nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE QUILLON

23 Chillán, dos de marzo de dos mil veintiuno.

Visto:

1°.- Que comparecen los abogados don Rodolfo Nicolás Iglesias Iglesias y don Gabriel Rodrigo Ramírez Maldonado en representación de los propietarios y residentes ribereños de larga data de la “nombre reservado” ubicada en la comuna de Quillón, que individualizan en su libelo, los que junto a sus familias han ocupado embarcaciones a vela, motor, fuerza mecánica y otros, los cuales tienen su respectiva inscripción y certificado de navegabilidad otorgada por la Armada de Chile, quienes navegan en la laguna, los que cuentan con licencias y han dado cumplimiento a la Ordenanza Municipal del año 2013, interponiendo recurso de protección contra la Municipalidad de Quillón, representada por su Alcalde don Miguel Alfonso Peña Jara.

A continuación antes de entrar a ver el acto recurrido, los comparecientes, en síntesis, expresaron que ni la Constitución ni la ley prohíbe la circulación en espejos de agua, lagos o lagunas de embarcaciones o vehículos motorizados, ni menos se los entrega a las municipalidades realizar tal prohibición.

Luego señalaron que para fundamentar la acción, explican que la Municipalidad recurrida, a través de una rápida tramitación, dictó el Decreto Alcaldicio N° 3.953 de fecha 30 de diciembre del año 2020, que entró en vigencia el 1 de enero del año 2021, que “Aprueba Ordenanza Municipal que establece prohibición de uso de embarcaciones o vehículos motorizados que indica en la nombre reservado”. El que en síntesis, prohíbe el desembarco, circulación y navegación de toda clase de embarcaciones o vehículos acuáticos en la nombre reservado, que utilicen motores de combustión a base de petróleo diésel, gasolina, kerosene o cualquier tipo de combustible hidrocarburo o cualquier tipo de motor que sobrepase los 9.9 HP a partir del 1 de Enero de 2021, excluyendo las embarcaciones de emergencia, de fuerzas armadas y las de aquellos que se dediquen formalmente a la actividad económica de paseos recreativos de lancha u otro análogo en la nombre reservado. Estableciendo una sanción de multa de 1 a 5 UTM, a quienes infrinjan la disposición.

Enseguida señalaron que el actuar de la Municipalidad recurrida a través de dicha Ordenanza es contrario a la ley y arbitrario.

Fundamentan que es contrario a la Ley, ya que los actos de la Administración del Estado se rigen por el principio de Juridicidad, establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Las atribuciones de las Municipalidades otorgadas por su Ley Orgánica Constitucional, en orden al medio ambiente y administración de los bienes nacionales de uso público, no pueden exceder el contenido de la Ley, ni menos actuar fuera de la esfera de su competencia, no brindando a la Municipalidad la potestad de prohibir la circulación de uso de embarcaciones o vehículos motorizados.

Así la Ley 21.202 (citada en la Ordenanza como fundamento de la misma) no le permite a la Municipalidad prohibir las actividades indicadas. Es la propia Ordenanza que señala que se ha iniciado la tramitación de Declaración de nombre reservado a la nombre reservado. Es así, que dicha declaratoria aún no ha sido aprobada o rechazada por el Ministerio del Medio Ambiente, por lo que su reconocimiento es una mera expectativa, no pudiendo el ente edilicio en este estadio prohibir la circulación, solo indicando la ley que desde la solicitud de reconocimiento y el pronunciamiento por el Ministerio del Medio Ambiente, la municipalidad respectiva podrá postergar la entrega de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones en los terrenos en que se encuentren emplazados. Vale decir, no establece prohibiciones de la envergadura que ha resuelto el ente edilicio.

Agregan que así se ha resuelto por el Excmo. Tribunal Constitucional, en cuanto que las ordenanzas municipales sólo pueden regular materias comprendidas dentro de las funciones y atribuciones de las municipalidades, muy especialmente las que precisan los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley de Municipalidades.

Por otra parte aseveran la Ley Nº19.300 Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, igualmente, tampoco entrega a las Municipalidades la facultad de prohibir la circulación de vehículos embarcaciones o vehículos motorizados en lagos o lagunas. Es más, incluso sobre los humedales (que naturalmente han sido reconocidos sobre como tales) las actividades que puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos de los mismos requerirán evaluación de impacto ambiental, por lo que no existe una prohibición absoluta.

También aducen que la propia Contraloría General de la República ha sostenido que ordenanzas municipales no pueden prohibir actividades que están permitidas por la ley, por más cuestionables que ellas sean.

De otro lado afirman que el actuar de la recurrida resulta arbitrario por cuanto la Ordenanza cuestionada en su artículo segundo cae en una clara arbitrariedad, toda vez que faculta al Alcalde para autorizar excepcionalmente la circulación o tránsito de los “vehículos y/o embarcaciones” (sic) de los contribuyentes que se dediquen formalmente a la actividad económica de paseos recreativos de lancha u otro análogo en la nombre reservado que utilicen motores señalados en el artículo primero de la Ordenanza.

Esta diferencia nace del mero capricho, en razón a que no se vislumbra cual sería el criterio objetivo en cuanto a qué diferencia la actividad de los recurrentes de quienes explotan dicho bien como actividad comercial o lucrativa. Supuestamente, detrás de esta Ordenanza se encontraría un fin altruista que sería proteger el Medio Ambiente, más es de suyo arbitrario, permitir a los comerciantes hacer uso del espejo de agua y no a los particulares.

Por lo que estiman que, la decisión de la recurrida ha conculcado los derechos fundamentales consagrados en el Artículo 19 Nos. 2 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de sus representados.

Agregan además que no están en contra de la regulación adecuada y conforme a la ley, del cuidado y protección de la laguna, la flora y fauna, la seguridad de las actividades que se realicen en ella, pero para ello se necesitan estudios formales, como el que debe realizarse para el reconocimiento de nombre reservado, el que cuenta con plazos y etapas incluso de reclamación, cuestión que la Municipalidad obvió en el Decreto Alcaldicio. Además, en la Ordenanza se les atribuye que, con sus embarcaciones y vehículos a motor, son responsables de la eutrofización del acuífero, no existiendo las evaluaciones ambientales.

