nombre reservado con nombre reservado

Chillán, cinco de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

1°) Que comparece don Joaquín Alberto Tapia Reyes, abogado, domiciliado en domicilio reservado, Región de Ñuble, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, Región de Ñuble, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios que han vulnerado sus derechos fundamentales a la integridad psíquica y a la honra.

Funda su recurso en la presunta vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 1 y 4 de la Constitución Política de la República, correspondientes al derecho a la integridad psíquica de la persona y al derecho a la honra de la persona y su familia.

Expresa que el día 6 de septiembre de 2024, el recurrido encargó al profesional la defensa judicial de su empresa, la Sociedad Santa Marta, la cual había sido demandada por la Municipalidad de Chillán ante el 2° Juzgado Civil de dicha ciudad por concepto de patentes municipales impagas, bajo la causa Rol C-4834-2023, por la suma de $8.612.765. Para la prestación del servicio, ambas partes acordaron que los honorarios se pactarían bajo la modalidad de cuota litis, equivalente al 8% del monto que se lograra rebajar respecto de la suma demandada.

Con fecha 1 de septiembre de 2025, el abogado interpuso un incidente de abandono del procedimiento, el cual fue acogido por el tribunal dictando sentencia el 5 de septiembre de 2025, declarando el abandono sin condena en costas. La resolución fue notificada a la ejecutante el 2 de diciembre de 2025 y se certificó su ejecutoria el 20 de diciembre de 2025. Una vez concluido el incidente de abandono, el demandado no efectuó el pago de los honorarios convenidos, equivalentes al 8% del monto rebajado, cuya suma asciende a $689.021.

El proceso de cobro se inició el 18 de diciembre de 2025 mediante la aplicación WhatsApp, ocasión en la que el abogado informó que el juicio se había ganado por secretaría y la deuda había prescrito. El empresario respondió argumentando que se encontraba con problemas de salud y con su hija a punto de tener un nieto, añadiendo textualmente: "Supongo quedamos ok con que la sociedad es pasiva y no seguirán hueve***". Las comunicaciones se reanudaron entre enero y febrero de 2026. El recurrido manifestó su preocupación respecto a que la municipalidad le seguía cobrando, indicando que ya tenía acumulados cuatro años adicionales y que no tenía sentido estar esperando prescripciones.

El día 19 de febrero, el profesional recurrente expresó que su paciencia se estaba agotando y que no deseaba cambiar su tono de conversación ni convertirse en un problema, advirtiendo que habían pasado cerca de tres meses desde que acabó el juicio. En la misma fecha, el abogado ofreció dejar los honorarios adeudados en un monto redondeado de $400.000, aceptando dos pagos de $200.000 para el último día de febrero y el último día de marzo, entregando los datos de su cuenta corriente del Banco Santander.

A través de mensajes de audio, el recurrido justificó su postura afirmando que su mente es matemática, que tiene muy buena memoria y que el trato original, presuntamente convenido frente a un amigo en común llamado nombre reservado, exigía declarar que la sociedad era pasiva, dado que enfrentaba tres demandas más por el mismo tema y acumulaba demandas por más de 60 millones de pesos. El abogado replicó el 20 de febrero argumentando que el juicio se ganó con lo que tenía a la mano porque nunca le llegaron los testigos, indicando que de haber seguido esperando a los testigos, hubieran perdido una oportunidad valiosa de eliminar la deuda, y que si la municipalidad hubiera dado curso a la causa, se habrían quedado sin pruebas.

El recurrente, el día viernes 13 de marzo, notificó por escrito que, a falta de pago, no le dejaba más opciones que presentar la correspondiente demanda. En respuesta, el empresario remitió audios expresando su asombro y señalando que las cosas no se habían hecho como él las pidió. En dicha comunicación, el recurrido emitió la expresión "parece que no eres hijo de tu padre", la cual el recurso califica como una imputación deshonrosa orientada a desacreditar al profesional mediante la negación simbólica de las cualidades personales y profesionales heredadas. Posteriormente, en concepto de la recurrente, el empresario recurrido formuló amenazas al indicar "voy a hacer una presentación en Impuestos Internos por no haberme dado la boleta", y le imputó un delito afirmando "estás evadiendo impuestos, por si acaso, y lo tengo acreditado". Finalmente, el empresario lo desafió utilizando las expresiones "¿Contesta el teléfono, no eres tan hombre?, ¿no eres tan choro? Contéstame el teléfono para hablar como hombres las cosas".

