nombre reservado con nombre reservado

Chillán, veintiséis de abril de dos mil veinticuatro.- Vistos:

1°.- Que comparece el abogado Cristian Hernán Sepulveda Burgos, domiciliado en domicilio reservado, por su representado convencional don nombre reservado, agricultor, domiciliado en el Sector de San José de Zemita de la comuna de Ñiquén, e interpone acción de protección contra doña nombre reservado, desconoce profesión u oficio, cédula de identidad RUT reservado, domiciliada en proyecto Colliguay, sitio 36 de la comuna de San Carlos.

Relata que el 13 de octubre de 2021 celebró un contrato de arrendamiento, firmado ante notario, con doña nombre reservado, en representación de don nombre reservado, respecto de un terreno agrícola de 10 hectáreas ubicado en Proyecto Colliguay, parcela 33 de la Provincia de Punilla, y sitio 36 en la comuna de San Carlos, cuyo contrato se encuentra vigente a la fecha. Agrega que la propiedad se encuentra enrolada en el Servicio de Impuestos Internos bajo el número 1456-112 e inscrita a fojas 1620 N° 648 del Registro de Propiedad del año 1975 del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos. Dicha propiedad se encuentra arrendada hasta el año 2025, con los derechos de agua correspondientes, quedando autorizada a guardar maquinaria, herramientas e insumos agrícolas en el sitio 36 hasta el término del mismo.

Refiere que el catorce de marzo del presente año llegó al predio arrendado doña nombre reservado, quien instaló nuevamente un candado impidiéndole seguir con la cosecha de frambuesas y recoger otros productos, con los graves perjuicios y pérdidas económicas que ello conlleva, ya que en el caso de la frambuesa debe ser cosechada en un corto período.

Refiere que esta situación había ocurrido anteriormente, cuando el 8 de mayo del 2022, la recurrida llegó al predio y sitio arrendado, instalándose en la casa existente, poniendo una cadena y candado en el portón de ingreso, señalando ser ex cónyuge del arrendador y que tenía derecho a estar en el lugar. Indica que conforme a ello, se presentó recurso de protección ante esta Corte, Rol 3640–2022, la que por sentencia de 13 de julio de 2022, resolvió a favor de su representado.

Indica que la actitud de la recurrida es un acto absolutamente tutelar, injusto arbitrario e ilegal, debido a que no se ha rescindido, revocado o dejado sin efecto, el contrato de arriendo a su mandante, y que además no se le ha notificado ningún proceso para el efecto, que pueda ser motivo del cierre de la propiedad arrendada, nuevamente por parte de la requerida, quien se encuentra divorciada desde hace mucho tiempo con el arrendador, cerrando el portón de ingreso al predio impidiendo cualquier acceso sin su autorización.

Enfatiza que el portón se encuentra en el sitio 36 y es el único acceso a la propiedad arrendada, por lo que se le impide el ingreso a través de este sitio y acceso al predio de 10 hectáreas arrendadas, con el objeto de guardar maquinaria, insumos y otras especies, y cosechar las frambuesas y demás productos sembrados.

Sostiene que las conductas descritas importan una vulneración al derecho fundamental de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República, debido a que la requerida está impidiendo, arbitraria, injusta e ilegítimamente el derecho de usar la propiedad arrendada, entorpeciendo y perturbando su uso, siendo esta acción el medio idóneo y eficaz para su debida protección.

Termina solicitando que se acoja la acción interpuesta y se declare: 1) Que, se ordenar la restitución de la propiedad arrendada al arrendatario, todo bajo apercibimiento legal. 2) Que, se ordena el retiro inmediato de la cadena y candado que cierran el portón de acceso a la propiedad. 3) Que, se ordena a la recurrida que se abstenga se cerrar nuevamente el portón de acceso a la propiedad arrendada o ejercer cualquier acto que impida, restrinja o limite en cualquier sentido el ingreso o salida de la propiedad arrendada. 4) Las demás acciones que esta Corte estime pertinentes. 5) Que se condene expresamente en costas a la recurrida.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que informando el recurso, comparece doña nombre reservado, dueña de casa, con domicilio en domicilio reservado, solicitando su rechazo.

En primer término señala que el contrato de arrendamiento celebrado el 13 de octubre del año 2021, fue suscrito por su hija nombre reservado sobre el terreno agrícola denominado Sitio 36 Proyecto Colliguay, de una superficie aproximada de 10 hectáreas, inscrito a nombre de su ex cónyuge, don nombre reservado, a fojas 1620 N° 648 del Registro de Propiedad del año 1975 del Conservador de Bienes Raíces de San Carlos. Precisa que dicho inmueble fue adquirido a título oneroso durante la vigencia del matrimonio, formando parte del haber absoluto de la sociedad conyugal conforme al artículo 1725 N°5 del Código Civil.