Finalmente, en mérito de las normas que cita, pide a esta Corte que adopte las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando a la recurrida dejar sin efecto la Ordenanza Municipal promulgada por el Decreto Alcaldicio 3952 de 2020 que establece prohibición de uso de embarcaciones o vehículos motorizados que indica en la nombre reservado y además de todas aquellas medidas que este Tribunal estime necesarias para la adecuada protección de las garantías constitucionales conculcadas o de cualquiera otra que se estime vulnerada, con expresa condena en costas del recurso.

2°. - Que, con fecha dieciocho de febrero del año en curso se acumuló el recurso de protección ingresado bajo el rol 13-2021 por tratarse del mismo acto indicado anteriormente, presentado por el abogado don Washington Rubén Merino Bustamante, por si, y en nombre de otras personas que individualiza en su libelo.

Refiere, en suma, que la recurrida en virtud del decreto alcaldicio que se impugna a través de la presente acción, les cercena una parte importante de su legítimo derecho de propiedad al prohibirles el uso y goce de la laguna, en desmedro de otras personas, que pueden hacer uso indiscriminado de ella navegando con tremendas embarcaciones todo el día y pasando por fuera de sus propiedades, lo que les provoca un estado de aflicción psicológica, por la impotencia ante tal arbitrariedad y desigualdad.

Enseguida agrega que los recurrentes son dueños de predios ribereños y también de motos acuáticas, lanchas y botes con pequeños motores y también alguno de ellos pertenecen a un Club Deportivo, invirtiendo grandes sumas de dinero para adquirir embarcaciones de última generación que no contaminan por lo que sienten que este decreto es una sanción extrema al prohibir actividades legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico.

Además, afirmó que, estos decretos de prohibición son recurrentes cada cierto tiempo en esta Municipalidad, ya en años anteriores han querido prohibir y han dictado decretos arbitrarios e ilegales, como el que está en cuestión hoy en día, utilizando variados fundamentos que han estado de moda en esos momentos, como lo están ahora los temas del medio ambiente. Los recurrentes están llanos a ayudar a resolver los problemas que pudieran aquejar a la Laguna, ya que como ribereños son los más interesados en que prevalezca por siempre, pero hay que realizar un trabajo en conjunto con la Municipalidad, en cuanto a cumplir con las reglas, crear nuevas normativas, ayudar a fiscalizar que éstas se cumplan, cosa totalmente distinta a la prohibición sufrida en estos momentos.

Que, cabe hacer notar que el uso de las embarcaciones sólo es estacionaria, esto es, en tiempo estival, no todos los días del año y solo en horarios determinados desde las 17:00 hasta las 21:00 horas, que en la práctica se reduce a la navegación de un corto periodo al año y reducido en el día, no como los grandes lanchones que el Alcalde ha dejado navegando en la nombre reservado, todos los días y todo el día partiendo a las 08:30 hasta las 21:30 horas, y con una gran cantidad de pasajeros.

Señalan que una vez que se ordene dejar sin efecto el decreto en cuestión, se comprometen a trabajar conjuntamente con la Municipalidad para realizar una labor que ayude a mejorar la Laguna, porque la Municipalidad deja mucho que desear en su actuar y como dar el ejemplo, como es el caso en que dirige canales de aguas negras hacia la Laguna y eso sí que contamina mucho más que una embarcación, se puede cambiar progresivamente a otra tecnología de funcionamiento las embarcaciones, más amigable con el medio ambiente, pero en forma programada en el tiempo, además contar con una real fiscalización en otros ámbitos como las grandes construcciones a las orillas de la laguna, que cumplan con la ordenanza y si no la cumplen hacerlas cumplir o demoler si no se ajustan a la normativa en que fueron construidas o a la normativa vigente.

Lo expresado anteriormente ha conculcado las garantías establecidas en el artículo 19 N°1, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, la del N°2, esto es, la igualdad ante la ley y la del N°24, esto es, el derecho de propiedad, de nuestra Carta Fundamental.

Finalmente insisten en que lo principal es no avasallar los derechos y sobre todo sin fundamento legal o científico que justifique la determinación tan drástica de una prohibición, solicitando se acoja el recurso, ordenando que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio Número 3.953 de fecha 30 de diciembre de 2020, de la Ilustre Municipalidad de Quillón, mediante el cual prohibió el desembarco, circulación y navegación de toda clase de embarcaciones o vehículos acuáticos en la nombre reservado de Quillón que utilicen motores de combustión a base de hidrocarburos o cualquier motor que sobrepase los 9,9 hp a partir del 1 de enero del 2021, y además faculta, arbitraria e ilegalmente, al Alcalde para autorizar excepcionalmente la circulación de estas embarcaciones que se prohíben, sólo por tener fines económicos. Como también que se tomen todas y cada una de las providencias para evitar que se produzca, nuevamente, la vulneración de derechos que motivó esta presentación, con expresa condenación en costas.

3°. - Que, del mismo modo, se acumuló a estos autos la acción de protección rol 24-2021 del ingreso de esta Corte, incoado por los abogados don Rodrigo Tobar Toro y don Felipe Peñafiel Lagos en favor de las personas que se individualizan en el libelo, en contra del Alcalde de la Municipalidad de Quillón, por el mismo Decreto Alcaldicio impugnado.

Señalan que la Municipalidad recurrida al dictar la Ordenanza recurrida ha actuado fuera del ámbito de su competencia, pues carece de las facultades y atribuciones para prohibir el desembarco, circulación y navegación de toda clase de embarcaciones o vehículos acuáticos en la nombre reservado de Quillón que utilicen motores de combustión en base de petróleo diésel, gasolina, kerosene o cualquier otro tipo de combustible hidrocarburo, o cualquier tipo de motor que sobrepase los 9,9 hp al interior de la nombre reservado. Dicha Ordenanza, por ende, es ilegal.

