Protección contra Inspección del Trabajo de San Carlos

Chillán, veinte de julio de dos mil veintidós.

Vistos:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, psicopedagoga, domiciliada en domicilio reservado. Los Aromos 630 Villa Los Robles, Chillan y don nombre reservado, Trabajador Social, domiciliado en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección contra la Inspección Comunal del trabajo de San Carlos, representada legalmente por nombre reservado, Jefe Inspección comunal, o quien lo subrogue, reemplace o represente legalmente, ambos domiciliados en domicilio reservado, solicitando que esta Corte adopte las medidas tendientes a cautelar el ejercicio de los derechos constitucionales, cuyo legítimo ejercicio se amenaza como consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la recurrida.

Exponen que los recurrentes trabajaron para la Ilustre Municipalidad de San Carlos desde el 07 de Marzo del año 2017 hasta el 1 de marzo del año 2022, fecha en la que se produjo su desvinculación, quienes se desempeñaron como parte del equipo multiprofesional del Programa de Integración Escolar, dependiente del Departamento de Educación de San Carlos, nombre reservado como psicopedagoga y nombre reservado como trabajador social, con la calidad de asistentes de la educación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 19.464 letra a), cuya relación laboral se rigió por el Código del Trabajo, la ley 19.464 y la ley 21.109, que crea el Estatuto de los Asistentes de la Educación.

Agregan que, luego de ser despedidos, consideraron que la causal de despido no se ajustaba a derecho por lo que retiraron sus finiquitos, ratificándolo ante la inspección del Trabajo el 22 de marzo, en el caso de doña nombre reservado y el 11 del mismo mes, por don nombre reservado, cual estampó la correspondiente reserva de derechos en relación con la causal del despido. Que conforme a lo anterior, concluyen procedente interponer el libelo conforme a las reglas establecidas para el procedimiento monitorio Código del Trabajo, por lo que el 05 de mayo del corriente, concurrieron a la Inspección Comunal del Trabajo de San Carlos, para efectos de la reclamación administrativa previa que exige el artículo 497 del Código del Trabajo, pero que al conversar con el Jefe del servicio, obtuvieron la respuesta que constituye un acto manifiestamente ilegal, lo que se fundamenta en este recurso.

Que en base a lo anterior, señalan que dicha respuesta del servicio antes aludido, fue que mantienen instrucción a nivel nacional de no registrar e ingresar reclamos administrativos por parte de funcionarios públicos, fundados en una circular de la Dirección del Trabajo, (Circular N° 49 de fecha 14 de Julio de 2021), que acompañan al libelo, señalando por tanto, que dicha normativa se contradice con el artículo 497 del Código del Trabajo, por lo que estiman que habría derechamente para la recurrente una imposibilidad de acceso a la justicia, vulnerando la garantía constitucional del debido proceso. Posteriormente, la recurrida, luego de dar respuesta de manera verbal, accedió a la solicitud de emitir respuesta por escrito, pero únicamente recepcionándolo como una constancia, la que adjuntan a la acción de protección, en la cual se indica que la negativa a ingresar el reclamo se debía a la circular anteriormente referida.

Señalan que, doña nombre reservado demanda por despido injustificado improcedente o indebido y nulidad del despido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Carlos, el 06 de Mayo del corriente, resolviendo dicho tribunal a la interposición demanda: “A toda la suma: Para proveer, acredítese, dentro de quinto día, haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 497 del Código del Trabajo, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.”, sosteniendo, que para la recurrente nombre reservado, se produce un acto ilegal que afecta el legítimo ejercicio del derecho a tener un debido proceso, producto de la negativa de la inspección de recibir el reclamo. En cambio, para el señor nombre reservado el mismo Tribunal resolvió lo siguiente “A toda la suma: Para proveer, previamente ratifique el patrocinio y poder que alude ante la Ministro de Fe. Para el efecto podrá contactarse de lunes a viernes entre las 09:00 y 11:00 horas, por medio de video llamada al número: +56 9 30108090.” Sin embargo, agregan que de igual manera se amenaza el legítimo derecho a tener un debido proceso debido a la negativa de la Inspección del Trabajo, puesto que habiéndose autorizado poder, es posible que el Tribunal vuelva a resolver con un previo a proveer, manteniendo el criterio que tuvo en la causa de la recurrente nombre reservado (M-16-2022).

