nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA

Chillán, quince de abril de dos mil diecinueve.

VISTO:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, Profesora de Educación Básica, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, y deduce recurso de protección por vulneración de garantías constitucionales contra la Municipalidad de Cobquecura, representada legalmente por su Alcalde Julio Manuel Fuentes Alarcón, domiciliado en domicilio reservado.

Funda su acción señalando que a la recurrida no le interesa el Imperio del Derecho, expresando que está a punto de enloquecer por un acoso miserable y sostenido iniciado en su contra desde hace más de un año, consistente en hostigamiento hasta el punto de estar con crisis de pánico y de llanto diario. Añade que es madre de un menor, y que el inhumano acoso por años por parte de la recurrida se inició desde su concepción, lo que repercute en su hijo y en ella al no tener apoyo, ni del padre, agregando que la recurrida quiere obligarla a renunciar o que se vuelva loca.

Refiere que en el mes de diciembre pasado, la Directora nombre reservado le entregó carta de aviso de término de contrata, informándole que su cargo terminaba el 28 de Febrero de este año, transcribiendo “Al Alcalde no le interesa tu juicio en contra de la Muni (sic)” lo que decía la señora nombre reservado tras la entrega del referido documento, y que a consecuencia de ello, la desesperación volvía a aparecer en su vida, rompiendo en llantos por miedo a perder su sustento, que gasta principalmente en su hijo.

Hace presente que la actitud matonesca y burlesca se debe a la existencia de un juicio por vulneración de garantías constitucionales que fue ganado a la recurrida anteriormente.

Describe que tras la comunicación, el 15 de Febrero la llamó a su oficina la señora nombre reservado para decirle que “no sabía si la resolución que me había entregado de término de contrata la iban a cumplir o no”, invitándola a volver a sus funciones, pero que una vez más cae en desesperación, que el hostigamiento continuaba ya que por una parte se le entregaba una resolución y por otra se desmentía la misma. Añade que el día 1 de Marzo concurre temblorosa a trabajar, como día normal, teniendo presente lo que le señaló la señora nombre reservado, quien el mismo día le señaló “no sabía si yo seguiría, pero en todo caso había decidido rebajar mis horas a sólo 30 semanales”, por “razones de presupuesto (sic)”., sosteniendo que no se le ha notificado resolución de rebaja de horas, por lo que en sus dichos, arbitrariamente disminuyeron su jornada para continuar con el hostigamiento, agregando como antecedente que el de Marzo de este 2019 la señora nombre reservado emitió resolución enviándola a otra Escuela por 8 horas a realizar clases de religión.

Relata que la persecución en su contra se inició el año 2017, cuando interpuso Denuncia por Vulneración de Garantías Fundamentales con Relación Laboral Vigente en contra de la recurrida, RIT T-9-2017 del Juzgado de Letras de Quirihue, cuyo juicio fue favorable al acreditarse la calidad de vulneradora de derechos fundamentales de la recurrida Municipalidad, en la que se acreditó la persecución política ejercida su contra, por ser pariente de un concejal de oposición, por lo que la recurrida interpone recurso de nulidad, siendo éste rechazado, intentando revocar su contenido mediante el recurso de Unificación de Jurisprudencia.

Manifiesta que, en cuanto a la relación contractual con la recurrida, ingresó a prestar servicios para la recurrida el 03 de Marzo de 2014 a la Dirección de Educación Municipal (DAEM) de la Municipalidad de Cobquecura como profesora de Educación Básica en la escuela básica “Reino de Suecia”, para realizar reemplazo por un plazo de un año escolar para un 1ª Básico, con una jornada de 32 horas, y que producto de su esfuerzo y superación personal y profesional, se le ofreció la realización de clases de Ciencias Naturales y Lenguaje y Comunicación en la educación de Adultos de la Comuna, con un total de 12 horas semanales. Adiciona que en Diciembre de 2014, y producto de su buen desempeño en la educación de adultos fue reconocida públicamente con un Galvano Municipal, ofreciéndole la recurrida en marzo de 2015, ser la única encargada de una escuela en un establecimiento rural, unidocente (una sola profesora) y de multigrado llamada Escuela “G-20 La Antena”, ubicada a 13 kilómetros de la Comuna de Cobquecura, por un total de 40 horas semanales; que a fines de marzo del mismo año se le ofreció realizar clases para adultos por un total de 4 horas, y que en marzo de 2016 se le renovó su calidad de trabajadora a contrata, desempeñándose como profesora multigrado y unidocente en la escuela G-20 La Antena por un total de 44 horas semanales. Agrega que el 2016, recibió personalmente el reconocimiento de Excelencia Académica otorgado por el Ministerio de Educación alcanzando distinción máxima a nivel nacional, siendo un 100% de efectividad, lo que explica en su recurso, concluyendo que, con lo señalado y no interesándole su destacado desempeño a la recurrida, se inició en enero de 2017 un acoso inhumano, cobarde y sostenido en su contra, materializándose en la demanda laboral ya descrita.

