nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL ÑUBLE

Chillán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, chileno, casado, ingeniero civil, cédula de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Gobierno Regional de Ñuble, nombre reservado 62.000.390-5, representado legalmente por su Gobernador Oscar Manuel Crisóstomo Llanos, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario contenido en la Resolución Exenta N°487 de 10 de septiembre de 2021, que le fue notificada personalmente el 10 de septiembre de 2021, la cual le ha causado perturbación y privación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales reconocidas por los números 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

El recurrente manifiesta que, mediante la citada Resolución Exenta N°487 de 10 de septiembre de 2021, del Gobierno Regional de Ñuble, se le puso término anticipado a su contrata, disponiendo que ella rigiera hasta el 13 de septiembre de 2021, transcribiendo los motivos 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16 y 18. Luego el actor procede a describir latamente su trayectoria laboral y los motivos que le llevaron a renunciar al Departamento de Preinversión y Proyectos del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y radicarse con su familia en la Región de Ñuble, planteando que una vez electo el nuevo Gobernador Regional, a 2 meses de ello es desvinculado de la institución en la cual su accionar durante más de un año y medio dio cuenta de su alto grado de compromiso y responsabilidad, como lo demuestran sus calificaciones y Certificado de recomendaciones, haciendo presente que, conforme lo señalado en la Resolución Exenta N°487, contra la cual recurre, existiría un informe, el cual declara desconocer, emitido por su Jefatura y que habría sido realizado en septiembre de 2020, es decir, anterior a su informe de desempeño efectuado por la misma jefatura de División en el periodo comprendido desde el 1 de febrero de 2021 al 30 de junio de 2021, que concluye en todos los factores de evaluación destacando el cumplimiento de la labor realizada, calidad, condiciones personales, interés en el trabajo realizado-, capacidad para realizar trabajo en equipo; comportamiento funcionario, cumplimiento de normas e instrucciones. Sin embargo, una vez que asume el Gobernador Regional es desvinculado, sin darle posibilidad alguna de demostrar sus aptitudes y conocimientos, y mediante una Resolución que no se condice en lo más absoluto con su desempeño, aptitudes, capacidades, conocimientos, experiencia, etc., argumentando un informe de septiembre de 2020. Reitera el actor que el 10 de septiembre de 2021 fue notificado de la Resolución Exenta N°487, de la misma fecha, la cual pone término anticipado a su contrata, disponiendo que ésta rija hasta el 13 de septiembre de 2021. Plantea que dicha decisión se habría tomado en consideración a un informe de 11 de septiembre de 2020, evacuado por el jefe de la División de Planificación y Desarrollo, Sr. nombre reservado, del cual sólo ha tomado conocimiento de su existencia mediante la Resolución Exta. N°487, y que señalaría que no cumple con los requisitos para las funciones señaladas en la Ley N°19.175, perturbando los tiempos de tramitación de proyectos e iniciativas de preinversión, que el perfil profesional no es el requerido en la labor diaria del departamento, por cuanto el quehacer diario corresponde a profesiones de especialidades diferentes, que involucran conocimientos y aptitudes en términos de gestión pública con un alto desarrollo de habilidades blandas para el trabajo en equipo y su interrelación con otros servicios públicos, además, de la motivación continúa para ofrecer soluciones innovadoras con propuestas e iniciativas que aporten al desempeño del equipo. Lo anterior además reiterado por Memorándum de la citada jefatura, de fecha 16 de noviembre de 2020, dirigido al Intendente Regional, señalando que no posee actividades y proyectos relacionados con la División, refiere que carece del perfil profesional y cualidades personales para las características y obligaciones de debe cumplir la División de Planificación y Desarrollo. Manifiesta que jamás recibió quejas o malas calificaciones de parte de su jefatura, sino que muy por el contrario, en el informe de desempeño funcionario periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2021 al 30 de junio de 2021, es decir, posterior al mencionado informe, se señaló en los diferentes factores que la componen que su “desempeño en la División a su cargo ha sido buena y que he demostrado compromiso, condiciones de liderazgo