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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 264-20265 jun 2026
Fecha
5 de junio de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Chillán
Sala
Primera Sala
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 264-2026, sentencia de 5 de junio de 2026

Resumen

Se rechaza sin costas el recurso de protección porque la medida de cambio de curso fue dejada sin efecto, por lo que el arbitrio perdió oportunidad y no existe materia que resolver en sede cautelar.

Texto íntegro

Chillán, cinco de junio de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece don nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado y deduce acción constitucional de protección contra nombre reservado, profesor y Director de la Escuela nombre reservado de DIRECCION000, de don nombre reservado, profesor e Inspector General del referido establecimiento y de doña nombre reservado, profesora y Encargada de Convivencia del aludido establecimiento educacional.

Refiere que su hijo durante el año 2025 cursó el quinto año de enseñanza básica con un promedio general de 6,3, recibiendo un informe de personalidad o conducta prácticamente impecable, destacándose activamente en las actividades que se organizaron en el establecimiento, siendo admitido en septiembre de 2025 en el Club de Cueca “nombre reservado”. Añade que el 5 de marzo mientras se encontraba trabajando en Minera Candelaria, recibió una llamada telefónica de la encargada de Convivencia doña nombre reservado, citándole a la escuela, concurriendo el 9 del referido mes a una reunión en la que se encontraban los recurridos, ahí se le informó de modo verbal, sin formalidad alguna, sin un procedimiento racional y justo, que a consecuencia de un reclamo formal de una apoderada su hijo sería cambiado a otro curso, cuyos integrantes no conoce. Ese mismo día en horas de la tarde presentó una carta de oposición a la decisión adoptada.

Añade que el mismo día un inspector concurrió hasta su domicilio entregándole la resolución que contenía la medida adoptada contra su hijo, la cual carece de parte expositiva y considerativa. Estima que lo consignado en cuanto a que el traslado fue adoptado en estricta observancia de las medidas de resguardo del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, es falsa ya que el referido texto que trata de las medidas pedagógicas, de protección, disciplinarias, entre otras, en el artículo 3º, páginas 27 a 30, no contempla el cambio de curso del alumno, por lo que esa no es una medida contemplada en el Reglamento en cuestión, sino que una sanción creada e impuesta a su hijo al margen de la normativa. Reclama que la medida fue adoptada y comunicada sin que tuviera la oportunidad de conversar con su hijo, ni poder efectuar descargos o proponer pruebas, no existiendo ninguna calificación de la conducta que se ciñera a los denominados “Criterios generales para evaluar la gravedad de una falta”, contemplados en el artículo 2º del Reglamento en cuestión.

Agrega que junto con aplicar a su hijo una medida inexistente en el reglamento, la resolución cuestionada fue dictada por una comisión especial, toda vez que, la comisión integrada por el Director, el Inspector General y la Encargada de Convivencia, no constituye un órgano designado por el reglamento para aplicar la sanción, la que no prioriza la integridad física, psíquica y emocional de su hijo, conforme a la Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar y protocolos institucionales. 1 Expresa que cuando logró conversar con su hijo, éste le manifestó que el hijo de la reclamante durante los primeros dos días de clases lo emplazó en forma grosera por no haberlo invitado a la celebración de su cumpleaños, a lo que éste le manifestó que no lo invitó porque “no le cae bien”, sin que existiera mayor interacción. El 5 de marzo, mientras jugaban basquetbol, el mismo compañero reclamó que su hijo le había lanzado un balón fuera de la cancha, situación que no tiene nada de particular en la práctica de un deporte o en la realización de un partido, máxime que el talento de su hijo no va por la senda de los deportes sino por el baile de la cueca. Luego comunicarle a su hijo la medida adoptada por el establecimiento, sufrió una crisis nerviosa que nunca había experimentado, lloraba desconsoladamente porque no entendía cómo recién iniciado el año, con la alegría de volver a su escuela y reunirse con su curso, pudo incurrir en una conducta tan reprochable que su Director, su Inspector General y la Encargada de convivencia lo castigaron cambiándolo a un curso que no conoce, sin haber cometido ningún acto de indisciplina que amerite una sanción de esa envergadura.

