SOC CONSTRUCTORA Y DE SERV MAGFA LTDA con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA
- Fecha
- 6 de marzo de 2024
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 25-2024, sentencia de 6 de marzo de 2024
Resumen
Se rechaza el recurso de protección de la constructora contra Equifax, porque a la fecha del informe ya no existía publicación de la deuda denunciada, por lo que no hay acto ilegal ni arbitrario que restablecer.
Texto íntegro
Chillán, seis de marzo de dos mil veinticuatro Visto:
1°.- Que, comparece el abogado Pablo Varela Ortiz, en representación de Sociedad Constructora y de Servicio Magfa Limitada, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, representada legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Servicios Equifax Chile Limitada, Sucursal Chillán, persona jurídica de derecho privado, del giro de su dominación, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.
Expone que con fecha 6 de noviembre de 2023, la recurrida publicó factura N° 19491 emitida por Comercial Multiservis Limitada con fecha 29 de agosto del año 2023 por un monto de $2.576.350, la cual fue rechazada en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, por los motivos de valor detalle distinto al precio, monto neto no cuadra con detalle, y correlativo de detalles incorrecto.
Indica que de lo expuesto precedentemente, y de la morosidad de Dicom, se tomó conocimiento el día 18 de enero del año en curso, debido a que su representada presta servicios a instituciones públicas, por lo que generalmente debe solicitar boletas de garantías bancarias para cubrir los contratos, negándose en su oportunidad a la emisión de la requerida boleta. Destaca que el figurar en Dicom, atendido el rubro y la actividad de la empresa, puede traducirse en que los bancos y entidades financieras le cierres las puertas, sobre todo por una factura la cual ha sido rechazada en tiempo y forma como ya se dijo.
Agrega que la publicación de la supuesta deuda no pudo acontecer, toda vez que no se puede publicar una factura, menos aun sin el consentimiento expreso para ello, en virtud del artículo 4° de la ley 19.628, al no estar contenida dentro de las calidades referidas en el inciso 1°, del artículo 17, del mismo cuerpo legal, por lo que para que procediera la comunicación y posterior inclusión de ésta en el Informe emitido por la empresa Dicom Equifax Chile Limitada, era necesario, que en ella constara el asentimiento expreso del deudor, lo que no existió en la especie siendo por tanto el actuar de la recurrida ilegal al transgredir lo dispuesto en el mencionado precepto.
En cuanto al derecho indica que se encuentra legitimado para actuar, debido a que las disposiciones de la ley N° 19.628 favorecen también a las personas jurídicas, al no contener precepto alguno, que expresamente las excluya, lo cual se reafirma con las disposiciones contenidas en sus artículos 12 y 13.
Reitera que en virtud del artículo 4 de la ley 19.628, el tratamiento de los datos personales solo puede efectuarse cuando la ley lo autorice, o el titular consienta expresamente en ello, para este último caso, se requiere que la persona que autoriza esté debidamente informado respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público, agregando que la autorización debe constar por escrito. Asimismo indica que el artículo 17 del mismo cuerpo legal establece que los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales, en el caso de autos se publicó una factura, documentos que no se encuentra dentro de los que establece la norma legal citada.
Estima vulneradas las garantías consagradas en el artículo 19 N° 4, y N° 21 de la Constitución Política de la República, en cuanto a este último, indica que se traduce en cuanto la publicación de morosidad afecta el desarrollo y prestigio comercial de la recurrente, y con ello la posibilidad de desarrollar su actividad económica, sin perturbación alguna.
Finaliza solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra de Servicios Equifax Chile Limitada, acogerlo a tramitación ordenando que la recurrida evacue informe, y en definitiva acoger el presente recurso, resolviendo que al publicar la factura en que la recurrente aparece como morosa, ha actuado de forma ilegal y arbitraria perturbando y amenazando las garantías constitucionales del articulo 19 N°4 y 21 de la Constitución Política de la República, ordenando a la recurrida que se abstenga de continuar publicando la factura individualizada, además de disponer de todas las medidas que se estimen conducentes al restablecimiento del derecho con expresa condenación en costas.
2°.- Que, informan los abogados Juan Enrique Nazar Muñiz, y Pamela Salinas Rodríguez, en representación de Servicios Equifax Chile Limitada, indicando en primer lugar, que dentro del giro de su representada, se procesa información aportada por comerciantes, industrias o profesionales asociados a la base de datos Boletín Electrónico Dicom, y la cual se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios aportantes al sistema, detallando en su escrito las obligaciones contractuales a las que se sujetan, destacando que los aportantes deben informar a Equifax, en el instante que ello ocurra, los pagos, y/o regularizaciones de los registros, utilizando el portal BED, para lo cual cuentas con una clave de acceso de su exclusivo conocimiento y administración, todo lo cual consta en el contrato que se proporciona a los aportantes, destacando que ellos son responsables del ingreso de información al portal, por tanto, es quien asume contractualmente toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos.