en trabajo en equipo, es creativo y aporta en buena forma en la realización de las tareas, muestra interés en capacitarse”. Plantea que no ha sido notificado de dicho informe, ni correlativo con tal omisión, tampoco ha tenido oportunidad alguna para evacuar algún descargo al respecto, ni en el proceso calificatorio se le mencionó en algún momento la existencia de dicho informe o su tenor, ni mucho menos formó parte de alguna retroalimentación por parte de su jefatura directa, ni de ninguna otra, haciendo presente que en el tiempo en que ha desarrollado funciones en el Gobierno Regional de Ñuble, no ha sido sometido a ningún proceso disciplinario ni ha sido parte de alguno, llamándole la atención el hecho que, ingresó a prestar servicios en el Gobierno Regional de Ñuble, a contar del 15 de enero de 2020, mediante la Resolución RA N°125362/121/2020, de 10 de agosto de 2020, por lo que podría colegirse que, a esa fecha, su trabajo no tenía reparos por parte de la jefatura, la cual además prorrogó dicha contratación mediante la Resolución Exta. N° RA N°125362/3/20921, de 25 de febrero de 2021, a contar del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, lo cual, no se condice con lo que señalaría el citado informe de su jefatura ni con sus calificaciones realizadas ya a esa fecha. Expresa que la Resolución Exta. N°487, señala en su numeral 10 “Que, para el ejercicio de las funciones esta autoridad (Gobernador Regional), ha instruido el desarrollo de una evaluación ponderada, razonada e imparcial de aptitudes y competencias a los servidores públicos que se desempeñan en el Gobierno Regional de Ñuble, solicitando a la pertinente jefatura de división efectuar la aludida valoración de competencias y un análisis de los servidores de su dependencia con el objeto de ponderar la buena administración y eficiente e idónea gestión de esta repartición pública regional”, Sin embargo, dicha “evaluación”, no le ha sido dada a conocer, no ha existido retroalimentación alguna, oportunidad de presentar sus descargos, jamás se ha dado a conocer la existencia del señalado informe de la Jefatura, así como antecedente alguno que hubiera dado luces de una mala labor por esta parte. El numeral 13 de la Resolución Exta. N°487, indica que “…el Sr. nombre reservado, no cumple como los requisitos para las funciones específicas que se le encomiendan, establecidas en la ley N°19.175…”, mas, no especifica o da cuenta de las funciones que dicha ley, señalada solo en su numeración, mas ni siquiera su articulado especifico, que asignaría a la División de Planificación y Desarrollo, como tampoco especifica su profesión ni cómo aquella se aviene o no a las funciones en cuestión. Tampoco se describe en la citada Resolución Exta. N°487, de la División de Planificación y Desarrollo Regional, su profesión, la cual es la de ingeniero civil en obras civiles, y las funciones de la División de Planificación y Desarrollo Regional que es la encargada de la formulación de planes, programas y proyectos que presenta el Gobierno Regional a la comunidad, dentro de esta se encuentra el Departamento de Preinversión y el Departamento de Planificación. El Depto. De Preinversión en el cual se desempeñó, tanto en la Región Metropolitana como en Ñuble, se encarga de la revisión técnica de proyectos y programas de inversión, proyectos de infraestructura, de agua potable, alcantarillado, entre otros, todos de especialidad del recurrente, por tanto, su perfil se aviene totalmente a las funciones de estas. Por otra parte, el numeral 14 de la Resolución Exta. N°487, señala que su jefatura directa, nombre reservado, en informe de 11 de septiembre de 2020 asimismo, en memorándum de fecha 16 de noviembre de 2020 informó al Sr. Intendente Regional, “que no poseo actividades y proyectos relacionados con la División, refiere que carece del perfil profesional y cualidades personales para las características y obligaciones que debe cumplir la División de Planificación y Desarrollo”. Lo anterior se contradice totalmente de lo señalado en su informe de desempeño funcionario periodo desde el 1 de febrero de 2021 al 30 de junio de 2021, realizado por el Jefe Directo nombre reservado, y notificada a él el 12 de julio de 2021, el cual señala: A. RENDIMIENTO: Mide el trabajo ejecutado durante el periodo en relación a las tareas encomendadas: A.1 Cumplimiento de la labor realizada: Mide la realización de los trabajos asignados la rapidez y oportunidad en su ejercicio, “cumple en buena forma con el tiempo planificado.- Es rápido en la resolución de sus tareas.-buena disposición para ejecutar tareas no previstas”.

