nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Chillán, nueve de julio de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don José Rodríguez Moraga, en representación de doña nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles representada legalmente por doña nombre reservado , por los actos u omisiones arbitrarios e ilegales que influyeron en haberse aplicado a su representada la medida de destitución en virtud de un sumario administrativo, dichos actos conculcan sus garantías consagradas en el números 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representada comenzó a prestar servicios para la recurrida desde el 1 de noviembre el año 2013, hasta su destitución ocurrida con fecha 5 de marzo de 2025, durante sus años servicios siempre desempeño su cargo de buena manera no obstante los diferentes episodios de hostigamiento que vivió los que comenzaron en el año 2019 , cuando trabajaba en el Jardín infantil Domeyko de esta ciudad, indicando como responsables de estos malos tratos a doña nombre reservado, quien aunque desempeñaba el mismo cargo que la recurrida se atribuyó facultades de supervisión y control que no tenía, en ese contexto en una ocasión al intentar detener un altercado entre los niños del jardín donde se desempeñaba la señora nombre reservado, le llamo la atención por su intervención de la cual dio cuenta luego a la Directora Regional de la JUNJI, lo que a juicio de la señora nombre reservado, no fue una actitud correcta. Agrega que comenzado el año 2020, se les comunicó que debían desempeñar actividades de forma telemática a raíz de la pandemia del COVID-19, en junio de ese año se le cita por acusaciones en su contra por sobrecargar laboralmente al personal a su cargo, a raíz de lo anterior tuvo una reunión con otras profesionales de la institución, reunión que no fue en el mejor tono puesto que se le cuestiono su actuar no obstante y en post de la función que desempeñaba accedió a lo solicitado flexibilizando las actividades de su grupo de trabajo.

Explica que durante el año 2021, y a raíz de diversas situaciones estresantes que vivió en su trabajo estuvo con reposo médico, volviendo a sus quehaceres en septiembre del mismo año, donde fue objeto de un reclamo vía solicitud ciudadana ingresado por la plataforma web de la JUNJI, dicho reclamo fue ingresado por doña nombre reservado, funcionaria con quien había tenido problemas durante ese año, el que versaba sobre un eventual maltrato a doña nombre reservado, atendido lo anterior la Dirección Regional de la JUNJI contesto la solicitud señalando, en síntesis, que la afectada no quiere hacer ninguna denuncia y que prefiere arreglar las diferencias con la recurrente mediante una conversación, concluye además que no es concurrente la apertura de la activación del protocolo de maltrato MALS, puesto que no ha sido solicitado por la afectada.

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, los problemas continuaron durante ese año lo que derivo en que tuviera que recurrir a ayuda médica por lo que se le otorgó licencia médica por los meses de noviembre y diciembre de 2021, iniciando también una terapia psicológica. Señala el letrado, que en el mes de enero de 2022, lamentablemente fallece la madre de la recurrente lo que acentuó el estado lábil de la misma, lo que derivó en que se le otorgara licencia médica hasta el mes de mayo del mismo año, donde al no sentirse capacitada para volver a sus funciones solicito una reunión con el Director Subrogante de la JUNJI, con el objeto de pedir se le autorizara ausentarse de su trabajo mediante un permiso sin goce de sueldo, solicitud que fue denegada en dos instancias, por el mismo funcionario. En el mes de septiembre de 2022, la funcionaria nombre reservado, informa al Director del Servicio ser víctima de hostigamiento laboral por parte de la señora nombre reservado, acusándola de sobrecarga laboral y de haber escondido a una niña con la intención de asustarla, respecto de la primera acusación es totalmente falsa puesto que la sobrecarga laboral de la afectada solo se enmarca en las funciones que debe realizar en virtud de su cargo, y respecto de la segunda acusación esta se origina en el contexto de un simulacro de secuestro que se llevó a cabo en el Jardín Infantil por parte de la comisión de seguridad del mismo, acreditado por la funcionaria nombre reservado –técnico en educación de párvulos, y encargada de seguridad del Jardín.