Enseguida los recurrentes se refieren a la naturaleza jurídica de las ordenanzas municipales, las cuales se sitúan jerárquicamente bajo la Constitución, las leyes y reglamentos, debiendo conformarse a todos ellos. Agregan que en este contexto ellas sólo pueden regular materias que la ley les señala expresamente y aquellas que estén comprendidas dentro d elas funciones y atribuciones que la ley 18.695 le otorga en sus artículos, 3°, 4° y 5°, distinguiendo entre funciones exclusivas o esenciales y funciones compartidas con otros órganos de la Administración del Estado y atribuciones esenciales.

Por otra parte señalan que la recurrida carece de competencia para dictar una Ordenanza, como la cuestionada, esto es, aquella que ha prohibido, lo que transforma su actuar en ilegal, puesto que de sus fundamentos, de velar por la salud pública y por la protección del medio ambiente, no es algo exclusivo o propio de su competencia, sino más bien, es una función que comparte con otros órganos de la administración del Estado, lo cual es relevante porque la Municipalidad no puede establecer regulaciones que rompan la estructura diseñada por el legislador de un modo común y uniforme para todo el país, como lo hace esta ordenanza. Lo dicho se desprende del artículo 9° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

De otro lado añadieron que en materia medio ambiental desde la dictación de la ley 19.300 que aprobó las Bases Generales del Medio Ambiente, el legislador incorporó a los municipios para su protección, cuyas atribuciones principales: a.- atacar el daño ambiental en la elaboración de los planes reguladores y seccionales; b. ser titular de la acción por daño ambiental; c.- recibir y tramitar denuncias por incumplimiento a las normas ambientales; y d.-tras la dictación de la ley 21.202., solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la declaración de una determinada superficie como nombre reservado y una vez así declarada, dictar una ordenanza general que establezca los criterios para la protección, conservación y preservación de los humedales dentro de su comuna. Es decir, afirma, la competencia de la recurrida en materia medio ambiental NO ES AMPLIA, sino que se limita a ciertas y determinadas facultades y atribuciones que como es fácil de advertir, en ningún momento la autoriza a prohibir el desarrollo de actividades lícitas, como es, el desembarco, circulación y navegación de embarcaciones acuáticas en la nombre reservado que utilizan ciertos tipos de motores.

En relación con los Humedales Urbanos, dicen que ha sido el legislador, quien, tras la dictación de la Ley 21.202, fijó el marco de competencia de los distintos órganos que componen la Administración del Estado para su protección. En este sentido, es el Ministerio de Medio Ambiente el llamado a declarar una determinada zona marítima como nombre reservado (art. 1° Ley 21.202), no así una Municipalidad. En el caso de autos, la nombre reservado no ha sido declarada como nombre reservado por el gobierno central. Ni siquiera está en vía de ser así declarada.

Del mismo modo, afirmaron, la protección de los Humedales se encuentra preferentemente a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, quien para ello ha debido dictar el decreto N° 15 de 24 de junio de 2020 el cual vino a definir “los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos, a fin de resguardar sus características ecológicas y su funcionamiento”. Agrega a continuación que si bien las Municipalidades están llamadas a dictar una ordenanza general que establezca los criterios para la protección, conservación y preservación de los humedales urbanos dentro de su comuna, no es menos cierto que dicha atribución se les ha conferido a las municipalidades solo una vez que una determinada superficie marítima sea declarada como tal por el gobierno central, lo que no ha ocurrido en el caso de autos.

Es decir, y a mayor abundamiento, mientras un bien nacional de uso público no sea declarado como nombre reservado, las Municipalidades carecen de competencia para dictar normas generales que restrinjan el uso de los mismos, amparados en esa supuesta calidad, lo cual se ve reforzado si se toma en cuenta que el art. 3° de la Ley 21.202 establece que “mientras se estudia la factibilidad de que una zona pueda ser declarada como nombre reservado”, las municipalidades solo pueden “postergar la entrega de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones en los terrenos que se encuentren emplazados”.- Esa es la única atribución que se le otorga a las Municipalidades cuando una extensión marítima puede potencialmente ser declarada como nombre reservado.

Enseguida expresaron que así las cosas, no obstante la autonomía que pueden tener las Municipalidades con el gobierno central, no es menos cierto que ellas se rigen por el principio de la juridicidad (artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental), de modo que si bien a las Municipalidades conforme a su Ley Orgánica les toca la administración local de cada comuna o agrupación de comunas, sus funciones en salud pública, protección del medio ambiente y administración de los bienes nacionales de uso público, no permiten amparar las prohibiciones declaradas en la ordenanza que se impugna, pues han sido las leyes -especialmente la Ley 19.300 y ahora la ley 21.202- las que han establecido el ámbito de atribuciones de las Municipalidades en materia ambiental.

A mayor abundamiento, aseveraron que el Decreto Alcaldicio Número 3.953, objeto de este recurso carece de motivación en lo que dice relación con las facultades que tiene la Municipalidad para dictar ordenanzas que prohíban el uso y navegación de determinadas embarcaciones acuáticas en la nombre reservado. La Ordenanza aprobada por el antedicho decreto, por ende, es ilegal y por sobre todo arbitraria.

Que aun cuando se podría estimar que la Municipalidad tiene una competencia amplia para dictar resoluciones que prohíban el uso de bienes nacionales de uso público fundado en una protección a la salud de la población y del medio ambiente, lo cierto es que la Ordenanza recurrida es ilegal y arbitraria porque carece de motivación y/o fundamentación. En efecto, si bien el art. 2° de la Ley 21.202 obliga a las municipalidades a dictar una ordenanza general que establezca los criterios para la protección, conservación y preservación de los humedales dentro de su comuna, no es menos cierto que dicha atribución se les ha conferido a las municipalidades sólo una vez que una determinada superficie marítima sea declarada como nombre reservado por el gobierno central, lo que no ocurre en el caso de autos.