A.2.- Calidad de la labor realizada: Evalúa las características de la labor cumplida y la ausencia de errores en el trabajo y habilidad en su ejercicio, señala: “trabaja en forma segura y confiable las tareas encomendadas. - no requiere de mayor supervisión.- B.- Condiciones Personales: Evalúa la actitud del funcionario en su vinculación con los demás:

B1.- Interés por el trabajo que realiza: “es creativo y aporta en buena forma en la realización de las tareas. - muestra importante interés en capacitarse”.

B2.- Capacidad para realizar trabajo en equipo: “Muestra condiciones de liderazgo en trabajos de equipo”.

C.- Comportamiento funcionario: Evalúa la conducta del funcionario en el cumplimiento de sus obligaciones: C.- “Asistencia y puntualidad, cumple en buena forma horarios y compromisos de trabajo”.

C.2 Cumplimiento de normas e instrucciones: “cumple en buena forma las normas e instrucciones del servicio y las indicaciones de sus jefes”.

Expresa que durante parte del año 2020 hasta mayo de 2021, como consecuencia del COVID-19, la Intendencia Regional de Ñuble, le solicitó en comisión de servicio para desempeñar funciones en dicho servicio público, con el objetivo de prestar apoyo en la logística y distribución de cajas de alimentos, en el contexto de la ejecución del programa “Alimentos para Chile”, y como Fiscalizador para la Seremi de Salud de Ñuble, por lo cual en este periodo obviamente no desarrolló funciones como ingeniero en el Gobierno Regional ya que sus funciones estaban 100% abocadas a servir a los habitantes de la Región de Ñuble, función que le llenó de satisfacción, al haber sido un aporte a la comunidad en tiempos de pandemia. Es así, que, valiéndose de estos periodos de Comisión de Servicio, el numeral 14 de la Resolución Exta. RA N°487, señala que en informe de 11 de septiembre de 2020, don nombre reservado, informó que “el Sr. nombre reservado, no posee actividades y proyectos relacionados con la División, refiere que carece del perfil profesional y cualidades personales para las características y obligaciones que debe cumplir la División de Planificación y Desarrollo”. Añade que complementando lo anterior, consta en Carta de Recomendación, de septiembre de 2021, emitida por nombre reservado, ingeniero comercial-magister en evaluación de proyectos- Jefe del Departamento de Preinversión de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Ñuble, con el cual trabajó bajo su supervisión como profesional de Preinversión, entre junio de 2021 y septiembre de 2021 “nos consta su sentido de probidad, responsabilidad y competencias en el puesto de trabajo, destacando su apoyo técnico y profesional o en la revisión de iniciativas ingresadas al Gobierno Regional, cumpliendo con una respuesta ágil, eficiente y eficaz, en tiempo y contenido a cada una de las labores encomendadas. Además de las cualidades mencionadas, el recomendado aportó al trabajo en equipo de nuestro departamento, participó activamente y fue un colaborador activo de servicio a la comunidad en terreno a raíz de la pandemia COVID-19, en nuestra Región. Sin duda, nombre reservado, sabrá cumplir con las tareas encomendadas para trabajar”. Conforme a lo expresado el actor considera que ello permite acredita que durante todo el tiempo que prestó labores en el Gobierno Regional de Ñuble, sus acciones dieron cuenta de su alto grado de compromiso con el servicio público y responsabilidad con la institución, manteniendo un desempeño laboral acorde a las responsabilidades asignadas y un compromiso intachable, ajustado a los principios que dirigen el ejercicio de la función pública, por lo que considera que su desvinculación, tendría su causal en que públicamente mostró apoyo a una candidatura distinta a la que resultó finalmente electa. En este sentido señala que 15 de septiembre de 2021presentó a la Sra. nombre reservado- Jefa de División de Administración y Finanzas, una solicitud de entrega de copias de antecedentes, sin que a la fecha se le haya dado respuesta alguna a dicho requerimiento.

