nombre reservado con nombre reservado

Chillán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

Visto:

1°.- Que comparece doña nombre reservado, por si y en favor de su hermana y comunera, doña nombre reservado, interponiendo acción de protección de garantías constitucionales en contra de don nombre reservado, por haber perturbado, conculcado y lesionado el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad constitucionalmente garantizado.

Para fundar su acción refiere que, junto a su hermana son propietarias del inmueble ubicado en domicilio reservado que deslinda al norte en cincuenta metros con el recurrido de marras. Esta propiedad figura bajo el rol de avalúo fiscal Nº515-45 de la comuna de Chillán. Dicho inmueble se encuentra inscrito a nombre de ambas a fojas 8141 Nº4945 del Registro de Propiedad del año 2004 a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Chillán. Resulta necesario poner de manifiesto que el recurrido adquirió el inmueble antes singularizado en el mes de junio del presente año, sin residir en él, es decir, actualmente no lo habita y se trata de un inmueble que por años ha permanecido “sin moradores”.

Agrega que, desde que don nombre reservado adquirió el inmueble antes referido, comenzó a conversar con vecinos y plantear su desconformidad con el trazado que presentaba (y que ha presentado desde siempre) el deslinde SUR de su propiedad, el que coincide con el deslinde NORTE de las recurrentes. En síntesis, el recurrido insistía y sigue insistiendo en que el cerco divisorio se encuentra inserto en los límites de su propiedad y que por ello debíamos “devolver” una parte del terreno que les pertenece y que han poseído por años y sus padres antes que ellas. El caso es que el miércoles 15 de septiembre de 2021, a eso de las 21:30 hrs., recibió un llamado telefónico de parte del recurrido, quien le informa que el día siguiente iría con un equipo de trabajadores para derribar la pandereta divisoria e instalar una nueva que se emplazaría -a su parecer- en el “deslinde correcto” razón por la cual, incluso, su propiedad quedaría sin entrada para vehículos. Motivada por lo acontecido, comenzó la tarea de acercarse al vecino proponiendo la búsqueda de un punto de acuerdo, lo que necesariamente pasaría por una medición de ambas propiedades y corroboración de deslindes, a lo que el vecino simplemente se negó aludiendo que él tenía muy claro su deslinde y que lo reclamaría. Así las cosas, el domingo 7 de noviembre, mientras su marido pasaba por la propiedad, pudo percatarse que en ese preciso momento el recurrido se encontraba con maquinarias y hombres trabajando en la propiedad, que había derribado prácticamente todo el cerco divisorio y que había derrumbado las construcciones existentes, todo en la más completa clandestinidad y aprovechando su ausencia.

Manifiesta que, a raíz de lo anterior, se dirigieron de forma inmediata a la propiedad y al llegar, pudieron comprobar que una gran parte del cerco divisorio fue destruida por el recurrido y su personal, dejando ambos predios comunicados por la falta de cerco, borrando luego, con máquina, todo vestigio del deslinde que por años existió. Pero no pudo borrarlo completamente porque eso implicaba derribar gran parte de construcciones y la fachada de su propiedad, lo que no se atrevió a hacer. Pero el atropello no termina ahí, luego de la demolición y destrucción del cerco divisorio, al quedar ambas propiedades comunicadas libremente y habiéndose demolido las construcciones que antes existían en el predio del recurrido, una plaga de ratones inundó las propiedades vecinas, especialmente la nuestra, que nada la separa del basural en que se convirtió el terreno colindante. Habiendo hecho las consultas respectivas, pudieron constatar que las obras ejecutadas por el recurrido no cuentan con autorización municipal, tampoco se dio cumplimiento a las exigencias sanitarias ante el desarrollo de faenas como la que ejecutó el recurrido, en fin, don nombre reservado, un día cualquiera sencillamente decidió que un terreno que por años ha permanecido en la familia de las recurrentes y les pertenece, ahora pertenecería a él, sin esperar declaración administrativa o judicial que le diera la razón, en simple: se tomó la justicia por mano propia.

El recurrente estima que estos hechos, al ser ejecutados de forma clandestina, arbitraria, caprichosa e ilegal por parte del recurrido, se traducen en una conculcación grave del legítimo ejercicio del derecho de propiedad garantizado constitucionalmente en el artículo 19 Nº24 de nuestra Carta Fundamental.

Finalmente pide que esta Corte, se sirva tener por interpuesto recurso de protección o acción de protección de garantías constitucionales en contra del recurrido ya individualizado, recibiéndolo a tramitación, acogiéndolo en definitiva y declarando: 1. Que el recurrido ha obrado de forma ilegal y arbitraria conculcando los derechos de las recurrentes que fueron desarrollados en el cuerpo del libelo. 2. Que el recurrido debe, a su costa y dentro de tercero día de dictada sentencia definitiva, reconstruir el cerco divisorio destruido, regresándolo al estado, características, dimensiones y composición que tenía previo al acto arbitrario e ilegal, debiendo replantar los árboles existentes, además de reparar las construcciones dañadas por sus actos. 3. Que el recurrido debe, a su costa y dentro de tercero día de dictada sentencia definitiva, retirar todos los escombros y basura que dejó acumulada en el sitio hoy baldío de su propiedad. 4. Que el recurrido debe, a su costa y dentro de tercero día de dictada sentencia definitiva, ejecutar un programa de sanitización y desratización de ambos predios, incluyendo la casa de las recurrentes y demás construcciones. 5. Que el recurrido debe abstenerse de ejercer actos que perturben o amenacen sus derechos. 6. Que se condene ejemplarmente en costas del recurso.

