ORAL CENTER DENTAL SPA con nombre reservado

Chillán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós.

Visto:

1°.- Que comparece doña nombre reservado, odontóloga, por si y en representación de Oral Center Dental SpA., interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado y don nombre reservado, por infracción grave de garantías constitucionales.

Para fundar su acción refiere que por instrumento privado de fecha 26 de junio del año 2019, la sociedad que representa tiene la calidad de arrendataria de un local comercial, sitio en la planta baja, ubicado en domicilio reservado, cuyo propietario es don nombre reservado. Dicho contrato fue firmado ante el Notario Archivero y Conservador de la comuna de Bulnes, don Luciano Cruz Muñoz. En cuanto a la destinación del local de marras, en él se encuentra instalada una clínica dental denominada Oral Center Dental SpA., de la cual es su representante legal, y su vez es la clínica donde ejerce su profesión de odontóloga. Al respecto, hace presente que ha dado estricto cumplimiento a la obligación contractual pactada, encontrándose plenamente vigente el contrato de arrendamiento respecto del inmueble singularizado. Añade que en la época en que suscribieron el contrato de arrendamiento señalado, le unía con el hijo del arrendador, don nombre reservado, una relación sentimental, que en la actualidad no persiste.

Señala que, en razón de lo anterior, tanto ella como la empresa a la que representa, han sufrido por los recurridos, una serie de hostigamientos y perturbaciones, para impedir el legítimo derecho de ejercer una actividad empresarial, a fin de dar término de facto y por medio de la autotutela, al contrato de arriendo antes mencionado. En efecto, el día martes 30 de noviembre del año 2021, en la jornada de mañana, y en circunstancias en que se encontraba atendiendo pacientes conjuntamente con su equipo de salud, don nombre reservado, concurrió a la clínica dental, ya singularizada, y en forma altanera, violenta y con un lenguaje coprolálico, impetró el desalojo del inmueble, indicándole a gritos a los pacientes que se encontraban en la sala de espera, que debían retirarse de la clínica, puesto que ya no funcionaría más en esa dirección, y además, les señalaba que no se atendieran más con la profesional, puesto que la “dentista que aquí atiende no tiene idea de dientes”. Acto seguido, el recurrido, cuando se le informó que se llamaría Carabineros de Chile, decidió abandonar rápidamente la clínica.

Manifiesta que, en los días posteriores al desalojo de facto, como el local arrendado se encuentra dentro de un inmueble de mayor superficie, donde existen casas independientes de la clínica, las cuales dependen de un solo medidor de agua y luz, han sufrido cortes sorpresivos de luz y agua, en pleno horario de atención de pacientes, con todas las consecuencias que ello implica en un centro de salud. En efecto, los servicios básicos del inmueble arrendado, que por cierto son pagados íntegramente por la sociedad que representa, han sido cortados manualmente desde el medidor respectivo, a fin de perturbar su ejercicio profesional y la actividad empresarial de Oral Center Dental SpA., el recurrido nombre reservado, persiste con su actitud de autotutela y hostigamiento en su contra, y por consecuencia, contra la clínica que representa, con todas las consecuencias sanitarias que implica el funcionamiento de una clínica dental sin servicios de energía eléctrica y agua.

Agrega que, la situación antes descrita, ocurre al menos tres veces por día, debiendo la secretaria de la clínica, cada vez que esto ocurre, desplazarse hasta la ubicación de los medidores y proceder a dar los servicios manualmente. De igual forma, con fecha 30 de noviembre de 2021, al término de la jornada de la tarde, es decir, el mismo día de la situación descrita en los párrafos anteriores, concurrió a la clínica don nombre reservado, arrendador del inmueble, quien le entregó a la secretaria una carta donde le notifica que con fecha 31 de diciembre del año 2021, dará término al de contrato de arrendamiento del inmueble, e impetrando verbalmente que le informara que: “Si el 31 no están fuera, cambiare las cerraduras y no podrán ingresar más al loca ni sacar nada”.