Es decir, no puede la Municipalidad fundar o motivar su acto administrativo en un supuesto de hecho que no es tal, como es, que la nombre reservado sea un nombre reservado que requiera una protección especial. Peor aún, la autoridad Municipal cita para fundar su ordenanza, la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. En este contexto, el Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales, establece que será la comisión nacional del medioambiente quien deberá declarar los sitios prioritarios de conservación, o sitios “RAMSAR”.

Pues bien, resulta que la nombre reservado no es humedal, y tampoco ha sido declarado sitio prioritario por el Ministerio del Medio Ambiente, por lo que malamente puede ser objeto de una protección tan restrictiva como pretende la Municipalidad, al prohibir la utilización de embarcaciones recreativas y privadas en dicho bien nacional de uso público. Así entonces, los argumentos del órgano administrativo para prohibir el uso de embarcaciones acuáticas (privadas) en la nombre reservado no se fundan en razones objetivas y comprobables que doten de razonabilidad el actuar, lo que implica que la recurrida ha actuado al margen de la ley al dictar el Decreto Alcaldicio que la contiene, con mero capricho, lo que torna a la referida Ordenanza en un acto administrativo ilegal y arbitrario.

Enseguida afirmaron que la arbitrariedad no emana únicamente en el hecho de que la Ordenanza carezca de fundamentación. Además, las prohibiciones impuestas han venido a afectar a ciertos particulares, como son los recurrentes, quienes no pueden sustraerse de dicha restricción.

Que cualquier propietario de una embarcación cuyo motor sobrepase las 9.9 H.P. no podrá utilizar dicho vehículo en la Laguna. Asimismo, dicha Ordenanza impide el uso recreativo y particular de las lanchas y motos acuáticas, pero no así respecto de quienes se dediquen formalmente a la actividad económica de paseos recreativos.

La Ordenanza contenida en el Decreto Alcaldicio N° 3953, no solamente es ilegal y arbitraria, sino que vulnera las garantías fundamentales contenidas en los artículos 19 Nos. 1, 2º, y 24º de la Constitución Política.

En primer lugar, la resolución impugnada supone una flagrante perturbación y/o privación de la garantía constitucional reconocida en el artículo 19 N° 1 de la Carta Política, esto es integridad física y psíquica. Toda persona tiene derecho a utilizar los bienes nacionales de uso público tanto para actividades de descanso, recreativas, deportivas, etc. Así, constituye un verdadero apremio ilegítimo que una ordenanza pretenda impedir que las personas puedan materializar sus decisiones, más si el legislador no lo ha prohibido, sino al contrario, ha permitido el uso común de los bienes nacionales de uso público. Esta es precisamente la situación que afecta directa y psicológicamente a nuestros representados, quienes ya no podrán ejercer actividades que durante los últimos 30 años los distrajo, relajaron y peor aún, que los motivaron a materializar sus proyectos de vida familiar en torno a la nombre reservado.

En segundo lugar, la resolución impugnada supone una flagrante perturbación y/o privación de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, reconocida en el artículo 19 N° 2 de la Carta Política. Pues bien, al dictar la referida ordenanza, la I. Municipalidad recurrida afecta el derecho de igualdad ante la ley, al establecer diferencias para el uso de bienes nacionales de uso público, dando un trato diverso a quienes utilizan ciertas y determinadas embarcaciones para navegar por la nombre reservado en desmedro de otros.

Que también se ha conculcado en grado de perturbación y/o privación el derecho de propiedad garantizado en el numeral 24° de nuestro Código Político. En efecto, como ya lo hemos señalado, en Chile la actividad de navegar en bienes nacionales de uso público es lícita. No está prohibido el desembarco, navegación y circulación de embarcaciones acuáticas en bienes públicos. Sin embargo, la ordenanza recurrida impide que una persona que es dueña o mera tenedora de ciertas y determinadas embarcaciones acuáticas, puedan realizar un acto de uso y goce de las mismas en un bien público. Así las cosas, la ordenanza impide a los recurrentes usar sus embarcaciones acuáticas en la nombre reservado, lugar donde habitualmente navegan, y que para ello, incurren constantemente en grandes inversiones para el buen desarrollo de dicha actividad lícita.

Finalmente solicitan se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, en particular, se solicita se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 3.953 de 30 de diciembre de 2020 emanado de la Municipalidad de Quillón en virtud del cual se dictó una ordenanza municipal que, en síntesis, vino a prohibir el uso de ciertas y determinadas embarcaciones o vehículos motorizados en la nombre reservado de Quillón.

