nombre reservado con UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO

Chillán, veintiocho de mayo de dos mil veinticinco.

Visto:

1°. - Comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección, en contra de doña nombre reservado, y del Rector de la Universidad del Bío-Bío, ambos con domicilio en domicilio reservado, de Chillán. Expone que los actos ilegales y arbitrarios que estas personas han cometido, le han perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la integridad psíquica, el derecho al honor y a la vida privada y la libertad de emitir opiniones y de informar y ser informado en relación con el principio de presunción de inocencia consagrado en nuestro ordenamiento.

Relata que fue denunciado en la causa penal Ruc número 2400503315-4, iniciada por la recurrida sobre hechos que le fueron falsamente atribuidos. En dicho contexto, prosigue, con fecha 10 de marzo de 2025, el Juzgado de Garantía de Chillán decretó el sobreseimiento definitivo. Sostiene que, durante el curso de la investigación penal la recurrida profirió aseveraciones subjetivas y agravantes en su contra, consistentes en que el recurrente podría representar un “peligro para los estudiantes” en caso de desempeñarse como docente, la cual estima gratuita, injuriosa, y destinada a menoscabar su honra y reputación profesional.

Agrega que, ante dicha denuncia, y con el objeto de preparar su defensa, solicitó a la Universidad del Bío-Bío con fecha de 6 de febrero de 2025, información pública, amparada en la Ley N° 20.285 de Transparencia. En dicha petición (ingresada bajo Expediente SAI UBB N°825-2025), requirió antecedentes objetivos relacionados con la funcionaria nombre reservado, específicamente los registros de asistencia laboral y permisos administrativos de esta última en el período comprendido entre el 4 de marzo y el 31 de julio de 2024.

Refiere que la Universidad, mediante Ordinario N° TP28/2025 de fecha 7 de marzo de 2025, agregando que, además dicha institución le informó que tal rechazo se debía a la oposición manifestada por doña nombre reservado, quien había ejercido su derecho de oposición.

Añade que el 28 de febrero de 2025, y con el mismo objeto anterior, presentó una segunda solicitud de información esta vez acotada a saber la situación administrativa de la Srta. nombre reservado en tres fechas precisas de 2024 (20 de mayo, 24 de mayo y 5 de diciembre de 2024). Concretamente, se solicitó se me informara si en esos días la Sra. nombre reservado se encontraba en periodo laboral normal o si estaba con permiso administrativo, feriado legal o licencia médica, y en caso afirmativo, cuál fue el motivo y duración de tales permisos. Refiere que tal solicitud le fue nuevamente denegada, a través del Ordinario N° TP29/2025, fechado el 7 de marzo de 2025, y por idénticos fundamentos.

Manifiesta que ambos rechazos son arbitrarios y discriminatorios, no se explicó de qué manera la entrega de aquellos antecedentes administrativos “podría afectar derechos de terceros” más allá de la simple voluntad de la Srta. nombre reservado de no querer que se entregaran. Y se ha utilizado un mecanismo destinado a proteger datos personales sensibles para, en los hechos, encubrir información de naturaleza pública con el fin de entorpecer su defensa se configura una diferencia de trato arbitraria, prohibida por el artículo 19 Nº2 de la Constitución (“Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”

Argumenta que las actuaciones descritas le han causado un profundo detrimento en diversos ámbitos. En primer lugar, se ha lesionado gravemente su derecho a la honra y vida privada, pues la persistente insinuación de que sería “peligroso” o moralmente reprochable ha empañado injustamente su reputación ante terceros. Ha debido soportar un clima de duda y suspicacia en su entorno laboral y social, afectando también su integridad psíquica, al verse estigmatizado por una acusación de la que fue exonerado. En segundo lugar, se le ha privado del derecho a acceder a información pública relevante para ejercer su defensa y resguardar sus derechos. La negativa de la Universidad le ha impedido obtener datos objetivos que podrían evidenciar contradicciones o falsedades en el relato de la Srta. nombre reservado, dificultando así la plena vindicación del requirente. En tercer lugar, la conducta de los recurridos ha significado una vulneración hacia el recurrente en su confianza en las instituciones, pues lejos de actuar con transparencia y buena fe, han mostrado un sesgo en su contra, protegiendo afirmaciones injuriosas y obstaculizando el esclarecimiento de la verdad.

Sostiene que las garantías que considera vulneradas son las consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política, numerales 1, consistente en el derecho a la integridad física y psíquica de la persona, como el número 4, consistente en el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; Por otra parte, considera vulnerada su libertad de emitir opinión y el derecho a recibir información, consagrada en el Nº12 del mismo artículo; Finalmente, considera que el rechazo al acceso a la información implica transgresión al principio de la presunción de inocencia, consagrado en el art. 19 Nº3 de la Constitución, aclarando que, si bien la acción de protección típicamente no ampara directamente dicha garantía procesal, en este caso la afectación de la honra deriva precisamente de ignorar el principio in dubio pro reo. La recurrida y la Universidad, en los hechos, han tratado al recurrente como a un sujeto peligroso o posiblemente culpable, invirtiendo la carga que establece nuestro ordenamiento.