El recurrente estima que los hechos descritos en la presente acción constitucional, en la práctica equivale al ejercicio de la autotutela por parte de los recurridos, por consiguiente los actos ejecutados por el arrendador y su hijo, son manifiestamente ilegales y arbitrarios atentando directamente contra el derecho de propiedad reconocido en el Art., 19 N°24 de la Constitución Política de la República, puesto que de forma unilateral, sin fundamento alguno, han tomado la justicia por sus propias manos, pretenden por la fuerza e intimidación, despojarla violentamente de la posesión y derecho sobre el inmueble arrendado, como asimismo de las maquinarias y muebles que la guarnecen, realizando un acto ilegal y arbitrario, vulnerando la garantía constitucional establecida en el Art.19 N°3 inciso cuarto de la Constitución Política de la República que prescribe que: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, norma que parece vulnerada del momento que han sido los recurridos, los que han tomado la justicia por sus manos, alterando unilateralmente la situación contractual existente. De igual forma, los recurridos han vulnerado el derecho a la libertad de trabajo y su protección consagrado en el Art.19 Nº 16 de nuestra carta fundamental, como así mismo, han conculcado el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, consagrada en el Art. 19 Nº 21 de nuestra Carta Magna, que conforme a la doctrina, en esta garantía se consagra la denominada autonomía de la voluntad que permite a los particulares vincularse contractualmente y obligarse en los términos del Art., 1545 del Código Civil.

Finalmente pide a esta Corte, tener por interpuesto el presente recurso de protección, declararlo admisible, someterlo a tramitación, y en definitiva acogerlo íntegramente, con expresa condenación en costas, adoptando las medidas que estime conducentes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus derechos constitucionales, hoy conculcados, y en particular disponer:

a- Que los recurridos deberán cesar todo acto de autotutela en perjuicio de la recurrente y su representada, terminando con los todas las perturbaciones y hostigamientos de los cuales han sido objeto.

b.- Que los recurridos deben abstenerse de realizar cualquier acto que perturbe, amenace o menoscabe, el libre desarrollo laboral y empresarial en el local comercial, sitio en la planta baja, ubicado en domicilio reservado.

c.- Que se disponga, que los recurridos le permitirán a la recurrente y su representada, una posesión pacifica, tranquila y libre de toda perturbación del local que arriendan.

d.- Que los recurridos sean condenados al pago de las costas de la presente acción constitucional.

e.- Todo lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda disponer la Corte para restablecer el imperio del derecho.

2°.- Que, al informar don nombre reservado, Jefe del Departamento de Asesoría Legal de Essbio S.A., refiere que revisada la base de datos de la empresa, pueden señalar lo siguiente:

a. No existen cortes programados en la propiedad ubicada en domicilio reservado de la comuna de Bulnes por la empresa ESSBIO S.A. en las fechas indicadas (desde el 30 de noviembre de 2021 hasta la fecha en que evacúa).

b. Respecto a la cantidad de medidores de agua potable, existe un solo medidor instalado en la propiedad ubicada en nombre reservado Bulnes nº242 de la comuna de Bulnes, el cual abastece a 2 inmuebles (Clínica Dental e inmueble particular).

3°.- Que al informar el presente recurso de protección, don nombre reservado, Médico Veterinario jubilado, refiere que es efectivo que es propietario del inmueble objeto del contrato de arrendamiento, y que también es arrendador de dicho inmueble, teniendo la recurrente la calidad de arrendataria. Lo anterior se encuentra materializado mediante un contrato de arrendamiento de fecha 26 de junio del año 2019, el cual tenía una vigencia de dos años y luego se prorrogaría sucesivamente por hasta máximo un año, dicha anualidad se concretó el 26 de junio del 2021, y se prorrogó dicho contrato por un año más, sin embargo la arrendataria no ha pagado el canon mensual correspondiente a $200.000 durante los últimos 6 meses, adeudando a la fecha de evacuación del presente informe la suma de $1.200.000, por lo anterior, envió la carta certificada al recurrente, con la finalidad de poner término de manera amistosa a dicho contrato dado que no se estaba pagando la renta.

