Protección contra Conservador de Bienes Raíces de Chillán

Chillán, nueve de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado Diego Andrés Tapia Ortiz, en representación de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, interponiendo recurso de protección en contra del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, don César Andrés Suárez Sánchez, con domicilio en domicilio reservado, por haber actuado ilegal y arbitrariamente al negarse ingresar la escritura de cesión de derechos hereditarios, vulnerando sus derechos fundamentales.

Expone que con fecha 12 de enero del año en curso, el recurrente firmó un contrato de cesión de derechos hereditarios en la Primera Notaria de Talagante de nombre reservado, repertorio N° 97-2024, en la cual la parte cedente es dueña de derechos adquiridos por la herencia de don nombre reservado, que consta en el certificado de posesión efectiva del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chillán, de fecha 3 de septiembre del año 2018, inscrito a Fojas 12254, Número 8295, del Registro de Propiedad del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de la Comuna de Chillán, Provincia de Diguillín, Región del Ñuble. Continua indicando que el 14 de febrero pasado, al realizar el ingreso y presentación de documentos ante el Conservador de Bienes Raíces de Chillán, el funcionario a cargo le niega el ingreso de la escritura, argumentando la falta del formulario del SII, F2890, agregando que solo puede ingresar cuando la escritura es original, y no una copia con código de verificación y firma electrónica avanzada del notario, hace presente que la información fue entregada de una manera abusiva y poco clara, negándose a realizar el reparo indicado de manera escrita y formal, y que al intentar contactar por otros medios con el mismo conservador se reitera la negativa, dejando al recurrente en un estado de indefensión.

Indica que el actuar del Conservador es ilegal y arbitraria, vulnerando su función registral, en virtud de lo expuesto en el artículo 12 del reglamento que rige a los conservadores, y que establece que no puede negarse a ingreso y procesamiento de los títulos que le son presentados, cita además lo dispuesto en los artículo 13 y 18 del mencionado reglamento, indicando que el conservador solo podrá negarse a inscribir en los casos mencionados en el reglamento pero en ningún caso a negar la recepción o el ingreso de un título, debido que el conservador debe realizar un examen sobre el título presentado ya que su función registral lo establece, por lo cual la negativa debe ser escrita y relacionada con el título ingresado, situación que no ocurre en los hechos, vulnerando y discriminando al recurrente, y dejándolo sin la posibilidad de recurrir a los tribunales correspondientes. Agrega que al subordinar el ingreso de la documentación al formulario F2890, deviene en un actuar arbitrario, toda vez que el formulario es de carácter tributario, lo que excede las atribuciones del conservador, siendo de eso exclusivo de notarías y conservadores, siendo un trámite de carácter interno, y que según las circulares emitidas por el Servicio de Impuestos Internos desde 2004 a la fecha, dicho formulario no se aplicara en la gestión de la cesión del derecho real de herencia o cesiones de derechos hereditarios, al tratarse de una universalidad jurídica, excediendo de las facultades del conservador. Por último, indica que se trata de un acto arbitrario e ilegal al condicionar el ingreso de la escritura, bajo el término “escritura original”, ya que la normativa vigente le ha otorgado a la firma electrónica avanzada y a los documentos con código QR el estatus legal y vigencias correspondientes, permitiendo la gestión de escrituras de manera más económica y eficiente, vulnerando además la ley 19799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

Estima vulneradas las garantías contenidas en el artículo 19 N°2, 3, y 24 de la Constitución Política de la República. Indica que el actuar de la recurrida vulnera la igualdad ante la ley, al impedirle al recurrente solicitar la mediación de los tribuales correspondientes, agrega que le impone una carga infundada que excede sus facultades, siendo además improcedente en la tramitación legal, y que la informalidad de las solicitudes son una discriminación arbitraria y acto contrario a la ley. Continúa señalando que se vulnera lo dispuesto en el artículo 19 N°3, inciso quinto al negar el darle el reparo impuesto por escrito, lo que le hace imposible efectuar los descargos correspondientes, atribuyéndose la recurrida funciones jurisdiccionales, alejadas de su competencia. Indica que se vulnera el derecho de propiedad, toda vez que al negarle al recurrente el ingreso del título, le impide la transferencia del dominio, y la libre circulación de los bienes.

