nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY

Chillán, diecisiete de abril de dos mil veinticuatro.- Visto:

1°.- Que, comparece el abogado Darío Molina Benavente, en representación de doña nombre reservado, profesor, domiciliados ambos en domicilio reservado, interponiendo acción de protección contra la Municipalidad de Yungay, representada legalmente por su alcalde don Rafael Cifuentes Rodríguez, por vulnerar con su actuar, las garantías de igualdad ante la ley y protección de la maternidad.

Indica que la recurrente se desempeña desde el 30 de mayo de 2013 en la escuela G-371 Los Mayos de Yungay, ejerciendo la función de docente coordinador programa “PIE” desde la fecha indicada a contrata, adquiriendo en el mes de abril del año 2020 la calidad de titular. Desglosándose su contrato en 23 horas de en calidad de titular, de las cuales 12 horas ejerce como coordinadora PIE y 11 horas como coordinadora UTP; y, 21 horas a contrata, ejerciendo como coordinadora UTP. Agrega que se aumentó su carga horaria desde el 01 de marzo de 2020 en 21 horas más como Coordinador UTP, calidad contrata; totalizando 44 horas de carga horaria.

Expresa que con fecha 19 de febrero de 2024, la actora fue notificada por carta certificada de Decreto Alcaldicio Nº 153, de fecha 16 de enero de 2024, en virtud del cual la Municipalidad decide no prorrogar la vinculación a contrata que los vincula para el año 2024, lo que considera una acto ilegal y arbitrario que lesiona la garantía prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República. Expresa que la resolución en lo pertinente informa a la profesional de la educación, Doña nombre reservado, que las 21 horas a contrata, desarrolladas en el establecimiento Escuela Los Mayos, no serán renovadas para el año 2024, toda vez que dicha función, producto de una reorganización institucional, fueron cubiertas con la destinación al establecimiento de una docente titular de 44 horas a contar del 24 de mayo del 2023. Considera que tal acto no expresa debidamente razones fundadas para la decisión de desvinculación.

Manifiesta que el acto impugnado es extemporáneo por cuanto debió comunicarse a la actora en el mes de noviembre de 2023 y no en febrero de 2024, ya que las contratas se extienden hasta el 31 de diciembre del año correspondiente, agrega que el decreto no describe las labores y cargo de su representada, ni la necesidad de prescindir de ellas, la decisión ni siquiera se sustenta en proceso anual de calificaciones previsto en el estatuto administrativo, por lo que la decisión es arbitraria al no ofrecer la debida fundamentación, violando lo previsto en el artículo 8 de nuestra Carta Fundamental y artículo 10 de la ley sobre procedimientos administrativos, por lo que lesiona la garantía prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución.

Expone que a la fecha de dictación y notificación del acto administrativo, la actora se encontraba con fuero maternal, producto del nacimiento de su hija menor nombre reservado, nacida el 15 de diciembre de 2022, por lo que el fuero de la recurrente se extendería hasta el mes de marzo de 2024, transgrediendo la garantía del artículo 19 N° 1 de nuestra Carta Fundamental. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto.

Sostiene que como la relación laboral de su representada con la recurrida era una contrata renovada por más de dos años reiteradamente, se transformó en un vínculo indefinido, de conformidad al principio de confianza legítima, recogido por nuestra jurisprudencia administrativa y judicial.

Con fecha ocho de marzo del actual, el abogado recurrente, complementa su presentación señalando que doña nombre reservado, se desempeñó para la recurrida y se le extendieron liquidaciones de remuneraciones hasta el día 29 de febrero de 2024, por lo que la ejecución del acto ilegal y arbitrario, que por el presente recurso se reclama, se inicia el 01 de marzo de 2024. Además, con fecha 26 de febrero de 2024 se le extendió licencia médica por enfermedad común, a contar del 01 de marzo de 2024, por 25 días con reposo total, por parte de la profesional nombre reservado.

