nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Chillán diecinueve de abril de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que comparece don Cristian Velozo Varela, abogado, quien dedujo recurso de protección a favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social representada por doña nombre reservado.

Señala que su representada fue diagnosticada con sintomatología ansioso depresiva, descompensada, con alta labilidad emocional, crisis de llanto, asociado a ansiedad anticipatoria, agorafobia, ánimo depresivo y trastorno del sueño, otorgándosele licencias médicas a contar del 17 de julio de 2023 y hasta el 15 de agosto siguiente; luego, otra desde el 16 de agosto de 2023 y hasta el 14 de septiembre siguiente; y otra más desde el 15 de septiembre de 2023 y hasta el 14 de octubre siguiente. Estas licencias fueron aceptadas y pagadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), pero las licencias de continuación de aquellas, a saber, las de fecha de inicio de reposo 15 de octubre de 2023 y hasta el 29 de octubre del mismo mes; la licencia de continuación con fecha de inicio de reposo 30 de octubre de 2023 y hasta el 19 de noviembre siguiente; la licencia de continuación con fecha de inicio 20 de noviembre de 2023 y término el día 19 de diciembre siguiente; licencia con fecha de inicio 20 de diciembre de 2023 y término el 18 de enero de 2024, fueron rechazadas por el mismo organismo, por lo que se procedió a apelar del rechazo para ante la Superintendencia de Seguridad Social, la cual se pronunció de dichas apelaciones en forma conjunta respecto de las licencias que abarcan desde el 15 de octubre de 2023 y hasta el 18 de enero de 2024 mediante resolución de fecha 26 de febrero de 2024 R-01-UME-30317-2024, confirmando lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Ñuble y, en consecuencia, no autorizando el reposo. Respecto a la licencia con inicio de reposo desde el 19 de enero de 2024 y hasta el 17 de febrero siguiente, habiendo sido rechazada y apelada dicha resolución por la recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, dicho órgano se pronunció sobre su rechazo el 27 de febrero de 2024 por resolución R-01-S-31691-2024.

La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en su momento, por cada una de las licencias que resultaron rechazadas solicitó se acompañaran informes médicos, remitiéndose los informes médicos de fecha 03 de noviembre de 2023; 13 de noviembre de 2023 y 23 de enero de 2023. En todos estos informes se da cuenta de “sintomatología ansioso - depresiva, descompensación, alta labilidad emocional, crisis de llano, ansiedad anticipatoria, agorafobia, ánimo depresivo y trastorno del sueño” ;”Paciente de 47 años de edad en control en programa de salud mental en atención primaria, con antecedente previo de intento suicida que estuvo en control con especialista por aproximadamente cuatro años. Actualmente persiste en sintomatología depresiva, con mucha tristeza, aislamiento social, trastorno del sueño, pensamientos recurrente de muerte y crisis de llanto”; “Sintomatología persistente, a pesar de estar con dosis máxima de antidepresivo disponible en atención primaria y a pesar del trabajo psicoterapéutico, proceso que también se ve afectado por la preocupación constante del rechazo de licencias médicas, por lo cuales (sic) debe hacer trámites constantes y además, ha visto mermada su estabilidad económica. Está pendiente evaluación por psiquiatra para evaluar diagnóstico y tratamiento. Actualmente muy lábil emocionalmente, llora durante toda la entrevista, con mucha disfuncionalidad social a causa de esto”.; “Paciente en programa de salud mental desde mayo de 2022, ingresa un año después de muerte de su madre, duelo no vivido, volvió a trabajar en junio de 2023, y comenzó a presentar crisis de pánico, se mantiene desde julio de 2023 hasta ahora con licencia médica”.

En cuanto al derecho indica que los actos administrativos deben ser comprensibles para los ciudadanos, y en el caso de los actos emanados tanto de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez como de la Superintendencia de Seguridad Social carecen de ese elemento, ya que contienen una referencia escueta y genérica para justificar el rechazo de las licencias médicas. No se explica por qué el informe del médico tratante no fue suficiente para justificar el reposo ni tampoco ordena la práctica de exámenes adicionales, tal y como lo ordena la ley.

Luego cita el artículo 3º de la Ley Nº19.880 sobre Procedimientos Administrativos, y el artículo 18 de la ley, luego menciona que en el artículo 41 se señala el requisito que la recurrida ha omitido, en cuanto a que las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Añade que el artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984 del Ministerio de Salud expresa que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez al momento de rechazar una licencia médica debe dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Nada de eso se cumpliría en las resoluciones individualizadas, por lo que ninguno de los órganos intervinientes se hicieron cargo de fundamentar ni explicar las razones que los llevan a considerar los informes médicos complementarios como insuficientes para justificar el reposo, usando fórmulas genéricas y vagas que no satisfacen el requisito de motivación de los actos administrativos. Señala doctrina atingente a autos.

Posteriormente el letrado, sostiene que los actos administrativos impugnados infringen las garantías constitucionales de Derecho a la vida e integridad física y psíquica y la Igualdad ante la ley, consagrados en los artículos 19 Nº 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Finalmente solicita tener por interpuesto recurso de protección en favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por doña nombre reservado, admitirlo a tramitación, y en definitiva, acogerlo en todas sus partes, declarando que las resoluciones Nº R-01-UME-30317-2024 de fecha 26 de febrero de 2024 y Nº R-01-S-31691-2024 de fecha 27 de febrero de 2024 son ilegales y arbitrarias, ordenando dejarlas sin efecto, y declarando que las licencias médicas antes señaladas, sean aceptadas, ordenándose el pago del subsidio por incapacidad laboral temporal que corresponda, y/o se ordene a la recurrida que adopte las medidas que esta Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y la indemnidad de su representada, todo ello con expresa condena en costas, para el caso de oposición.