4°. - Que, al informar el abogado don Esteban San Martin, en representación de la Municipalidad de Quillón, refiere, en síntesis, que el Decreto Alcaldicio N°3.953 de 2020, se dictó con estricto apego a la legalidad, constando en su propio texto la normativa conforme a la cual se dictó, los motivos y fundamentos que llevaron al Municipio de Quillón a adoptar la medida, y la finalidad perseguida por la Administración mediante la emisión de la normativa. También descarta arbitrariedad por parte del Municipio, por cuanto no se realizó distinción alguna irrazonable ya que la decisión se basó en antecedentes científicamente afianzados que permiten establecer la idoneidad de la medida resuelta para alcanzar el fin perseguido, esto es, una mayor protección de los ecosistemas naturales del bien nacional de uso público denominado “nombre reservado de Quillón” en aras del principio de “Desarrollo Sustentable” que armoniza tal protección ambiental con el desarrollo económico respetuoso de la sustentabilidad de los ecosistemas. Dice que el desarrollo de funciones relacionadas con la protección del medio ambiente, de la salud pública, con el fomento del turismo, la recreación y el deporte, son de aquellas que el ordenamiento jurídico faculta a los Municipios realizar, sea directamente o en conjunto con otros Órganos de la Administración, conforme establece el art. 4 letras b), e) y l) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Argumenta que el Decreto Alcaldicio cuestionado dispuso la prohibición de tránsito de vehículos motorizados a base de combustibles hidrocarburos y aquellos con potencia superior a 9.9 HP, en la nombre reservado, apoyado en que los especialistas que nombra y fueron convocados al Consejo Municipal coincidieron en que la nombre reservado de Quillón se encuentra en un proceso acelerado de eutrofización - fertilización excesiva de una masa de agua que da por resultado el crecimiento perjudicial de plantas acuáticas, tales como algas y macrófitas- provocado por el fósforo y el nitrógeno, que son emitidos por los motores de combustión interna fuera de borda, y que causa aumento de la toxicidad de las aguas, mortandad de flora y fauna, disminución del oxígeno en las aguas, todo lo cual no sólo daña al ecosistema sino que puede producir graves daños a la salud de las personas. Además, en lo detectado por la Unidad de Medio Ambiente Municipal y lo informado por el SEREMI de Medio Ambiente de la Región de Ñuble así como por la ONG dedicada a la preservación y protección del Medio Ambiente “Quillón Verde”, en el sentido que las lanchas y motos de agua producen grave perjuicio a la fauna autóctona de la laguna, particularmente para la avifauna, perjudicando su proceso de nidificación con los potentes ruidos producidos por estos vehículos, además que las altas velocidades de los mismos y sus aspas de impulsión producen daños directos a estos animales a raíz del uso masivo e indiscriminado de los mismos. Lo anterior ha causado mortandad de especies, ha dificultado en gran medida su reproducción y en general ha provocado la disminución de sus poblaciones. Y en cuanto a la excepción dispuesta respecto de autorización especial temporal de circulación para aquellos contribuyentes operadores de vehículos de paseos turísticos establecidos en la nombre reservado, lo fue con el propósito de fomentar la economía local y el empleo a fin de no perjudicar la actividad turística de la comuna.

En cuanto a la alegación relativa a que se establecería una prohibición “de una actividad que puede realizarse lícitamente en todo el territorio nacional”, debe descartarse de plano, puesto que, en primer lugar, la Ordenanza en comento no establece una prohibición absoluta, únicamente se refiere a la nombre reservado y por razones graves y fundadas en la conservación del ecosistema lacustre. Por lo demás, no existe un “derecho” a emplear esa clase de vehículos en cualquier clase de cuerpo hídrico del territorio nacional, ni menos en cualquier clase de bienes nacionales de uso público, respecto a los cuales los particulares, si bien tienen un derecho de uso general para fines recreacionales, deportivos, etc., tal utilización deberá efectuarse en cada caso conforme a las condiciones que fije la administración atendida la naturaleza de los mismos y los fines perseguidos con dicha administración. Reseña lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en autos Rol 18.721-2018, en que se decreta la legalidad de la Ordenanza Municipal dictada por la Municipalidad de las Condes que prohibió fumar cigarrillos en determinados parques y plazas de la comuna, pues pese a tratarse de una actividad lícita no se puede desconocer sus efectos nocivos para la salud humana, siendo posible limitar racionalmente esa libertad en pos de la protección de la salud de la población y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Posteriormente sostiene que no existen derechos fundamentales conculcados porque por un lado, de ninguna forma prohíbe el uso de la laguna por los recurrentes para realizar actividades recreativas o incluso la navegación a través de diversos otros medios de transportes habilitados, tales como botes, bicicletas y vehículos eléctricos o con energía verde y por otro lado, dice que de ninguna manera se les ha limitado el dominio, uso o goce de sus terrenos y/o predios, sino que se establece una norma de buena convivencia y administración a fin de proteger y salvaguardar la “nombre reservado” tanto para el uso actual como en el futuro, ya que es el principal sustento y atractivo turístico de la comuna de Quillón.

Así respecto al derecho o garantía de protección a la integridad física y psíquica, hace presente que la conculcación de esta garantía implica una afectación cierta y grave a la vida o salud de las personas, afectando su condición física o psíquica de un modo que resulte ostensible, de tal manera, que resulte indispensable ocurrir mediante acción de protección ante la magistratura, y todas estas cuestiones son imposibles vincular causalmente con la prohibición de circular de ciertas embarcaciones por determinado bien nacional de uso público, más allá de la discrepancia de los recurrente con la decisión de la Administración, no puede estimarse tal parecer e incluso molestia como una afectación a su vida o salud apta para la tutela constitucional.

En relación con la igualdad ante la ley, el derecho constitucionalmente consagrado versa sobre una igualdad material, esto es, que personas en igualdad de condiciones se vean aplicadas las mismas reglas. En este caso, la limitación establecida por la ordenanza se aplica a todas las personas que utilicen el bien nacional de uso público “nombre reservado” de forma igualitaria y sin discriminación. Pero de ninguna forma prohíbe el uso de esta por los recurrentes para realizar actividades recreativas o incluso la navegación a través de diversos otros medios de transportes habilitados, tales como botes, bicicletas y vehículos eléctricos o con energía verde. Por lo mismo tampoco es lícito comparar la situación de quienes recurren, con los vecinos comerciantes del sector, que ejercen una actividad lucrativa en el sector de la laguna y que dependen de dichos ingresos para su subsistencia, por ejemplo.