Finaliza solicitando a esta Corte acoger el presente recurso, disponiendo el restablecimiento del imperio del Derecho, ordenando toda medida tendiente al resguardo del derecho a la igualdad ante la Ley y la protección de la maternidad, entre ellas la invalidación del Decreto Alcaldicio recurrido N°153 de 16 de enero de 2024, de la Municipalidad de Yungay; notificado a la actora el 19 de febrero de 2024; se ordene la prórroga de la contrata por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2024 y el pago de todas las remuneraciones adeudadas a la recurrente en el tiempo intermedio.

2°.- Que, informa el abogado Pablo Andrés Pereira Rivera, asesor jurídico del departamento de administración de educación municipal de la Municipalidad de Yungay y señala primeramente que en virtud de lo establecido en Decreto Alcaldicio N° 802 de 03 de abril de 2020, el total de horas cronológicas de la recurrente son 44 horas semanales (23 titulares y 21 horas a contrata). Esas 21 horas que la Municipalidad no renovó, son a contrata, por cuanto no existe una obligación legal establecida para mantenerlas y que dichas funciones fueron cubiertas con la destinación al establecimiento de una docente titular de 44 horas a contar del 24 de mayo de 2023.

Sostiene que existe una interpretación errónea en relación al período en el cual se debió comunicar a la recurrente de la no renovación de sus horas a contrata, según lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 19.070. Ya que dicha norma no es aplicable al caso en concreto por cuanto en las horas a contrata la ley no establece un periodo el cual se debiese comunicar teniendo en consideración que la recurrente se rige por una relación estatutaria establecido en la ley 19.070, Estatuto Docente. Cita al respecto dictamen de la Contraloría General de la República N° 42.575 de fecha 07 de julio de 2011. La recurrente no señala fundamento jurídico u otro elemento del cual se pueda desprender que el acto recurrido violenta la Constitución Política de la República de Chile. Por tanto, no existe una lesión a la garantía de igualdad de trato a que se encuentra obligada la recurrida.

En cuanto al fuero maternal de la actora, señala que la Municipalidad ha efectuado la regularización de esta situación teniendo en consideración lo manifestado por la recurrente, en relación a que el término de su fuero maternal se extiende hasta el mes de marzo del año 2024, en virtud de esto, es que el Jefe de Personal del Departamento de Administración de Educación Municipal envió correo electrónico con fecha de 29 de febrero de 2024 donde le informa que se respetará fielmente la normativa protección a la maternidad del Código del Trabajo, considerando que actualmente goza de dicha protección. Por tanto, queda sin efecto la notificación de no renovación de las horas a contrata, a contar de la fecha señalada. Agrega que en virtud de lo anterior, en Decreto Alcaldicio de fecha 25 de marzo se designa en calidad de contrata 21 horas semanales, para la dotación docente comunal a doña nombre reservado como Coordinador UTP, en el establecimiento educacional Escuela Los Mayos desde el 01 de marzo de 2024 hasta el 31 de mayo del mismo año. De esta forma la Municipalidad de Yungay da cumplimiento debidamente al periodo de fuero que goza la recurrente.

Respecto al principio de confianza legítima alegada por la recurrente, alega que este no concurriría, por cuanto la actora adquirió la titularidad por Decreto Alcaldicio N°208 de 03 de abril de 2020 de 44 horas cronológicas semanales y omitió indicar que estuvo con dos períodos de fuero maternal, el primero de ellos comenzó con la concepción de su primer embarazo en junio del año 2018 terminado su periodo el mes de mayo del año 2020 y el segundo de ellos comenzó con su segundo embarazo en abril del año 2022 terminando el 08 de marzo del año 2024. Por lo que debe aplicarse de forma análoga el Dictamen N° 18.663 de fecha 10 de julio de 2019 de la Contraloría General de la República, por medio del cual se resuelve que si bien las renovaciones efectuadas en respeto del fuero maternal, dada su obligatoriedad legal, no deben ser consideradas para configurar el supuesto de designaciones continuas que supone la confianza legítima, la concurrencia de estas no hace, por sí sola, perder una confianza configurada previamente por las anteriores renovaciones del vínculo funcionario.

