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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 233-202529 abr 2025

nombre reservado con COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ALTO CHANGARAL

Fecha
29 de abril de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de Chillán
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 233-2025, sentencia de 29 de abril de 2025

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra el Comité de Agua Potable Rural Alto Changaral, por no acreditarse de manera fehaciente la existencia del acto ilegal o arbitrario denunciado ni un derecho indubitado que requiera amparo.

Texto íntegro

Chillán, veintinueve de abril de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del Comité de Agua Potable Rural Alto Changaral, de la comuna de San Nicolás representada por el presidente de su directorio don nombre reservado.

Señala que los actos “Ilegales y Arbitrarios” de una Directiva que no está “Vigente” en atención a lo señalado en el propio estatuto en su artículo 22, esto es, “Estar Procesado” en la actualidad toda la Directiva está procesada por “Apropiación indebida” por lo tanto, no se cumplen los requisitos para ser miembros del Directorio.

Indica que el Comité de agua Potable Rural Alto Changaral ha estado haciendo usufructo de tipo comercial de bienes fiscales como son instalaciones, equipos y red de agua potable rural que fueron financiadas por la Subsecretaria de desarrollo Regional, en el año 2018, por parte de personas particulares asociadas al Comité de Agua Potable Rural Alto de Chángaral, Rut RUT reservado, Organización sin fines de Lucro. Que, como resultado de las actividades dolosas de la descontinuada directiva de dicho comité, se han visto afectadas en su pecunio los beneficiarios que desde el año 2018 hasta la actualidad, han sido objeto de cobros y actos arbitrarios por parte de esta organización, sin justificación técnica o legal. Así pues, las tarifas de $7000 por 15 m3 fue subida en marzo por el Comité “sin Previa consulta a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales” por lo que es “Arbitrario” y carece de autorización del Organismo competente.

Agrega que lo denunciado es acreditable mediante el Acta de Visita del Servicio Sanitario Rural No. 2186, de 25 de MAYO DE 2023. En cuyo último párrafo se lee que: “se procedió a subir la tarifa a $7000 sin previa consulta a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales.” En consecuencia, los cobros mensuales se realizan por parte de los dirigentes del comité mediante la “Coerción y amenazas” de “corte de suministro” suponiendo estos, que el agua les pertenece como “Bien comercial” y como tal, marginan valores desproporcionados, tanto así que se han generado utilidades suculentas.

Indica que por los servicios de distribución y por los metros cúbicos de agua potable que se cobran, nunca se han emitidos boletas, ni otros documentos mercantiles. No obstante, vender a nombre de la organización el vital elemento, hay que hacer notar, que los dirigentes en cuestión, conminan a las familias beneficiarias a pagar sus “arbitrarias tarifas” bajo “coerción” aun, cuando ninguno los usuarios han suscrito ningún contrato de prestación de servicios, ni menos un pagaré con el mentado comité. En efecto, se obliga a pagar valores irregulares, opresivos y multas por concepto de inasistencia a reuniones, todo con el fin de recaudar dineros constituyendo caudales por los cuales nunca se ha conocido cuenta o informe contable o de gestión o de balance o cuenta de resultados de las operaciones. A propósito, es necesario mencionar que dicha Directiva se encuentra Procesada en causa RUC 2300787167-8 por el delito de “Apropiación Indebida” actualmente vigente. Así pues, el origen de los ilícitos está en el otorgamiento al comité de agua Potable alto de Changaral, de un comodato por parte de la Municipalidad de San Nicolás, sobre instalaciones, equipos y red pública de agua potable rural financiada por la SUBDERE el año 2018, lo que supone propiedad fiscal y que en virtud del mencionado instrumento se han traspasado a un grupo de particulares en una cuantía que alcanza los 200.000.000 mismos que son utilizados para el comercio irregular.

Sostiene que agravan las acciones por parte del mencionado Comité en el sentido que las directiva avalada en la creencia de su independencia se han cometido al menos para este recurrente un acto desproporcionado “arbitrario e ilegal” esto es, el día 22 de marzo del presente año, se procedió de manera ilegal a desenterrar una parte de donde cruzan los arranques, se cortó la cañería de abastecimiento de agua hacia su propiedad, entonces, se hurto parte de la instalación para luego rellenar con concreto.

Agrega que toda esta indeseable situación ha puesto en riesgo la vida, integridad Psíquica y física de todo su núcleo familiar, así como ha vulnerado mi derecho a la propiedad que tiene sobre su derecho al agua.

Por lo expuesto solicita reestablecerse el imperio del derecho, en términos tales de que se ordene a los recurridos primero, a convocar una asamblea a fin de que se elija una nueva Directiva conforme a los Estatutos y las normas legales pertinentes, a fin de que se regularice las tarifas conforme a derecho con la debida autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y que cese en la actualidad y a futuro toda acción coercitiva de cortar los suministros de agua potable rural y que a esta parte se restablezca toda conexión del servicio con todos los gastos materiales que signifique su reposición, con expresa condenación en costas en atención a la gravedad de los actos ilegales y arbitrarios expuestos.