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente indican que, sin que el recurrente haya reclamado previamente de forma directa con su servicio de Atención, Equifax procedió a requerir la información de respaldo de la publicación de morosidad informada a su aportante Comercial Multiservis Limitada, resultando que estos fueron enviados dentro de los plazos establecidos para tal efecto, pero no fueron suficientes para mantener la publicación de la factura discrepada, es por ello que su representada efectuó el bloqueo de la morosidad publicada en nuestro Boletín Electrónico Dicom, por lo que en consecuencia, a la fecha del informe, indica que no existe la deuda denunciada por el recurrente y que fue aportada a solicitud de su aportante Comercial Multiservis Limitada, por lo que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiera imputársele a su representada, habiendo actuado en todo momento con estricto apego a las obligaciones legales y contractuales.
En cuanto al derecho, y tras referirse a la procedencia de la acción de protección reiteran que el ingreso de información de morosidades es de exclusiva responsabilidad del aportante, liberando a Equifax de toda responsabilidad, quien no está obligada a realizar un análisis previo de los antecedentes comerciales que publica, así como tampoco un examen de razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en quien la publica sino en quien la informa para que sea publicada, indica que así lo han resuelto los tribunales superiores de justicia, citando abundante jurisprudencia al respecto.
Reiteran que la publicación, materia del recurso, ya no se encuentra vigente en su informe comercia, debiendo rechazarse la acción por falta de oportunidad, por lo demás, agrega que, no es aplicable a la recurrente las normas contenidas en la ley 19.628, al no ser sujeto de protección de dicha norma, citando al efecto el artículo 2°, letra f) y ñ), también iría en contra de la doctrina nacional, y la jurisprudencia, que ha rechazado la idea de que las personas jurídicas sean sujetos de protección de este derecho, asimismo contravendría la intención del legislador durante la tramitación de la ley en cuestión, el cual se concibe para personas naturales y no jurídicas, no procediendo lo alegado por la recurrente, en cuanto a que la factura no estaría dentro de los instrumentos que se pueden publicar en conformidad al artículo 17 de la ley 19.628, al encontrarse respaldada la inaplicabilidad de la norma respecto a las personas jurídicas. En apoyo a lo expuesto cita en su escrito abundante jurisprudencia.
En base a lo anteriormente expuesto señalan que no existe una norma legal que regule expresamente la remisión de información sobre personas jurídicas, por lo que al no existir norma legal que impida publicar, o hacer circular una factura, se debe concluir que al encontrarse dentro del ámbito del derecho privado, en donde se puede realizar todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley, la conducta de la recurrida no resulta contraria al ordenamiento jurídico, desprendiéndose que no existe acto ilegal o arbitrario que pudiera imputársele, habiendo actuado con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales, actuando conforme a la legislación vigente.
Finalizan solicitando tener por evacuado el informe respectivo, y que por las razones expuestas, sea rechazado el recurso, con costas.
3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.
4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.
5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar cuando se ha producido un cato u omisión ilegal que prive o amenace ese atributo.
6°.- Que, de acuerdo a lo informado por el recurrido Servicios Equifax Chile Limitada con fecha ocho de febrero del presente, y sobre todo considerando el tenor del documento que se acompaña con dicho informe; que da cuenta que a esa fecha no hay información de la deuda denunciada por el recurrente, de modo tal que, así las cosas; no existe acto ilegal o arbitrario que pudiere imputarse a servicios Equifax Chile Limitada.
7°. Que atendido lo consignado en los acápites previos, se verifica que el hecho que generó la supuesta vulneración a la garantía constitucional que se dice trasgredida, no existe a la fecha, y, en consecuencia, no cabe medida que se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del recurrente, toda vez que no hay publicación que deba ser eliminada; por lo que teniendo en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio no puede prosperar, por no haber vulneración de derechos consagrados en la Constitución del Estado que deba ser restablecido.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por el abogado Pablo Varela Ortiz, en representación de Sociedad Constructora y de Servicio Magfa Limitada debidamente representada por don nombre reservado, en contra de Servicios Equifax Chile Limitada.
Notifíquese, regístrese y, hecho, archívese.
En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.
Redacción a cargo de la abogada integrante señora Paula Cornejo Baraona.
R.I.C. 25-2024-PROTECCIÓN.-