Protección contra ellos y no contra el servicio

Chillán, diecinueve de mayo de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, interponiendo acción de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de resolución exenta que ponga fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando su solicitud de residencia definitiva, vulnerando con ello la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental.

Señala que lleva más de un año esperando que le Servicio Nacional de Migraciones se pronuncie respecto de su solicitud de permanencia definitiva, la que la tiene en una total incertidumbre. Agrega que se ha dirigido en diversas ocasiones ante el ente administrativo, en sus oficinas ubicadas en Santiago como en Rancagua, con el objeto de conocer el estado de su requerimiento, ante lo cual le indica que debe seguir esperando.

Manifiesta que la situación relatada ha derivado en que ya no se encuentre vigente su cédula de identidad, lo que no le ha permitido realizar trámites ante Colegios, Bancos. Advierte que además su empleador canceló su contrato de trabajo, por tener la cédula de identidad vencida, por lo que en la actualidad se encuentra sin trabajo.

Todo lo anterior ha provocado que su estado mental se deteriore debido a la incertidumbre de desconocer que pasará con su vida y cuanto tiempo más se mantendrá esta situación.

Finaliza solicitando a esta Corte, tener por interpuesto el recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando su solicitud de residencia definitiva, acogerlo a tramitación ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo razonable y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

2°.- Que, a su turno, el abogado Manuel Espinoza Belmonte, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, interpone en lo principal incidente de excepción de incompetencia, fundado ésta en que nombre reservado, de nacionalidad colombiana, tiene domicilio domicilio reservado, Provincia de Santiago, región Metropolitana, de acuerdo a la plataforma informática B3000, misma en la cual aparecen otras direcciones de la recurrente ninguna de ellas se ubica en la Región de Ñuble, en ese sentido en virtud del último domicilio sería competente para conocer de autos la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel. Agrega que es una obligación de los extranjeros tener actualizado su domicilio e informar cualquier cambio a la autoridad competente a fin de poder comunicar los actos administrativos que se dicten a su respecto.

Concluye los efectos perniciosos sobre el recurrente recurrente no podrían sino producirse en el lugar donde tiene su domicilio, que actualmente es “Rivas #1061, Comuna de La Cisterna, Provincia de Santiago, región Metropolitana”. Territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de San Miguel, según lo dispuesto en el artículo 55 letra g) del Código orgánico de Tribunales. Así las cosas, en el caso concreto de autos, es claro que, dicha competencia se reduce a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, siento este Ilustrísimo Tribunal, el que se podría considerar competente, en último término. Mas no, Esta Ilustrísima Corte, por las razones que se exponen.

Que en cuanto al derecho expresa el letrado que funda la presente declinatoria de competencia en lo dispuesto en lo dispuesto en el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en relación con la norma del artículo 111 del Código de Procedimiento Civil. Agrega que la norma en cuestión tiene un sentido lógico al entregar el conocimiento de las acciones constitucionales en el lugar donde existió la eventual vulneración de las garantías afectadas, a fin de facilitar la práctica de diligencias.

Termina pidiendo en base a las normas legales que invoca que se acoja la excepción de incompetencia.

En el segundo otrosí, de su presentación evacúa informe manifestando como antecedentes de hecho que con fecha 7 de marzo de 2024, la recurrente solicitó ante esa autoridad el beneficio de la residencia definitiva, mediante solicitud N° ID 69691641, la cual desde el 9 de abril se encuentra en trámite, en etapa de resolución.

En cuanto al derecho señala el letrado cita y transcribe los artículos 78 y 37 de la Ley N° 21.325, referidos al beneficio de residencia definitiva. Agrega que en cuanto a la inexistencia de una conducta ilegal o arbitraria por la demora del procedimiento administrativo, luego de citar el artículo 27 de la Ley 19.880, expresa que el alto volumen de solicitudes recibidas de solicitudes de permisos de residencia, durante los periodos 2020 a 2024, por el alto movimiento migratorio experimentado en el país, provocaron un justificado y razonable retraso en este tipo de trámites, que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva. Sin perjuicio, de lo anterior el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, no es de naturaleza fatal para la Administración tal como lo ha reafirmado nuestra Excma. Corte Suprema.

Expresa que la tramitación seguida en este procedimiento ha sido la misma que cualquier otro, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

Dice que no existe vulneración de garantías fundamentales, puesto que la solicitud del recurrente esta en estado de resolución, pudiendo éste obtener un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N° 25 de la Ley 21.325 , y del artículo 45 del Decreto N° 296 que fija su Reglamento, lo anterior tiene por objeto asegurar el legítimo ejercicio de los derechos de los extranjeros que soliciten permisos de residencia definitiva, a mayor abundamiento de los artículos 38, 45 en relación con el 43 de la Ley 21.325, se desprende que todo ciudadano extranjero que ostente un certificado de residencia definitiva en trámite mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, esta protección ha sido expresamente reconocida por la Excma. Corte Suprema. Agrega que con el hecho de obtener el certificado que acredite que mantiene una solicitud de residencia definitiva en trámite, la cédula de identidad que posee aun en el caso que se encuentre vencida, ha sido prorrogada en su vigencia por el solo ministerio de la ley, mientras su solicitud mantenga el estado de en trámite. Afirma que la recurrente tiene una condición migratoria regular en el país y cuenta con un documento de identificación vigente y válido para ser presentado ante cualquier organismo público y privado, por lo que es posible descartar cualquier vulneración de sus garantías fundamentales por el mero hecho de que su solicitud de residencia no se encuentre resuelta.

