nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Chillán, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

1°.- Con fecha 15 de marzo de 2026, comparece don nombre reservado, interponiendo recurso de protección contra la Ilustre Municipalidad de San Carlos, representada legalmente por su alcalde don Rubén Esteban Méndez Venegas, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto N°01565/2026, de fecha 13 de febrero de 2026, el cual rechazó el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto N°03238/2025, disponiendo en definitiva su destitución.

Denuncia como vulneradas las garantías fundamentales de integridad psíquica, igualdad ante la ley, honra y vida privada, libertad de trabajo y derecho de propiedad.

Como fundamentos de hecho, refiere que tras el cambio de administración municipal fue objeto de hostigamientos, actos de menoscabo, traslado a un contenedor sin condiciones adecuadas y la supresión arbitraria de una asignación especial de $300.000.

Detalla que es funcionario del Departamento de Salud Municipal de San Carlos, desde el 1 de septiembre del año 2021, ostentando el nivel 15 y cumpliendo labores de Coordinador de Ruta y Encargado de Servicios Generales, en virtud del Decreto Alcaldicio N°2596 de fecha 27 de julio de 2021. Se le nombró en calidad de plazo fijo desde el 2 de agosto hasta el 31 de diciembre del mismo año, para ejercer el cargo de conductor. 2.- Con el cambio de administración municipal, llegó el señor Alcalde Rubén Méndez, en desmedro del señor nombre reservado, desde ese momento, su situación laboral comenzó a verse afectada, dictándose con fecha 14 de noviembre de 2024 el Decreto N°3447, mediante el cual se prorrogó su nombramiento en calidad de plazo fijo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, manteniendo su categoría E, nivel 15, y asegurando la percepción de una asignación especial de $300.000 mensuales.

Añade que con el transcurso de las semanas comenzaron los hostigamientos y actos de menoscabo, obligándolo a realizar labores absolutamente distintas de las que tenía asignadas por decreto desde 2021, tales como reparaciones de baños, limpieza de fosas, reparaciones eléctricas y corte de pasto, recibiendo instrucciones directas de don nombre reservado, con quien ni siquiera tenía vínculo de subordinación o responsabilidad administrativa. En diversas reuniones del Departamento de Salud, tanto el jefe administrativo como la encargada de calidad adoptaron actitudes déspotas y humillantes, reduciendo paulatinamente su ámbito de funciones y limitando su trabajo solo a establecimientos administrativos, a diferencia de su función original de coordinación comunal. Todo esto empezó poco a poco a hacer mella en mi física y mental, pues se sentía fuertemente menoscabado.

Continúa narrando que el 23 de junio de 2025 la encargada de personal, Sra. nombre reservado, le comunicó que por orden de la autoridad comunal se modificarían sus funciones, asignándole labores de “servicios de apoyo menor” a contar del 1 de julio, eliminando de facto su asignación especial de $300.000 establecida en el decreto N°3447 y suprimiendo su calidad de encargado, en abierta vulneración a su estabilidad y dignidad funcionaria. Ello ocurrió pese a que, en sesión extraordinaria del Concejo Municipal de San Carlos de fecha 28 de abril de 2025, acuerdo N°152/25, se había rechazado la modificación de asignaciones, manteniéndose las aprobadas por el acuerdo N°562/24, vigente desde diciembre de 2024. Paralelamente, el encargado de móviles nombre reservado informó por correo electrónico a la jefatura que el espacio físico que antes correspondía al actor sería utilizado por otros funcionarios, consolidando así su desplazamiento total y la pérdida de su puesto de trabajo.

La situación descrita, sumada a la degradación funcional, el aislamiento laboral, los malos tratos y burlas de sus compañeros, generó un grave impacto emocional y económico en mí, por lo que acudí a la ACHS, donde se diagnosticó un trastorno de adaptación, encontrándose en seguimiento médico y psicológico hasta la actualidad, lo que perpetúa la vulneración de derechos fundamentales. Posteriormente, el 8 de agosto, la psicóloga nombre reservado, encargada de salud mental del CESFAM Teresa Baldecchi, certificó mi ingreso al programa de salud mental, constatando un cuadro depresivo.