Señala que la recurrente falta a la verdad respecto de los demás hechos que señala en el recurso, dado que jamás él concurrió a la clínica a dejar alguna carta, como tampoco realizó las declaraciones que señala la recurrente, ya que en el año 2011 sufrió un accidente automovilístico de carácter grave que lo dejó con secuelas del mismo carácter, como paraplejia y cuadriplejia, por lo que se encuentro postrado en cama y con una movilidad reducida severa de un 55%, según credencial del Registro Nacional de la Discapacidad, en base a lo anterior resulta imposible, que hubiere podido realizar cualquiera de las actividades antes descritas por el recurrente, dado que desde su domicilio al domicilio domicilio reservado metros de distancia, distancia que habría sido imposible cubrir por sus propios medios, dado que debe movilizarse en silla de ruedas y solo en casos urgentes, que por lo general son de carácter médico. En cuanto a la carta que hace referencia el recurrente, dicho envío se realizó mediante carta certificada por correos de Chile con fecha 30 de noviembre del año 2021 y fue recibido por el recurrente con fecha 1 de diciembre del año 2021 y recepcionada por doña nombre reservado.

Manifiesta que la recurrente señala que existe un medidor de agua y un medidor de energía eléctrica, lo cual es falso dado que existen dos medidores de energía eléctrica, siendo el de la clínica dental independiente, el cual se encuentra debidamente protegido por una reja metálica de dos metros de alto, y protecciones metálicas con candados para justamente evitar algún tipo de inconveniente, siendo ellos quienes tienen acceso a dichos medidores. En base a lo anterior queda de manifiesto que la recurrente falta a la verdad en cuanto a los hechos que se le imputan, siempre ha sido una persona respetuosa de las leyes y jamás ejercería la autotutela.

Por lo anterior queda de manifiesto que existe por parte de la recurrente a través de esta acción constitucional, un intento de mantener vigente en el tiempo un contrato de arrendamiento sin pagar las rentas, mediante alegaciones engañosas y sin ningún tipo de sustento más allá intentar de manera infructuosa de engañar.

Añade que en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, el artículo 20 de nuestra carta magna señala que la privación, perturbación o amenazas de dichos derechos debe ser provocada por un acto u omisión ilegal y arbitrario, situación que no se materializó en el caso de marras, dado que el envío de una carta certificada en los términos descritos en la misma carta en ningún caso constituye un acto ilegal y arbitrario, más bien es un derecho del arrendador poner término a dicho contrato en conformidad a la ley, y un aviso de dicho termino el cual se llevara a cabo en conformidad a los términos legales en ningún caso podría mal entenderse como un acto ilegal o arbitrario.

Finalmente pide que esta Corte, en conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y a el auto acordado de la Corte Suprema número 94 del año 2015 tener por informado el recurso y en definitiva rechazarlo, con costas.

4°.- Que al informar el presente recurso de protección, don nombre reservado, Ingeniero en Prevención de Riesgos, refiere que es efectivo que su padre es propietario del inmueble objeto del contrato de arrendamiento, y que también es arrendador de dicho inmueble, teniendo la recurrente la calidad de arrendataria. Sin embargo, la recurrente es falaz respecto de los demás hechos que señala en el recurso, dado que jamás concurrió a la clínica a solicitar el desalojo, menos aún de manera violenta o altanera, dado que el aviso del término del contrato, se llevó a cabo mediante carta certificada por correos de Chile con fecha 30 de noviembre del año 2021 y fue recibido por la recurrente con fecha 1 de diciembre del año 2021 y recepcionado por doña nombre reservado. Agrega que es una persona profesional y respetuosa de las leyes, por lo mismo se realizó el envío de la carta certificada, avisando que se pondría término al contrato de arrendamiento, y jamás ejercería la autotutela.