Enseguida alega que la resolución en comento menciona que la decisión se basa en conflictos entre pares, en circunstancias que no se les informa qué conflictos existieron entre los menores. Hace presente que conforme al informe de personalidad de su hijo, la mayor parte de las veces respeta las normas de convivencia y reglamento interno del establecimiento, siempre demuestra honestidad en sus acciones y palabras, siempre reconoce sus errores y se esfuerza por enmendarlos, siempre se relaciona respetuosamente con compañeros, docentes y asistentes, siempre escucha y considera opiniones distintas a las suyas en conversaciones y actividades y siempre busca resolver los conflictos a través del dialogo y acuerdos pacíficos, por lo que no resulta creíble que pudiera generar conflictos de una envergadura tal que en sólo dos días de iniciado el año académico deba ser cambiado de curso, y que la conducta que se sanciona no pueda ser informada a sus padres. Así, la arbitrariedad con que han actuado los recurridos queda de manifiesto cuando señala que la medida se adoptó al acoger íntegramente el reclamo formal de la apoderada nombre reservado, pues todo reclamo debe conducir a un traslado a la parte reclamada para que pueda efectuar sus descargos, y en la especie, tal garantía mínima de todo justo proceso no fue respetada. La posibilidad de apelar de la medida, no constituye en ningún caso una garantía de justo proceso, puesto que un recurso de apelación supone siempre una doble instancia, a fin de que un órgano imparcial distinto del que dictó la resolución impugnada efectúe una segunda revisión de los antecedentes, condiciones las cuales en el presente caso no se da ya que la apelación la resolvería el mismo Director que aplicó el castigo, sanción que además no está en el reglamento, y ante la falta de información proporcionada respecto de las conductas que se imputan, los hechos circundantes, la imposibilidad de efectuar 2 descargos y la falta de una etapa de investigación bilateral, no se dispone de antecedentes suficientes para efectuar una apelación.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, postula que no se cumplió la garantía prevista en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, el no ser juzgado por comisiones especiales y el derecho a un proceso justo realizado por un tribunal independiente e imparcial, previa formulación de cargos, descargos y una investigación que cumpla las exigencias de un debido proceso, haciendo presente al respecto que el repentino y unilateral cambio de curso de su hijo no se basa en una conducta explicitada y calificada reglamentariamente por los recurridos, sino, según indican, obedece a un reclamo de una apoderada acogido íntegramente, fundado únicamente en uno o más certificados psicológicos que naturalmente no han sido exhibidos y que fueron revisados por el Equipo Directivo y no por el Equipo de Convivencia integrado por Psicólogos y Asistentes Sociales, que son los profesionales idóneos en la materia.

También se ha conculcado la garantía prevista en el numeral 1 de la citada norma constitucional, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, pues la medida ha causado en su hijo un gran estrés y dolor, y por segundo día ha llorado y suplicado no asistir a la escuela, aflicción que propia persona, puesto que su madre es funcionaria del mismo establecimiento y el menor teme que los recurridos causen un perjuicio a su madre, puesto que ante su propia experiencia de ser afectado por una sanción que nunca mereció, nada impide que afecten a cualquier persona, especialmente a su madre.

También estima conculcada la garantía prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues se estaría frente a un proceso ilegal y arbitrario, que claramente ha discriminado a su hijo a quien no se le ha imputado por la escuela ningún acto de indisciplina durante los primeros dos días de clases de este año, ya que habría sido el otro menor quien le habría emplazado de forma indebida por no haber sido invitado al cumpleaños, habiendo procedido con insultos, y al que su hijo simplemente le respondió que no lo invitó porque no le caía bien. Por último, considera conculcada la garantía prevista en el numeral 3, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, ya que no existió una formulación de cargos – descargos, ni siquiera una investigación acorde al texto Constitucional y acorde al Reglamento Interno del propio establecimiento, habiéndosele tratado a su hijo como culpable y aplicándole una sanción desproporcionada, dañina e inexistente en el Reglamento.