Hace presente que en relación a la acusación detallada anteriormente, el Director Regional de la JUNJI, resuelve abrir una investigación sumaria en contra de la señora nombre reservado, lo que nuevamente provocó un decaimiento en la salud de su representada, otorgándosele licencia médica hasta diciembre del año 2022, luego en enero de 2023, se le notifica que se le suspende de sus funciones como medida preventiva en la investigación. Agrega en su recurso que la señora nombre reservado en el mes de diciembre de 2023 acude donde una especialista en autismo con el objeto que se le aplicaran evaluaciones para determinar si sufre de dicha condición, siendo diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista, lo que fue corroborado por un médico neurólogo, ya confirmado lo anterior continua asistiendo a terapia psicológica donde la profesional tratante emite un informe el que en síntesis señala que “Algunas personas con TEA pueden enfrentar desafíos en la comprensión de las señales sociales y en la regulación emocional, lo que puede afectar cómo reaccionan ante situaciones específicas y como les podría afectar el sentirse amenazados”, en este mismo sentido se pronunció un profesional donde la recurrente se encontraba en controles regulares en el Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Membrillar de Cabrero.

Refiere que, en el mes de enero de 2024, se le notifico que se mantendría la medida de suspensión de sus labores en los términos del artículo 136 inciso 3° de la Ley 18.834, asimismo se le bajó sus remuneraciones en un 50%.

Alude el letrado que en base a las circunstancias que relata en su recurso, su representada remitió una carta a la Vicepresidenta de JUNJI Nacional, denunciando todos los hechos de los cuales fue objeto, acaecidos entre el año 2019 a 2024, en virtud de lo anterior se abrió investigación sumaria rol 334-2024. Añade que además se interpuso una demanda por tutela laboral en contra de la JUNJI, dando origen a la causa Rol T-145-2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, al que se encuentra en tramitación en la actualidad. Luego el letrado cita y transcribe los cargos que le fueron imputados a su representada en la investigación sumaria llevada en su contra.

Expone que con fecha 18 de noviembre de 2024, se le notifica de la prórroga de su contrata por el año 2025, no obstante, con fecha 28 de febrero de 2025, es notificada del resultado del sumario donde la Vicepresidencia Ejecutiva Junta Nacional de Jardines Infantiles, dicta la resolución Exenta RA N°110790/273/2025, la cual aprueba el sumario administrativo instruido en contra de nombre reservado y ordena la aplicación de la medida disciplinaria de destitución.

En cuanto a la garantía constitucional vulnerada establecida en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, manifiesta que el acto de la formulación de cargos es reprochable y constituye a la Fiscalía en una verdadera Comisión Especial, cuyo resultado inequívoco es la vulneración del principio de igualdad ante la ley lo anterior, pues el día 03 de enero del 2023, aun cuando no se habían presentado formalmente los cargos en contra de nombre reservado ni habiendo ésta presentado respectivos sus descargos, le notificaron que en el sumario administrativo se había resuelto suspenderla de sus funciones como medida preventiva, lo que resulta ser arbitrario y de nula objetividad. Por su parte un segundo indicio de arbitrariedad se produce al mantener la medida de suspensión, y que fuera sancionada con el 50% de sus remuneraciones, hasta que la autoridad respectiva tome alguna decisión en el sumario administrativo instruido en su contra. Agrega que durante la tutela laboral en la audiencia de juicio en la prueba confesional dos funcionarios de la JUNJI señalaron que a otros funcionarios se les hubiere sancionado con la misma rebaja de remuneraciones que a la recurrente, lo que evidencia que además la medida impuesta es desproporcionada.

Luego Refiera a la vulneración de la garantía consagrada en artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, fundándola en que desde enero del año 2024 a mi representada se le sancionó con la reducción del 50% de sus remuneraciones, privación manifiesta del derecho de propiedad que detenta sobre su sueldo.

Termina solicitando que se acoja el recurso, declarándose en definitiva que se deja sin efecto la sanción de destitución que le fuera aplicada a nombre reservado por resolución 110790/273/2025 de 28 de febrero de 2025, en razón de haber cometido la recurrida actos y omisiones arbitrarias e ilegales, privando y conculcando de manera esencial y sustantiva el ejercicio de las garantías constitucionales precedentemente enunciadas.