2°.- Que, informando don nombre reservado, en representación del Comité de Agua Potable Rural Alto Changaral, señala que ésta nace el 23 de agosto del año 2010, bajo la inscripción N° 219876, con sus respectivos estatutos y directiva, la que se ha ido renovando y actualizando, así, de acuerdo al Certificado de Directorio de Persona Jurídica sin fines de lucro, emitido por el Registro Civil e Identificación, la elección de la última directiva se realizó el 07 de agosto del año 2022, con una duración de 03 años, es decir, la directiva se encuentra vigente hasta el 07 de agosto del año 2025, está compuesta por nombre reservado, como Presidente, nombre reservado, como Secretaria y nombre reservado, como Tesorera.

Agrega que el recurrente no es socio del Comité de Agua Potable Rural Alto Changaral, nunca ha sido socio, esto porque se niega a pagar la respectiva cuota de incorporación como socio, establecida en los estatutos, como también se niega al pago de la cuota mensual que corresponde a cada socio para el mantenimiento y funcionamiento del Comité y desde hace tres años a la fecha ha tratado de realizar una serie de acusaciones falsas en contra del Comité, tratando de obtener bajo presión que se le entregue agua gratis, sin pagar cuota de incorporación, ni cuta mensual, como por ejemplo, esta acción de protección.

Hace presente que el recurrente en el año 2023, realizó una conexión “irregular” a la red del agua potable del Comité, sin la autorización de la directiva y con un gasfíter de su confianza, negándose posteriormente a pagar los daños, y la cuota mensual por el consumo de agua. Así, consta en constancia estampada en Carabineros estampada en el Retén de San Nicolás, de fecha 08 de mayo de 2023.

Destaca que el Comité de Agua Potable Rural Alto Changaral, para su funcionamiento cobra a cada socio la cantidad de $7.000.- (siete mil pesos), mensuales por 15 metros cúbicos de agua para cada familia, además, de acuerdo a los Estatutos y por acuerdo de la Asamblea, la cuota de incorporación es de $300.000.- Con estos fondos se financia la contratación de un operador, por un monto de $300.000.- mensuales, la contratación de una secretaria, por un monto de $150.000 mensuales, la adquisición de un software para la emisión de boletas electrónicas por un monto de $35.000, la contratación de un contador por un monto de $35.000, consumo de energía eléctrica por un monto de $150.000.- además, de la adquisición de insumos para el mantenimiento del agua y las redes de distribución. Por tanto, la cuota de incorporación y cuota mensual se utiliza para el funcionamiento del Comité, de tal manera de asegurar el suministro de agua a cada una de las 145 familias que son socios del Comité. No es efectivo, que el dinero sea un monto desproporcionado o que genere utilidades suculentas.

Finalmente indica que no es efectivo lo que señala el recurrente en el sentido que no se emiten boletas, ya que, por cada cobro se emite una boleta electrónica no afecta o exenta electrónica, autorizada por el Servicio de Impuestos Internos y no es efectivo lo señalado en el sentido que exista una apropiación indebida por parte del Comité de Agua Potable Alto Changaral de un comodato de la Municipalidad de San Nicolás, sobre instalaciones, equipos y red pública de agua potable rural financiado por la SUBDERE el año 2018, lo que supone propiedad fiscal. Lo anterior, implica un desconocimiento absoluto de la Ley 20.998 del Ministerio de Obras Públicas que regula los Servicios Sanitarios Rurales y autoriza la entrega de recursos a las municipalidades para que a través de Comités de Agua Potable Rural, se administre la entrega de agua.

Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, por no ser efectivos los antecedentes fácticos esgrimidos por la actora al deducir su acción, ni concurrir los demás presupuestos legales para su procedencia, en especial por no existir las vulneraciones alegadas por la recurrente, con expresa condenación en costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, el acto ilegal y arbitrario que motiva esta acción constitucional consiste en que, según la actora, la recurrida entre otros hechos, lo priva del suministro de agua potable, así como una serie de actuaciones en perjuicio del recurrente consistente, en resumen, en una errada administración del servicio de agua potable por parte del comité recurrido.

7°.- Que, si bien se han acompañado, por parte de la recurrente, antecedentes documentales, ellos no resultan útiles y suficientes para acreditar la existencia del presunto acto ilegal o arbitrario denunciado, por cuanto no se logra colegir, de manera fehaciente, que la recurrida haya realizado las acciones que se le atribuyen.

8°.- Que, tal como ha sostenido constantemente esta Corte, la acción constitucional de protección constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada, pues ello habilita a este Tribunal, sin forma de juicio y por vía simplemente indagatoria, a determinar si se ha producido una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos por los cuales resulta procedente.

Sin embargo, en la especie, tal como se concluye en el motivo séptimo que antecede, el mérito de los antecedentes no permite constatar la ocurrencia de las circunstancias expuestas en el recurso por la parte recurrente.

9°.- Que, atendido lo razonado en los motivos que preceden, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, por no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado, que requiera el amparo de este tribunal.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por don nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del Comité de Agua Potable Rural Alto Changaral, de la comuna de San Nicolás representada por el presidente de su directorio don nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del señor nombre reservado, quien no firma por haber cesado en el cargo de Fiscal Judicial subrogante.

No firma el Ministro señor Claudio Arias Córdova, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de permiso.

Rol N° 233-2025 PROTECCIÓN.