Explica que, producto del divorcio con su ex cónyuge, inició un juicio particional en causa Rol 335-2022 caratulado “nombre reservado/nombre reservado” en el Juzgado de Letras de la ciudad de San Carlos, designándose como juez árbitro a don nombre reservado, quien a la fecha ha llevado a cabo todas las actuaciones necesarias para avanzar con el proceso. Añade que, el 8 de marzo del año 2024, en rebeldía de la contraria, se resolvió hacer lugar al cese gratuito del bien común, debiéndose fijar al efecto canon de arriendo por los derechos y cuota que le corresponde por utilizar su parte del terreno, atendido que, como señala el hoy recurrente, han plantado y han gozado gratuitamente de los frutos civiles, de terrenos que por ley le pertenecen, señalando además que su hija, doña nombre reservado, ha percibido las rentas producto del contrato de arriendo que celebró a nombre de su ex cónyuge, a sabiendas de la existencia de este proceso particional, siendo ellos los que han actuado de mala fe en toda esta situación.

Señala además que, el apoderado del recurrente, también es de su ex cónyuge en el juicio particional, por lo que está en pleno conocimiento de lo ocurrido, no pudiendo desentenderse, como lo pretende en el presente recurso, Sostiene que la presente acción no puede prosperar, atendido que se retiró el candado del portón permitiendo el libre acceso al terreno, por lo que no existiría acto ilegal o arbitrario que le sea imputable, por lo que el hecho que generó la supuesta vulneración a la garantía constitucional transgredida no existe a la fecha, y, además, porque dicha situación se encuentra en un juicio de partición, lo que debe resolverse por la vía que corresponde.

Termina solicitando, tener por evacuado el informe solicitado, y por las razones expuestas, pide se rechace, con costas, el recurso.

A su informe acompañó documentos.

3°.- Que mediante Oficio N° 256 de 10 de abril de 2024, la Prefectura de Carabineros de Ñuble N° 17 informa que personal de la Tenencia de San Gregorio se constituyó en el lugar de los hechos objeto del recurso y apreció que existe un portón de fierro de dos hojas en el acceso del predio, el cual se encontraba sin candado el día de la diligencia, el 27 de marzo de 2024. También consigna que verificó que en el interior del predio se estaba efectuando la cosecha de frambuesas. Todo lo anterior consta en las fotografías que se acompañan al oficio.

Idéntica constatación se efectuó por funcionarios de carabineros con fecha 8 de abril de 2024.

4º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7º.- Que, el recurrente ha denunciado como acto ilegal y arbitrario la instalación de un candado en el portón de acceso al predio agrícola del que es arrendatario, siendo dicha acción ejecutada por la ex cónyuge del arrendador y hoy recurrida, señalando además que idéntica situación se habría verificado en el año 2022.

8°.- Que, de los oficios remitidos por la 17° Prefectura de Carabineros de Ñuble, rolantes a folio 4 y 13, se da cuenta que los días 27 de marzo de 2024 y 8 de abril del año en curso, respectivamente, el portón de acceso al inmueble no se encontraba cerrado, según además se constata de las fotografías adjuntas.

9°.- Que, sin perjuicio de lo establecido en el considerando anterior, ha sido la propia recurrida quien ha reconocido, al evacuar el informe respectivo, que ella sí puso el candado en el portón y que luego lo retiró.

Así entonces, se constata la efectividad del acto denunciado por el recurrente, esto es, que doña nombre reservado puso un candado en el portón de ingreso del predio arrendado por el actor, sin ser parte de dicho contrato.

En tal contexto, las explicaciones de la recurrida, en cuanto a que actualmente existe un juicio particional pendiente entre ella y el arrendador, son absolutamente inoponibles al arrendatario recurrente y en modo alguno la autorizan a impedir el ingreso al predio.

10°.- Que, conforme a lo expresado en el considerando que antecede, la acción desplegada por doña nombre reservado importa una acción de autotutela que vulnera la garantía constitucional del numeral 3º inciso 5º del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que se ha atribuido competencias que por su naturaleza y contenido, corresponden al ámbito de los Tribunales de Justicia. Asimismo, se afecta el derecho de propiedad del actor por cuanto le impide el uso del predio destinado al cultivo de productos agrícolas.

11°.- Finalmente, pese a haber cesado actualmente el hecho vulnerador, la presente acción igualmente será acogida, atendido que el actor ha debido recurrir en dos oportunidades ante esta Corte a fin de hacer cesar las conductas de autotutela señaladas, según da cuenta causa rol de Protección 3640-2022 de ingreso de esta Corte, razón por la cual resulta pertinente ordenar a la recurrida que se abstenga de incurrir en lo sucesivo en los mismos hechos.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, sólo en cuanto se ordena a esta última abstenerse en lo sucesivo de impedir o restringir el acceso a la propiedad arrendada, esto es, Parcela 33 y Sitio 36, ubicado en Proyecto Colliguay, de la comuna de San Carlos, bajo apercibimiento de procederse en su contra de acuerdo a los términos del referido Auto Acordado, y sin perjuicio del eventual desacato en que pudiere incurrir.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Érica Pezoa Gallegos.

Rol 291-2024 Protección