaje técnico que respalde científicamente sus afirmaciones sobre una eventual eutrofización y daño a la flora y fauna local, constituyendo las afirmaciones del recurrente meras opiniones subjetivas.

12°.- Que, en otro orden de ideas, cabe advertir que cualquier reclamación que pretenda efectuarse en relación a los hechos denunciados, debe realizarse según los procedimientos técnico-administrativos establecidos al efecto, por lo que esta Corte ninguna medida puede adoptar al respecto.

13°.- Que, finalmente, habiendo quedado asentado conforme a los antecedentes agregados al recurso, que las recurridas cuentan con las autorizaciones de rigor, las que han sido expedidas por las autoridades competentes en el marco de sus facultades y dentro del ámbito de sus atribuciones, a criterio de esta Corte no se divisa ilegalidad o arbitrariedad alguna en el accionar de las recurridas, toda vez que no se advierte de parte de ellas vulneración de alguna garantía constitucional que afecte al recurrente, no siendo posible, en consecuencia, tener por asentadas las circunstancias fácticas sobre las cuales se construyó el presente arbitrio, por lo que debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el art.20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el aludido recurso interpuesto por el abogado don Mauricio Schwartz Godoy, en contra de ÁRIDOS PROMIR SPA; ENERGIA EOLICA CJR WIND CHILE LTDA.; ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN, y en contra de la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL ÑUBLE.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Juan Antonio De La Hoz Fonseca, quien no firma por no haber integrado hoy.

ROL 314-2025-PROTECCION.