nombre reservado con EMPRESA MONTEVERDE S.A.

Chillán, veinte de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Eric Adolfo Urrea Araya, cédula nacional de identidad número RUT reservado, en representación convencional de don nombre reservado, RUN RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; don nombre reservado, RUN RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, RUN RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, RUN RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, RUN RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, RUN RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, RUN RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; y don nombre reservado, RUN RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; interponiendo recurso de protección en contra de Empresa Monteverde S.A., RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el cierre y clausura perimetral con cerco tipo pandereta, ejecutado con fecha 13 de noviembre de 2025, del acceso histórico desde la carretera Avenida Yungay hacia el camino público que conecta con las viviendas de sus representados.

Expone, en cuanto a los antecedentes de hecho, que sus mandantes forman parte de un asentamiento de larga data en el "Predio San nombre reservado", originado en derechos adquiridos por permuta en el año 1914, cuyas posesiones regulares han sido sucesivamente inscritas en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Yungay al amparo del Decreto Ley N° 2.695, citando al efecto diversas inscripciones del año 2021 (tales como fojas 1242 N° 1276, fojas 2544 N° 2489, entre otras). Añade que el camino clausurado de forma unilateral por la recurrida constituía primigeniamente un acceso vecinal de más de 100 años de antigüedad entre los predios colindantes, permitiendo el libre y expedito tránsito desde la carretera. Sin embargo, acusa que la empresa, con el propósito de expandir su infraestructura, levantó un cierre perimetral desviando la entrada y salida hacia otra zona distante a varios metros, operando sin la anuencia de los vecinos ni los permisos correspondientes. Sustenta la existencia inmemorial del camino acompañando un plano mosaico aerofotogramétrico legalizado en 1980, planos topográficos elaborados en los años 2005 y 2011 por los ingenieros forestales nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, y cartografía digital del Servicio de Impuestos Internos correspondiente al Rol 253-210.

En el ámbito jurídico, sostiene que el acto denunciado constituye un ejercicio de autotutela proscrito por el ordenamiento, que altera el statu quo vigente sin mediar pronunciamiento jurisdiccional, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 3 inciso 5° (prohibición de ser juzgado por comisiones especiales) y N° 24 (derecho de propiedad) de la Constitución Política de la República, citando en su apoyo fallos dictados por las Cortes de Apelaciones de Concepción y Temuco (Roles 1359-2025 y 1939-2025, respectivamente) que prohíben el bloqueo por la fuerza de accesos utilizados históricamente.

Termina pidiendo se sirva tener por interpuesto el recurso de protección, y en definitiva acoger dicha acción, ordenando a la recurrida liberar el acceso y el libre tránsito, exigiendo la apertura inmediata y habilitación del camino preestablecido, o en subsidio otorgar la protección que se estime pertinente, con expresa condenación en costas.

2°.- Que, informa el abogado don Waldo E. Figueroa Vásquez, RUT RUT reservado, en representación de la recurrida Sociedad Monteverde S.A., oponiendo, en primer término, excepción de incompetencia del tribunal originario (I. Corte de Apelaciones de Concepción), esgrimiendo que los hechos y sus efectos ocurren en la comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, territorio que conforme al artículo 55 letra k) del Código Orgánico de Tribunales recae bajo la jurisdicción de esta Corte de Apelaciones de Chillán.

En segundo lugar, alega la falta de legitimación pasiva de su representada, argumentando que Monteverde S.A. no es propietaria ni posee derechos sobre el inmueble donde supuestamente ocurrió el cierre. Precisa que el predio "Santa Herminia" fue aportado en el año 2007 a Agrícola y Forestal Las Astas S.A. (inscripción a fojas 676 N° 620 del CBR de Yungay). Agrega que, tras sucesivas subdivisiones, el terreno específico que deslinda con la Ruta N-59-Q corresponde al Lote Dos-B-Uno, de 1,989 hectáreas, Rol de avalúo 253-684, cuyo dominio exclusivo pertenece a Agrícola y Forestal Las Astas S.A., según consta a fojas 7227 N° 5091 del Registro de Propiedad del año 2022, derivando de ello la total impertinencia de dirigir la acción en contra de su mandante.