Y por último en cuanto al derecho de propiedad que se alega vulnerado, no tiene ningún asidero respecto de un bien nacional de uso público. De ninguna manera se les ha limitado el dominio, uso o goce de sus terrenos y/o predios, sino que se establece una norma de buena convivencia y administración a fin de proteger y salvaguardar la “nombre reservado” tanto para el uso actual como en el futuro, ya que es el principal sustento y atractivo turístico de la comuna de Quillón. Además que ningún derecho de propiedad existe de los recurrentes sobre la Laguna. Pero, además, se debe destacar, que los recurrentes alegan afectaciones por ser supuestamente domiciliados en la comuna de Quillón y usuarios de larga data de la Laguna, y por tanto, se verían afectados por no poder utilizar sus vehículos motorizados en la laguna. En primer lugar, cabe mencionar, que, contradictoriamente, los recurrentes o beneficiados por el recurso señalan domicilio en otras comunas ubicadas en la Región del Bío-Bio (Concepción, Chiguayante, nombre reservado y Talcahuano), pero luego aducen estar domiciliados en la comuna de Quillón, sin acompañar antecedente alguno relativo a su avecindamiento en la comuna, ni certificado de residencia, de dominio de inmueble alguno, arrendamiento ni ningún otro que acredite la legitimación activa que debe existir en el recurso de protección; por otro lado nadie está privándolos del dominio, posesión o tenencia de sus vehículos (sobre lo cual tampoco acompañan antecedente alguno que indique tal propiedad o derechos), ni limitando su uso en otros cuerpos de agua, incluso de la misma comuna, ni tampoco se les niega la posibilidad de usar otros medios de transporte menos dañinos para el ecosistema acuático de la nombre reservado. En efecto, en reiteradas oportunidades la jurisprudencia se ha pronunciado sobre el particular, indicando que el recurso de protección no es acción popular, por tanto, quien lo interpone debe acreditar un perjuicio, es decir, una afectación concreta a un derecho jurídicamente tutelado por el recurso.

A mayor abundamiento, añadió que si se usa un criterio de proporcionalidad para resolver el supuesto conflicto existente entre derechos fundamentales, esto es, igualdad ante la ley y derecho de propiedad v/s el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la salud, y derecho a la vida e integridad psíquica y física de las personas, la medida adoptada es la más razonable toda vez que persigue una finalidad constitucionalmente legítima, es idónea para lograr el objetivo (preservar el ecosistema de la nombre reservado), y es necesaria, ya que dentro de las medidas posibles a adoptar, esta es la menos gravosa ya que no impide el uso de la laguna para la población en general, restringiendo única y exclusivamente los vehículos con determinados combustibles fósiles y/o potencia, según ya se ha explicado, pero no otras formas de transporte.

5°. - Que, consta en autos informe de doña nombre reservado, Subsecretaria Subrogante del Ministerio de Medio Ambiente, refiere que el 24 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 15, del Ministerio de Medio Ambiente, que establece el Reglamento de la Ley Nº 21.202 “Reglamento de Humedales Urbanos”, que dispone en forma expresa y taxativa la normativa para la declaración de esta categoría de protección, siendo de oficio por el Ministerio del Medio Ambiente o a solicitud de la Municipalidad correspondiente.

En este orden de ideas, mediante la Resolución Exenta N° 62, de 22 de enero de 2021, del Ministerio de Medio Ambiente se dio inicio al proceso de declaración de oficio de 33 humedales urbanos a nivel nacional, publicado en el Diario Oficial con fecha 2 de febrero de 2020. Consecuentemente, a la fecha se encuentra abierto el plazo de quince días hábiles para que cualquier persona, natural o jurídica, aporte antecedentes adicionales sobre los humedales urbanos que se pretende declarar. Sin embargo, la nombre reservado no se incorporó en este primer proceso, ya que a la fecha no se cuenta con toda la información necesaria que permita dicha declaración de oficio. Ello, no significa que la nombre reservado no pueda estar contemplada en los procedimientos de declaración de oficio que se desarrollarán más adelante pues se pretende declarar 150 humedales urbanos durante el periodo 2020-2022. Añade que la Subsecretaría se encuentra trabajando en el levantamiento de información respecto a la nombre reservado, especialmente en lo referido a su cartografía, lo que permitiría su incorporación en próximos procedimientos de declaración de oficio de humedales urbanos, lo que no obsta a que la Municipalidad de Quillón lo solicite previamente, lo que precisamente se ha estado trabajando en conjunto entre dicho municipio y la SEREMI.

Expresa que como lo señala el Reglamento de Humedales Urbanos la solicitud de declaración efectuada por los municipios, debe contener información técnica y científica, completa y suficiente que permita al Ministerio de Medio Ambiente dar curso a la misma, en este sentido, la secretaría ha guiado y apoyado a la Municipalidad de Quillón en el inicio del proceso. El 20 de febrero del año 2020 su representada informó mediante oficio la publicación de la Ley de Humedales y solicitó información respecto a ecosistemas acuáticos presentes en cada comuna de su jurisdicción, a más tardar el 05 de marzo de 2020. Luego el 22 de julio de 2020, el Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de Ñuble Sr. nombre reservado asistió a sesión extraordinaria del Consejo Municipal de la comuna de Quillón para relevar la importancia de comenzar con el proceso de protección de la nombre reservado. Así, el 7 de agosto de 2020, el Municipio de Quillón remitió a la Secretaria Regional Ministerial de Medio Ambiente información preparatoria para la futura solicitud de reconocimiento de nombre reservado, incluyendo un detalle sobre el importante número de flora y fauna presente en la misma, sin embargo, en dicha fecha su representada se encontraba elaborando el Reglamento, y una vez terminado y publicado en el Diario Oficial, con fecha 16 de diciembre de 2020, se envió correo a la recurrida acompañando el material de apoyo necesario para preparar correcta y suficientemente la solicitud de declaración de nombre reservado, pese a ello, la Seremi de Medio Ambiente no ha recibido a la fecha del informe la solicitud de la Municipalidad de Quillón de declaración de nombre reservado.

En cuanto a la declaración de la nombre reservado como sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, dice que éstos son una figura de gestión para la conservación in situ de la biodiversidad en Chile, que tienen su génesis en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, promulgado mediante el Decreto Supremo Nº 1963, de 1994, del Ministerio de Relaciones Exteriores. El artículo 6 de dicho convenio establece que cada parte contratante elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrá de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el Convenio. En este contexto, las Estrategias Regionales de Biodiversidad reconocieron más de 300 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. A su vez, en cumplimiento del compromiso internacional antes señalado, la Comisión Nacional del Medio Ambiente aprobó el año 2003 la Estrategia Nacional de Biodiversidad, reconociendo otros 68 sitios. Que, en este marco, de la revisión de los documentos antes referidos, cabe informar que la nombre reservado no ha sido reconocida como sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, ya sea en Estrategias Regionales de Biodiversidad como la Estrategia Nacional.