Por último, manifiesta que la actuación arbitrariamente discriminatoria de los recurridos importa una infracción del derecho a la igualdad ante la ley, del artículo 19 Nº2 de la Constitución. Este garantiza que no se establezcan diferencias arbitrarias en el trato que la autoridad da a las personas. En este caso, la Universidad –a instancias de la Sra. nombre reservado– ha tratado al recurrente de un modo desventajoso respecto de cualquier ciudadano común que solicita información pública: se han aplicado las normas de transparencia de manera altamente restrictiva y prejuiciada, advirtiendo un sesgo personal inapropiado en un procedimiento que debió ser objetivo e imparcial.

Recalca que los actos de los recurridos son ilegales y arbitrarios, detallando que tanto la negativa de entregar información por parte de la universidad, como las expresiones injuriosas de la Sra. nombre reservado que motivaron dicha negativa, reúnen ambas calidades. En cuanto a la ilegalidad, la negativa de la Universidad del Bío-Bío vulnera directamente disposiciones constitucionales y legales que consagran el principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado, los que cita, concluyendo que, a su juicio, la negativa de información no encuentra verdadero amparo en ninguna norma habilitante.

Por otra parte, sostiene que la actuación de las recurridas es manifiestamente arbitraria, ahondando en los fundamentos de dicha premisa, manifestando, en resumen, que la ilicitud proviene de infringir normas y principios claros (publicidad de los actos públicos, transparencia, honra de las personas), y la arbitrariedad se manifiesta en la falta de justificación razonable, en el proceder guiado solo por prejuicios o caprichos personales.

Cita jurisprudencia y doctrina.

Termina solicitando que se acoja el presente recurso, en todas sus partes, declarando que la actuación de la Universidad del Bío-Bío, a través de su funcionaria nombre reservado ha sido ilegal y arbitraria, vulnerando los derechos fundamentales del recurrente antes señalados, ordenándose a los recurridos adoptar de inmediato las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y garantizar la debida protección del recurrente. En específico, que la Universidad del Bío-Bío, por intermedio de su Rector o quien corresponda, proceda a entregar íntegra y oportunamente la información solicitada por el recurrente en sus solicitudes de acceso ya referidas. Además, solicita que se disponga alguna medida de protección o garantía para el futuro, a fin de resguardar el derecho a la honra e integridad psíquica del recurrente frente a nuevas deshonras. Que, dado el perjuicio injustamente ocasionado y la temeridad de la oposición de los recurridos, se les condene al pago de las costas del presente recurso, según lo dispone el inciso final del citado Auto Acordado cuando se acoge la acción por haberse cometido efectivamente una vulneración de derechos fundamentales.

Acompaña variados documentos.

2°. - Que, informando el abogado Nelson Sandoval Vásquez, en representación de la Universidad del Bío-Bío, reconoce que el recurrente efectúo dos solicitudes de información a la Universidad, ambas referentes a antecedentes de nombre reservado. La primera de ellas, de fecha 06 de febrero del presente año, requirió información sobre asistencia laboral y permisos administrativos de ella, por el período comprendido entre el 04 de marzo de 2024 hasta el 31 de diciembre de esa misma anualidad y, en la segunda de ellas, de fecha 25 de febrero de 2025, pidió indicar si dicha persona se encontraba con permiso, feriado o licencia médica durante los días específicos que señala.

Expresa que ante ambas peticiones, dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, estimando que podía tratarse de documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, en particular de doña nombre reservado, resolvió comunicarle a ella el derecho que le asiste, de oponerse a la entrega de la información solicitada por nombre reservado. Efectuada esta comunicación a la otra recurrida de autos, ella manifestó que se oponía, en ambos casos, a que se entregaran los datos solicitados. Así consta en los Expedientes Administrativos de Acceso a la Información, que acompaña. Indica que, una vez que la persona involucrada manifestó su oposición a la entrega de la información requerida, la Universidad no podía hacer otra cosa que negarla, por expresa disposición de la Ley.

Sostiene que la actuación de su representada ha sido con estricto apego a las normas legales, sin que pueda sostenerse que su negativa a entregar la información sea arbitraria o ilegal, es más, de haber actuado de manera diferente, es decir, entregando la información, habría infringido lo dispuesto en el referido artículo 20 de la Ley 20.285, lo que si se le habría podido reprochar. Advierte dicha ley la forma de reclamar de una negativa de esta naturaleza, incluso dando la posibilidad de llegar a sede jurisdiccional, haciendo procedente un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En cuanto a las garantías que se estiman infringidas, no advierte que ellas pudieren ser afectadas. Además, las del artículo 19 numerales 3 y 12 que se mencionan, aparte de no ser infringidas, no cuentan con amparo constitucional al menos en la parte invocada.

