Protección contra empresa WOM S

Chillán, veinticinco de marzo de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, y recurre de protección en contra de la empresa WOM S.A. domiciliado en domicilio reservado.

La recurrente hace consistir su acción constitucional en el hecho que la recurrida instaló una antena a un costado de su vivienda, transgrediendo las coordenadas de la ubicación autorizada en Decreto N°19 del Ministerio de Trasportes y Telecomunicaciones Subsecretaria de Telecomunicaciones de fecha 9 de marzo de 2021, así como también lo indicado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones en su artículo 116 bis F, norma la que transcribe en su presentación.

Termina solicitando que, de acuerdo con lo expuesto, artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 29 de marzo de 1977, se tenga por deducido recurso de protección en contra de la Empresa WOM S.A., ordenarle que informe y, en definitiva, ordenar que se retire la torre y se reubique en las coordenadas autorizadas en el Decreto N° 019 antes mencionado y a su vez se respeten los distanciamientos y requerimientos de antecedentes exigidos por la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

A su presentación, acompaña documentos.

2°.- Que, informan nombre reservado y doña nombre reservado, en representación de la recurrida WOM S.A., nombre reservado 78.921.690-8, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, quienes solicitan el rechazo de la presente acción constitucional fundado en la inexistencia de un actuar ilegal en la ejecución de las obras; inexistencia de vulneración alguna a las garantías constitucionales y la existencia de organismos sectoriales con prerrogativas suficientes para los efectos de conocer la presente controversia y la supuesta infracción permisológica a la que se refiere la recurrente.

Se sostiene que la causa del levantamiento de la antena de soporte obedece al cumplimiento de la licitación pública de implementación de la Red 5G en Chile, la que impone como obligación la de conectar en una primera etapa a las capitales regionales y provinciales del país, permitiendo que todos los ciudadanos puedan recibir los beneficios de la nueva red 5G de manera equitativa independiente de su ubicación, pues se apunta a una cobertura de al menos el 90% de los habitantes del territorio nacional y así responder a una política y necesidad pública. Agregan que en el marco de la aludida concesión, la cual implica la instalación, operación y explotación de redes inalámbricas exclusivamente 5G o superior en las bandas de frecuencia 703-713 MHz y 758 y 768 MHz, su representada celebró múltiples acuerdos contractuales los cuales tienen como objeto el uso de los terrenos para la instalación de la antena, dentro de los cuales se encuentra el contrato de arrendamiento y autorizaciones celebrado con Servicios Forestales Agrícolas Compraventa de Maderas y Leña Oscar Villareal E.I.R.L, la cual es dueña de la propiedad inscrita a fojas 2.516, número 2.461 del Registro de Propiedad del año 2021 del Conservador de Bienes Raíces de Yungay, contrato el cual estipula en su cláusula cuarta que la propiedad en arriendo será destinada a la instalación de equipos de telecomunicaciones móviles, estructuras de soporte de antenas y equipos asociados necesarios para el destino del inmueble arrendado. Asimismo, se autoriza a la Arrendataria a realizar cualquier otra actividad que, no estando específicamente mencionada en el contrato, sea necesaria para ejecutar a fin de obtener la puesta en servicio de los equipos y su explotación y operación. Así, en miras a dar cumplimiento con los requisitos legales previos, también se consagra en el mismo acuerdo la facultad de WOM de efectuar presentaciones y suscribir los documentos y planos ante la Municipalidad, Dirección de Obras Municipales, empresas eléctricas y cualquier otro organismo correspondiente para la obtención de permisos o para la ejecución de cualquier construcción, mejora y ampliación de obras. Facultades y autorizaciones, que se refuerza mediante la suscripción de Declaración Jurada de la empresa arrendadora, a través de su representante legal, en que otorga poder amplio a su representada para la realización de todo trámite necesario para la ejecución de las obras, las que son utilizadas por WOM para posteriormente dar aviso de la instalación de la antena a la Dirección de Obras Municipales de El Carmen durante el mes de enero 2023.