2°.- Que por resolución de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, este tribunal de alzada prescindió del informe del recurrido don nombre reservado.

3°.- Que al informar don Deninson Valenzuela Rojas, abogado, en representación de la I. Municipalidad de Chillán, refiere que en relación a indicar si se ha otorgado algún tipo de permiso a Don nombre reservado u otro tercero, para desarrollar obras, demoliciones, limpiezas, etc., respecto del inmueble rol N° 515-35, revisados los antecedentes existentes en el archivo de la Dirección de Obras, no se registra documentación ingresada a trámite asociada al rol indicado, así como tampoco a nombre del Sr. nombre reservado u otro particular. En relación al recurso de protección presentado, este indica que la propiedad del Sr. nombre reservado se ubica en domicilio reservado, lo cual es erróneo, ya que revisado el registro del Servicio de Impuestos Internos, el rol 515-35 corresponde a la propiedad ubicada en Vicuña Mackenna N° 200, dirección que tampoco cuenta con antecedentes ingresados a la Dirección de Obras para su tramitación”.

Finaliza su presentación, solicitando tener por evacuado el informe en los términos solicitados, señalando que no se ha otorgado alguno de los permisos indicados.

4°.- Que, personal de Carabineros de Chile informa, que constituidos en el lugar, particularmente en el domicilio ubicado en domicilio reservado, en el lugar, se aprecia que existe un inmueble, el que se encuentra sin moradores y a simple vista se observa que no está destinado a la habitación por hace ya varios años, al respecto, hacen presente además, que según su apreciación y de manera contraria a como se señala en el recurso interpuesto, la propiedad de la recurrente si mantiene espacio para un ingreso y salida de vehículos, igualmente es correcto afirmar, que efectivamente se derrumbó el muro divisorio que separa la propiedad de la recurrente con el recurrido, igualmente atestiguar que si existen vestigios de haberse efectuado trabajos en la propiedad del recurrido, por cuanto eiste gran cantidad de escombros en el predio, 5°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

6°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

7°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

8°.- Que, del mérito de los antecedentes y lo dispuesto por la recurrente, es posible afirmar que el hecho denunciado ha sido que el domingo 7 de noviembre de 2021, mientras el marido de la recurrente pasaba por la propiedad, pudo percatarse que en ese preciso momento el recurrido se encontraba con maquinarias y hombres trabajando en la propiedad, que había derribado prácticamente todo el cerco divisorio y que había derrumbado las construcciones existentes, todo en la más completa clandestinidad. Agrega que este hecho conllevó consigo, una plaga de ratones que ha afectado su inmueble y casa habitación, todo lo cual constituye una vulneración a las garantías constitucionales del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad.

9°.- Que, si bien, en principio aparece que el hecho denunciado es fruto de un conflicto respecto al lugar por el cual debe pasar el cerco divisorio de ambas propiedades, lo cual requiere ser ventilado ante la sede civil que corresponda, en un juicio de lato conocimiento, donde las partes efectúen las peticiones que estimen procedentes, del mérito de lo informado por Carabineros de Chile mediante informe número 960 de fecha veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se tiene por acreditado que la persona del recurrido, procedió a destruir el muro divisorio que separa las propiedades de la recurrente y del recurrido, existiendo vestigios que se efectuaron trabajos en la propiedad del recurrido, al existir gran cantidad de escombros en el predio. Lo anterior, aparece corroborado con el set fotográfico que, junto al aludido informe, acompaña Carabineros de Chile, lo cual, importa alterar una situación de hecho aceptada o tolerada durante cierto tiempo e implica, a su vez, una acción de autotutela, en virtud de la cual los recurrentes se han visto impedidos, de manera imprevista e inconsulta, de contar con el cierre de la propiedad que antes utilizaban pacíficamente.

10°.- Que, en estas condiciones, ha quedado de manifiesto que la actuación descrita ha vulnerado la garantía constitucional del numeral 3°, inciso 5° del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que el recurrido, al alterar de facto una situación de hecho preexistente, ha incursionado en materias que, por su naturaleza y contenido, corresponden al ámbito de las competencias de los tribunales de justicia, instituyéndose en una comisión especial para sancionar una conducta de la recurrente que estima impropia, zanjando de hecho y por su sola voluntad el conflicto suscitado entre las partes cuya resolución está entregada a órganos del Estado, a través de procedimientos perfectamente regulados.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, con costas el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, por si y en favor de su hermana doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, quien deberá abstenerse de realizar cualquier actuación que involucre una alteración de la situación actualmente existente, mientras un Tribunal de la República se pronuncie sobre el problema de deslindes entre las propiedades. Sin perjuicio de lo anterior, el recurrido deberá proceder a efectuar el cierre del deslinde común que destruyó y asimismo deberá realizar una limpieza de su predio, a fin sacar de éste los escombros resultante de su actuar arbitrario e ilegal e impedir la propagación de plagas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Subrogante señor nombre reservado.

Rol N°2309–2021 PROTECCIÓN.