En tercer lugar, opone la excepción de caducidad de la acción, aseverando que el estado actual del acceso a la Avenida Yungay no fue ejecutado instantáneamente el 13 de noviembre de 2025, sino que data de al menos el 5 de octubre de dicho año, excediendo con creces el plazo fatal de treinta días corridos para recurrir, circunstancia respaldada, según indica, por declaraciones de los propios habitantes del sector.

En cuanto al fondo, controvierte íntegramente los hechos descritos en el recurso. Afirma que los títulos de dominio no dan cuenta de la existencia de ningún camino público, vecinal ni servidumbre de tránsito que grave el predio. Señala que no existe bloqueo alguno, sino que actualmente opera un acceso intrapredial denominado "Callejón del Molino", el cual se encuentra completamente expedito, sin rejas, portones ni controles, y en mejores condiciones de estabilizado y ripio que la vía de tierra reclamada, hecho certificado mediante Acta Notarial de fecha 29 de diciembre de 2025 extendida por el Notario Público de Yungay, don nombre reservado.

Añade que no consta la afectación de los recurrentes, toda vez que, a excepción de uno de ellos, los propios libelos señalan sus domicilios reales en comunas distantes como Coronel, Concepción, San Pedro de la Paz e incluso Arica. Por el contrario, asegura que las diez familias que efectivamente residen en el lugar aprueban la conexión actual, acompañando para ello sendas declaraciones juradas de vecinos (nombre reservado, nombre reservado, entre otros). Finalmente, justifica la legalidad de la modificación del acceso amparándose en el artículo 40 del DFL 850 (Ley de Caminos), exponiendo que Agrícola y Forestal Las Astas S.A. tramitó y obtuvo la factibilidad de la Dirección de Vialidad para empalmar formalmente con la Ruta N-59-Q, según consta en el Oficio N° 33 de fecha 9 de enero de 2026 emitido por dicha repartición pública.

Termina pidiendo tener por informado el recurso de protección, y que en definitiva se resuelva su total rechazo en todas sus partes, acogiendo las excepciones de incompetencia, falta de legitimidad pasiva y extemporaneidad, y descartando la existencia de un acto arbitrario o ilegal, con expresa condena en costas a los recurrentes.

3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°. Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, de manera previa a examinar el fondo del asunto, resulta imperioso pronunciarse respecto a la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la informante. Al respecto, de la prueba documental allegada al proceso, en especial la "Solicitud de Acceso a Caminos Públicos" y el Oficio Ordinario N° 33 emitido por la Dirección de Vialidad y demás copias simples de inscripciones registrales, permiten presumir que la titularidad del predio y la responsabilidad sobre las obras de acceso objeto de esta acción recaen en la persona jurídica "Agrícola y Forestal Las Astas S.A.", y no en la recurrida "Empresa Monteverde S.A.". Por consiguiente, al carecer la recurrida de injerencia legal y material sobre el inmueble donde habrían ocurrido los hechos denunciados , la presente acción cautelar se encuentra mal dirigida, bastando este solo antecedente para el íntegro rechazo del recurso.

7°.- Que, el arbitrio constitucional interpuesto se funda en el supuesto acto ilegal y arbitrario de la recurrida consistente en el cierre unilateral de un camino de uso ancestral que conectaría los predios de los recurrentes con la Avenida Yungay, lo que a juicio de los actores constituye un acto de autotutela que perturba su derecho de propiedad y de libre tránsito. Por su parte, la empresa recurrida niega la existencia de tal bloqueo, sosteniendo que lo realizado constituye una mejora en las condiciones de acceso, contando actualmente los vecinos con una vía abierta, expedita y autorizada por la autoridad técnica correspondiente.