Manifiestan que, no conforme con lo anterior y tratando de satisfacer la interpretación del Tribunal, consultaron al Director Regional de la Dirección del Trabajo de Ñuble, a cerca de la situación, quienes mediante respuesta vía correo electrónico, señala: “Cumplo con informarle que realizadas las consultas sobre el caso que me expuso esta mañana en mi oficina, la respuesta que le entregaron en la inspección de San Carlos es la única respuesta que puede entregar la Dirección del Trabajo en vista de la Circula N° 49 del año 2021. Lo anterior, ya que Contraloría es el órgano encargado de la fiscalización de los entes estatales, siendo en Contraloría donde debe agotarse la instancia administrativa previa al inicio de acciones legales. Esto, siguiendo las instrucciones dadas a las Inspecciones del Trabajo en concordancia con los Dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República. Atentamente, Gonzalo A. nombre reservado, Director Regional del Trabajo”, lo que a juicio de los recurrentes no resulta procedente, argumentando que la ley es clara indicando que la entidad en la que se debe presentar el reclamo es la Inspección del Trabajo, por lo cual no es posible agotar la instancia administrativa de la forma en que instruye el Director Regional, ya que la ley no ha sido modificada y de acuerdo a la jerarquía normativa, una circular no debe ni puede tener mayor relevancia jurídica que la propia ley, específicamente el artículo 497, concluyendo que la respuesta de la Inspección del Trabajo es abiertamente ilegal y arbitraria, ya que carece de fundamento.

Argumentan que el dictamen E116596 emitido por la Contraloría General de la República que utiliza la Dirección del Trabajo para fundamentar la circular antes indicada, se refiere a dos ex funcionarios del hospital de carabineros a quienes no se les aplica el Código del Trabajo, por lo cual resultaba improcedente admitir el reclamo presentado por ellos, debiendo dirigirse directamente ante la Contraloría, por tanto, la situación de marras es diversa, ya que los recurrentes tenían la categoría de asistentes de la educación de establecimientos educacionales administrados directamente por el Municipio y según lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 19.464 se regulan por el Código del Trabajo y solo en cuanto a permisos y licencias médicas por la ley 18.883. Además, se regulan por algunas disposiciones de la ley 21.109, específicamente en cuanto al término de su relación laboral, según lo dispuesto en el artículo 8 transitorio, que corresponde a la causal indicada en el artículo 34 de la referida normativa y que por disposición del artículo 35 autoriza a reclamar ante tribunales, discutiendo el despido de acuerdo con el monto mediante el procedimiento monitorio, el cual requiere agotar la etapa administrativa previa, mediante reclamo interpuesto en la inspección del trabajo respectiva.

Refieren que existe en el portal de transparencia de la Dirección del Trabajo, un “Manual de Procedimiento de conciliación individual”, que se señala expresamente la situación de los reclamos de los trabajadores del sector público, indicando que se deberá recepcionar el reclamo y citar al respectivo comparendo de conciliación, en el cual se seguirá el procedimiento habitual de conciliación, no obstante en materias laborales la gestión del conciliador será estrictamente de conciliación, sin poder desarrollar el componente de fiscalización, por tanto no se realizarán requerimientos ni exigencias de pago, considerando a su juicio que la presente doctrina es la correcta y que debe prevalecer por sobre lo indicado en la circular 49 de fecha 14 de julio de 2021, interpretando de forma armónica lo señalado por la Contraloría General de la República y la ley.