Termina solicitando el rechazo del recurso. En el informe se acompañan variados documentos.

3°. - Que, informando doña nombre reservado, expone que el día 20 de mayo del 2024, denunció ante el ministerio público al don nombre reservado, por acoso sexual callejero y hostigamiento, exponiendo que el único vínculo que la liga con él consiste en haber sido su estudiante en el taller de ajedrez en el antiguo Liceo de Niñas, Marta Brunet, durante el primer semestre de su primer año de enseñanza media.

Relata que en el mes de diciembre de 2023 se encontraron fortuitamente en el paradero donde habitualmente tomaba locomoción hacia su lugar de trabajo. Añade que posteriormente el actor le envió un correo electrónico que decía “un saludito mi apreciada exalumna”, sin saber cómo obtuvo los datos de su casilla. Ese mismo mes, prosigue, la vio pasar fuera de su casa y se acercó a entregarle su número de teléfono escrito en un papel, diciéndole que lo llamara, sin que ella hubiera manifestado en forma alguna intención de establecer contacto. Ese día se percató que ambos vivían muy cerca uno del otro.

Añade que, en febrero del año 2024, el recurrente se dirigió a su domicilio y llamó a la puerta, sin que ella le hubiera señalado detalles de su residencia; tal conducta le pareció extraña, y comenzó a sentir temor. Señala que en marzo del 2024, el recurrente le envió otro correo electrónico, en que decía que le daba alegría verla al pasar por fuera de su casa y que le gustaría tener contacto. A raíz de su insistencia y hostigamiento, decidió realizar una denuncia penal. Además, respondió el último correo electrónico, manifestándole que no tenía intenciones en comunicarse con ni tener contacto con él.

Expresa que, en enero del año 2025, fue citada a declarar respecto de la denuncia interpuesta, y que el 4 de marzo del mismo año, se le notificó, desde la Unidad de Jurídica de su trabajo, que esta persona había solicitado información sobre sus asistencias y ausentismos para lo cual, y atendiendo al derecho contemplado en el artículo 20 de la ley N° 20.285, manifestó su negativa, ya que no es funcionaria de la Universidad, sino solo prestadora de servicios. Por otra parte en virtud de esta solicitud puso en antecedentes a su jefatura directa, y a la Dirección General de Géneros y Equidad de dicha casa de estudios.

Expone que en el mismo mes de marzo, se realizó la audiencia del sobreseimiento en la que pidió alguna medida de protección para que esta persona no la siguiera buscando, para lo cual no tuvo respuesta favorable.

Manifiesta que ha realizado las acciones correspondientes conforme a derecho al sentirse amenazada, sin que las declaraciones prestadas hayan estado motivadas sino por el temor.

Solicita el rechazo del recurso de protección. Acompaña variados documentos.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

5°.- Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, respecto de la recurrida nombre reservado, se puede advertir que la denuncia efectuada se fundó en acontecimientos efectivamente ocurridos, con independencia de la interpretación que respecto de ellos pueda tener ella o el recurrente. En dicho contexto, no ha hecho más que ejercer la facultad prevista en el 173 del Código Procesal Penal, por lo que no puede ser considerada ilegal o arbitraria. Y en lo que refiere al ejercicio del derecho contemplado en el artículo 20 de la ley 20.285, lo ejerció en tiempo y forma, expresando la causa de la negativa.

Por lo anterior, no es posible concluir ilegalidad o arbitrariedad de su actuación.

8º.- Que, en relación con los actos de la recurrida Universidad del Bío-Bío, el rechazo a la entrega de la información solicitada, se fundó en lo que dispone expresamente el artículo 20 de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, que dispone “Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo. Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa. Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley. En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información”.

Además, frente a tal negativa, como la misma norma transcrita lo anuncia, el solicitante puede ejercer la reclamación prevista en los artículos 24 y siguientes de la misma ley, por lo que la vía de impugnación que se ejerce en autos no es la vía idónea para tal efecto.

9°.- Que, en consecuencia, y desde la perspectiva anterior, esta Corte no divisa ilegalidad ni arbitrariedad en los actos objeto del recurso, toda vez que según se dijo en el considerando precedente, la recurrida ha actuado en el ejercicio de sus funciones y acorde a sus atribuciones y competencias. Asimismo, el acto impugnado no es carente de fundamento racional o producto del mero capricho de quien lo dictó, circunstancias éstas que llevan necesariamente a desestimar la acción constitucional en análisis.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por nombre reservado, con contra de nombre reservado y en contra del Rector de la Universidad del Bío-Bío.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Baltazar Guajardo Carrasco.

No firma el Ministro señor Arias ni la Ministra señora Gallardo, el primero por encontrarse ausente haciendo uso de permiso, y la segunda por encontrarse ausente haciendo uso de feriado legal.

ROL Nº 249 -2025-PROTECCION.