2°.- Que, a folio 6 del expediente digital, comparece el abogado Sebastián De La Puente Hervé, en representación de la recurrida la Superintendencia De Seguridad Social, solicitando en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuanto al fondo de lo debatido, hace presente que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-188580-2023, la interesada recurrió a su representada el día 10 de noviembre de 2023, siendo confirmado el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 96 días a contar del 15 de octubre de 2023, por reposo no justificado. Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-30317-2024, de 26 de febrero de 2024, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos evaluados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado. En efecto, los informes médicos que acompañan la actual presentación, resultan insuficientes y no permiten desprender el rol terapéutico del reposo que permita a los profesionales de esta Superintendencia justificar su prórroga”. Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

El letrado expone acerca de la cobertura existente en nuestro Sistema de Seguridad Social, señalando que respecto de incapacidades laborales temporales, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal. El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional. La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas.

En relación a la presente Acción de Protección, indica que el día 25 de febrero de 2024, el profesional de su representada, Dr. nombre reservado, informó la situación de la Sra. nombre reservado, la cual transcribe íntegramente. A continuación, sostiene que el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º, guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación a los Grupos de Patologías y patologías. En lo referente a “Patologías Mentales Guías Referenciales De Reposo Laboral”, contempla “Reposo Laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días”, referido a “Cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo el trastorno de personalidad como diagnóstico principal”, debe ser otorgada por médico psiquiatra. Por lo anterior, el compareciente hace presente que el médico tratante de la recurrente, Dra. nombre reservado, no se encuentra registrado con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, por lo que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Sostiene que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, cumpliendo el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social. Por su lado señala lo dispuesto en el artículo 3º del mismo cuerpo legal y el artículo 27 y 38 de la Ley Nº 16.395. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud.

Hace presente que respecto al derecho a licencia médica, la Superintendencia de Seguridad Social, conforme con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional, relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud. En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Hace presente además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas. De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de Fonasa, afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, puede solicitar la reconsideración de tal resolución. En caso que dicho organismo, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Alega que en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso. Señala a continuación jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago causa Rol Nº 19213-2014. Asimismo, la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 33.059-2020, en sentencia de 30 de abril de 2020, que revoca la sentencia recurrida y en el mismo sentido, lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, Rol 59.628-2020, del 28 de mayo de 2020, que revocó la sentencia de primera instancia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción.

Por ultimo sostiene que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental. Lo anterior lo argumenta con abundante jurisprudencia, a saber el fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, Sentencia de 15 de julio de 2020 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol Nº 2526-2020, ratificada por la Excma. Corte Suprema el 2 de septiembre de 2020.

Finalmente en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 N° 18 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, orgánica y de funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N° 1, de 2005,del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes, solicita tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, como se dijo, en la especie la recurrente busca dejar sin efecto las resoluciones Nº R-01-UME-30317-2024 de fecha 26 de febrero de 2024 y Nº R-01-S-31691-2024 de fecha 27 de febrero de 2024 que rechazaron sus licencias médicas por un total de 96 días, por estimar que dichas resoluciones carecen de fundamento y no ponderan los informes médicos acompañados por su parte.

6°.- Que, en relación con la improcedencia alegada por la Superintendencia, en cuanto a que el derecho que se pretende amparar por la presente acción, dice relación con la garantía constitucional del N° 18 del artículo 19 de la Constitución Política, que por versar sobre el derecho a la seguridad social no se encontraría amparada por esta acción constitucional, cabe precisar que de los antecedentes fluye que la actora basa su recurso en la falta de fundamento respecto de un acto administrativo emitido por la Superintendencia recurrida, y así también se desprende que la peticionaria no invoca la existencia de algún acto que le impida, perturbe o amenace el acceso a la seguridad social, sino que, por el contrario, pretende la declaración de arbitrariedad e ilegalidad de resoluciones que estima gravosas, en cuanto afectarían su integridad física y psíquica y la igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 Nos. 1 y 2 de la Constitución Política de la República, atendida la falta de fundamentación ya invocada, motivo por el cual se procederá a desestimar esta alegación.

7º.- Que, sobre el fondo del recurso, habrá de tenerse presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. ”

8º.- Que, conforme a los antecedentes aportados, aparece que la decisión de la recurrida, en cuanto confirmar el rechazo del pago de las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ninguna evaluación de la recurrente destinada a verificar su actual estado de salud, de manera de poder determinar que el reposo ordenado no se encuentra justificado, carencia que la priva de contenido. Lo anterior cobra más importancia, si se tiene en consideración que la recurrida, para resolver como lo hizo, desacreditó los informes evacuados por el médico tratante, pero sin evaluar o someter a exámenes a la recurrente, lo que redunda en definitiva en que se desvanecen las razones del rechazo.

9º.- Que, es así como se torna del todo arbitrario desestimar el pago de licencias médicas concedidas por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente al paciente cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder.

10º.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas que indica la actora, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso deducido por el abogado don Cristian Velozo Varela, a favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y en consecuencia, se dejan sin efecto las Resoluciones Nº R-01-UME-30317-2024 de fecha 26 de febrero de 2024 y Nº R-01-S-31691-2024 de fecha 27 de febrero de 2024, debiendo la recurrida disponer la realización a la brevedad, que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue un informe médico psiquiatra, para que emita un diagnóstico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que dispone la licencia médica materia de autos y, cumplido ello, proceda a emitir una nueva resolución fundada en alguno de los antecedentes señalados en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas en un plazo máximo de 60 días.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro Claudio Arias Córdova.

No firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso.

Rol N° 268-2024- PROTECCION.-