Agrega que el día 21 de junio de 2025, al reincorporarse de su licencia médica y a raíz del tratamiento que estaba siguiendo, ocurrió un incidente menor en una farmacia Cruz Verde, donde tomó por descuido un desodorante que olvidó pagar, situación que reparó voluntariamente al día siguiente, efectuando el pago directamente al encargado de turno, don nombre reservado, entregándose boleta como comprobante. Explica que ese hecho ocurrió porque recibió un aviso urgente a su teléfono que su hijo necesita ayuda, entonces ante la premura salió rápido del lugar sin darse cuenta de que se llevaba el desodorante. Lo anterior por el miedo que sintió que su hijo se metiera en problemas toda vez que actualmente él es sujeto de un programa de reinserción social y en ese momento se encontraba en una riña o pelea por lo que debía detenerlo y cuidarlo. Agrega que por el tratamiento farmacológico psiquiátrico que sigue ha tenido problemas de concentración lo que también puede explicar el descuido. Pese a que se trató de un acto aislado, donde no medió delito alguno, ya que fue por un error involuntario, se dictó Decreto Exento (JDCA) N°196/2622 de 10 de Julio del año 2025, notificándole la apertura de sumario administrativo en su contra, por el solo hecho ya relatado, es decir, la involuntaria sustracción del desodorante de la farmacia en la forma señalada. Posteriormente, el 12 de agosto, fue citado a declarar y presentó recusación del fiscal investigador, la que fue rechazada arbitrariamente por el alcalde, consignándose de puño y letra “Se deniega recusación”. Previamente, el 22 de julio, se había decretado su suspensión preventiva, acompañando antecedentes infundados y sin respeto al debido proceso. Paralelamente, el 1 de julio de 2025, se presentó por parte de la municipalidad, una inexplicable denuncia penal ante el Ministerio Público por presunto delito de hurto cometido por funcionario público causa RUC 250099141-9, en tramitación ante la Fiscalía Local de San Carlos, lo que agravó el hostigamiento y exposición pública de su situación, existiendo una grave vulneración al derecho a la honra y protección de la vida privada.

Todos esos hechos (traslado arbitrario, supresión de asignaciones, pérdida del puesto, persecución administrativa y denuncia penal infundada) configuran un claro patrón de persecución y vulneración de derechos fundamentales, motivado exclusivamente por razones políticas, toda vez que como funcionario era identificado con el sector político del exalcalde nombre reservado, a quien apoyé activamente en su campaña electoral. Esta circunstancia explica la animadversión, menoscabo y hostigamiento sostenido ejercido por la nueva administración municipal en mi contra, vulnerando gravemente su derecho a la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, la honra, la integridad psíquica y la no discriminación arbitraria garantizados en la Constitución Política de la República.

Mas adelante manifiesta que ante los hechos expuestos presentó una demanda por tutela laboral ante el juzgado civil de San Carlos en causa ROL T-57-2025, la cual fue notificada la Municipalidad de San Carlos el 22/10/2025 y ese mismo día se dictó el Decreto N°03238/2025 de fecha 22 de octubre de 2025, mediante el cual se lo sanciona con la destitución del servicio público en base a lo resuelto por el procedimiento sumarial instruido con motivo del incidente ocurrido en la Farmacia Cruz Verde, hecho que fue grabado y viralizado sin mi consentimiento.

Asevera el compareciente que ese acto administrativo no solo infringe de forma flagrante principios esenciales del Derecho Administrativo Sancionador, sino que constituye una represalia institucional directa y burda, como respuesta al ejercicio del legítimo derecho a la tutela judicial efectiva de su parte al interponer demanda por tutela laboral de derechos fundamentales contra esa misma autoridad empleadora días antes de su desvinculación. Con fecha 06/11/2025 intentó un recurso de reposición administrativa, el cual fue rechazado por Decreto N°01565/2026, de fecha 13 de febrero de 2026, disponiéndose en este que se mantenga la medida disciplinaria de destitución en mi contra.

Sostiene que la situación particular, si bien es una falta leve, no puede justificar una sanción grave como la destitución, bajo la causal de “desprestigio de la institución” es más, en el contexto de una represalia refuerza la figura de la desviación de poder considerando que la administración del estado debe regirse por el principio de proporcionalidad al aplicar sanciones, lo que significa que la sanción debe ser adecuada a la gravedad del hecho cometido y al grado de participación y culpabilidad del funcionario. La omisión del pago de un desodorante en una farmacia constituye un delito menor o una falta civil de baja cuantía y mínima relevancia pública. La sanción de destitución es la más grave que puede aplicarse a un funcionario público y se encuentra reservada para faltas gravísimas que afectan la probidad o que impidan fundamentalmente el desempeño de la función, por lo tanto, invocar el desprestigio de la institución para justificar la destitución por un hecho menor y no relacionado directamente con el ejercicio del cargo vulnera flagrantemente el principio de proporcionalidad. En definitiva, tal sanción resulta arbitraria, excesiva y aparece como un uso abusivo de la potestad disciplinaria, contraria al deber de objetividad y justicia que debe imperar en la administración pública. Además, no se cumple con la idoneidad, necesidad ni la proporcionalidad en el sentido estricto.

