Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez

Chillán, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece doña nombre reservado, de profesión matrona, deduciendo acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Funda su recurso en el no pago continuado de sus licencias médicas de pre y post natal, correspondientes al mes de septiembre de 2025 en adelante, rechazo que las instituciones recurridas justifican en una supuesta falta de huella o vínculo laboral real, pese a que la actora afirma haber incorporado la totalidad de los antecedentes y documentos que le han sido solicitados.

Expresa que este actuar u omisión le ha generado un grave perjuicio económico y familiar, privándola de percibir la carga maternal otorgada por el Instituto de Previsión Social (IPS), el bono marzo, y los beneficios estatales correspondientes a su hija recién nacida, sumándose a ello la anulación injustificada de los beneficios de su otra hija de 5 años.

Destaca la contradicción manifiesta en el actuar de las recurridas, puesto que, por un lado, aprobaron su carga maternal con el respectivo certificado del quinto mes de gestación y autorizaron médicamente sus reposos de pre y post natal, pero, contradictoriamente, mantienen retenido el pago de los subsidios, la carga y asignación maternal, haciéndole perder diversos beneficios del Estado. 2°.- Que, informa don nombre reservado, kinesiólogo y presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Ñuble, quien solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta.

Señala que la actuación de la COMPIN se enmarca en las facultades de control y fiscalización conferidas por el Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud y las directrices técnicas de la Superintendencia de Seguridad Social, velando permanentemente por la correcta administración de los recursos destinados a la seguridad social, para luego referirse a los hechos de la presente acción constitucional sosteniéndose al respecto que ésto se inicia con la tramitación de las licencias médicas de pre y postnatal de doña nombre reservado, individualizadas con los números NUM000 y NUM001, las cuales fueron presentadas para cubrir el periodo de reposo derivado de su estado de embarazo y posterior alumbramiento ocurrido en el transcurso del año 2025. Detalla que el 11 de octubre de 2025, la Unidad de Subsidios y Fiscalización de la COMPIN de la Región de Ñuble, en el ejercicio de sus funciones de monitoreo y detección de riesgos en el otorgamiento de beneficios de seguridad social, identificó una serie de señales de alerta en el perfil previsional y laboral de la recurrente, por lo que se determinó la necesidad de realizar una fiscalización en terreno para verificar la efectividad de los servicios prestados bajo subordinación y dependencia. Fue así como, el 27 de octubre de 2025 la fiscalizadora institucional nombre reservado se personó en el domicilio laboral declarado por la empleadora la que luego de dicha fiscalización, y en un intento por regularizar su situación, se comprometió a remitir la documentación complementaria que acreditara la efectividad del vínculo, haciendo presente que el único documento enviado fue el mismo contrato de trabajo que ya obraba en poder de la Comisión, el cual contenía datos técnicos y horarios que diferían sustancialmente de lo que la misma empleadora había declarado verbalmente ante la fiscalizadora, por lo que ante la imposibilidad de comprobar la existencia real de una relación de subordinación y dependencia, y frente a la evidencia de una simulación contractual destinada únicamente a la obtención del subsidio maternal, la Presidencia de la COMPIN determinó el rechazo del pago de los subsidios asociados a las licencias antes mencionadas, así como de las apelaciones administrativas posteriores, manteniendo firme la decisión de que no existe vínculo laboral efectivo.

Posteriormente la recurrida se refiere latamente respecto del marco jurídico y fundamentos del juicio previsional, sobre la carga de prueba y la verificación del vínculo laboral, sosteniéndose al respecto que la ausencia de un libro de asistencia y la declaración de la empleadora sobre la falta de necesidad de un reemplazo destruyen la presunción de laboralidad, dejando el contrato como una cáscara vacía sin sustento en la realidad fáctica.

Luego de referirse la recurrida sobre las facultades de control y el rol del médico contralor, sosteniéndose luego que la alegación efectuada por la recurrente en cuanto a la supuesta falta de notificación y a la indefensión que ello le habría causado, impidiéndole acceder a otros beneficios como la carga maternal del IPS o el Bono Marzo deben ser desestimadas sobre la base de la normativa de transformación digital y el funcionamiento del sistema de Licencia Médica Electrónica, haciendo presente que si bien la actora ha sostenido haber realizado "reiteradas apelaciones", ello constituye una prueba irrefutable de que tuvo conocimiento oportuno de los rechazos, por lo que bajo el principio de la notificación tácita, el hecho de interponer recursos administrativos contra una resolución implica necesariamente que la persona conoce el contenido de la misma y por lo mismo no se puede alegar indefensión cuando la propia conducta de la interesada demuestra que estuvo al tanto del proceso y que ejerció sus derechos de impugnación.