En cuanto al derecho, como consecuencia del actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, se amenaza el legítimo ejercicio del derecho de igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, debido a la decisión adoptada por la Inspección del Trabajo que impide iniciar la acción judicial a los recurrentes, da a los asistentes de la educación un tratamiento distinto ante la ley, en relación a otros trabajadores regulados por el mismo cuerpo normativo, esto por la interpretación arbitraria de que al ser su empleador un Municipio no pueden recibir su reclamo, indicando que este debe ser ingresado ante contraloría, obviando el texto expreso del artículo 497 del Código del Trabajo y la legislación que regula este tipo de relación laboral, lo que ocasiona un perjuicio que se traduce en no poder discutir ante los tribunales de justicia la causal de despido que invocó su empleador al momento de desvincularlo. Añaden que, se vulnera el artículo 19 n° 3 del cuerpo legal citado, sobre “igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, lo que se traduce el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos, conocido en la doctrina moderna como derecho a la tutela judicial efectiva, en la cual, la autoridad administrativa, está negando la posibilidad de acceso al tribunal laboral.

Sostienen, que la inspección se negó a recibir el reclamo el día 5 de mayo, encontrándose los recurrentes dentro del plazo para interponer la demanda, la que con esta gestión el plazo se debía ampliar a 90 días, según lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, lo cual no ha ocurrido y por lo mismo se está generando la imposibilidad de reclamar sus pretensiones antes el tribunal laboral, y que al presentarse la demanda, el tribunal solicito dar cumplimiento al artículo 497 del Código citado, lo cual pese a las insistencias fue imposible cumplir, lo que señalan como un grave problema ocasionado por la decisión arbitraria e ilegal de la autoridad administrativa, imposibilitándolos a acceder a la defensa judicial de los derechos de los recurrentes y que el plazo para presentar la demanda vence el día 12 de mayo.

Añaden la vulneración al derecho de propiedad garantizado en la Carta Magna en el artículo 19N°24, para ambos recurrentes, debido a que la resolución del ente fiscalizador constituye una clara privación al derecho de propiedad sobre las acciones judiciales emanadas del contrato de trabajo y que por tener un contenido patrimonial son también objeto de protección de la acción constitucional, lo que a la luz de la materia respectiva resulta concordante con el principio in dubio pro operario, para efectos de reestablecer el imperio del derecho conforme al presente recurso, requiriendo a esta Corte el restablecimiento el imperio del derecho resguardando los intereses vulnerados de los recurrentes, lo cual solo se puede garantizar ordenando tener por recepcionado el reclamo el día 5 de mayo, que corresponde a la oportunidad en que los recurrentes concurrieron a la Inspección del Trabajo de San Carlos, en la cual dicha autoridad otorgó un documento denominado constancia sin ingresar el reclamo por lo argumentos expuestos.

Terminan solicitando, tener por interpuesto el recurso de protección en contra de la Inspección del Trabajo de San Carlos, representada legalmente por el don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, acogerlo en todas sus partes y ordenar a la Inspección del Trabajo a tener por recepcionado el reclamo el día 5 de mayo de 2022, citando al comparendo de conciliación ante la referida entidad de acuerdo lo dispuesto en el artículo 497 del Código del Trabajo.

2°.- Que, evacuando el informe solicitado, comparece por la recurrida don nombre reservado, solicitando su completo rechazo, haciendo referencia, en primer término, a lo acontecido el 05 de mayo del año en curso, donde concurrieron los recurrentes, acompañados por su abogado, se entrevistaron con el Inspector Comunal del Trabajo, don nombre reservado, señalando la necesidad de interponer reclamo administrativo contra la Municipalidad de San Carlos a fin de dar cumplimiento al procedimiento monitorio, que requiere la interposición del referido reclamo. Que el Inspector comunal les señala que no se puede tomar el reclamo contra la Municipalidad ya señalada, debido a instrucciones del servicio, que indican que no se deberán registras y tramitar reclamos administrativos interpuestos por funcionarios públicos que se hayan desempeñado en dicho sector en virtud de un contrato de trabajo, regidos por el Código del Trabajo, entregándoseles una copia de la Circular N° 49 de 14 de julio de 2021, que instruye a los Centros de Mediación, Inspecciones Provisionales y Comunales la obligación ya señalada.