Expone que las renovaciones efectuadas a doña nombre reservado, obedecieron al cumplimiento de las normas según lo preceptuado en los artículos 201, inciso primero y 174 del Código del Trabajo, que establecen que durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad (excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis), la empleada gozará de fuero laboral, en cuya virtud el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización judicial previa.

Indica que las funciones relacionadas a las horas a contrata de la recurrente, que presento válidamente la cantidad de 32 licencias médicas durante los periodos del año 2018 al 2024, por un total de 923 días, fueron ejercidas por otros funcionarios durante el mencionado periodo, sin embargo, mediante el Decreto Alcaldicio N°1968 de fecha 28 de agosto del año 2023, se designó a doña nombre reservado como Jefa de UTP- Inspectora General desde el 24 de mayo del mismo año en calidad de Titular por un total de 44 horas en el establecimiento educacional Los Mayos.

Sostiene que no existe por parte de la Municipalidad ningún tipo de vulneración de los derechos de la recurrente, y que la contraria realiza una interpretación errónea de las normas y dictámenes emitidos por los entes administrativos que regulan el actuar de su representada, otorgando las correspondientes directrices, recordando que los órganos de la administración del estado, solo pueden actuar dentro de lo estrictamente permitido por ley y que realizar cualquier acción contraria seria vulnerar los principios del derecho Público.

Finaliza solicitando a esta Corte, tener por evacuado el informe y rechazar la acción de autos.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada 6°.- Que, la presente acción de protección se invoca respecto del Decreto Alcaldicio N° 153, de 16 de enero de 2024, que comunica a la recurrente la no renovación para el presente año, de las 21 horas a contrata desarrolladas en el establecimiento Escuela Los Mayos.

7°.- Que, el artículo 25 de la ley 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, establece que los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados, teniendo, calidad de contratados, aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.

Por su parte, la letra f) del artículo 5 de la ley 18.883, Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales, señal que “Empleo a contrata: Es aquel de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una municipalidad”, y según el artículo 2 de la misma ley, tienen el carácter de transitorios.

8°.- Que, en una primera parte, la recurrente estima arbitrario el Decreto recurrido, por no señalar, en su concepto, las razones fundadas para la desvinculación.

9°.- Que, de la lectura del Decreto Alcaldicio objeto del presente recurso, y como lo señaló la parte recurrida, se aprecia que aquel contiene los fundamentos en los que se sustenta la decisión de la autoridad comunal, especificando que la desvinculación se debe al hecho de que las funciones desarrolladas por la recurrente en el establecimiento educacional Los Mayos, producto de una reorganización, fueron cubiertas con la destinación de la profesional nombre reservado, Jefa U.T.P. de la Escuela Fernando Baquedano, docente titular de 44 horas, a contar del 24 de mayo de 2023, quien comienza, desde dicha fecha, a desarrollar la función de Jefe de U.T.P. y apoyo a la función de Inspector General.

Así las cosas, el Decreto contra el cual se recurre aparece fundado en cuanto a la decisión contenida en el mismo, ello, sin perjuicio de estar o no de acuerdo la recurrente con la medida adoptada, en cuyo caso, debe ejercer el reclamo correspondiente en su contra, no siendo, el recurso de protección, la vía idónea para ello.

10°.- Que, conjuntamente, la recurrente acusa la ilegalidad del Decreto Alcaldicio recurrido, estimando que aquel es extemporáneo, por cuanto la decisión debió comunicarse, a más tardar, en noviembre del año 2023, y no en enero de 2024, como aconteció, por cuanto la contrata se extienden hasta el 31 de diciembre del año correspondiente.

11°.- Que, de los antecedentes acompañados por la parte recurrida, se desprende que el nombramiento de la recurrente en calidad de contrata, desde el primero, que data del año 2013, tiene una vigencia hasta el día 28 de febrero del año siguiente al de la designación. Así se lee en Decreto N° 1077, de 30 de mayo de 2013; N° 504, de 10 de marzo de 1014; Decreto Alcaldicio N° 561, de 11 de marzo de 2016; N° 1355, de 26 de mayo de 2016; N° 0602, de 8 de marzo de 2017; Decreto Alcaldicio N° 550, de 12 de marzo de 2018; Decreto N° 673, de 14 de marzo de 2019; Decreto N° 802 de 3 de abril de 2020; Decreto N° 750, de 19 de abril de 2021.