Termina solicitando se tenga por interpuesta la presente acción constitucional de protección y, en su mérito, se le acoja, disponiendo concretamente: -. Que se deje sin efecto la resolución de fecha 9 de marzo de 2026 que estableció el 3 inmediato cambio de curso de su hijo nombre reservado desde el Quinto año B al Quinto Año A, ordenando que se mantenga en su curso, el Quinto año B. -. Que las evaluaciones que le correspondía rendir desde la fecha del acto arbitrario e ilegal, y que no se encuentren rendidas a la fecha del fallo, sean rendidas ante los docentes que impartan sus asignaturas en el Quinto año B; y -. Que se ordene reestablecer el imperio del derecho y se deje sin efecto el actuar arbitrario e ilegal de los recurridos, quienes deberán abstenerse de realizar cualquier acto que vulnere los derechos del recurrente a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley, a un debido proceso y a la presunción de inocencia, sin perjuicio de las demás medidas que se estimen adecuadas para el resguardo de los derechos de su hijo. 2°.- Que, informa don nombre reservado, Director del Establecimiento Educacional nombre reservado de la comuna de DIRECCION000.

Explica que la situación de los estudiantes nombre reservado y nombre reservado se arrastra del año pasado, con mediaciones de inspectoría y convivencia educativa, habiendo - según consta en los registros del Inspector General- quedado solucionado el conflicto sin tener mayores implicancias.

Añade que a inicios de este año se presenta la apoderada de nombre reservado, frente a un nuevo conflicto fundado en que el estudiante nombre reservado habría dado un empujón a nombre reservado y expresado en forma verbal un vocablo despectivo, razón por la cual solicita entrevista con el suscrito, manifestando que la situación seguía la misma dinámica del año anterior ante lo cual la AFTPF Antumávida, le habría indicado que debía ser presentada a la Superintendencia, dado que se estaba frente a un caso de bullying. Ante ese hecho se solicitaron los antecedentes tanto a Inspectoría como a Convivencia, convocándose a don nombre reservado para informarle que dada la situación de hostigamiento que denuncia la apoderada del otro estudiante y ante las distintas mediaciones que se habían hecho se haría un cambio de curso para cautelar la buena y sana convivencia y buscar estrategias para que nombre reservado pueda incorporarse sin tener temor a ser maltratado y nombre reservado aprenda que debe ser más cuidadoso en sus dichos y acciones, ante lo cual el apoderado del menor manifestó no estar de acuerdo con la medida, aun cuando se le explicó que era transitoria, mientras se defina en conjunto con las redes donde se encuentra nombre reservado, cuál es la mejor alternativa. El apoderado se niega rotundamente e indica que tomará las medidas legales esgrimiendo artículos del RICE, que no se ha aplicado la rigurosidad de la ley contra la apoderada de estudiante nombre reservado y que si está en red focalizada es por derivación del establecimiento y que no pueden indicar el porqué, ni facilitar, ni andar divulgando los antecedentes que son confidenciales. Dijo que él tiene los respaldos y que la otra apoderada está en falta, sin aceptar que su hijo es quien está causando un daño psicológico a su compañero. Plantea que, ante la negativa del apoderado a firmar el acta de reunión, se le envió carta de notificación con la medida a su domicilio domicilio reservado su apelación en relación al justo proceso que contempla la reglamentación vigente y está contenida también en el RICE.

Expresa que en el intertanto se convocó a las redes de AFT y Prosam para tener una mirada más amplia de lo acontecido, reuniéndose con las duplas y equipo directivo, analizándose en profundidad la situación.

Plantea que también se ha buscado avanzar con la apoderada de nombre reservado, quien con fecha de 19 de marzo solicitó el cambio de su hijo al Quinto año A, donde tiene vínculos con pares que lo acogen, por lo que el 20 del referido mes y año, mediante Resolución Interna NUM000, se resolvió revocar la medida de cambio del estudiante nombre reservado y dar la instrucción con anuencia de la madre de nombre reservado, a que éste fuera cambiado de curso. Hace presente que la primera medida tenía el carácter de cautelar para que los dos estudiantes pudieran seguir su trayectoria educativa con el acompañamiento de sus profesionales, ya que se estaba frente a faltas leves y se estimaba que se podían conciliar.

Manifiesta que el recurrente es esposo de una funcionaria de la escuela, madre del menor nombre reservado, quien se desempeña en el área de convivencia educativa como mediadora de conflictos, la que no fue parte del caso, y en el supuesto que se haya involucrado, lo ha sido a título personal desobedeciendo la instrucción explicita de inhabilitarse por razones obvias.

