nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL SANTIAGO

Chillán, doce de abril de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, estudiante, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, RUT RUT reservado, representada por su Director Regional y por su Intendente, cuyos nombres declara ignorar por cuanto no figuran en la página web de SUSESO, todos con domicilio en domicilio reservado, de fecha 12 de febrero de 2024, notificada mediante correo electrónico de igual fecha, por la cual se confirma el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y N° RUT reservado, por reposo no justificado, por un total de 60 días a contar del 1 de noviembre de 2023.

En lo referente a los hechos funda su presentación reiterando lo ya expresado en cuanto que la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-23422-2024 de 12 de febrero del año en curso, la Superintendencia de Seguridad Social emitió pronunciamiento en el sentido de rechazar las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días. Añade que los vagos argumentos entregados por la institución estriban en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo autorizado, toda vez que no se describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. Expresa que en contraposición a lo señalado por la recurrida, acompañó informe médico de 1 de noviembre de 2023 el cual da cuenta de su afección, estimando que de su mérito se desprende que su reposo está más que justificado, pues da cuenta de su padecimiento, tratamiento y evolución de su cuadro.

En lo referente a la vulneración de garantías constitucionales afirma que, el hecho de no habérsele pagado sus licencias médicas le ha dañado su salud mental y le ha causado un detrimento en su patrimonio. Cita y transcribe fallo de la Corte Suprema Rol 8220-2019, de fecha 1 de julio de 2019.

Califica la Resolución Exenta de arbitraria o ilegal, manifestando al respecto que el artículo 6 de la Constitución Política de la República consagra el principio de legalidad y juridicidad de los órganos del Estado, mismo principio el cual se encuentra reiterado en la Ley Orgánica Constitucional 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, reiterando la legalidad positiva, esto es, la sumisión estricta a la ley que debe observar la administración del Estado. Además, la Ley 19.880 de Bases de Procedimiento Administrativo, en su artículo 41 obliga a que las resoluciones contengan la decisión, que será fundada. Esto, afirma el recurrente, consagra el principio de fundabilidad de los actos administrativos, es decir, la administración deberá siempre motivar sus actos explicando las razones y el razonamiento que la lleva a tomar una determinada resolución, procediendo a citar fallos en tal sentido pronunciados por la Corte Suprema Rol 27.467-2014, Rol 58.971-2016, Rol 27.467-2014 y Rol 58.971- 2016. Afirma que lo anterior se plasma en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 del 28 de mayo de 1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, haciendo presente que de un simple examen de la Resolución recurrida, es posible advertir que la Resolución impugnada carece de elementos en orden a fundar la decisión de rechazar las licencias médicas. Tal ausencia no sólo constituye una ilegalidad manifiesta, sino también una arbitrariedad, concurriendo así ambas exigencias establecidas para la procedencia de la acción impetrada. Cita fallo de la Corte Suprema Rol 1816-1998.

Solicita que, en mérito de lo expuesto y en virtud de la normativa legal aplicable en la especie, se tenga por deducida acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ya individualiza por la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-23422-2024 de fecha 12 de febrero de 2024, que confirma el rechazo de las licencias médicas singularizadas en la presentación, a fin se adopten las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y brindarle la debida protección, admitirlo a tramitación y, en definitiva, dar lugar a todas sus partes, declarando que se deja sin efecto la Resolución recurrida, debiendo el órgano recurrido aprobar las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 1 de noviembre de 2023, por reposo injustificado, y efectuar todas las gestiones necesarias a fin de proceder a su pago a la brevedad, toda vez que la Resolución recurrida entorpece la recuperación de salud y la propiedad que detenta el recurrente sobre el subsidio respectivo, derechos asegurados por los números 1 y 24 del artículo 19 de la Carta Magna, todo ello con expresa condena en costas, en caso de oposición.

A su presentación acompaña.

2°.- Que, informa don nombre reservado, abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer término solicita se declare la improcedencia de la presente acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, pues la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, son materias que pertenecen al campo de la seguridad social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En cuanto al fondo sostiene que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-18152-2024, el interesado recurrió el día 5 de febrero de 2024, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 1 de noviembre de 2023, por reposo no justificado. Por lo anterior, añade el letrado, mediante Resolución Exenta Nº R-01-UNRA-23422-2024, de 12 de febrero de 2024, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, se concluyó que: “…el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, por cuanto la parte reclamante no acompaña informe amplio y fundado de psiquiatra, con descripción del tratamiento prescrito, evolución clínica, alto grado de compromiso funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. Llama la atención que no existe relación del relato efectuado por el trabajador, en cuanto a afección osteomuscular y síndrome doloroso que padece, respecto de los estresores señalados en el informe del médico general no especialista en afecciones mentales, aportado por la parte interesada. Cabe tener presente que al Sr. nombre reservado ya se le habían autorizado 329 días de reposo médico, por afecciones músculo esquelético (Operado de HNP el 27/10/2023), luego de las cuales cambia de diagnóstico e inicia un cuadro de enfermedad mental bajo el diagnóstico F41.2 - TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION.

