Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

Chillán, trece de octubre de dos mil catorce.

Se designa para la redacción del fallo acordado, con conocimiento de las partes, al Ministro señor Guillermo Arcos Salinas.

Chillán, trece de octubre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 42, comparece nombre reservado, trabajadora, domiciliada en domicilio reservado, y para estos efectos en domicilio reservado de esta ciudad, quien recurre de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, o Caja de Compensación Los Andes o Caja Los Andes o CCAF Los Andes, persona jurídica del giro de su denominación, representada por su Gerente de Sucursal de Chillán don nombre reservado, o por quien lo reemplace o haga las veces de tal o la represente, ambos con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, por haber ejecutado actos arbitrarios e ilegales, vulnerando las garantías constitucionales del artículo 19 número 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Refiere que el pasado 31 de julio le fue pagado su remuneración por parte de su empleador, constatando que le fue descontada una suma de dinero que en el acápite correspondiente señala "CAJA C. Los AND" por la suma de $58.628, lo que representa un 53,2% de la remuneración total tributable e imponible del referido mes, que ascendió a $106.377, por lo que dicho descuento se encuentra muy por sobre el 15% del total de haberes que permite el artículo 53 inciso 3° del Código del Trabajo, sin su consentimiento, recibiendo la suma de $28.314, cantidad exigua para atender sus gastos más básicos, lo cual le ha ocasionado un enorme perjuicio.

Sostiene que el Departamento de Educación de la Municipalidad de Chillán, debe cumplir con el requerimiento de la recurrida, no manteniendo ninguna obligación actualmente exigible, pues si bien, con fecha 06 de diciembre de 2004, 20 de abril de 2005 y 03 de noviembre de 2005, solicitó tres créditos por diversos montos, éstos los pagó íntegramente en tiempo y forma, por lo que nada adeuda , sirviéndole de aval quien era su compañero de trabajo en esa época don nombre reservado. Este último, el 28 de septiembre de 2005 solicitó un crédito por la suma de $2.117.263, concurriendo la recurrente como su aval. Añade que el Sr. nombre reservado dejó de pagar dicho crédito el 09 de junio de 2006 por razones que desconoce, ya que dejó de trabajar para su empleadora de entonces, no habiendo efectuado la recurrida desde esa fecha, acción judicial válida para cobrar el crédito de su deudor, pero si obligado a sus empleadores, en algunas ocasiones, a que efectuaran el descuento directo de sus remuneraciones, sin su consentimiento e incluso por sobre el límite legal, lo que la obligó a enviar un reclamo por escrito a la Superintendencia de Seguridad Social el 25 de septiembre de 2013, ampliado por otro de fecha 07 de octubre del mismo año, a lo que la referida Superintendencia envió al Gerente General de la recurrida Oficio 81600, de fecha 27 de diciembre de 2013, en virtud del cual ordenaba a la recurrida a no efectuar descuentos por sobre el máximo legal y devolverle lo descontado en exceso, evitando referirse a otras cuestiones expresadas en su carta, respecto a la no procedencia de la deuda, por corresponder su conocimiento a las facultades de los Tribunales de Justicia, ante lo cual el pasado 21 de enero la recurrida le restituyó en sus oficinas de Chillan la suma de $113.652 y a partir de tal fecha terminó con sus actos arbitrarios e ilegales en su contra, sin que se ordenara nuevamente a su empleador efectuar descuento alguno, hasta el pasado 31 de julio.

Sostiene la actora que el acto de la recurrida es arbitrario, pues sin acudir a los mecanismos legales para la obtención del pago de su supuesto crédito, derechamente instruyó a su empleador que hiciera el descuento, estimando que ha sido negligente en la forma de cobrar su crédito impago y, por el contrario, en vez de seguir acciones judiciales válidas para el cobro del mismo, ha preferido actuar en forma arbitraria e ilegal haciendo un uso abusivo e ilegal de las facultades que le otorga la ley, pues sin juicio previo, ordenó a su empleador el descuento de su remuneración, sin ser la deudora principal y habiéndose obligado hace casi diez años sólo en carácter de aval de una deuda ya extinguida, indicando que la recurrida ha perdido las acciones judiciales para cobrar su crédito por mera negligencia o desidia de su parte, pues habiendo iniciado una causa ente el Tercer Juzgado Civil de San Miguel el año 2011, causa Rol C-46.057-2011, ésta fue archivada por falta de movimiento el 22 de noviembre de 2012, precisando que en dicha causa el mandatario judicial de la Caja de Compensación Los Andes, nombre reservado, reconoció por escrito al Tribunal el día 21 de diciembre de 2011, que la deuda vigente al 30 de noviembre de 2010 era de $141.150, lo que en su parecer demostraría lo arbitrario del proceder de la recurrida, pues con todos los descuentos que se le han efectuado, la deuda se encuentra totalmente extinguida y, además, conforme el mérito de la información de créditos personales que le entregó la recurrida elcuatro de agosto pasado, el crédito se encuentra expirado al señalar "Est. Crédito: Expirado".