Explica el letrado que el solo hecho que la solicitud de residencia definitiva esté pendiente, no implica por sí misma, una vulneración a sus derechos fundamentales. En dicho sentido la Excma. Corte Suprema, ha expresado que la mera ausencia de un pronunciamiento final sobre una solicitud de esta naturaleza no puede ser calificada, por sí sola, como una vulneración de garantías fundamentales.

Expone que sobre la eventual vulneración de garantías fundamentales de terceros en razón de encontrarse pendiente la solicitud de residencia definitiva que conlleve un detrimento al legitimo ejercicio de sus derechos en desconocimiento de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21.325, debe ser dirigida en contra de ellos y no contra el servicio.

Explica luego que la acción de protección deducida no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición, en base a que no existe una conducta ilegal o arbitraria desplegada por este Servicio y que la mera tardanza en la resolución de una solicitud de residencia presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales.

Termina pidiendo se tenga por evacuado el informe ordenado, solicitando se rehace el presente recurso en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace las garantías fundamentales de la recurrente.

3°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

4°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

5°.- Que, en cuanto a la incompetencia alegada por la recurrida, fundado en que la parte recurrente declaró en su solicitud de residencia definitiva un domicilio distinto al señalado en su recurso, dicha alegación será desestimada, pues resulta razonable entender que durante las esperas excesivas los administrados perfectamente pueden experimentar un cambio de domicilio, lo que habría acontecido en la especie, y que los efectos omisivos denunciados en este arbitrio afectarían la garantía del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, de manera que, de constatarse su ocurrencia, producirían sus efectos en esta jurisdicción, por lo que dicha alegación será desestimada.

6°.- Que, de los antecedentes allegados por las partes consta que con fecha 07 de marzo de 2024, doña nombre reservado solicitó ante el Servicio recurrido el beneficio de la residencia definitiva, mediante la solicitud N° ID 69691641, la cual a la fecha se encuentra sin resolución final.

7°.- Que, en relación a la demora del Servicio de Nacional de Migraciones, si bien es cierto que la E. Corte Suprema ha señalado que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal, ha dicho igualmente que “debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable. En este sentido, el Servicio Nacional de Migraciones debe pronunciarse en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios”. (Considerando Décimo del fallo Rol N°251.682-2023 de 20 de marzo de 2024).

8°.- Que, en este sentido también ha sostenido el Máximo Tribunal que “aun cuando el término del artículo 27 ya citado se aplica con matices a la Administración por cuanto no basta para la ineficacia del procedimiento su sólo transcurso, sino también un análisis adicional de razonabilidad o justificación del exceso, ello no puede significar que el administrado quede entregado al arbitrio del órgano en cuanto a la duración del proceso. Dicho de otro modo, el cumplimiento del señalado término de seis meses, si bien no será suficiente por sí sólo para determinar una pérdida de eficacia del procedimiento, marca un hito a partir del cual podrá examinarse la razonabilidad y justificación de su extensión temporal, a la luz de los principios que deben regir la actuación administrativa, obligatorios para la Administración y que, además, tienen expresa consagración legislativa, según ya se expuso”. (Corte Suprema Rol N° 137.685-2022, de 28 de febrero de 2023).

9°.- Que, en el caso en estudio, aun cuando es entendible que el Servicio Nacional de Migraciones pueda tener una demora en resolver, atendida la carga y cantidad de solicitudes que llegan para su tramitación, no parece razonable que haya transcurrido más de un año y dos meses, sin haberse dictado la resolución definitiva.

Tal demora no puede en ningún caso ser considerada como razonable, ya que el legislador estableció un plazo de seis meses para el término de los procedimientos administrativos, no siendo justificado exceder dicho plazo en los términos verificados en el caso de marras, sin estar tampoco acreditada de forma específica y concreta una causal de caso fortuito o fuerza mayor como la indicada en el mismo precepto. Ello implica infringir el principio de celeridad y conclusivo del procedimiento administrativo, establecidos en los artículos 7° y 8° de la ley 19.880, así como la exigencia de razonabilidad de las decisiones de la Administración y la prohibición de abuso o exceso de potestades de la misma, según disponen los artículos 53 y 2° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

10°.- Que, según todo lo ya analizado, es posible concluir que la demora o dilación del Servicio Nacional de Migraciones es injustificada o irrazonable, afectando el legítimo derecho constitucional de la recurrente para obtener una respuesta a su solicitud, y por ende, su igualdad ante la ley establecida en el artículo 19° N °2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo dentro de un plazo razonable una respuesta formal, en la que se contengan los fundamentos conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

11°.- Que, como consecuencia de todo lo señalado precedentemente, la presente acción constitucional necesariamente deberá ser acogida, debiendo la autoridad recurrida emitir su decisión dentro de un plazo razonable, como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se decide:

I.- Que, se rechaza la excepción de incompetencia interpuesta por la recurrida Servicio Nacional de Migraciones.

II.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado contra Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se dispone que la autoridad recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de Residencia Definitiva N°69691641, dentro del plazo de noventa días corridos contados desde la notificación de esta sentencia.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial don nombre reservado.

ROL N° 222-2025.-PROTECCIÓN.-