Estima vulneradas las garantías constitucionales contempladas en el art. 19 Nº 1 inciso primero, debido a que el hostigamiento le genera una agresión a su integridad sicológica; la del artículo 19 Nº 2, la Igualdad ante la Ley, en el al ser objeto de un acoso desigualitario respecto de sus pares; y la del artículo 19 Nº 24 el derecho de propiedad sobre su contrata, en relación con los art. 565, 576 y 583, todos del Código Civil.

Termina solicitando, de conformidad a las normas que legales que cita que esta Corte tenga por deducida la presente acción de protección contra la Municipalidad de Cobquecura, a fin que declare: 1. Que la recurrida se encuentra vulnerando los derechos constitucionales ya referidos, existiendo suficientes antecedentes para considerar que dicho acoso existe; 2. Que se ordene el cese inmediato del inhumano acoso que sufre actualmente, obligando a la recurrida a restituir las 44 horas semanales a la que es titular; 3. Que se obligue a la recurrida a dictar resolución administrativa de renovación de su contrata por no existir fundamento para lo contrario; y 4. Que la recurrida sea condenada en costas por su inhumano actuar, y en subsidio, lo que este tribunal ordene las medidas que mejor permitan el resguardo de su integridad y el imperio del derecho, con costas.

2°.- Que, comparece don nombre reservado abogado en representación convencional de la Municipalidad de Cobquecura, representada por su Alcalde Julio Fuentes Alarcón en los autos sobre Recurso de Protección.

Al informar el presente recurso, hace referencia a los siguientes nombramientos de la recurrente: Decreto municipal N° 1610 de 20 de marzo del año 2018 como profesora de educación básica, en jornada de 44 horas desde el 01 de marzo del año 2018 y hasta el 30 de mayo de 2018; Decreto municipal de 26 de junio del año 2018 N° 3408 desde el 1 de junio del año 2018 Y hasta el 30 de septiembre de 2018; Decreto municipal de 23 de octubre del año 2018 N° 5574 desde el 01 de octubre del año 2018 y hasta el 28 de febrero de 2019; Ordinario Municipal N. 1828 de febrero del año 2019, por el cual el Director de la Escuela Reino de Suecia don nombre reservado solicita a la Directora del Departamento de Educación Municipal doña nombre reservado nombramiento por 21 horas docente; Ordinario Municipal N. 38 04 de marzo del año 2019 por el cual el Director del Liceo Polivalente Diego Missene Burgos don nombre reservado solicita a la Directora del Departamento de Educación Municipal referida el nombramiento de una docente para impartir la asignatura de religión por un total de 9 horas docentes; Decreto municipal N° 1501 27 de marzo del año 2019 por el cual se le nombra como profesora de educación básica en jornada de 30 horas, desde el 01 de marzo del año 2019 y hasta el 29 de febrero de 2020.

En virtud de lo anterior, alega la ausencia de acto ilegal o arbitrario fundado en que la recurrente ha sido nombrada en funciones docentes en calidad de contratada, que conforme al artículo 25 del Estatuto Docente corresponde a aquellos docentes que desempeñan labores transitorias experimentales optativas especiales o de reemplazo de titulares por lo que al ser contratada, y no estar incorporada a la dotación docente va viendo su jornada de trabajo conforme necesidades y/o requerimientos de los diversos establecimientos educacionales y que el año 2019 los requerimientos alcanzaron la cantidad de 30 horas y fue efectivamente lo que se le fijo como carga o jornada de trabajo. Por lo que sostiene que no hay ilegalidad en la jornada de trabajo o carga docente asignada a la actora, conforme su calidad de contratada.