Termina señalando que las circunstancias que motivaron este recurso ya no se encuentran vigentes, por lo que el estudiante permanecerá en el curso de Quinto año B, sin presentar ningún cambio respecto a su plan curricular. 3°.- Que, informa en términos similares a los expuesto por don nombre reservado, Director de la Escuela nombre reservado de la comuna de DIRECCION000, don nombre reservado, Inspector General del referido establecimiento educacional. 4°.- Que, informa doña nombre reservado, Encargada de Convivencia en la Escuela nombre reservado de la comuna de DIRECCION000.

Refiere que se entrevistó a la apoderada nombre reservado el 5 de marzo de 2026, quien indicó que su hijo nombre reservado, por segundo año consecutivo tenía problemas de convivencia con nombre reservado del mismo curso. En dicha instancia, la apoderada narró acontecimientos recientes que involucran a ambos estudiantes, mencionando a su vez a dos testigos de los hechos, indicando haber entregado un documento en la Unidad Pedagógica, proporcionado por el psicólogo de PROSAM del Hospital DIRECCION000. Se acordó iniciar un proceso de investigación interna. Añade que en el informe entregado el 11 de noviembre, emitido por el psicólogo de PROSAM, se indica que se está atendiendo al estudiante y que presenta una problemática en su asistencia al establecimiento.

Agrega que el pasado 5 de marzo la psicóloga del segundo ciclo del equipo de Convivencia Educativa se entrevistó con ambos testigos, uno de ellos señala que nombre reservado mantuvo un desacuerdo con nombre reservado, lanzando la pelota lejos. Añade 5 que la referida psicóloga se entrevistó con nombre reservado durante la misma jornada, quien le dijo que se lleva mal con nombre reservado debido a situaciones acontecidas el año pasado. Relata que “yo le pasé a pegar el año pasado y luego inventó muchas cuestiones”. Al consultarle sobre situaciones ocurridas durante este año, el estudiante menciona: “hoy lo pasé a empujar y va…o sea estábamos jugando y mi pelota se escapó y al ir a buscarla me confundí y tomé la pelota de ellos y luego lo pasé a empujar y él me dijo groserías y yo me preferí quedar callado”. Tras entregar el relato, la profesional lee lo indicado por el estudiante y, al estar de acuerdo, se firma.

Expresa que se informó la situación a la Dirección, entregando los antecedentes recabados, la que solicita convocar a una entrevista al apoderado de nombre reservado, nombre reservado, entrevista que se realizó el 9 de marzo informándosele sobre la situación acontecida entre los estudiantes, el Director expuso el reclamo ante lo cual el apoderado manifestó su conocimiento sobre la relación entre nombre reservado y nombre reservado. Añade que se le informó verbalmente que al analizar el caso se decidió aplicar una medida de resguardo conforme al Reglamento de Convivencia, que consiste en realizar una pasantía a 5° año A. Sin embargo, el apoderado interrumpió e indicó que no acepta el cambio de curso y que se dirigiría a los tribunales para solucionar el problema, retirándose sin firmar el acta y despidiéndose de cada uno de los presentes. Ante la falta de firma del acta de la reunión, se le envió una carta el mismo día, notificando lo siguiente: “Notificación al apoderado: Mediante entrevista y notificación escrita.

Termina informando que, al revisar los antecedentes, el 20 de marzo de 2026 la dirección revoca la medida de cambio de curso del estudiante nombre reservado, notificándose mediante carta. 5°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 6°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 7°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6 8°.- Que, para resolver la acción incoada debe considerarse que la pretensión medular del recurrente es “que se deje sin efecto la resolución de fecha 9 de marzo de 2026 que dispuso el inmediato cambio de curso de su hijo nombre reservado desde el Quinto año B al Quinto Año A, ordenando que se mantenga en su curso, el Quinto año B.” 9°.- Que, de conformidad a lo informado por los recurridos, consta que la medida de cambio de curso dispuesta respecto del alumno nombre reservado, fue dejada sin efecto, de lo que se sigue que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, sin que exista en la actualidad, materia alguna que esta Corte pueda resolver, en esta sede, estrictamente cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado contra nombre reservado, profesor y Director de la Escuela nombre reservado, nombre reservado, profesor e Inspector General del referido establecimiento y nombre reservado, profesora y Encargada de Convivencia del aludido establecimiento educacional.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Paulina Gallardo García.

Rol N°264–2026.-PROTECCIÓN. 7