nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Chillán, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que doña nombre reservado interpone recurso de protección en contra de AFP Modelo S.A., fundado en lo que califica como un acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales por concepto de técnico extranjero, de acuerdo con la Ley N° 18.156,. La recurrente expone que se encuentra en una situación de salud crítica y grave, siendo paciente con cirugía bariátrica, histerectomía total, múltiples procedimientos del corazón y tratamientos por diabetes e hipertensión, además de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) en septiembre que le dejó secuelas y una discapacidad permanente.

Sostiene que las entidades de salud de su país de origen cubren sus tratamientos en un 100% y que la recurrida ha puesto trabas injustificadas para la devolución de sus ahorros,. Argumenta que la AFP se extralimita en sus funciones al interpretar leyes de seguridad social extranjeras y que, al exigir requisitos no contemplados expresamente en la ley, vulnera su derecho de propiedad consagrado en la Constitución.

Solicita, en definitiva, que se ordene a la recurrida la devolución de los fondos adeudados.

2°.- Que, comparece don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo de la acción.

Informa que con fecha 5 de enero de 2026, la recurrente solicitó la devolución de fondos para técnicos extranjeros, adjuntando documentos como su título profesional y un certificado de la administradora colombiana Colpensiones. Sin embargo, la Administradora verificó que dicha documentación no da cumplimiento a los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, específicamente el de acreditar una cobertura previsional a todo evento en el extranjero.

Detalla que el certificado de Colpensiones señala que el derecho a prestaciones está sujeto al cumplimiento de requisitos legales y que el subsidio por incapacidad se otorga solo a partir del día 181, lo que no constituye una cobertura integral ni permanente para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte exigidos por la normativa chilena.

Afirma que su actuar no es arbitrario ni ilegal, sino que constituye el estricto cumplimiento de la ley, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de la jurisprudencia obligatoria dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano que fiscaliza su labor.

Por tanto, sostiene que no existe una vulneración de garantías constitucionales, ya que el derecho de propiedad sobre los fondos está condicionado al cumplimiento de los presupuestos legales que en este caso no se han satisfecho, 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, como se indicó, la recurrente dedujo recurso de protección en contra de AFP MODELO S.A., por la decisión que rechazó su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, aun cuando estima que cumple íntegramente con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 al efecto.

Estima que dicho acto resulta arbitrario, ilegal y vulneratorio de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, específicamente aquellas del N° 2 y 24, razón por la cual pide que se reconozca como válida la documentación acompañada, se siga con la tramitación de la solicitud, y dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados.

7°.- Que, para resolver la controversia, debe recordarse que la Ley 18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales, al tenor de los artículos 1° y 7° de la citada norma, y que la interpretación de tales requisitos, no queda radicada en la Administradora de Fondos de Pensiones, sino en el órgano fiscalizador, constituido hoy en día por la Superintendencia de Pensiones, que a través de sus circulares, determina la forma en que deben acreditarse tales condiciones.

8°.- Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

9°.- Que -como ha sido destacado recientemente por la Excma. Corte Suprema-, la Superintendencia de Pensiones ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la ley N°18.156, generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Así, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

En el mismo sentido, el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, instruye que: “(…) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (…)”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208 de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país." Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. Ello, puesto que las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgo previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia”.

10°.- Que, conforme a lo que se viene señalando, el documento denominado “Certificado de Colpensiones”, emitido por la Administradora Colombiana de Pensiones acompañado por el recurrente no es apto para dar por cumplido el requisito establecido por la Ley 18.156, pues de las coberturas previsionales allí descritas se encuentran supeditadas al cumplimiento de requisitos legales y que, específicamente en materia de salud, la protección se activa únicamente desde el día 181 y por un período acotado, sin constar que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias de carácter integral, antecedentes que impiden tener por acreditado que la recurrente haya contado, a todo evento, con cobertura previsional suficiente durante toda la relación laboral en Chile, en los términos estrictos exigidos por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

En este contexto, la decisión adoptada por la AFP recurrida no obedece a un ejercicio discrecional de potestades, sino al estricto cumplimiento de la normativa vigente y de la jurisprudencia administrativa obligatoria emanada de la Superintendencia de Pensiones, órgano técnico al que el legislador ha encomendado la interpretación y fiscalización del sistema previsional, cuyas instrucciones resultan vinculantes para las Administradoras de Fondos de Pensiones.

11°.- Que, en consecuencia, no se advierte en la actuación impugnada ilegalidad alguna, desde que el rechazo de la solicitud se funda en la inobservancia objetiva de un requisito legal, ni arbitrariedad, por cuanto la decisión se encuentra debidamente motivada y responde a criterios técnicos generales y uniformes, ajenos a toda consideración caprichosa o discriminatoria.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por nombre reservado interpone recurso de protección en contra de AFP Modelo S.A.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del fiscal judicial subrogante Gabriel Hernández Sotomayor, quien no firma por haber cesado en el cargo.

Rol N° 22-2026-Protección.