En relación con zonas húmedas de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, estas tienen su origen en la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas promulgada mediante el Decreto Supremo N° 771, de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores. A modo general, cabe informar que, en conformidad al artículo 2 de la Convención, la declaración de esta categoría de protección se realiza mediante la inclusión del Humedal en la Lista de Humedales de Importancia Internacional que mantiene la Oficina permanente nombrada en virtud de la Convención. En este marco, cada parte contratante puede solicitar la inclusión de un Humedal, lo que será analizado en el marco de la Conferencia de las Partes, que decide sobre la declaración del Humedal como sitio Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. A la fecha, Chile cuenta con 16 Humedales de importancia internacional declarados sitios Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas dentro de los cuales la nombre reservado no ha sido propuesta ni declarada como tal.

6°. - Que, por su parte al informar la Secretaria Regional Ministerial de Salud, nombre reservado, señaló que en la nombre reservado se realizan muestreos año a año, al inicio y en medio de la temporada de verano, en dos puntos de los cuatro sectores de la laguna que son los mayormente utilizados por los bañistas, Sector de Canotaje, Balneario Municipal, Camping Agua Linda y Sector Bello Bosque. Los estudios comprenden el análisis de la contaminación bacteriana, realizando recuentos de Bacterias Coliformes Fecales, indicador de contaminación con aguas servidas y excretas y eventualmente de algunos parámetros de turbiedad, PH y color. Se aplica la Norma Chilena Nº 1333/78 Sobre Aguas Para Diferentes Usos. Al respecto cabe mencionar que en general los análisis son satisfactorios desde el punto de vista bacteriológico, lo que hace pronunciarse en forma favorable en relación al uso recreacional con contacto directo de las aguas de la nombre reservado, esto para los puntos de muestreo que se indican.

Precisa que, en estudio realizado en el mes de diciembre último, el indicador de PH sobrepasó la norma, pero no al punto de fundamentar alguna determinación negativa para emitir un pronunciamiento desfavorable frente al uso recreacional del agua. Ante ello, se envió a la SEREMI de Medio Ambiente el Oficio Ordinario Nº 13437 de fecha 11.12.2020, requiriendo a esta repartición pública realizar estudios más acuciosos y amplios en relación con otras normativas que corresponde a ellos aplicar.

7°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

8°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

9°. – Que, en cuanto a la alegación de falta de legitimación activa deducida para enervar la acción constitucional, la Municipalidad de Quillón ésta se fundó en que ésta no es una acción popular y exige un interés subjetivo del afectado.

10°. - Que el recurso de protección como medio cautelar declarativo de afectación de derechos fundamentales exige la concurrencia de una persona natural o jurídica determinada, sea que accione por sí o a través de cualquiera a su nombre, conclusión que se extrae del tenor literal del artículo 20 de la Constitución Policita, que se refiere a “El afectado…” Sobre este punto, la doctrina ha sido enfática en sostener que esta acción no es popular o pública, pues corresponde al titular del derecho o a su representante (Pinochet Cantwell, Francisco, El recurso de protección, Editorial El Jurista, Edición 2016, p. 152).

11°. - Que asentado lo anterior, en este caso, lo discutido es si los recurrentes se encuentran legitimados para interponer la presente acción ya que se denuncia por la recurrida que éstos no acompañan certificado de dominio, arrendamiento, o de residencia alguno que así lo acredite. Conforme lo analizado, la acción exige un interés subjetivo comprometido en la salvaguarda de la garantía fundamental presuntamente afectada, lo que se encuentra suficientemente acreditado con el mérito de los antecedentes acompañados en la causa que dan cuenta del interés y los motivos que inducen a los recurrentes a presentar el recurso, cumpliendo de esta forma con los presupuestos de legitimación activa para su interposición, por lo que la alegación de la recurrida será desestimada.

12º.- Que, en cuanto al fondo, del contenido de la pretensión se desprende que por su intermedio los recurrentes persiguen dejar sin efecto la Ordenanza Municipal aprobada mediante decreto alcaldicio N° 3.953 del 30 de diciembre de 2020, que establece la prohibición de uso de embarcaciones o vehículos motorizados que indica en la nombre reservado, llevando aparejado su incumplimiento sanción de multa, lo cual vulnera sus garantías constitucionales contempladas en los Nos.1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

13°. – Que, la objeción de legalidad y arbitrariedad planteada por los recurrentes se encuentra referida al contenido prohibitivo de su artículo primero que, en síntesis, prohíbe el desembarco, circulación y navegación de toda clase de embarcaciones o vehículos acuáticos en la nombre reservado, que utilicen motores de combustión a base de petróleo diésel, gasolina, kerosene o cualquier tipo de combustible hidrocarburo o cualquier tipo de motor que sobrepase los 9.9 HP a partir del 1 de Enero de 2021, excluyendo las embarcaciones de emergencia, de fuerzas armadas y en su artículo segundo las de aquellos que se dediquen formalmente a la actividad económica de paseos recreativos de lancha u otro análogo en la nombre reservado.

14°. – Que, el primer punto a abordar es si la Ordenanza impugnada cumplió con la ley, en su generación y contenido. Para ello, debe considerarse el ordenamiento en su conjunto, y como partida los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, que consagran el principio de legalidad como base fundamental de la actuación pública. Así, la autoridad municipal en este caso actúa previa investidura regular, dentro del marco de su competencia y en la forma prescrita por la ley, por cuanto no hay discusión que la Ordenanza impugnada, fue dictada por el Alcalde de la comuna, previo acuerdo del Concejo Municipal y ambos han sido investidos de sus calidades mediante elecciones populares de forma anterior a la dictación del acto. En cuanto al actuar dentro de su competencia, estas están determinadas en la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que marca el ámbito de intervención del ente edilicio, en su artículo 5°, asigna dentro de sus facultades: “c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado.”