Agrega que tampoco hay arbitrariedad desde que en su calidad de contratada, a la recurrente, la Directora del Departamento de Educación Municipal le fijo una carga docente de 30 horas que corresponde a los requerimientos de profesora o docencia, que a su vez pidieron los directores de establecimientos educacionales. No otorgó ni más ni menos que las 30 horas solicitadas al efecto. Así entonces, la diferente jornada entre el año 2018 - 44 horas- y 2019 -30 horas- se debe única y exclusivamente a los requerimientos y/o necesidades de docencia o pedagogía, que plantean los directores de establecimientos educacionales a los cuales la Directora del Departamento de Educación solo se limita a atender y solucionar. Indica que el artículo 36 del mismo Estatuto Docente señala que los profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares, tendrán derecho a la estabilidad en las horas y funciones establecidas en los decretos de designación o contratos de trabajo a menos que deban cesar por causa legal y que el personal docente contratado, como la recurrente no tiene el derecho a la estabilidad de horas y funciones contratadas por lo cual no hay ilegalidad y/o arbitrariedad alguna que corregir. Finalmente consigna que conforme a los arts. 7 y ss. y 34 Y ss. del Estatuto Docente al Alcalde solo le cabe la calidad de sostenedor no teniendo participación alguna en el proceso educativo ni en administración del personal docente o recursos materiales, los cuales conforme a los preceptos nombrados son resortes exclusivos y excluyentes de los Directores de Establecimientos y del Jefe del Departamento de Educacional Municipal.

Expone que conforme lo planteado en el recurso de protección la cuestión debatida es la asignación de la jornada docente de trabajo conforme el Estatuto Docente contenido en el D.F.L. 1 DE 2017, que contiene el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N. 19070 y la aplicación supletoria del Código del Trabajo cuestiones que escapan a la naturaleza y fines de la Acción Constitucional de Protección.

En subsidio de lo anterior, manifiesta que tratándose de una cuestión referida a la carga docente de trabajo de una profesora de educación básica; no se ve como o de qué manera, pudiera justificarse el carácter urgente o de emergencia, que permita justificar o sostener la presente acción de protección.

Para finalizar solicita en mérito de lo expuesto, que esta Corte tenga por evacuado informe solicitado para todos los efectos legales y con el mérito del mismo disponer el rechazo del recurso de autos para todos los efectos legales; con expresa condenación en costas.- 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que el acto que la recurrente califica de arbitrario o ilegal es la rebaja a 30 horas semanales su carga docente no respetando su carga de 44 horas reconocida, con los que había sido contratada desde el año 2017, no respetándose la sentencia dictada en la causa rol T-9-2017 del Juzgado de Letras de Quirihue.

7°.- Que según ha acreditado la recurrida, la señora nombre reservado, durante todo el año 2017, y hasta el 28 de febrero de 2019 se encontraba contratada por 44 horas semanales (decreto municipal n°1610 de 2018, decreto municipal 3408 de 2018, decreto municipal 5574 de 2018) y, a partir del 28 de febrero del presente año se dicta ordinario municipal n°18 por el cual se solicita el nombramiento de la recurrente por 21 horas y el 4 de marzo del actual se dicta ordinario municipal n°38 por el cual se le designa para impartir clases de religión por 9 horas docentes, dictándose al respecto el decreto municipal n°1501 por el cual se nombra a la recurrente como profesora de educación básica por una jornada de 30 horas desde el 01 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2020.

8°.- Que el recurso de protección tiene por objeto proteger los derechos indubitados, procurando la mantención del estatus quo. En el presente caso, la recurrente invoca su derecho a la conservación de la jornada de 44 horas semanales.