Por lo anterior queda de manifiesto que existe por parte de la recurrente un intento de dilatar el término del contrato de arrendamiento mediante alegaciones engañosas y sin ningún tipo de sustento más allá intentar de manera infructuosa de engañar.

Señala que respecto a los sorpresivos cortes de energía eléctrica y de agua potable, jamás ha realizado dichos cortes de agua y energía eléctrica, y que la recurrente señala que existe un medidor de agua y un medidor de energía eléctrica, lo cual es falso dado que existen dos medidores de energía eléctrica, siendo el de la clínica dental independiente. El medidor tanto de agua potable como de energía eléctrica se encuentra protegido por la reja metálica exterior de al menos dos metros de alto que impide su manipulación la cual se encuentra cerrada con candado, más aún el medidor de agua potable tiene una protección metálica extra, por lo que sería imposible llevar a cabo tales maniobras por su parte, dado que tendría que romper la reja, el candado y la protección que cubre el medidor de agua potable. En cuanto a los hechos en los cuales se involucra a su padre es necesario señalar que él se encuentra parapléjico y cuadripléjico, por lo que se encuentra postrado actualmente, siendo imposible para él realizar los actos descritos por el recurrente.

Manifiesta que en cuanto a los derechos esgrimidos por la recurrente, no se ha materializado vulneración alguna en el caso de marras, ya que el envío de una carta certificada en los términos descritos en la misma, en ningún caso constituye un acto ilegal y arbitrario, más bien es un derecho del arrendador poner término a dicho contrato en conformidad a la ley, y un aviso de dicho término el cual se llevara a cabo en conformidad a los términos legales en ningún caso podría mal entenderse como un acto ilegal o arbitrario. Añade que la parte petitoria la recurrente exige una posesión pacífica, tranquila y libre de toda perturbación del lugar que arriendan, lo cual es un absurdo, dado que ellos en su calidad de arrendatarios no pueden exigir la posesión, dado que dicha tenencia requiere el ánimo de señor y dueño, de la misma manera tampoco es correcto afirmar que se vulnera su derecho de propiedad, dado que aun basado de la conocida teoría de la cosificación de los derechos que ha tenido tanta acogida en nuestro país mediante el recurso de protección, no se vislumbra un derecho que posea el arrendatario que pueda verse vulnerado mediante un aviso de termino de contrato, dado que no existe mediante dicho aviso una perturbación en el uso y goce del inmueble, que es lo que se compromete mediante el contrato.

Finalmente pide que esta Corte, en conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y a el auto acordado de la Corte Suprema número 94 del año 2015 tener por informado el recurso y en definitiva rechazarlo, con costas.

5°.- Que, personal de Carabineros de Chile informa que constituidos en el inmueble de autos, pudieron constatar que efectivamente existe una edificación de segundo piso, cuyo primer nivel se encuentra la Clínica Oral Dental SpA., mientras que el segundo piso se encuentra deshabitado. Una vez en el lugar, se entrevistaron con el personal que trabaja en el lugar, quienes autorizaron el ingreso al edificio, con la finalidad de verificar la forma que dicha clínica se abastecía de los recursos como agua potable y electricidad, estableciendo que se abastece en forma individual de energía eléctrica, para ello cuenta con un solo medidor, en relación al agua potable, se comprobó que el medidor se encuentra a un costado poniente en el antejardín del edificio, el que abastece no solo a la clínica, sino que a dos domicilios que se encuentran ubicados en la parte posterior del terreno, ante esta situación la clínica ha sido afectada con cortes y bajo consumo, según lo manifestado por empleados, hechos que corroboró familiares del Sr. nombre reservado, quienes habitan en los terrenos aledaños a la Clínica.