Plantea que la Asignación Maternal y otros beneficios administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS) están vinculados a la condición de trabajador o beneficiario de subsidio por incapacidad laboral, por lo que si la autoridad técnica determina que el vínculo laboral es inexistente para efectos del pago de la licencia médica, dicha resolución tiene efectos vinculantes para otros beneficios que dependen de la misma calidad jurídica, por lo que a su respecto se considera que no ha existido una actuación arbitraria, sino un cumplimiento de la ley que exige que para ser causante de asignación maternal se debe poseer una vinculación previsional legítima, la cual se desvanece al probarse la simulación del contrato.

En cuanto a las garantías constitucionales la recurrida informa que, respecto al debido proceso y al derecho a la defensa, el sistema de seguridad social contempla instancias administrativas claras y especializadas para resolver tales controversias y que la recurrente tuvo la oportunidad de presentar antecedentes ante la COMPIN y, posteriormente, ante la Superintendencia de Seguridad Social, que es el órgano de supervigilancia técnica, haciendo presente que el hecho de que la administración haya mantenido su decisión de rechazo tras revisar los antecedentes no constituye una vulneración al derecho a defensa, sino simplemente una resolución desfavorable basada en la insuficiencia de las pruebas aportadas para revertir los hallazgos de la fiscalización. Con relación al derecho de propiedad se sostiene que su vulneración no puede ser alegada, menos cuando se le vincule con un beneficio que se pretende obtener mediante un acto que el ordenamiento jurídico reprueba, como es la simulación de un contrato de trabajo. Con relación a la igualdad ante la ley la recurrida alega que ha actuado bajo el principio de igualdad, sometiendo el caso a los mismos protocolos de fiscalización que se aplican a cualquier beneficiario que presente señales de riesgo de simulación.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se tenga por evacuado el informe y, en definitiva, se rechace en todas sus partes el recurso de protección por ajustarse el actuar de la recurrida a la legalidad vigente 3°.- Que, informa por la Superintendencia de Seguridad Social el abogado don Tomás Garro Gómez.

En primer término alega que la acción se interpuso una vez vencido con creces el plazo fatal de 30 días corridos que se contemplan para hacerla valer, fundado en que, como consta en el respectivo expediente del procedimiento administrativo, la recurrente de autos con fecha 26 de noviembre de 2026 reclamó en contra de la COMPIN de la región de Ñuble por haberle negado el pago del subsidio por incapacidad laboral que se derivaría de sus licencias médicas maternales ya referidas y que de acuerdo con lo antes expuesto, doña nombre reservado tenía conocimiento cierto del rechazo de la licencia médica reclamada, a más tardar, el mismo día en que reclamó de ello ante la recurrida, el 26 de noviembre de 2025, de tal forma que debiendo computarse el plazo fatal de 30 días corridos desde las citadas datas, la acción constitucional de autos, resulta manifiestamente extemporánea, haciendo presente que la acción de protección no tiene el carácter de subsidiaria de otras vías de reclamación que pudieren existir, lo que evidentemente está en íntima relación con su carácter cautelar de derechos, tal cual lo ha manifestado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justica, por lo que concluye sosteniendo que la acción constitucional interpuesta el 17 de marzo del año 2026 en subsidio del recurso administrativo de jerarquía interpuesto ante la Superintendencia de Seguridad Social y de los que previo a este último contempla el procedimiento para la autorización de licencias médicas, resulta manifiestamente extemporánea.

En subsidio informa sobre el fondo de la acción interpuesta, sosteniendo que, como la presente acción de protección se ha interpuesto en contra de la Superintendencia de Seguridad Social en circunstancias que el pago del subsidio por incapacidad laboral que se reclama fue dispuesto, de acuerdo con la ley, por la COMPIN región de Ñuble, resulta necesario distinguir entre las actuaciones de su defendida y aquellas en que tuvo participación la referida COMPIN. Detalla que la actuación de su representada se limita a su proceder respecto al reclamo presentado el 26 de noviembre de 2025 por la actora en contra de la COMPIN región de Ñuble, ya que había autorizado las licencias médicas pre y postnatal N° NUM000 y NUM001, extendidas por 42 y 84 días de reposo, respectivamente, desde el 12 de septiembre de 2025 al 6 de enero del año 2026, por falta de vínculo laboral, manifestándose que, previo estudio de los antecedentes del caso por parte de profesionales del Departamento Jurídico, mediante Resolución Exenta NUM002, de 28 de enero de 2026, se rechazó el reclamo interpuesto debido a que la ahora recurrente no acompañó antecedentes suficientes referidos al vínculo y huella laboral que mantiene con su empleadora y que puedan ser remitidos a la COMPIN subcomisión Ñuble para que revise nuevamente el caso.