Sostiene que el comportamiento arbitrario e ilegal de la recurrida y la contumacia que ha demostrado, le hace temer fundadamente que ésta seguirá con sus actuaciones, privándole ilegítimamente del dominio de todo o parte de sus remuneraciones, siendo arbitrario, toda vez que no ha existido de su parte un reconocimiento de obligación alguna, y el efectuar tal descuento de su remuneración corresponde a un abuso manejando a su antojo las disposiciones legales de fondo y procesales que regulan la exigibilidad de las obligaciones; resultando asimismo ilegal, al no existir disposición legal que le permita informar a un empleador una deuda que no es exigible, como en el caso de autos, estimando que cobra importancia el artículo 22 de la Ley 18.833 que dispone que el cobro de las deudas de créditos sociales se rigen por las mismas normas que el cobro de las cotizaciones previsionales, lo cual remite al artículo 5 de la Ley 17.322, el que en concordancia con el artículo 464 número 17 del Código de Procedimiento Civil, permite oponer la prescripción de la deuda. Todo lo anterior, señala, constituye una vulneración de su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones e implica también una amenaza futura, pues en cualquier momento la recurrida puede retomar su actitud arbitraria e ilegal y seguir privándole del derecho de propiedad sobre sus remuneraciones.

También considera vulnerada la garantía consagrada en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República que asegura a todas las personas: "La igualdad ante la ley", toda vez que la recurrida ha actuado en su contra, sin estar facultada por la ley para hacerlo, ya que no ha ejercido en forma legítima y válida las acciones legales para el cobro del crédito que por sí y ante sí erige como exigible, privándole de la facultad legal de defenderse en juicio y de oponer las debidas excepciones.

Termina solicitando que en mérito de lo expuesto y dispuesto en el artículo 19 números 24 y 2 y artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, y Auto Acordado sobre Tramitación del recurso de protección en contra de la Caja de Compensación Los Andes, acogerlo a tramitación, y en definitiva, restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, declarando que se deja sin efecto el descuento a sus remuneraciones del mes de Julio del año 2014 por concepto de préstamo de la Caja de Compensación Los Andes, ordenando a la recurrida restituir el valor de dicho descuento ascendente a la suma de $58.628, debidamente reajustada; que la recurrida deberá dejar sin efecto cualquier suma cuyo descuento se efectúe a sus remuneraciones durante la tramitación del presente recurso, debidamente reajustadas; que la recurrida deberá abstenerse de informar y requerir de su empleador actual o futuro, descuento alguno de sus remuneraciones por el cobro del crédito a que se refiere el presente recurso, sin perjuicio de sus derechos que pudiere hacer valer judicialmente, si cree que alguno le asiste, con costas.

A fojas 67 la recurrente hace presente la reiteración de la conducta arbitraria e ilegal de la recurrida, al descontársele de su remuneración la suma de $38.109 en el mes de septiembre, siendo que en agosto no efectuó deducción alguna.

De fojas 1 a 41 y a fojas 65 y 66, acompaña documentos la recurrente.

A fojas 74 informa en representación de la recurrida la abogada Norma Irene Ferrufino Riveros y sostiene que el 16 de agosto de 2007 su representada otorgó un crédito social a nombre reservado por un monto bruto de $2.117.263, constituyéndose la recurrente como codeudor solidario del referido crédito y, ante el no pago en forma directa y oportuna de los dividendos restantes por parte del deudor principal, su representada se dirigió contra la recurrente, por su calidad de fiadora y codeudora solidaria, solicitando al empleador de ésta, el descuento de la cuota impaga del respectivo crédito.

Agrega, que en resguardo del fondo social que administra conforme lo dispuesto en la Ley 18.833 e instrucciones que emanan de la Superintendencia de Seguridad Social, se ha visto en la obligación de ejercer todas las acciones, sean judiciales o extrajudiciales, de cobranza, por lo que ha ejercido las facultades que la propia ley le concede, haciendo presente que conforme el mérito del pagaré suscrito por la hoy recurrente, nace la obligación de pagar la deuda contraída por el deudor principal, quien hasta la fecha no ha realizado pago directo del resto de las cuotas pactadas, y conforme lo dispuesto en los artículos 47 y 107 de la Ley 18.092, aparece la calidad de deudora de la hoy recurrente respecto de la obligación emanada del mutuo.