12°.- Que, conforme a lo anterior, y no siendo efectivo lo alegado, en cuanto a que la contrata de la recurrente se extiende hasta el día 31 de diciembre de cada año, será igualmente desechada la alegación fundada en la extemporaneidad, ya que la recurrente fue notificada antes del término de su contrata, la no renovación de la misma para el año 2024.

13°.- Que, luego, la recurrente alega que, a la fecha de dictación y notificación del Decreto Alcaldicio 153, se encontraba con fuero maternal, el que se extiende hasta el mes de marzo de 2024, al haber nacido su hija el día 15 de diciembre del año 2022.

Al respecto, la parte recurrida reconoce que, habiendo tomado conocimiento del fuero maternal que protegía a la trabajadora, ha procedido a dictar un nuevo Decreto Alcaldicio, que la designa en calidad de contrata por 21 horas semanales desde el 1 de marzo de 2024 al 31 de mayo de 2024.

14°.- Que, por último, se alega infracción al principio de la confianza legítima, por cuanto, según señala la recurrente, si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en un vínculo indefinido, lo que transforma al Decreto Alcaldicio recurrido, en ilegal y arbitraria.

15°.- Que, sobre esta materia, se debe tener presente lo señalado en el recurso de protección Rol N°1424-2023 de esta Corte, en donde se resolvió de conformidad a lo sostenido por la Excma. Corte Suprema, a partir de los fallos Rol Nos. 26.112-2023 y 26.131-2023 de 31 de marzo de 2023, así como una serie de otros fallos de similar fecha y también posteriores dictados hasta la actualidad (Rol 38.985-2023 de 1 de diciembre de 2023; Rol 34.798-2023 de 1 de diciembre de 2023; Rol 64.743-2023 de 28 de diciembre de 2023, y Rol 17.926-2023 de 3 de enero de 2024) donde se procedió a la revisión de la jurisprudencia asentada en esta materia, modificando el criterio de los dos años para atribuir confianza legítima, indicando en el considerando Décimo de la sentencia Rol 26.131-2023 que “…resulta imprescindible establecer desde cuando la persona que se vincula a través de contratas anuales con la Administración adquiere la confianza legítima respecto que su designación no sólo se cumplirá en la anualidad respectiva, sino que, además, será renovado”, agregando en el mismo considerando que “en busca de un criterio unificador, esta Corte ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración”.

16°.- Que, de acuerdo al nuevo criterio sustentado por el Máximo Tribunal, y a diferencia de lo sostenido por el recurrente, este último no está protegido por el principio de confianza legítima, por cuanto la extensión de sus contratas es inferior al lapso mínimo de cinco años que exige tal nuevo criterio, de manera que no puede considerarse que su no renovación sea ilegal o arbitraria.

En efecto, el considerando Undécimo del mismo fallo ya citado indica que “…como colofón, se concluye que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración puede poner término a su contrata…”.

17°.- Que, como consecuencia de todo lo señalado, la no renovación de la contrata a la recurrente no puede ser considerada como un acto arbitrario o ilegal, desde que el Decreto Alcaldicio en que se contiene se encuentra suficientemente fundado en cuanto a la decisión adoptada; aparece que la municipalidad recurrida ha tomado las medidas para la protección de la trabajadora hasta el término de su fuero maternal; y, por su parte, no se cumple con el mínimo de cinco años para que sea procedente la protección al principio de confianza legítima esgrimido, todo lo cual obliga a rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por Darío Molina Benavente, abogado, en representación de doña nombre reservado, contra Municipalidad de Yungay.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro señor Guillermo Arcos Salinas.

No firma el abogado señor Huepe, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

Rol 279-2024-Protección.