Agrega, que el 09 de mayo del presente, concurrió a las Oficinas de la Dirección Regional del Trabajo doña nombre reservado, ex trabajadora de la Municipalidad de San Carlos, quien había sido despedida junto a los recurrentes ya señalados, quien solicitó entrevistarse con el Director Regional del Trabajo, don Gonzalo Alonso Valdés, instancia en la cual ella narra la negativa de la oficina de la Inspección Comunal de San Carlos de ingresar reclamo administrativo, a lo cual el Director Regional explica la existencia de instrucciones al respecto, agregando que recopilara los antecedentes para verificar lo sucedido en dicha Inspección y que a la brevedad le daría respuesta por correo electrónico, la cual fue remitida en el mismo día en horas de la tarde por Don Gonzalo Alonso Valdés, donde se ratifican las instrucciones de que no pueden registras ni tramitar reclamos administrativos de funcionarios públicos, aunque estén contratados por el Código del Trabajo, adjuntando la Circular N° 49 ya mencionada.

En segundo término, refiriéndose al acto recurrido, refiere que importante circunscribir respecto de cuál es el acto supuestamente tildado de ilegal y arbitrario por la recurrente, que analizando el recurso de protección, se desprende en forma inequívoca que recurre contra el actuar del jefe comunal de la Inspección de San Carlos, quien se negó a registrar y tramitar reclamos administrativos de dos ex funcionarios de la Ilustre Municipalidad de San Carlos, y que dicha negativa fue fundada en instrucciones que la Contraloría General de la Republica ha indicado de forma reiterada al establecer las facultades que le corresponden a cada servicio, explicando de forma categórica que es de responsabilidad de la Contraloría verificar el cumplimiento de las normas laborales de los funcionarios y ex funcionarios dependientes de órganos públicos.

En tercer término, enuncia la improcedencia del recurso, haciendo presente que el recurso de protección no es la vía adecuada para zanjar una cuestión en la cual se están cumplimiento instrucciones emanadas desde la Contraloría General de la República, ya que no es el medio idóneo para realizar un control de legalidad sobre los actos administrativos, sino exclusivamente para tutelar los derechos garantizados por la Constitución Política de la República.

Exponen la inexistencia del acto arbitrario e ilegal, señalando que el recurso de protección tiene la finalidad de reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando éste ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran en el artículo 20 de la constitución Política, constituyendo un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado. Qué asimismo, agrega que es requisito indispensable para ejercer la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, contrario a derecho o arbitrario, producto del capricho de quien incurre en él, por otra parte, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder administrativo que se detenta se excede en su ejercicio, cuestión que no ocurre en el caso de autos, pues la inspección comunal del trabajo no ha cometido ningún acto arbitrario o ilegal.

Reitera sobre la procedencia de la acción de protección, señalando que en el hecho relatado en el recurso no existe un acto arbitrario e ilegal, si no que el supuesto acto arbitrario e ilegal seria que la Inspección Comunal del Trabajo de San Carlos no estuviera cumpliendo las instrucciones, los procedimientos y actuara de forma ilegal y arbitraria, refiriéndose que en el caso en cuestión solo ha cumplido con las instrucciones emanadas de la propia Contraloría General de la República que se encuentran presente en la Circular N° 49.

Señala que respecto a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, consagran el principio de legalidad o juricidad en la Administración del Estado, en virtud del cual sus autoridades y funcionarios deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, debiendo actuar siempre dentro de sus competencias y sin que puedan atribuirse, ni a un a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o leyes, añadiendo que existe abundante jurisprudencia respecto del ámbito de competencia de cada uno de estos órganos en relación a los funcionarios públicos.