Tras percibir los mensajes y múltiples llamadas perdidas, el abogado devolvió la comunicación telefónica el mismo 13 de marzo, advirtiendo desde el inicio que la conversación sería grabada. Aunque el empresario no consintió la grabación, decidió continuar participando e insultó al profesional indicándole: "Yo no voy a aceptar que un pendejo culiad* me venga a dar órdenes a mí", agregando "te vas a la chuch* conmigo". Durante el diálogo telefónico, discutieron sobre un pago adelantado de $200.000, la falta de boletas tributarias y reiteradas menciones de acudir a Impuestos Internos. Además, debatieron sobre las condiciones del contrato; el empresario sostenía que se pactó en la oficina de nombre reservado, mientras el abogado indicaba que se realizó por la plataforma Zoom. Sobre la presentación de pruebas en el juicio, el empresario aseveró haber enviado los antecedentes de tres testigos contadores hacía un año, acusando al abogado con la frase "Tú borraste de mi archivo, no sé cómo crest* lo hiciste, todos los mensajes que te mandé", acusación que el abogado rechazó aclarando que no puede intervenir el WhatsApp ajeno.

En la parte final de la grabación, el recurrido aludió a su hija, nombre reservado, asegurando que ella le advirtió que el abogado estaba "medio rayado, medio raro", que ella lo conocía de la Universidad Diego Portales y que él solía acosarla al indicar que "hasta me joteaba", recomendándole finalmente no hacerle caso porque estaba "cagad* de la cabeza". Al informar el profesional que expondría todas esas aseveraciones en un juicio, el empresario invocó el artículo 36-B de la Ley de Telecomunicaciones, argumentando haber sido grabado sin consentimiento previo. Tras la finalización abrupta de la llamada, el documento constata que no se reanudó ninguna clase de comunicación ni existieron disculpas o reparaciones por las ofensas.

Expresa el recurrente que los hechos narrados vulneran el derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 Nº 1, debido a que la reiteración, intensidad y contenido ofensivo de los insultos, presiones y amenazas han generado una afectación emocional significativa, produciendo un estado de tensión e inquietud en el afectado. Paralelamente, se argumenta una perturbación efectiva del derecho a la honra, contemplado en el artículo 19 Nº 4, dado que las expresiones y la imputación de ilícitos, como la presunta evasión de impuestos, tienen la aptitud suficiente para menoscabar gravemente la reputación y la consideración social del abogado.

En su petitorio, solicita a esta Corte de Apelaciones acoger la acción y declarar que la conducta del recurrido constituye una perturbación ilegal y arbitraria, debiendo el recurrido abstenerse en lo sucesivo de emitir expresiones injuriosas, descalificatorias o imputaciones de hechos ilícitos mediante cualquier vía. Asimismo, exige que se disponga la abstención de efectuar actos de hostigamiento, presión o intimidación, en particular la amenaza de presentar denuncias ante organismos públicos con fines ajenos a su legalidad, y que el recurrido sea condenado expresamente en costas por existir motivos plausibles para recurrir.

2°) Que don Gustavo Tomás Baeriswyl Padilla, abogado, en representación del recurrido don nombre reservado, informando el recurso expone que no se vislumbra en la redacción y presentación del recurso cuáles son las peticiones que el recurrente requiere, y que confunde un cobro de honorarios con la interposición de un recurso de protección, en virtud del cual pretende que se le protejan ciertas garantías constitucionales, artículo 19 N° 1 y 4 de la Constitución Política del Estado.

Señala que en cuanto a la deuda que eventualmente mantendría con el recurrente, no es materia de un recurso de protección. El artículo 697 del Código de Procedimiento Civil establece una forma de cobro de honorarios de abogados o generados en juicio, y en su inciso segundo establece que dicha petición será sustanciada y resuelta en la forma prescrita para los incidentes, teniendo un procedimiento especial y exclusivo para las deudas generadas en juicios. En consecuencia, no procede interponer para su cobro un recurso de protección, debiendo tramitar su petición de acuerdo a lo que establece el artículo 82 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. El recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos y no indubitados, no siendo esta una instancia declarativa de derechos.

Los honorarios que menciona el recurrente que se le adeudaren son por la defensa en las causas C-4824-2023 y C-1536-2019, ambas del 2° Juzgado Civil de Chillán, representando a la Sociedad de Inversiones Santa Margarita Limitada. Tal encargo profesional requiere la total tramitación de la causa, que incluye el alzamiento de las medidas precautorias y/o embargos sobre bienes de su representado o sociedades. Estas medidas se encuentran vigentes, sin alzar, en el registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces de Chillán.

El recurrente, en las reproducciones de las conversaciones de la aplicación de mensajería WhatsApp, revela información reservada que puede perjudicar a mi representado, de acuerdo al artículo 231 y siguientes del Código Penal. En varias de esas reproducciones se hacen públicas estrategias legales, como el poner fin a un sinnúmero de demandas de la municipalidad, teniendo vigentes 4 o 5 juicios sobre lo mismo, porque a medida que se devengue el pago de patentes, se deduce una acción de cobro por parte del municipio. Además, con la interposición del recurso y al reproducir conversaciones reservadas y personales, está haciendo públicas conversaciones con un tercero que no autorizó la publicidad de ellas, lo que incluso puede ser objeto de una sanción penal.