Se formula por parte de los recurridos que el plazo estipulado para la interposición de la presente acción constitucional encuentra en duda en el presente caso, debido a que en el recurso interpuesto se señala que se instaló la antena “el día 31”, sin especificar mes, ni año, por lo que no existe certeza sobre el tiempo transcurrido desde el conocimiento del hecho y la interposición del recurso, imposibilitándoles con eso el correcto análisis previo respecto de la extemporaneidad del presente recurso.

Se sostiene que su representada cumplió con la normativa municipal y de telecomunicaciones, esto es, el aviso a la Dirección de Obras Municipales y la existencia de autorización por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Manifiestan que conforme la normativa constitucional, corresponde a la recurrente acreditar que se está en presencia de un agravio constitucional real, evidente y cierto. Plantean que la ilegalidad que reclama la actora, ésta la cifra en una infracción tanto al Decreto N° 19 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -por supuestamente haber modificado las coordenadas señaladas en el Decreto- como al artículo 116 bis F LGUC, ilegalidad la cual no existe. En este sentido expresa que, con fecha 31 de enero de 2023 se hizo ingreso del Aviso de Instalación de Torre Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones en Zona Rural a la Dirección de Obras Municipales de El Carmen, ello dentro del marco de la licitación pública adjudicada, en consecuencia, el levantamiento de infraestructura de telecomunicaciones no es antojadizo ni arbitrario, en cuanto se realiza en plena implementación de una política pública previa autorización de la autoridad y con estricto apego a la Ley 20.599, que regula la Instalación de Antenas Emisoras y Transmisoras de Servicios de Telecomunicaciones, la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, concretamente, el artículo 116 bis H, afirmando que la recurrente yerra en considerar que para el caso concreto es aplicable el artículo 116 F LGUC, ello en atención al carácter de zona rural en que se emplaza la antena, para lo cual señalan acompañar mapa digital del Servicio de Impuestos Internos, que reafirma lo señalado precedentemente.

En cuanto al tema de las garantías constitucionales los recurridos expresan que la actora no indica cómo se han vulnerado sus garantías fundamentales, limitándose únicamente a indicar las supuestas vulneraciones a la normativa urbanística. Sin perjuicio de ello, estiman que el proceder de su representada no vulnera derecho fundamental alguno, detallando que con relación al derecho de propiedad, ya que el conflicto se basa en la instalación de una torre de telecomunicaciones en un sitio cuya propiedad colinda con la de la recurrente, no se ha visto afectado, pues la construcción se ha efectuado en un inmueble distinto al de la recurrente y el levantamiento de la infraestructura de telecomunicaciones, por sí mismo, no es un hecho que limite, condicione ni prive a los recurrentes de alguna de las facultades de la esencial del derecho de propiedad. Tampoco estiman conculcada el derecho a la vida privada, pues resultaría imposible pretender por parte de la recurrente configurar una hipótesis de vulneración a su honra y derecho a su vida privada solamente con mencionar que la construcción de una antena en un predio colindante al de ella sería razón suficiente para tener por configurada la vulneración. Añaden que sus antenas son absolutamente inocuas y en ningún caso atentan contra la salud de las personas ni contra el medio ambiente, destacando que es la propia SUBTEL quien a través de su plataforma informativa acerca del proceso de licitación y operación de Red 5G se ha encargado de poner en conocimiento a la ciudadanía de los inexistentes efectos nocivos que estas antenas generan. Tampoco existiría una transgresión a su derecho a un procedimiento justo y racional, entendiendo que con la mera instalación de la antena se ve vulnerada la garantía de un procedimiento racional y justo, más aun teniendo presente que su representada sí obtuvo los permisos y autorizaciones necesarios para el levantamiento de la infraestructura objeto de controversia.

Finalmente sostiene que, habiendo la recurrente indicado solamente infracciones a la LGUC, se deberá estar a los mecanismos de solución de controversias establecidos en ella, por lo que si la recurrente estime que WOM incurrió en alguna infracción a la normativa urbanística vigente, debió recurrir ante el Juzgado de Policía Local competente.

Terminan solicitando se tenga por evacuado el informe y, en su mérito, rechazar la acción constitucional de autos por no tener mérito factico ni jurídico alguno.