Indica que tiene la obligación legal de resguardar el Fondo Social, por lo que la no ejecución de las acciones tendientes a obtener el pago de las cuotas adeudada implica su incumplimiento y perjudicaría a un sinnúmero de personas al no poder entregar las prestaciones de seguridad social que por ley se encuentra obligada a prestar, teniendo un mandato legal e irrenunciable para requerir los descuentos de las cuotas del crédito social a las entidades empleadoras, resultando ser legítimo y siendo de conocimiento y acordada por la recurrente en el respectivo pagaré, regulándose su cobro de conformidad a las cotizaciones previsionales, de acuerdo al artículo 58 inciso primero del Código del trabajo y Ley 17.322.

Plantea que no existe norma que prohíba ejercer simultáneamente las acciones de cobro el crédito social y los descuentos ordenados por ley, cumpliendo toda la normativa vigente y las políticas de crédito de su representada, por lo que las acciones emprendidas por su representada no pueden ni deben ser consideradas como un acto arbitrario ni ilegal. La propia Superintendencia de Seguridad Social, en sus Oficios Ordinarios N° 25.331 y 37.604, del 18 de julio y 17 de octubre del año 2000, señala que conforme a lo expresado en el artículo 1 de la ley N° 18833, las Cajas de Compensación tienen la calidad de "Entidades de Previsión Social", razón por la cual, los empleadores deberán deducir de las remuneraciones de sus trabajadores, las deudas por concepto de crédito social, ya sea que los préstamos hayan sido contraídos por el trabajador cuando pertenecían a otra empresa o en la misma, y estuviera afiliado a otra Caja de Compensación.

Finalmente sostiene la no existencia de una afectación al derecho de propiedad de la recurrente desde que, si bien el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República de Chile garantiza la protección del derecho de propiedad en todos sus aspectos, prevé que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, sosteniendo que fundado en la capacidad de disponer de su patrimonio, la recurrente contrae una obligación y genera una serie de efectos y consecuencias jurídicas a partir de esta expresión de voluntad, pacto que consta tanto en la solicitud de crédito social como en el pagaré.

Termina solicitando se tenga por evacuado el informe requerido y, en definitiva, se niegue lugar al recurso, con costas.

De fojas 60 a 73 acompaña documentos la recurrida.

A fojas 94, se trajeron los autos en relación y se ordenó agregar extraordinariamente el recurso a la Tabla.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

2°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

3°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

4°.- Que, la acción de la recurrente se funda en la vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por parte de la recurrida, quien mediante actos arbitrarios e ilegales ha procedido, en diversas oportunidades, a efectuar descuentos de la remuneración mensual, a través de distintos empleadores, por una deuda de un tercero que ella garantizó en calidad de aval, habiendo aquel cesado en el pago del crédito el 09 de junio de 2006, infringiéndose el límite legal de deducciones del 15% de la remuneración total del trabajador, cuestión que en su oportunidad fue denunciada y corregida por la Superintendencia de Seguridad social que ordenó a la recurrida a no efectuar descuentos por sobre dicho máximo legal y devolver lo descontado en exceso. Tal actuar arbitrario se ha efectuado abusando de las disposiciones legales, dado el actuar negligente en el cobro judicial de la acreencia radicada en el Tercer Juzgado Civil de San Miguel, causa que fue archiva el año 2012, lo que afecta el dominio sobre sus remuneraciones y la posibilidad de defenderse oponiendo excepciones, como la prescripción, vulnerando la igualdad ante la ley.

5°.- Que la recurrida, sin controvertir los hechos, los justifica, teniendo presente la normativa legal que esgrime, la cual le faculta y obliga al cobro de los créditos sociales que concede, como asimismo la autonomía de la voluntad que subyace en la negociación jurídica de que fuera parte la recurrente, que consiente en constituirse en aval y codeudora solidaria en el crédito del deudor principal, estableciéndose una cláusula de conocimiento de la forma de cobro mediante deducción de las remuneraciones, lo que es respaldado, a su vez, por la Superintendencia de Seguridad Social en los oficios que indica, no existiendo, por ende, la afectación de derechos denunciada.