6°.- Que, al informar el abogado don Juan Antonio Baeza Navarrete, en representación de Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., refiere que; 1.- Consta en sus registros que el inmueble ubicado en domicilio reservado, registrando como cliente titular a don nombre reservado, quien fue conectado a la red con fecha 1 de diciembre de 2005, siendo su tarifa aquella denominada BT 1. 2.- El inmueble antes señalado cuenta con un medidor marca EKOLINE N° [cuenta reservada], el que se encuentra operando con normalidad. 3.- Para finalizar, informa que en las fechas indicadas por la recurrente no se han ejecutado cortes programados. A mayor abundamiento, de acuerdo a sus registros, durante el año 2021 sólo se han verificado dos cortes programados, los que tuvieron lugar el día 1º de agosto.

7°.- Que la abogada Paula Mujica Placencia, en representación de los recurridos, efectúa presentación por la cual viene en aclarar el informe evacuado por la Empresa Eléctrica De La Frontera S.A., en cuanto existen en la propiedad dos medidores de luz independientes entre sí, según fotografías que se acompañaron junto con el informe presentado, pero sólo un medidor figura con la dirección de nombre reservado Bulnes 242, dado que al momento de realizar la instalación del segundo medidor, la dirección del suministro fue nombre reservado Bulnes 246, lo cual se debe a que ello es una práctica habitual por la compañía de electricidad, para instalar en un mismo domicilio dos medidores.

8°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

9º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

10º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

11°.- Que, la recurrente doña nombre reservado por sí y en representación de Oral Center Dental SpA., hizo consistir el acto arbitrario e ilegal en una serie de hostigamientos que ha sufrido por los recurridos, especialmente de don nombre reservado, quien concurrió a su clínica dental y en forma altanera, violenta y con un lenguaje coprolálico, impetró el desalojo del inmueble, denostándola frente a sus pacientes, y en los días posteriores sufrió cortes sorpresivos de luz y agua, en pleno horario de atención de pacientes, todo lo cual le ha vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nos. 3 inciso 4, 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

12°.- Que, de acuerdo con los antecedentes incorporados, no ha sido posible dar por acreditada una actuación ilegal o arbitraria ejecutada por los recurridos, que pueda calificarse como vulneradora de las garantías constitucionales invocadas y que sean susceptibles de ser subsanadas por esta vía, puesto que, no ha resultado acreditado el hecho fundante del recurso, en cuanto a que la actora ha sido objeto de una serie de hostigamientos y perturbaciones, ya que sólo están sus dichos, no existiendo ninguna otra prueba en concreto que acredite tales asertos, puesto que en el informe emanado de Carabineros sólo se estableció que hubo cortes y baja de los suministros por los dichos de los empleados de la propia Clínica y familiares del recurrido, que no individualiza, lo cual por lo demás se encuentra en contradicción con lo informado por la Empresa Eléctrica de la Frontera, la cual informó que el medidor marca EKOLINE N°814553, se encuentra operando con normalidad y en las fechas que señala la recurrente no se ejecutaron cortes programados, agregando que el 1 de agosto de 2021 si se produjeron dos cortes programados y con el informe de la empresa ESSBIO que señaló que no existen cortes programados en la propiedad ubicada en domicilio reservado, desde el 30 de noviembre de 2021.

13°.- Que, a mayor abundamiento es dable señalar que al existir un contrato de arrendamiento entre la recurrente y el recurrido señor nombre reservado, relativo al inmueble en el cual funciona la Clínica Oral Center Dental SPA, toda controversia planteada, tanto respecto de lo expuesto por la actora como por los recurridos en sus respectivos libelos, no puede definirse en esta sede cautelar que sólo tiene por objeto dar resguardo urgente a derechos indubitados frente a actuaciones u omisiones ilegales y arbitrarias de terceros, lo que, en definitiva, excluye la declaración de derechos controvertidos, por lo que el presente arbitrio de protección habrá de ser rechazado, sin perjuicio de los derechos y acciones ordinarias que le asistan a la recurrente para defender sus intereses en la sede civil que corresponda.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado por sí y en representación de Oral Center Dental SPA, en contra de don nombre reservado y nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor Claudio Arias Córdova.

No firma el Ministro señor Arcos Salinas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de permiso.

R.I.C.: 2310 – 2021 – Protección.- 1