A su informe acompañan documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en cuanto a la alegación de la recurrida referida a la falta de claridad de la recurrente en su recurso respecto de la fecha de instalación de la antena, que no permitiría tener certeza sobre la temporalidad de la acción de protección, se hace presente que, si bien no es una alegación expresa de extemporaneidad del recurso, una posible consideración en tal sentido no podrá ser acogida, en atención a que no se encuentra acreditado en autos que la recurrente hubiese tomado conocimiento de los inicios de trabajo de instalación de la antena con anterioridad al plazo de 30 días corridos para la interposición del presente recurso de protección, por lo que tal extemporaneidad será rechazada.

7°.- Que, en cuanto al fondo del recurso, de los antecedentes acompañados en el mismo, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, en especial de la documentación acompañada a folio 9, consta que la empresa recurrida WOM S.A., procedió a la a instalación de una Torre Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones, en el predio ubicado en camino San Vicente Alto, comuna de El Carmen, actual provincia de Diguillín, región de Ñuble. Para ello la empresa recurrida contó con la autorización del dueño del predio en que ella se instaló, según se indica en contrato de arrendamiento y autorizaciones entre la recurrida y Servicios Forestales Agrícolas compraventa de madera y leña Oscar Villarroel E.I.R.L. otorgada por escritura pública de 17 de enero de 2023, otorgada en Santiago en la notaría de don nombre reservado, y declaración jurada y autorización del mismo arrendatario, acompañada en estos antecedentes. Asimismo, se acompañó carta de aviso de instalación de antena a la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad del Carmen, en que la recurrida WOM S.A. dice acompañar al ente municipal, las respectivas autorizaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de la Dirección de Aeronáutica Civil, y planos que exige la Ordenanza respectiva.

8°.- Que la recurrente funda principalmente su acción en que la recurrida habría infringido la normativa de instalación de antenas, en especial el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que requiere una serie de exigencias, entre las cuales cabe destacar, conforme lo indica la misma normativa, el requerir “permiso de instalación de la Dirección de Obras Municipales respectiva”, trámite que no habría realizado la recurrida. Sin embargo, esta última argumenta que aquel permiso no es procedente, por cuanto la antena ha sido instalada en sector rural y por lo tanto solo se requiere, de acuerdo a la ley, de un aviso a la referida Dirección, trámite que precisamente realizó, según consta de carta de aviso que acompaña a folio 9 en el recurso en el cual acredita haber cumplido con dicha exigencia legal.

9°.- Que, al respecto, la materia objeto del presente recurso se encuentra regulada en el Decreto con Fuerza de Ley 458, que aprueba la nueva Ley General De Urbanismo y Construcciones, la que en su artículo 116 bis E señala que: “Las torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones podrán instalarse en áreas urbanas y rurales, debiendo en ambos casos sujetarse a lo dispuesto en este artículo y en los artículos 116 bis F, 116 bis G, 116 bis H y 116 bis I de esta ley, según sea el caso”.

En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 116 bis F de la Ley General De Urbanismo y Construcciones, establece expresamente que “Toda torre soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones de más de doce metros de altura, incluidos en ello sus antenas y sistemas radiantes, instalada por concesionarios, requerirá permiso de instalación de la Dirección de Obras Municipales respectiva”, no lo es menos que, tratándose específicamente de antenas instaladas en sectores rurales, sólo se exige un aviso a la referida Dirección.

En efecto, de acuerdo a lo dicho precedentemente, el artículo 116 bis H de ese mismo cuerpo legal, señala que “Las torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones de tres o menos metros de altura, incluidos en ellos sus antenas y sistemas radiantes, requerirán de aviso de instalación a la Dirección de Obras Municipales conforme a los requisitos establecidos en la Ordenanza General de esta ley”, agregando en su inciso segundo que, “Al mismo aviso estará sujeta la instalación de aquellas estructuras porta antenas que se levanten sobre edificios de más de cinco pisos y aquellas que se pretenda instalar en zonas rurales, cualquiera fuese su tamaño”.