2°.- Que, los abogados don Juan Pablo Flores Garrido y doña Sylvia Pamela Medina Medina, en representación convencional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Ñuble, en cuanto al fondo del recurso, informan que el servicio recurrido no ha vulnerado ninguna de las garantías expresadas por la recurrente sino que sólo ha ejercitado sus potestades disciplinarias de las que se encuentra dotada en virtud del artículo 7 de la Ley 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Argumentan que con fecha 28 de septiembre de 2022, la funcionaria nombre reservado presentó una denuncia por acoso laboral en contra de la recurrente por eventuales hostigamientos, maltrato y acoso laboral, donde relata eventuales hechos perpetrados por la denunciada como esconder a una párvula con el objeto de causar miedo y afectación a la denunciante, dicha denuncia determinó la apertura de un procedimiento interno de denuncia, investigación y sanción de maltrato, acoso laboral y sexual, al interior de la Junta Nacional de Jardines Infantiles la que se formalizó mediante la resolución exenta N° 015/0517 de fecha 22 de agosto de 2019, que derivó en la apertura de un sumario administrativo formalizado mediante resolución exenta N°015/377 de fecha 03 de noviembre de 2022, de la Dirección Regional de Ñuble de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en contra de la señora nombre reservado.

Agregan que con fecha 30 de diciembre de 2022, por resolución 015/477, se prorrogó el plazo del sumario administrativo, luego el 3 de enero de 2023, la instructora adopta la medida preventiva de suspensión en contra de la investigada, cerrándose la etapa investigativa del sumario con fecha 18 de julio de 2023, formulándose cargos en contra de la investigada con fecha 7 de agosto de 2023, siendo contestado por la recurrente de autos e investigada en el proceso vía correo electrónico con fecha 21 de agosto de 2023, no solicitando se abriera un término probatorio al efecto. Añade que con fecha 16 de noviembre de 2023, el instructor en la presente investigación emite su informe final donde sugería mantener el descuento de remuneraciones y la medida de suspensión en razón de la entidad de los hechos investigados, además propuso la medida de destitución en contra de la investigada contemplada en los artículos 121 letra d) y 125 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Hacen presente que el día 23 de febrero de 2024, se remite copia del expediente del sumario con el fin de que fuese remitido a Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) regional para que se pronuncie sobre la imputabilidad de doña nombre reservado, quien de acuerdo a piezas del proceso, evidencia elementos que debe calificar la mencionada entidad para determinar su imputabilidad, entre los cuales se encontraba el reciente diagnóstico de trastorno del espectro autista, TEA, lo anterior, en conformidad a la doctrina administrativa de la Contraloría General de la República contenida en dictámenes N°953/20216 y N°98352/2015. Agrega que esta última resolvió mediante resolución exenta Nº681 de fecha 13 de junio de 2024, que la señora nombre reservado es imputable por los hechos originados en el sumario administrativo.

Posterior a ello, se emitió resolución exenta N°015/0781 de fecha 02 octubre de 2024 de Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprueba la sugerencia del instructor expresada en su informe final, aplicando la medida de destitución, respecto de doña nombre reservado, siéndole notificada dicha resolución a la recurrente con fecha 11 de octubre de 2024. Respecto de este acto administrativo doña nombre reservado interpuso un recurso de reposición que fue rechazado, con apelación subsidiaria la que se declaró improcedente. Añade que la recurrente con fecha 19 de marzo de 2025, interpone reclamo de ilegalidad establecido en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, ante la Contraloría General de la República, con el fin de que dicha institución revise los posibles vicios de legalidad en el proceso disciplinario y que pudieren haber afectado sus derechos conferidos por el Estatuto Administrativo.

Afirman que de todo lo dicho, es dable señalar, que el proceso disciplinario se ha desarrollado con apego a la normativa legal vigente para este tipo de procesos, en específico la establecida en la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo. Respecto de la privación del 50% de las remuneraciones de la recurrente es una facultad establecida expresamente en el estatuto administrativo (inciso 3° del artículo 136), como consecuencia de la sugerencia de destitución establecida en la vista fiscal, y que en caso de que no sea dictaminada la medida expulsiva, dichos emolumentos descontados le serán pagados en forma retroactiva a la funcionaria. En lo relativo a las afecciones de salud que señaló la investigada durante el proceso se solicitó el pronunciamiento a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la región de Ñuble, entidad que cuenta con la expertiz necesaria en dichas materias, la que determinó que la investigada es imputable por los hechos que se investigaron y se le formularon cargos, en el sumario administrativo instruido por resolución exenta N°015/377 de fecha 03 de noviembre de 2022 de la Dirección Regional de Ñuble de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, no siendo por tanto impedimento para aplicarle una medida disciplinaria, sus diversos diagnósticos psíquicos, y en especial, el de trastorno de espectro autista (TEA).