Argumenta en relación a la doctrina vigente de la Contraloría General de la República, citando el contenido en el Dictamen N° E116596N21, de 23 de junio de 2021, y agrega además, que respecto a lo señalado por los recurrentes en orden a que el Manual de Procedimiento de conciliación Individual, se señala que los reclamos de los funcionarios públicos deben ser recepcionados y tramitados, cabe señalar que en la Circular N° 49, se establece nuevas instrucciones sobre la materia, señalando expresamente que se deroga toda instrucción interna contraria a lo determinado por la Contraloría General de la República, concluyendo que lo dispuesto en el Manual señalado respecto a los reclamos de funcionarios públicos se encuentra derogado por las nuevas instrucciones, en concordancia con lo resuelto por el órgano resolutor, por lo que su parte ratifica que las actuaciones de la Inspección del Trabajo obedecen a las facultades legales, careciendo el acto administrativo impugnado de algún rasgo de arbitrariedad o ilegalidad.

Fundamenta que, en relación a la supuesta afectación de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, la actuación del Servicio carece de la arbitrariedad e ilegalidad, otorgándosele ante todo, igualdad ante la ley, igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y no se ha privado al derecho de propiedad sobre las acciones judiciales, como queda de manifiesto en la Circular N° 49, la cual transcribe. Asimismo, cita el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución, a fin de precisar que en el recurso los recurrentes señalan que la decisión adoptada por la Inspección del Trabajo y que impide iniciar la acción judicial, da a los asistentes de educación un tratamiento distinto ante la ley en relación a otros trabajadores regulados en el mismo cuerpo normativo, esto por la interpretación arbitraria de que al ser su empleador un municipio no pueden recibir su reclamo.

Añade que en ningún caso los recurrentes han sufrido un trato discriminatorio, ya que no explica de forma alguna, en su presentación, como su representada habría vulnerado dicha garantía ni de qué forma se daría la supuesta diferencia arbitraria esgrimida. Las instrucciones se aplican a todas las personas que se hayan desempeñado en el sector público en virtud de un contrato de trabajo regido por el Código del Ramo. Por otra parte, la actuación de la recurrida no viola de ninguna forma el derecho o garantía del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, reiterando que el acto administrativo que ha motivado el recurso se enmarca dentro del cumplimiento de lo dictaminado por la Contraloría General de la República, normativa que el Servicio debe cumplir por encontrarse bajo la supervigilancia y fiscalización de dicho órgano, dejando a los posibles afectados siempre a salvo su derecho a recurrir a los tribunales de justicia. Finalmente, señala que la actuación de la Dirección del Trabajo no vulnera de ninguna forma la garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, al no amenazar el derecho de propiedad de los recurrentes, ya que han presentado éstos, las acciones respectivas ante los Juzgados del Trabajo, por lo que no se divisa como podría verse conculcada dicha garantía.

Concluye, que la recurrente no indica de qué manera el acto reclamado implica vulneración de las garantías esgrimidas. Señala el artículo 20 de la Carta Fundamental, y expone que al no concurrir en la especie los principales presupuestos para que el recurso de protección prospere, es que solicita que la acción de protección intentada es del todo improcedente, y por lo demás, carece en forma evidente del fundamento para ser sostenida, lo que permite concluir que la misma debe ser desestimada.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y de las disposiciones constitucionales y legales citadas, sin perjuicio de lo dispuesto por el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, tener por evacuado el informe solicitado que incide en el recurso en contra de la Inspección del trabajo de San Carlos, y con lo informado, declarar su improcedente y en subsidio rechazarlo en todas sus partes, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, conforme se desprende de lo expuesto por los recurrentes en su libelo, el acto que es calificado como arbitrario e ilegal y que ha dado origen a la presente acción constitucional ha sido la respuesta otorgada por funcionarios de la Inspección Comunal del Trabajo de San Carlos, en cuanto ellos tendrían instrucciones, dadas a nivel nacional, de no registrar e ingresar reclamos administrativos por parte de funcionarios públicos, conforme lo expuesto en Circular N° 49 de la Dirección del Trabajo, de fecha 14 de julio de 2021, lo cual se contradice con lo exigido en el artículo 497 del Código del Trabajo, por lo que estiman la recurrente habría imposibilitado su acceso a la justicia, vulnerando la garantía constitucional del debido proceso.