Señala que en cuanto al artículo 19 N° 1, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, obviamente no se vislumbra de las conversaciones que exista algún atentado grave o serio, una amenaza seria y efectiva. La amenaza debe ser seria y verosímil, y no constituye atentado el hecho de que señale al actor “PARECE QUE NO ERES HIJO DE TU PADRE”, o que le manifieste que eventualmente puede recurrir a Impuestos Internos por la no emisión de boletas, o que le manifieste “NO ERES TAN CHORO”. La amenaza, además, debe tener la característica de ser ilegítima, y todas las expresiones son en el fondo groserías, representaciones de carácter familiar, pero no son ilegítimas o amenazas de ejecución de actos ilegales en contra de la integridad física, no existiendo además arbitrariedad.

En cuanto al artículo 19 N° 4, derecho a la honra de su persona y su familia, las conversaciones o diálogos que reproduce el recurrente no tienen ninguna ofensa en contra de la familia o del actuar del recurrente. Requisito esencial a la protección de la honra es que las expresiones difamatorias deben ser públicas o con publicidad, y el único que ha hecho públicos los diálogos es el propio recurrente, que menciona incluso, en cierto modo, secretos profesionales, cuya divulgación es un delito contemplado en el artículo 231 del Código Penal.

3°) Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°) Que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°) Que cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°) Que en primer lugar, conforme a lo señalado por don Joaquín Alberto Tapia Reyes en su recurso y, lo informado, a su vez, por la parte recurrida en su informe, se desprende que la controversia suscitada entre ellos emana de un conflicto de carácter contractual, cuya existencia, alcance y efectos son objeto de disputa.

7°) Que por otro lado y, ahora, en cuanto a la supuesta vulneración respecto del abogado recurrente, de la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, de su derecho a la integridad psíquica, en concepto de esta Corte y, luego de examinadas las conversaciones mantenidas por mensajería privada según da cuenta la prueba rendida en estos autos, las expresiones proferidas por el recurrido se encuentran contextualizadas en un contexto de discusión privada a propósito del cobro de un monto de dinero por una supuesta prestación de un servicio de carácter profesional y que, si bien pueden ser consideradas “inapropiadas” o “causar incomodidad” respecto de quien las recibe, carecen de la entidad, gravedad y seriedad suficientes para constituir una amenaza ilegítima y verosímil que perturbe el estado psíquico de una persona de normal temple. En efecto, el acto lesivo debe tener la capacidad real y verosímil de perturbar el equilibrio psíquico del afectado de manera relevante.

8°) Que sobre lo anterior y también respecto de una de las tantas conversaciones sostenidas entre las partes, en la forma establecida en el motivo anterior, cabe consignar que la manifestación de la intención de ejercer un derecho no constituye, en sí misma, un acto ilegal o arbitrario, por lo que los dichos de la recurrida en orden de anunciar que se recurrirá a las autoridades competentes, en la especie, el Servicio de Impuestos Internos es, en principio, el ejercicio de una facultad que el propio ordenamiento jurídico confiere a los ciudadanos para la defensa de sus intereses y la denuncia de eventuales irregularidades. Para que dicho anuncio se transforme en una "amenaza ilegítima", debería acreditarse que se realiza con un fin puramente extorsivo, de hostigamiento, o a sabiendas de la total falta de fundamento de la acción anunciada, configurando un abuso del derecho y, como ya se ha dicho, la prueba de tales circunstancias es compleja y, por lo general, excede el marco de conocimiento de un recurso de protección, siendo materia propia de un juicio de fondo.

9°) Que por último y respecto de la supuesta afectación a la honra, garantizada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, resulta necesario señalar que para que se configure una vulneración efectiva y que al efecto requiera protección del derecho amagado, se requiere, por regla general, de una imputación deshonrosa que tenga carácter público o sea difundida, cuestión que como ya se ha dicho no concurre en la especie, toda vez que las conversaciones tuvieron lugar en un ámbito estrictamente privado y la publicidad de las mismas fue generada por el propio recurrente al acompañarlas al proceso, por lo que no puede imputarse al recurrido un acto arbitrario o ilegal que haya provocado la afectación que se reclama.

10°) Que por todo lo razonado en los considerandos precedentes, al no existir un acto u omisión arbitrario o ilegal por parte del recurrido que vulnere las garantías constitucionales invocadas, el presente recurso deberá ser rechazado en todas sus partes.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas el interpuesto por el abogado don Joaquín Alberto Tapia Reyes en contra de don nombre reservado.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante don Cristian Coloma Fuentes, quien no firma por no haber integrado hoy.

Rol 307-2026 Protección