6°.- Que de acuerdo a los antecedentes aportados por las partes se pueden dar por acreditados los siguientes hechos:

a)Que, con fecha 28 de septiembre de 2005, don nombre reservado solicitó a la Caja de Compensación Los Andes un crédito por la suma de $ 2.117.263, pagadero en 60 cuotas de $ 56.283 cada una, siendo la recurrente doña nombre reservado aval del respectivo pagaré, constituyéndose en fiador y codeudor solidario del suscriptor, declarando además que acepta todas las renovaciones, prórrogas o esperas que, con o sin abono, puedan concederse al suscriptor, y conocer y aceptar las normas que regulan el crédito avalado, en especial lo referido al descuento por planilla que su empleador efectuará de sus remuneraciones en caso de incumplimiento del deudor principal.

b) Que el deudor principal solo pagó las 14 primeras cuotas, correspondiendo la última a la de 30 de Noviembre de 2006, razón por la cual la Caja de Compensación inicio el 13 de Julio de 2011 un juicio ejecutivo en contra del deudor principal y la aval, en el Tercer Juzgado Civil de San Miguel, rol C-46.057-2011,en donde el ejecutante manifestó que el mandamiento de ejecución y embargo debía ser por la suma de $ 458.740, que corresponde a las cuotas cuyos vencimientos son posteriores al 30 de Junio de 2010, rebajando posteriormente esa cantidad a $ 141.150, ya que ella corresponde a las cuotas cuyo vencimiento son posteriores al 31 de Octubre de 2010. No existe constancia de que se haya notificado a las ejecutadas dichas acciones judiciales y ella se encuentra actualmente archivada.

c) Que en el año 2013 la recurrente reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social por los descuentos que la recurrida le efectúo ese año, ordenando dicho organismo que la Caja debía restituirle a la recurrente lo descontado en exceso en Agosto y Septiembre de 2013, pues se excedía del 25 % de su renta líquida, fijado como máximo por dicha institución a través de la Circular N° 2052 de 2003.- d) Que en Julio de 2014 se procedió a descontar a la recurrente del total de sus remuneraciones, de $ 106.377, la suma de $ 58.628 a favor de la Caja recurrida; en Agosto no se le realizó descuento alguno y en Septiembre se le descontó la suma de $ 38.109.

7°.- Que, en primer término hay que tener presente, que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que establece el estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, de tal manera que de acuerdo a esta disposición los descuentos están referidos al trabajador que suscribe el crédito, no así a los avales, como es el caso de la recurrente, debiendo perseguirse el cobro respecto de ésta, en caso de incumplimiento del deudor principal, de acuerdo a las reglas generales, tornando en ilegal el actuar de la recurrida.

8°.- Que, por otra parte hay que tener presente que el deudor principal dejó de pagar el crédito el 30 de Noviembre de 2006 y solo en Julio del año 2011 la recurrida inicio un juicio ejecutivo en contra de los obligados al pago, en donde en su última presentación reconoce que la deuda solo alcanza a la suma de $ 141.150 y que corresponde a las cuotas cuyos vencimientos son posteriores a Octubre de 2010, lo que lleva a concluir que la decisión de la institución recurrida es arbitraria, puesto que el acto de requerir directamente a la empleadora de la actora el descuento en su remuneración de las cuotas adeudadas por el deudor principal no se aviene a las circunstancias evidentes de que había transcurrido un excesivo lapso desde la fecha en que se había dejado de pagar la deuda, y todo ello sin discusión previa sobre las circunstancias de la obligación cuya solución se persigue, privándola de su legítimo derecho a defensa y a oponer excepciones, entre ellas la prescripción.

9°.- Que, las conclusiones anteriores no ponen en duda lo sostenido por la recurrida, en el sentido que debe ejecutar todas las acciones y prerrogativas que le franquea la ley para obtener el pago de las cuotas morosas de un crédito social, pero ello debe hacerse en forma oportuna y no a través de acciones practicadas después de casi ocho años de producida la mora y encontrándose archivada la acción judicial correspondiente, dejando a la recurrente sin posibilidad de defensa alguna.

10°.- Que el actuar de la recurrida afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en términos que se produce una privación en el derecho de propiedad de la recurrente sobre las remuneraciones que le corresponde percibir.

11°.- Que en virtud de lo razonado corresponde acoger la acción deducida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 42 por doña nombre reservado en contra de la Caja de Compensación Los Andes, declarándose que se deja sin efecto las sumas descontadas de la remuneración de los meses de Julio y Septiembre de 2014 por las sumas de $ 58.628 y $ 38.109, las que deberán serles restituidas y la recurrida se abstendrá de informar y requerir al empleador, actual o futuro, el descuento de sus remuneraciones por este concepto.

Notifíquese.

En su oportunidad, dése cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro señor Guillermo Arcos Salinas.

ROL 250-2014-PROTECCION.

Pronunciada por el Ministro señor Darío Silva Gundelach, Presidente Titular y los señores Ministros Guillermo Arcos Salinas y Claudio Arias Córdova. Autoriza la señora Secretaria Subrogante Miriam Contreras Fuentes.

En Chillán, a trece de octubre de dos mil catorce notifiqué por el estado diario las resoluciones que anteceden.

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