“Que, la ausencia de elementos clínicos no permiten a nuestros especialistas formarse convicción sobre la procedencia de autorizar el reposo indicado en las licencias médicas reclamadas”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Posteriormente el letrado detalla el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción de protección, para luego afirmar que el médico tratante de la recurrente, Dra. nombre reservado, no se encuentra registrada con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, contando con título profesional de médico cirujano, otorgado por la Universidad Del Zulia, Venezuela, año 1993. Con fecha 9 de noviembre de 2021, aprobó el examen único nacional de conocimientos de medicina, obteniendo el certificado de especialista en pediatría otorgado por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), emitido con fecha 21 de marzo de 2019. Conforme lo expresado afirma que, de los antecedentes médicos y administrativos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por la licencia médica reclamada, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Sostiene el letrado que, de conformidad a la normativa citada en aquella parte de su informe en el cual se refiere al marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción de protección, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. En este sentido afirma que, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. A su vez, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley 16.395, modificado recientemente por la Ley 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social. Detalla que el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. Por su parte el inciso 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.” En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”. Añade que a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En lo referente al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). En efecto, afirma el letrado, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”. Hace presente que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas. De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución. En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

Se sostiene que, en el caso del Sr. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas. Cita fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago, causa Rol Nº 19213-2014, de la Corte Suprema, causa Rol 33.059-2020, de 30 de abril de 2020.

Estima que por lo señalado, la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por el recurrente, referido a las licencias médicas reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, los que no sólo se encuentran en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del mismo. Cita fallo de la Corte Suprema, Rol 59.628-2020, de 28 de mayo de 2020.

También se alega por parte del letrado que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por la Carta Fundamental. Detalla que, en cuanto a la eventual vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. Afirma que su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, estimando incuestionable que el Sr. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. En cuanto al derecho de propiedad, hace presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. Cita fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 7 de abril de 2015, en causa Rol 557-2015 y de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en acción de protección Rol 2526-2020.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 número 18 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, orgánica y de funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes, se tenga por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por don nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, como se ha expuesto, la recurrente estima vulneradas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 1 y 24 de nuestra Carta Fundamental, al haber rechazado las licencias médicas, la Superintendencia de Seguridad Social, por medio de Resoluciones Exentas individualizadas, siendo dichos actos ilegales y arbitrarios.

7°.- Que, previo a informar el fondo del presente recurso, la recurrida alega improcedencia de la presente acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos 8°.- Que, en cuanto a la improcedencia alegada, cabe anotar que ella no puede prosperar debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece que con el rechazo del pago de las licencias médicas, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica del recurrente, derechos que si se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

9°.- Que, sobre el fondo del recurso, se debe tener presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapres correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

10º.- Que, conforme a los antecedentes aportados, aparece que la decisión de la recurrida, en cuanto confirmar el rechazo del pago de las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ninguna evaluación de la recurrente destinada a verificar su actual estado de salud, de manera de poder determinar que el reposo ordenado no se encuentra justificado, carencia que priva al acto recurrido de contenido. Lo anterior cobra más importancia, si se tiene presente que la recurrida, para resolver como lo hizo, desacreditó informes evacuados por el médico tratante, pero sin evaluar o someter a exámenes a la recurrente, lo que redunda, en definitiva, en que se desvanecen las razones del rechazo.

11º.- Que, es así como se torna del todo arbitrario desestimar el pago de licencias médicas concedidas por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad en cuestión, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente al paciente cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder.

12º.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas que indica la actora, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por su Director Regional y por su Intendente, sólo en cuanto se ordena a la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue un informe pericial médico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que dispone la licencia médica materia de autos y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de la licencia médica denegada.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción de la abogada integrante Paula Cornejo Baraona, quien no firma por no haber integrado hoy.

Rol N°252-2024 PROTECCIÓN.-