Concluye que, de lo expuesto se demuestra que el actuar de la recurrida, a través de la negativa en recibir y procesar la documentación, actúa de manera ilegal y arbitraria, careciendo de fundamento, contraviniendo la ley, infringiendo las garantías constitucionales antes expuestas, por lo que se solicita acoger la acción constitucional en todas sus partes, declarando en definitiva que, es ilegal y arbitraria la actuación del Conservador de Bienes Raíces de Chillan al negarse a recibir y procesar la documentación correspondiente junto con su justificación, siendo además el actuar abusivo e informal al solicitar el formulario 2890, y los documentos originales, debiendo hacer ingreso de la documentación presentada sin solicitud previa de formularios ajenos a la legalidad vigente, y su función registral, con costas.

2°.- Que, informa César Andrés Suárez Sánchez, Conservador de Bienes Raíces y archivero interino de Chillán, indicando que tras consultar con los funcionarios, ninguno de ellos manifiesta tener conocimiento o recuerdo de haber atendido alguna situación como la descrita por el recurrente, y que revisado el correo institucional, no existe rastro de algún requerimiento efectuado por el recurrente.

Indica que el personal a cargo de atención al público, siempre ha estado capacitado para recibir, categorizar, valorizar e informar precios a los requirentes de las distintas gestiones, anotaciones, inscripciones, etc., procediendo a registrar en el repertorio, las escrituras públicas continentes de algún acto jurídico, que se les hace llegar tanto de forma presencial como por vía electrónica, para lo cual se abre y asigna, además, una Carátula correlativa en los sistemas. Agregando que respecto a las alegaciones del recurrente, los funcionarios tienen pleno conocimiento que la copia fidedigna puede ser certificada tanto digitalmente, con firma electrónica avanzada, o de forma manual u hológrafa, con firma y timbre físico, es por ello que no le resulta comprensible que en un oficio conservatorio se evite o impida el procesamiento o tramitación de gestiones cuando no existe una causa legal, exponiendo que a su parecer puede existir una confusión respecto de lo que realmente pudo haber ocurrido en el caso particular, que el recurrente reclama como arbitrario e ilegal.

Finaliza indicando que en virtud de haberse acompañado al recurso copia con firma electrónica de la escritura pública de Cesión de Derechos cuya recepción y procesamiento el recurrente reclama, se ha procedido a su ingreso, y dándole Repertorio con el número dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) de fecha 19 de marzo de 2024.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, el recurrente estima vulneradas sus garantías contenidas en los numerales N° 2, 3, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dado que un funcionario de dicho Conservador de Bienes Raíces, sin precisar cual, con fecha 14 de febrero del presente año, al intentar realizar el ingreso y presentación de la escritura pública de cesión de derechos que se señala en el recurso, ante el Conservador de Bienes Raíces de Chillán, este le negó el ingreso de dicha cesión, argumentando la falta del formulario del SII, F2890, agregando que solo se puede efectuar dicho ingreso cuando la escritura es original, y no una copia con código de verificación y firma electrónica avanzada del notario, según lo expresado por el propio recurrente.

A su turno, el recurrido niega las afirmaciones expuestas en el recurso, señalando que tras consultar con los funcionarios, del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, ninguno de ellos manifiesta tener conocimiento o recuerdo de haber atendido alguna situación como la descrita por el recurrente, y que revisado el correo institucional, no existe rastro de algún requerimiento efectuado por el recurrente. Asimismo, agrega que en virtud de haberse acompañado al recurso copia con firma electrónica, de la escritura pública de Cesión de Derechos cuya recepción y procesamiento el recurrente reclama, se ha procedido a su ingreso, otorgándole del mismo modo Repertorio con el número dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554), con fecha 19 de marzo de 2024.

7°.- Que, de las afirmaciones que realizan las partes y de los documentos acompañados, en particular la escritura pública de Cesión de Derechos, repertorio N° 97-2024, no se logra acreditar que la actuación que se imputa al recurrido sobre la cual se construye el recurso, amerite la cautela que se pretende con esta acción constitucional, ya que hay que agregar que se procedió al ingreso de dicha escritura pública de Cesión de Derechos hereditarios, al Conservador de Bienes Raíces de Chillán, otorgándose su respectiva asignación de repertorio, por lo que sólo resta que el recurrente se acerque a pagar los respectivos derechos y seguir adelante con la tramitación de la inscripción.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por el abogado don Diego Andrés Tapia Ortiz, en representación de nombre reservado, en contra del Conservador de Bienes Raíces y archivero interino de Chillán don César Andrés Suárez Sánchez.

Notifíquese, regístrese y, hecho, archívese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Juan Pablo Ortega Arroyo, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

ROL 247-2024-PROTECCION.