Finalmente solicita a esta Corte, acoger el recurso y 1.- Dejar sin efecto la medida disciplinaria de destitución y se disponga la reintegración a sus funciones de manera inmediata. 2.- Disponer la reubicación del funcionario en un espacio físico digno y adecuado al ejercicio del cargo. 3.- Disponer que se otorguen funciones como encargado de servicios generales y de apoyo en coordinación de móviles en el departamento de salud municipal de San Carlos”, cargo que detenta y que encuentra su sustento en el decreto de nombramiento de fecha 14 de noviembre del año 2024. 4.- La restitución y garantía de pago íntegro de Asignación Especial transitoria a razón de $300.000, devengada desde el mes de Julio del año 2025, ordenándose su pago desde esa fecha. 5.- Que por el daño a su honra y vida privada se le ofrezcan disculpas públicas de parte de don Rubén Méndez Venegas, alcalde de San Carlos. 6.- Que se condene en costas a la recurrida.

2°.- Que, evacúa informe la abogada señora María Alejandra Riquelme Maldonado, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo de la acción con costas.

En primer término, alega la improcedencia de la vía al existir una causa de Tutela Laboral vigente (RIT T-55-2025) basada en los mismos fundamentos.

En cuanto al fondo, sostiene que no existe acto arbitrario, toda vez que la destitución es resultado de un sumario administrativo que acreditó una grave falta a la probidad, luego que el recurrente fuera registrado en un video hurtando un producto en una farmacia local.

Afirma que no existió hostigamiento, sino una reorganización técnica de funciones propias de la categoría del funcionario y que la asignación especial reclamada es de naturaleza transitoria y discrecional. Añade que la denuncia penal es una obligación legal bajo el artículo 175 del Código Procesal Penal y que el recurso es una estrategia para evadir las consecuencias de su conducta disciplinaria.

Concluye, que los hechos esgrimidos por el recurrente, en caso alguno configuran una transgresión a garantías constitucionales, tampoco un acto administrativo arbitrario o ilegal, muy por el contrario, todo se enmarca dentro de las facultades y atribuciones conferidas por la ley, cumpliendo con toda la normativa, razón por la cual solicita se rechace el recurso.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, de los antecedentes allegados por las partes, consta que mediante Decreto Exento (JDCA) N 196/02622/2025 de fecha 10 de julio de 2025, el señor Alcalde de la Municipalidad de San Carlos ordenó instruir sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades administrativas por posible sustracción de un producto por parte de un funcionario del Departamento de Salud, designándose fiscal instructor a don Diego Lagos Contreras, asesor jurídico del Departamento de Salud.

El 2 de julio de 2025, se suspende preventivamente a don nombre reservado RUT RUT reservado.

El 11 de agosto de 2025, el señor nombre reservado solicitó tener por formulada recusación contra el Fiscal Sr Diego Lagos Contreras, declarando la inhibición del funcionario para continuar conociendo del sumario administrativo Número 196/02622/2025 y se proceda a designar a un nuevo funcionario imparcial para continuar con la instrucción del sumario. Dicha solicitud fue denegada por el Alcalde y el recurrente compareció a una segunda declaración el 21 de agosto de 2025 ante el fiscal instructor, misma fecha en que se cerró la etapa indagatoria.

Con fecha 22 de agosto de 2025, el fiscal instructor formuló cargos contra el señor nombre reservado, por infracción al artículo 54 de la ley 18.575 e incumplimiento de obligaciones funcionarias consagradas en el estatuto 18.883, en su artículo 58 letra g) e i).

Mediante presentación de 8 septiembre de 20205, el actor en sede administrativa formula incidente de nulidad de todo lo obrado, formula descargos.

El 22 de octubre de 2025 el señor Alcalde mediante Decreto № 03238/2025 aprueba el Sumario Administrativo, instruido mediante Decreto Exento (JDCA) N°196-2622, de fecha 10 de Julio de 2025, que dispone la Instrucción de Sumario Administrativo (fojas 02), y su Vista Fiscal de fecha 11 de septiembre de 2025, presentada por el Fiscal Instructor don Diego Lagos Contreras y sanciona con visto bueno del Sr. alcalde, al funcionario don nombre reservado RUN RUT reservado, con la medida disciplinaria de destitución, propuesta por el Fiscal Instructor en su Vista Fiscal de fecha 11 de 3. NOTIFÍQUESE, septiembre de 2025.