7°.- Que, el citado artículo 497 del Código del Trabajo señala: “Artículo 497.- Será necesario que previo al inicio de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.

Se exceptúan de esta exigencia las acciones referentes a las materias reguladas por el artículo 201 de este Código.

La citación al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo se hará mediante carta certificada, en los términos del artículo 508, o por funcionario de dicho organismo, quien actuará en calidad de ministro de fe, para todos los efectos legales. En este caso, deberá entregarse personalmente dicha citación al empleador o, en caso de no ser posible, a persona adulta que se encuentre en el domicilio del reclamado.

Las partes deberán concurrir al comparendo de conciliación con los instrumentos probatorios de que dispongan, tales como contrato de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualesquier otros que estimen pertinentes.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo, entregándose copia autorizada a las partes que asistan.”

8°.- Que, confirme lo razonado precedentemente, los recurrentes plantean que al hacer valer sus respectivas acciones legales ante el Tribunal Laboral de San Carlos, en el caso de nombre reservado, la Magistrada resolvió: “A toda la suma: Para proveer, acredítese, dentro de quinto día, haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 497 del Código del Trabajo, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda.”, mientras que respecto de nombre reservado, si bien el mismo Tribunal resolvió “A toda la suma: Para proveer, previamente ratifique el patrocinio y poder que alude ante la Ministro de Fe. Para el efecto podrá contactarse de lunes a viernes entre las 09:00 y 11:00 horas, por medio de video llamada al número: +56 9 30108090.”, teme que al momento de dar cumplimiento con lo ordenado, el Tribunal proceda de la misma forma, al utilizar el mismo razonamiento, que como lo hizo respecto de nombre reservado.

9°.- Que, este Tribunal, como medida para mejor resolver, ordenó que se incorporaran a esta carpeta aquellas piezas pertinentes que permitieran tomar conocimiento del estado actual de tramitación de las causas laborales interpuestas por los recurrentes ante el Juzgado del Trabajo de San Carlos, medida la cual se cumplió el pasado 16 de junio del año en curso.

10°.- Que, del mérito de las piezas obtenidas del SITLA e incorporadas a esta causa, se puede concluir que, tanto la causa laboral Rol M-16-2022 como la causa laboral Rol M-17-2022, cuyos procedimientos se encuentran suspendidos por el plazo de 20 días en mérito de la resolución de fecha trece de junio de dos mil veintidós, se habían fijado fecha para las respectivas audiencia los días 11 de julio y 18 de julio del presente año respectivamente.

11°.- Que, en mérito de lo razonado precedentemente, se estima por este Tribunal que la actuación representada a la recurrida, Inspección Comunal del Trabajo de San Carlos, no ha tenido la entidad necesaria para vulnerar las garantías constitucionales reclamadas por la actora, ya que en los hechos, las partes han logrado acudir ante la justicia ordinaria y reclamar de sus derechos en virtud del procedimiento que, para tal fin contempla el legislador, y dichas acciones judiciales a la fecha, han tenido la tramitación que contempla la ley.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la Inspección Comunal del trabajo de San Carlos.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del señor Fiscal nombre reservado don nombre reservado.

No firma la Ministra señora Érica Pezoa Gallegos, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

R.I.C.: 2896 – 2022 - Protección.-