Sostiene el letrado que recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia planteada por la recurrente, puesto ésta sometió el sumario seguido en su contra a la revisión de Contraloría General de la República debido al reclamo de ilegalidad del artículo 160 del Estatuto Administrativo. A juicio de los letrados se instrumentaliza la acción cautelar la cual por su urgencia y excepcionalidad no están dirigidos a decidir o declarar responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, alegando supuestas arbitrariedades en el desarrollo del proceso disciplinario, sin tener en consideración los fundamentos y argumentos de cada decisión adoptada y que se cuestionan por la presente vía. Por tanto, las alegaciones, señaladas previamente, exceden a las materias que deben ser conocidas mediante un recurso de protección de garantías constitucionales, atendida su naturaleza cautelar y no sancionatoria disciplinaria.

Manifiesta que la acción de protección es improcedente por no haber agotado previamente la vía administrativa, ya que el procedimiento sumario se encuentra actualmente en revisión de Contraloría General de la República, por haber ejercido la inculpada el reclamo de ilegalidad contenido en el artículo 160 de la ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo. En ese orden de ideas la medida disciplinaria expulsiva dispuesta al efecto en contra de al recurrente, aún no se encuentra firme, sino que se encuentra pendiente el dictamen de la Contraloría General de la República producto del reclamo de ilegalidad presentado por la misma recurrente.

Alude que niega de forma absoluta que la denunciante haya sido objeto de acoso laboral, vulneración de derechos y garantías constitucionales, por parte de Vicepresidenta Ejecutiva, Director o Directora Regional o cualquier otro funcionario del mismo servicio, siendo en todo caso, deber de la recurrente dar probanza de dichas situaciones que ella manifiesta, los que además fueron ventilados por la recurrente con ocasión de la tutela de derechos fundamentales iniciada por la misma doña nombre reservado, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, bajo el rol T-145-2024, no siendo esta la instancia para el debate de esos supuestos hechos, más teniendo en consideración que no se ha alegado en su recurso la vulneración de garantías relacionadas con la integridad psíquica y física de la recurrente.

Refiere luego a los distintos diagnósticos de salud que la actora hizo ver en su presentación en particular al padecimiento de Trastorno del Espectro Autista, en este sentido queda en evidencia que las patologías que presenta la denunciante son productos de situaciones de forma paralela a los hechos denunciados y no producto de hechos o actos discriminatorios o de acoso laboral por parte de algún funcionario de la Junta nacional de Jardines Infantiles y que claramente corresponde en su origen a otras patologías que lamentablemente ha padecido la misma y que consta en los distintos informes psicológicos y certificados acompañados por la demandante. Además, es relevante indicar que todos estos diagnósticos, en muchas partes solo reproducen lo que la misma recurrente manifestó a los respectivos profesionales y se basan solo en sus dichos, sin considerar los actos lesivos realizados por la recurrente en contra de otras funcionarias bajo su dependencia, y el sufrimiento, menoscabo y detrimento causado a las víctimas de sus acciones y omisiones.

Manifiesta el letrado que la recurrente no tiene un derecho indubitado respecto de las garantías constitucionales que alega vulneradas como la igualdad ante la ley, recogida en nuestra Carta Fundamental en el artículo 19 N° 2. Asimismo, tampoco respecto del establecido en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Concluye que, de los antecedentes, normativa y razonamientos expuestos, es posible apreciar que en la especie no existen las vulneraciones alegadas por la recurrente; asimismo, las actuaciones de este servicio se han ajustado al marco normativo existente, con antecedentes de hecho que descartan cualquier conducta arbitraria.

Termina pidiendo que se tenga por evacuado el informe requerido, rechazando la acción interpuesta en todas sus partes.

3°.- Que, don nombre reservado, Contralor Regional de Ñuble, en representación de la Contraloría General de la República, informa que el recurso de autos ha sido deducido en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por diversos vicios que eventualmente afectarían al procedimiento disciplinario ordenado instruir mediante la resolución exenta N° 015/377, de 2022, de la Dirección Regional de Ñuble de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que concluyó con la emisión de la resolución exenta RA N° 110790/273/2025, que dispuso aplicarle la medida disciplinaria de destitución a la investigada, al término del procedimiento disciplinario. Agrega que la Contraloría recibió por parte de la recurrente varias presentaciones, ante esta entidad, reclamando en virtud del artículo 160, de la ley N° 18.834, advirtiendo de diversos vicios de que habría sido objeto el procedimiento disciplinario llevado en su contra, que terminó con la medida disciplinaria de destitución.