Asimismo, se le hizo presente que, en caso de llegar a disponer de ellos, debería remitirlos directamente a la mencionada Subcomisión para los efectos señalados.

Hace presente, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 48 del D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento para la Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Isapres, que no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de su defendida al rechazar, por la resolución que se impugna, el reclamo que se interpuso en contra de la citada comisión de medicina preventiva e invalidez por haber autorizado las licencias médicas de descanso pre y post natal sin derecho a subsidio por incapacidad laboral, ya que lo decidido está en armonía con los antecedentes del caso que se tuvieron a la vista, en los que se aprecia huella laboral que dé cuenta de los servicios invocados al hacer uso de licencia médica y por lo mismo, considera que la recurrida no ha vulnerado garantía constitucional alguna como podría ser el derecho a la vida o integridad física o psíquica, como tampoco un derecho de propiedad, en este caso, relacionado con el subsidio por incapacidad laboral, ya que no se acreditó ante el organismo administrador la calidad de trabajadora y por lo mismo no nació a la vida jurídica la citada prestación pecuniaria que solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

Posteriormente el letrado se refiere latamente a temas relacionados con la licencia médica y las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, para luego reafirmar que no se han conculcado garantía constitucional alguna, desde que no se ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que ésta resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, la presentación efectuada por la parte recurrente.

Finalmente sostiene, en cuanto al reclamo relacionado con un supuesto derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral derivado del derecho denominado “Licencia Médica”, o su remuneración, expresa que el sólo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con el eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, pues para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) y el cumplimiento de los requisitos de tiempo de afiliación al sistema y de densidad de cotizaciones para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral y en el presente caso la actora no cumpliría con el primer requisito, esto es, contar con una licencia médica autorizada, haciendo nuevamente presente que, la acción de protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República y al tratarse la presente acción sobre una materia integrante del derecho a la seguridad social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículo 19 N° 18 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, Orgánica y de Funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes, se tenga, en subsidio de la alegación de extemporaneidad, por evacuado el informe solicitado y se desestime la presente acción constitucional en todas sus partes, con costas. 4°.- Que, mediante presentación complementaria, la recurrente precisa y refuta lo aseverado por las informantes, señalando que su contrato de trabajo se originó en mayo de 2025 y no en enero de dicho año. Aclara que comenzó a laborar en el negocio de su madre a raíz de haber sido despedida de su empleo anterior en abril de 2025 -encontrándose ya embarazada-, constituyendo aquel despido un acto ilegal.

Añade que la prestación de servicios a media jornada y la ausencia de necesidad de un reemplazo obedecieron, por un lado, a su deteriorado estado de salud durante el último trimestre de gestación y, por otro, a que su propia empleadora asumió la atención del local por tratarse de un negocio de tamaño reducido.

En cuanto al reproche por informalidad laboral, manifiesta que mantener a una trabajadora sin contrato escriturado es una infracción imputable a la empleadora, pero que aquello no obsta a la presunción legal del vínculo de subordinación por la prestación de servicios, manteniendo íntegro su fuero maternal.

Finalmente, reitera que acompañó la totalidad de las cotizaciones, liquidaciones y contratos de dos empleadores sucesivos, evidenciando una continuidad laboral efectiva que las recurridas insisten en desconocer. 5°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 6°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 7°.- Que cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de aquellos cuya existencia se encuentre indubitada. 8°.- Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada, cabe consignar que, conforme lo dispone el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, este debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

En el presente caso, de los antecedentes allegados a la causa y de lo expuesto por la propia actora, se constata que esta tuvo conocimiento cierto del rechazo del pago de sus licencias médicas por parte de la COMPIN, a lo menos, con fecha 26 de noviembre de 2025, oportunidad en la cual dedujo reclamo administrativo formal ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Dicha institución resolvió definitivamente la controversia mediante la Resolución Exenta NUM002, dictada con fecha 28 de enero de 2026, manteniendo el rechazo. 9°.- Que, del registro de ingresos de esta Corte de Apelaciones se verifica que la presente acción de protección fue interpuesta recién con fecha 17 de marzo de 2026.

De este modo, ha transcurrido con creces el plazo fatal de treinta días establecido en el Auto Acordado respectivo, tanto si dicho término se computa desde la fecha en que la recurrente tuvo noticia indubitada del rechazo de la COMPIN (26 de noviembre de 2025), como si se contabiliza desde la emisión del acto final de la Superintendencia de Seguridad Social (28 de enero de 2026).

En consecuencia, la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida SUSESO debe ser acogida, motivo suficiente para que la acción deducida sea desestimada, sin que resulte pertinente ni necesario emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Ñuble y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

No firma la ministra señora Gallardo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de permiso.

Rol 278-2026 PROTECCIÓN.