10°.- Que de lo dicho, resulta claro que, tratándose de la instalación de torres de soporte de antena de más de doce metros de altura en sectores urbanos y cumpliendo las demás exigencias que indica la normativa, se requiere permiso de instalación de la Dirección de Obras Municipales respectiva; en tanto que, tratándose de aquellas torres de tres o menos metros de altura, de estructuras porta antenas que se levanten sobre edificios de más de cinco pisos y aquellas que se pretenda instalar en zonas rurales, cualquiera fuese su tamaño, sólo requieren aviso de instalación en la mencionada Dirección, cumpliéndose los demás requisitos legales. Por lo tanto, para dilucidar la controversia y determinar si la recurrida ha actuado o no, de manera ilegal o arbitraria, es necesario establecer si la antena está ubicada en zona urbana o, por el contrario, en zona rural.

11°.- Que la empresa recurrida, a fin de acreditar que la antena se encuentra instalada en zona rural, acompañó a folio 9 de estos antecedentes, certificado de informaciones previas número 105 de 18 de mayo de 2022, emitido por la Dirección de Obras de la I. Municipalidad del Carmen. El referido certificado indica que la propiedad ubicada en sector San Vicente s/n, rol 105-42 (que es el mismo rol mencionado en la escritura pública de arrendamiento y autorizaciones entre la recurrida y Servicios Forestales Agrícolas compraventa de madera y leña Oscar Villarroel E.I.R.L.) es un inmueble ubicado en sector rural.

12°.- Que, de la normativa antes expuesta y del documento analizado precedentemente así como los demás antecedentes que obran en el presente recurso, no es posible dar por establecido que la empresa recurrida haya infringido la normativa urbanística, puesto que ha acreditado que dio el aviso que exige el artículo 116 bis H de la de la Ley General De Urbanismo y Construcciones, no siéndole exigible requerir un permiso de instalación, por no encontrarse la antena en un sector urbano sino que rural, por lo que no es posible constatar la existencia de una ilegalidad o arbitrariedad de la recurrida.

Por lo demás cabe hacer presente que la recurrente sólo cuestiona principalmente la eventual infracción de la recurrida en la normativa de instalación de antenas, más no sobre el cumplimiento de los demás requisitos o autorizaciones que la leyes o reglamentos exijan a la empresa recurrida para actuar como concesionaria de servicios de telecomunicaciones que operen redes inalámbricas de alta velocidad, los que en todo caso, de existir, pueden alegarse por las vías administrativas o judiciales declarativas correspondientes.

13°.- Que, de acuerdo a lo anterior, no es posible dar por establecido ni la ocurrencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, ni menos que haya generado alguna privación perturbación o amenaza a algún derecho fundamental de la recurrente -lo que en todo caso tampoco indica en su recurso- por lo que la presente acción constitucional no podrá prosperar, sin perjuicio que, si la recurrente estima que exista algún otro tipo de infracciones a la normativa urbanística o de otro tipo, pueda ejercer las acciones que estime en derecho corresponderles.

14°.- Que, finalmente tampoco podrá ser considerada la alegación de la recurrente consistente en que la recurrida habría transgrediendo las coordenadas de la ubicación autorizada en el Decreto N° 19 del Ministerio de Trasportes y Telecomunicaciones Subsecretaria de Telecomunicaciones, porque ningún antecedente ni fundamento aportó en su recurso en cuanto a de qué manera la recurrida habría transgredido tales coordenadas, ni tampoco consta que la empresa recurrida haya afectado a la recurrente de alguna forma en sus derechos fundamentales con la instalación de la antena. Es por ello que, ni el documento que acompaña a folio 10 consistente en una denuncia sanitaria por supuestos ruidos molestos, ni su alegación posterior a la vista del recurso en su presentación de folio 17 respecto de un eventual error de carabineros acerca de la distancia entre la antena y su vivienda, tienen el mérito de cambiar los razonamientos ya efectuados por esta Corte, sin perjuicio de los demás derechos que pueda ejercer la recurrente ante las instancias que correspondan.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la empresa WOM S.A.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Fabián Huepe Artigas.

Rol N°313–2023 PROTECCIÓN.