8°.- Que, abordando la controversia sobre la naturaleza jurídica del camino en cuestión, de los antecedentes allegados al proceso se desprende que no existe claridad respecto de si la vía reclamada corresponde a un camino público, un camino vecinal o una simple huella intrapredial de carácter privado. Mientras la recurrente invoca una posesión inmemorial sustentada en planos antiguos , la recurrida presenta títulos de dominio que no registran gravamen o servidumbre alguna en favor de los actores. En este sentido, la determinación de la naturaleza de un camino y la eventual constitución de una servidumbre de tránsito son materias que, por su complejidad técnica y probatoria, exceden el ámbito propio de esta acción cautelar, debiendo ser discutidas en un juicio de lato conocimiento, toda vez que no se trata de un derecho que revista el carácter de indubitado para los recurrentes.

9°.- Que, en lo relativo a la existencia del acto de perturbación denunciado, esto es, el cierre del acceso a las viviendas, la prueba documental y gráfica acompañada por la parte recurrida —especialmente el Acta Notarial de fecha 29 de diciembre de 2025 y el set de fotografías del lugar— permite constatar que no existe un bloqueo efectivo o una privación del libre tránsito hacia el sector donde se ubican los inmuebles de los actores. Por el contrario, fluye de dichos antecedentes que se mantiene habilitado un acceso denominado "Callejón del Molino", el cual se encuentra completamente abierto, sin portones ni obstáculos, permitiendo el desplazamiento de vehículos y personas hacia la vía pública (Ruta N-59-Q) en condiciones de seguridad y estabilidad superiores a la huella de tierra original. Al existir una vía de comunicación vigente y expedita, no es posible configurar un acto de autotutela ilegal o una omisión arbitraria que amerite el restablecimiento del imperio del derecho por esta sede, por cuanto la garantía de acceso a la propiedad se encuentra debidamente resguardada por la vía alternativa actualmente en uso.

10°.- Que, a mayor abundamiento y haciéndose cargo del reproche de autotutela formulado por los actores, cabe hacer presente que las solicitudes o modificación de acceso a un camino público, se enmarcan en un procedimiento administrativo reglado. En efecto, consta en autos que se solicitó la debida autorización a la Dirección de Vialidad conforme a las exigencias del artículo 40 del DFL N° 850 (Ley de Caminos), organismo que mediante Oficio Ordinario N° 33 de fecha 9 de enero de 2026, confirmó que "se otorga la factibilidad solicitada en un sólo punto de la Ruta, para dar cabida a las obras de acceso provisorio" en el km 79.86. Si bien dicho acto administrativo precisa que esta factibilidad se encuentra sujeta a la presentación de un proyecto de ingeniería definitivo en un plazo de 180 días —no constituyendo aún una recepción final de las obras—, este antecedente demuestra de manera fehaciente que el actuar denunciado se encuentra amparado en un marco regulatorio e institucional vigente, en virtud del cual hizo las solicitudes pertinentes ante los organismos competentes con el objeto de garantizar el acceso y el tránsito, con la factibilidad técnica de la Dirección de Vialidad conforme al artículo 40 del DFL N° 850, órgano que tiene la potestad exclusiva para autorizar o prohibir accesos a las rutas nacionales en atención a la seguridad del tránsito.

11°.- Que, atendido lo razonado en los acápites precedentes permiten desestimar, la premisa fáctica de la recurrente, toda vez que descarta de plano que la alteración del acceso constituya un acto "arbitrario" o una vía de hecho constitutiva de "autotutela", y acoger, la falta de legitimación pasiva del recurrido, lo que deriva en el ineludible rechazo de la acción constitucional impetrada, no siendo necesario pronunciamiento respecto de la alegación de extemporaneidad deducida por la informante, por resultar inoficioso. Tales circunstancias permiten desestimar reafirmando la improcedencia de la acción constitucional de urgencia en el caso de marras, por lo cual el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Eric Adolfo Urrea Araya, en representación de don nombre reservado y otros, en contra de Empresa Monteverde S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado Carlos Arzola Burgos, quien no firma por no haber integrado hoy.

No firma el fiscal señor Vigueras, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de permiso.

R.I.C. 260-2026-Protección.-