Mediante Decreto N°01565/2026 de fecha 13 de febrero de 2026 se rechazó el recurso de reposición deducido por el funcionario municipal.

7°. - Que, como medida para mejor resolver se trajo a la vista la causa Rol T-57-2025 caratulada “nombre reservado con I. Municipalidad de San Carlos” del ingreso laboral del 1° Juzgado de Letras de San Carlos.

En dicha carpeta digital se verifica lo siguiente.

Con fecha 21 de octubre de 2025, el abogado Raúl Omar Morales Vallejos en representación convencional de don nombre reservado, interpone denuncia en procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos con relación laboral vigente y cobro de indemnizaciones y prestaciones laborales, contra la empleadora Ilustre Municipalidad de San Carlos, representada legalmente por el alcalde de la comuna de San Carlos don Rubén Esteban Méndez Venegas.

En lo medular, y tras narrar la historia laboral del señor nombre reservado en el municipio, expresa que el día 21 de junio de 2025 al reincorporarse de su licencia médica y a raíz del tratamiento que seguía, ocurrió un incidente menor en una farmacia Cruz Verde, donde el funcionario tomó por descuido un desodorante que olvidó pagar, situación que reparó voluntariamente al día siguiente, efectuando el pago directamente al encargado de turno, don nombre reservado, entregándose boleta como comprobante. Pese a que se trató de un acto aislado, donde no medió delito alguno, ya que fue por un error involuntario, se dictó Decreto Exento (JDCA)

N°196/2622, con fecha 10 de Julio del año 2025, notificándosele la apertura de sumario administrativo en su contra. Posteriormente, el 12 de agosto, fue citado a declarar y presentó recusación del fiscal investigador, la que fue rechazada arbitrariamente por el alcalde, consignándose de puño y letra “Se deniega recusación”. Previamente, el 22 de julio, se había decretado su suspensión preventiva, acompañando antecedentes infundados y sin respeto al debido proceso. Paralelamente, el 1 de julio de 2025, se presentó por parte de la municipalidad, una inexplicable denuncia penal ante el Ministerio Público por presunto delito de hurto cometido por funcionario público causa RUC 250099141- 9, en tramitación ante la Fiscalía Local de San Carlos, lo que agravó el hostigamiento y exposición pública del trabajador. Existiendo con esto una grave vulneración al derecho a la honra y protección de la vida privada.

Añade que todos esos hechos —traslado arbitrario, supresión de asignaciones, pérdida del puesto, persecución administrativa y denuncia penal infundada— configuran un claro patrón de persecución y vulneración de derechos fundamentales, motivado exclusivamente por razones políticas, toda vez que el funcionario nombre reservado era identificado con el sector político del exalcalde nombre reservado, a quien apoyó activamente en su campaña electoral. Esta circunstancia explica la animadversión, menoscabo y hostigamiento sostenido ejercido por la nueva administración municipal en su contra, vulnerando gravemente su derecho a la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, la honra, la integridad psíquica y la no discriminación arbitraria garantizados en la Constitución Política de la República.

Solicita aplicar a la denunciada las sanciones establecidas en la ley para tal efecto, proceder según lo establecido en el artículo 495 del Código del Trabajo, enviando copia de la sentencia a la dirección del trabajo para su registro, y acogiendo cada una de las peticiones concretas formuladas en el presente escrito de denuncia y declarar en definitiva:

Declarar que la demandada ha lesionado sus derechos fundamentales consistentes en la vida e integridad física y psíquica, la honra y libertad de trabajo, y derecho de propiedad en relación al derecho a la no discriminación e igualdad ante la ley artículos 19 N°1, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República en concordancia con la normativa Laboral, ordenando el cese de todo acto vulneratorio hacia mí persona o lo que estime bien conforme a derecho y equidad, la reubicación de su lugar de trabajo acorde a mi cargo y función, que resguarde su privacidad y la seguridad del trabajo, ello en conformidad al N° 4, inciso 2° del artículo 495 del Código del Trabajo, velando para que la situación se retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración denunciada y, que, se abstenga de autorizar cualquier tipo de acuerdo que mantenga indemne la conducta lesiva de derechos fundamentales. o lo que US., estime bien decretar. Pide también que la demandada tome las siguientes medidas: a) Confiera disculpas públicas a este trabajador por los hechos de acoso y todo acto vulneratorio evocado en esta denuncia; b) se decreten sanciones disciplinarias contra los funcionarios generadores de conductas de acoso o actos vulneratorios; c) Se decrete la difusión, dentro de la comunidad laboral y especialmente en el diario mural de la municipalidad, de los procedimientos de denuncia de acoso laboral que contempla el reglamento interno; d)