Expone que dichas presentaciones fueron atendidas mediante la resolución exenta N° E10.696, de 29 de mayo de 2025, por la cual esa Entidad de Control se abstuvo de resolverla en virtud de lo previsto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, toda vez que no le corresponde informar ni intervenir en asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, impedimento que, según se precisó en el oficio N° 24.300, de 2017, de este origen, entre otros, se extiende a los casos en que el fallo judicial ha resuelto el problema jurídico planteado.

Acompaña documentos a su informe.

4º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, para el adecuado análisis del presente arbitrio se estima útil establecer una síntesis de los hechos y circunstancias que le dan origen, a saber:

a) Que la recurrente se desempeñó en un cargo a contrata para la Junta Nacional de Jardines Infantiles Ñuble, en calidad de Educadora de Párvulo, desde el 2019 .

b) Que, la recurrente comunicó a su ex empleador quien en virtud de diversos exámenes realizados fue diagnosticada de Trastorno del Espectro Autista, condición con la cual cuenta hasta hoy.

c) Que durante la vigencia de la relación laboral se suscitaron entre la recurrente y la recurrida una serie de tensiones y conflictos que ameritaron la instrucción de un sumario en contra de aquella, dando origen primeramente a suspensión de sus funciones con goce de medio sueldo y finalmente a su destitución de conformidad en los artículos 121 letra d) y 125 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo.

d) Que con motivo del sumario administrativo la señora nombre reservado concurrió a Contraloría a fin de poner en su conocimiento los vicios de los que a su juicio adolecía dicho proceso.

e) Que además interpuso ante el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, una denuncia por infracción a garantías fundamentales consagrada en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, la que fue desechada por dicho tribunal encontrándose actualmente pendiente en conocimiento y fallo por esta Corte de Apelaciones de un recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia de primer grado.

f) Que una vez concluida la tramitación del sumario y antes que la recurrida tomara la decisión de destituir a la recurrente ésta tomó la decisión de poner los antecedentes en conocimiento de la Comisión Médica Preventiva de Invalidez (COMPIN), a fin de que le informara acerca de si en razón de la condición de TEA de la señora nombre reservado, resulta o no imputable en los hechos que fueron materia de la investigación sumaria administrativa. El informe respectivo determinó que lo era.

8°.- Que, es en el escenario descrito que corresponde analizar el recurso interpuesto sobre la base de que cada una de las aseveraciones hechas por la recurrente fueron controvertidas por la JUNJI, institución que aseveró además que la acción constitucional de protección no era la vía procedente para conocer y resolver un conflicto como el de la especie. Igualmente, útil resulta destacar que en relación con la solicitud interpuesta por al recurrente en la Contraloría Regional de la República, dicha institución manifestó que no le correspondía informar respecto de una materia que estaba sujeta al conocimiento y resolución de los tribunales de justicia.

9°.- Que, conforme a lo que se ha venido diciendo y en base a las alegaciones hecha por las partes se estima útil dejar establecido desde ya que la recurrente que en razón de la calidad de funcionaria a contrata de la recurrida estaba sujeta a la potestad disciplinaria recogida en el denominado estatuto administrativo que corresponde a la Ley N° 18.834, y por ende en base a esa normativa debía desarrollarse la relación laboral en lo referente a los conflictos suscitados entre las partes.

10°.- Que, haciendo un examen detallado de los antecedentes puesto en conocimiento de este Tribunal, esta Corte es de criterio de concluir que en todas sus fases el sumario administrativo que culminó con la destitución de la recurrente fue sustanciado con pleno resguardo del derecho de ésta a hacer sus alegaciones y de recibir la prueba que decidiera aportar, sin perjuicio de dejar constancia que en la realidad la señora nombre reservado, no obstante que efectuó descargos en su oportunidad no ofreció ni rindió prueba alguna. Entonces tenemos que el sumario se llevo a efecto con pleno resguardo de las garantías constitucionales de la recurrente no viéndose afectado de manera alguna las garantías del debido proceso consagrada en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República. En definitiva, la recurrente pudo defenderse de los cargos que le fueron formulados y aportar la prueba correspondiente y por último ejercicio ante esta Corte la acción constitucional de protección que se analiza.

10°.- Que, en consecuencia no advirtiéndose irregularidad alguna en el sumario administrativo llevado a efecto en contra de la recurrente como antesha quedado dicho la acción de protección interpuesta no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por don José Rodríguez Moraga, en representación de doña nombre reservado en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles representada legalmente por doña nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial don nombre reservado.

Rol N° 245-2025.- PROTECCION.