15°.- Que, al respecto cabe tener presente que el cuestionamiento al decreto alcaldicio impugnado en la presente acción constitucional está referido a si este ha actuado dentro de sus competencias atendidos los fundamentos contenidos en su parte considerativa de la que se extrae que esta Ordenanza busca la conservación y protección del ecosistema de la nombre reservado compatibilizándolo con su rol como centro recreacional turístico, es decir, promover el desarrollo sustentable de los espacios públicos de la comuna de Quillón. Acorde a lo anterior el Municipio se funda para adoptar estas prohibiciones en la dictación de la Ley N° 21.202, que regula la forma de obtener la declaratoria de un nombre reservado, como sería en concepto del ente edilicio la nombre reservado, lo que le otorgará una reforzada protección jurídica, como se señala expresamente en el decreto Alcaldicio recurrido.

16°.- Que, en este orden de ideas cabe tener presente lo informado en autos por la Subsecretaria Subrogante del Ministerio de Medio Ambiente, quien indica que el 24 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 15, del Ministerio de Medio Ambiente, que establece el Reglamento de la Ley Nº 21.202 “Reglamento de Humedales Urbanos”, que dispone en forma expresa y taxativa la normativa para la declaración de esta categoría de protección, siendo esta de oficio por el Ministerio del Medio Ambiente o a solicitud de la Municipalidad correspondiente. Agrega que la nombre reservado no se incorporó en el primer proceso de declaración de oficio de 33 humedales urbanos a nivel nacional iniciado con fecha 22 de enero de 2021, ya que a la fecha no se cuenta con toda la información necesaria que permita dicha declaración de oficio. Que asimismo el Reglamento de Humedales Urbanos ha establecido que la solicitud del municipio debe contener información técnica y científica, completa y suficiente, que permita al Ministerio de Medio Ambiente dar curso a la misma y evaluarla debidamente. Finalmente se informa que, a la fecha de evacuar el informe solicitado por la Iltma. Corte de Apelaciones, el 18 de febrero de 2021, la Secretaria Ministerial de Medio Ambiente del Ñuble no ha recibido solicitud de la Municipalidad de Quillón de declaración de nombre reservado.

17°. – Que, así las cosas, lo resuelto por la recurrida no se funda en razones objetivas y comprobables que le otorguen razonabilidad a su actuar, lo que implica que ha actuado al margen de la ley al dictar el decreto Alcaldicio N° 3.953, por mero capricho, lo que torna a la referida ordenanza en un acto administrativo ilegal y arbitrario, por cuanto como se ha venido analizando precedentemente previo a adoptar medidas de protección y cuidado de la laguna, y de la flora y fauna existentes en ella, se requieren estudios formales, como se señala en la ley de Humedales Urbanos, declaración que le compete exclusivamente al Ministerio de Medio Ambiente, dentro de un proceso que cuenta con plazos y etapas previamente establecidos contemplando incluso una etapa de reclamación, cuestión que como se desprende de los antecedentes no fue cumplido por el Municipio recurrido al dictar la Ordenanza, atribuyendo principalmente a las embarcaciones y vehículos a motor, la responsabilidad de la eutrofización de la nombre reservado, sin que se hayan realizado a la fecha las evaluaciones medioambientales para así sostenerlo. De esta forma la recurrida al dictar el Decreto Alcaldicio número 3.953 ha incurrido en un acto ilegal, toda vez que las atribuciones de las Municipalidades, otorgadas por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en orden al medio ambiente y administración de los bienes nacionales de uso público, no pueden exceder el contenido de la Ley, ni menos actuar fuera de la esfera de su competencia, ni la ley 21.202 en que se funda la Ordenanza, ni Ley Nº19.300 Ley de Bases Generales del Medio Ambiente le permite a la Municipalidad prohibir las actividades indicadas en el Decreto Alcaldicio N° 3.953 de fecha 30 de diciembre de 2020.

18°. - Que, por otra parte, para concluir que la Ordenanza es arbitraria, es decir, carente de razonabilidad o producto del mero capricho de la autoridad, cabe indicar que el acto administrativo en general, debe tener siempre como finalidad el interés público, lo que puede o no expresarse en el mismo. En el caso de la Ordenanza recurrida esta viene dada en su parte considerativa de la que se extrae que busca la conservación y protección del ecosistema de la nombre reservado compatibilizándolo con su rol como centro recreacional turístico, es decir, promover el desarrollo sustentable de los espacios públicos de la comuna de Quillón. Lo que no se condice con los escasos antecedentes invocados por parte del Municipio que fundamenten la necesidad de la medida adoptada para el logro de este fin, y el establecimiento de una regla de excepción respecto de un determinado grupo de personas a quienes se les autoriza el uso de embarcaciones de las mismas características que las que se prohíben al resto de los particulares, sin explicitar los motivos para ello, Al actuar del modo descrito, la Municipalidad recurrida afecta el derecho de igualdad ante la ley, al establecer diferencias para el uso de bienes nacionales de uso público, al margen de la ley, dando un trato diverso a personas en la misma situación, como se desprende de lo resolutivo segundo del decreto alcaldicio, además, de no contar en la aludida resolución con la debida motivación para ello, por lo que ésta a juicio de estos sentenciadores se torna necesariamente antojadiza o caprichosa.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE, sin costas, los interpuestos por los abogados don Rodolfo Nicolás Iglesias Iglesias y don Gabriel Rodrigo Ramírez Maldonado en favor de don nombre reservado, y otros, por el abogado don Washington Rubén Merino Bustamante, por si, y en nombre de doña nombre reservado, y otros, y por los abogados don Rodrigo Tobar Toro y don Felipe Peñafiel Lagos en favor de nombre reservado, y otros, contra de la Municipalidad de Quillón, representada por su Alcalde don Miguel Alfonso Peña Jara, y en consecuencia se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 3.953 de fecha 30 de diciembre del año 2020 de la dicha Municipalidad.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro Claudio Arias Córdova.

ROL 3-2021- ACUMULADAS ROL 13-2021 Y 24-2021 PROTECCION.-