Gestionar e impartir un curso de capacitación sobre el respeto de los derechos fundamentales, especialmente a la integridad física y psíquica, la honra y libertad de trabajo de los dependientes, siendo obligatoria la asistencia del Alcalde. e) Que se condene a la demandada a pagar la indemnización sancionatoria adicional especial contemplada en el artículo 489 inciso tercero del Código del Trabajo, la que solicitamos sea la máxima que prevé la ley, esto es, once remuneraciones, lo que conforme a mí remuneración mensual corresponde al monto de $9.228.256-. En subsidio, la cantidad que se estime en justicia y equidad. d)

Que, atendida la gravedad de las conductas desplegadas, de la jerarquía que detentaba, la cantidad de años de vida que he puesto a disposición de la Ilustre Municipalidad de San Carlos y considerando que no se encuentra prohibido, como tampoco resulta incompatible con la indemnización tarifaria contenida en el artículo 489 del Código del Ramo, solicito se condene a la demandada al pago de un daño moral ascendiente a la suma de $20.000.000.- o lo que se estime decretar conforme a derecho y equidad. f) Que se ordene remitir copia de la sentencia definitiva condenatoria, una vez ejecutoriada, a la Dirección del Trabajo, a la Municipalidad de San Carlos, Contraloría y Dirección de Obras Municipales de San Carlos para que sea exhibida al público en cada una de estas instituciones o departamentos; y g) Que las sumas demandadas y que se concedan por SS., generen reajustes e intereses. h) Que se condene a la demandada en costas de la causa, que además se ordene reintegrar el pago de la asignación especial a razón de $300.000 devengados desde el mes de Julio del año en curso y hasta que la presente denuncia quede firme y ejecutoriada.

Con fecha 17 de diciembre de 2025 se realiza la audiencia preparatoria y se programa el juicio para el 15 de abril de 2026, en esa fecha las partes informan que por el momento no hay acuerdo, sin embargo, solicitan suspensión del procedimiento por el lapso de sesenta días. Ante lo cual el tribunal resuelve: “Atendido lo solicitado por las partes y lo dispuesto en el artículo 64 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, ha lugar a la suspensión de procedimiento por el lapso de sesenta días y atendida la agenda del Tribunal se fija desde ya la audiencia de juicio para el 05 de octubre de 2026, a las 11:30 horas.”

8°.- Que, por una parte y abordando el test de arbitrariedad formulado por el actor respecto a la presunta desproporcionalidad de la sanción esta Corte reitera, que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como ocurre en la especie con la proporcionalidad de la sanción de destitución aplicada a la recurrente. Por ello, resulta manifiestamente erróneo intentar plantear que, en esta instancia jurisdiccional excepcional y de emergencia, se revise la ponderación de la decisión de mérito a la que arribó el fiscal a cargo de la investigación en su Vista Fiscal y, finalmente, la autoridad disciplinaria al sancionar la vulneración a la probidad. De la misma manera, establece la Excma. Corte Suprema en causa Rol: 54.911-2025, que, “Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie, que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades (causas Rol N 18.823-2019, N 97.284-2020, N 150.201-2020, N135.620-2022 y N 137.862-2022, entre otras).”

9°.- Que, además, y como se advierte de lo consignado en los basamentos precedentes, don nombre reservado con fecha 21 de octubre de 2025, es decir, antes de la interposición de la presente acción cautelar – el 15 de marzo de 2026-, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Carlos accionando de tutela laboral con relación laboral vigente contra su empleador la Municipalidad de San Carlos.

Los hechos en que fundó la acción de tutela son en lo medular, los mismos que narra en el presente recurso, formulando en esta sede similares mismas peticiones que las realizadas ante el juzgado del trabajo.

Además, debe consignarse que en sede laboral el día en que se encontraba programada la audiencia de juicio -15 de abril de 2026- las partes solicitaron al juez la suspensión del procedimiento por sesenta días, a lo que el tribunal accedió, fijando nueva fecha para la realización del juicio el 5 de octubre de 2026.

10°. – Lo dicho en los basamentos previos, conduce a concluir que el conflicto que plantean las partes corresponde a uno de naturaleza laboral, tratándose en consecuencia de una materia que no puede ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia.

11°. - Que atendido lo consignado en los acápites previos, la presente acción cautelar será desestimada.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por nombre reservado contra la Ilustre Municipalidad de San Carlos, representada legalmente por su Alcalde don Rubén Esteban Méndez Venegas, Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Paulina Gallardo García.

No firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente con comisión de servicios.

R.I.C N°268-2026-PROTECCIÓN. -