Que, sin embargo y sin desconocer las facultades que las Municipalidades tienen para recurrir al sistema de contratas y determinar el número de horas asignadas a cada docente, es necesario considerar que es un hecho no discutido que el recurrente se ha desempeñado continuamente para la recurrida desde 2017, con jornadas de 44 semanales, por lo que una variación en las circunstancias inherentes a su contratación debe ser fundamentada, expresándose los motivos necesarios para adoptar tal decisión, es decir, exteriorizando las razones de hecho y de derecho que la justifiquen, permitiendo al interesado, en esa forma, apreciar su legitimidad y legalidad, particularmente si, como ocurre en el caso en estudio, se afecta su personal esfera jurídica.

9°.- Que, así las cosas, el actuar de la recurrida al asignarle una jornada de 30 horas al recurrente deviene, a lo menos, en arbitrario, desde que no es factible advertir las razones que lo motivan, con lo que se ha visto vulnerado su derecho de propiedad a las remuneraciones correspondientes a la aludida jornada contratada de 44 horas semanales.

10°.- Que, sin perjuicio de lo ya expuesto, conforme se desprende del acto en que se materializa la rebaja horaria de la recurrente corresponde al Decreto Alcaldicio N° 1301 de 27 de marzo de 2019, de la Municipalidad de Cobquecura, mediante el cual ésta designó la recurrente en calidad de docente de la dotación de la Escuela Reino de Suecia y del Liceo Polivalente Diego Missene Burgos de esa comuna, con una jornada de 30 horas a partir del 1 de marzo de 2019 y hasta el 29 de febrero de 2020, esto es, con una jornada inferior en 14 horas semanales a la que venía desempeñando durante el año 2017 y 2018 que alcanzaba a 44 horas semanales ; dicha autoridad no cumplió con la exigencia de fundamentación contemplada en el artículo 11 y 52 de la Ley N° 19.880 pues no expuso las razones que justificaban tan importante rebaja de jornada que incidió, ciertamente, en su patrimonio. Estas razones pudieron consistir, por ejemplo, en que las asignaturas y demás labores que desempeñaba el actor hayan experimentado también la misma disminución horaria por circunstancias determinadas, que la disminución haya operado en todos los niveles en que él trabajaba, o en otros factores.

En estos términos el acto recurrido al infringir las normas citadas, es ilegal y, asimismo, arbitrario, en cuanto al no expresar los fundamentos en que se apoya, conduce a concluir que carece de ellos y, por lo mismo, de razonabilidad.

Al respecto, es pertinente señalar que: "la motivación de los actos administrativos no busca cubrir una mera formalidad, más o menos rutinaria, sino que constituye un elemento esencial para hacer posible el control judicial sobre los actos administrativos, de tal modo que ellos podrían llegar a anularse si carecieran de motivación o ésta fuera insuficiente. La motivación puede ser sucinta, pero debe ser suficiente para poder ilustrar sobre las razones de hecho y de derecho que justifiquen la resolución. En particular, se deben conocer a través de la motivación las razones de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en los casos del ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre todas las legalmente posibles. Por lo cual, queda claramente plasmada la importancia de la motivación y fundamentación de los actos administrativos. En tal sentido ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema en causa rol 20.772-2018.

11°.- Que, de acuerdo con lo antes razonado y considerando que la fundamentación es un requisito exigido generalmente por la ley a todo acto administrativo que afecte derechos de los particulares, en la especie se ha efectuado una diferencia arbitraria en perjuicio del recurrente al disminuir su jornada laboral en relación con la que venía desempeñando el año anterior sin expresarle fundamento alguno, vulnerándose con ello la garantía fundamental de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, razón por la cual, al acción impetrada debe necesariamente ser acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra la Municipalidad de Cobquecura, representada legalmente por su Alcalde Julio Manuel Fuentes Alarcón, y se dispone que la recurrida debe respetar la jornada de 44 horas semanales asignadas por los decretos alcaldicios números n° 1284 de 2017, 1610 de 2018, 3408 de 2018, y 5574 de 2018, debiendo pagarle las diferencias de remuneraciones que corresponda, por todo el periodo en que se haya visto afectado por la rebaja arbitraria de jornada.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro señor Christian Hansen Kaulen.

RIC 260-2019 PROTECCION.