En cuanto al derecho el actor plantea que la presente acción constitucional ha sido interpuesta dentro de plazo, pues la Resolución Exenta N°487, de 10 de septiembre de 2021, le fue notificado personalmente el 10 de septiembre de 2021, de modo tal que la presente acción se encuentra siendo interpuesta en plena conformidad de lo preceptuado, en tiempo y plazo conforme a derecho. El actor, luego de referirse a los niveles de afectación de los derechos y garantías, sostiene que las conductas efectivamente desplegadas por parte del Gobierno Regional de Ñuble, y las consecuencias derivadas de aquellas, le han privado del legítimo ejercicio de sus derechos y garantías, detallando que tal vulneración se produce, al haber sido removido anticipadamente de su empleo, sin mediar razón, motivación o fundamento suficientes, para la referida decisión, despojándole de aquello que le corresponde como trabajador y funcionario público, denunciando que el Gobierno Regional de Ñuble le ha privado del derecho de propiedad que tiene respecto de su empleo y remuneración, el principio de igualdad ante la ley y su correlativa prohibición de discriminación, afectando gravemente la honra e integridad física y psíquica, menoscabando su fama o buen nombre y generando con ello, efectos dañinos para su salud mental. Plantea el actor que si bien los empleos a contrata duran, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirven expiran en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, corresponde destacar que la permanencia que los funcionarios que sirven dichos empleos tienen derecho a permanecer en ellas mientras no se configure alguna causal de expiración de funciones o se señale cuáles son las condiciones precisas en que funda su actuar. Si bien, la facultad en comento empleada por el superior jerárquico del servicio es de aquellas que el legislador entiende como pertenecientes al tipo discrecional, en lo particular, autorizando al referido a poner término a un empleo a contrata bajo el fundamento de que los servicios prestados por el trabajador “ya no son necesarios", debe quedar medianamente claro que el ejercicio de la potestad discrecional en términos generales, y en lo particular respecto de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios", no hace sinonimia con el ejercicio de la misma de manera ilegal o arbitraria, encontrándose sujeta forzosamente al cumplimiento de las exigencias, parámetros y límites establecidos por el derecho en cuanto a los actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales deben encontrarse debidamente motivados, conteniendo la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan. Estima que la decisión de poner término anticipado a su contrata, configura un acto ilegal que afecta el derecho a la igualdad ante la ley que le garantiza el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al brindarle un trato discriminatorio en relación a otros funcionarios a quienes, en situación equivalente, esto es, sin desvinculación derivada de sumario administrativo fundado en una falta que la motive y sin una calificación anual que permita dicha medida, pueden continuar sirviendo su cargo a contrata hasta el vencimiento de su término natural. También el actor estima vulnerado el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República, ya que se le privó en forma arbitraria del derecho de permanecer en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2021, ejercerlo, recibir las remuneraciones que corresponden y no ser removido por procedimientos arbitrarios.

El actor considera que el actuar de la entidad recurrida, lo ha sido en contravención a la ley, citando y transcribiendo normas contenidas en la Ley 18.334, sobre Estatuto Administrativo y jurisprudencia.

Con relación a las garantías constitucionales el recurrente estima que su derecho a la integridad física y psíquica se ha visto afectado, pues las supuestas deficiencias y fallas en su desempeño laboral que se le imputan en la Resolución Exenta N°487, de 10 de septiembre de 2021, que serían el fundamento del término anticipado de su contrata, afectan gravemente su integridad psíquica, toda vez que le menoscaban de manera arbitraria e infundada como profesional y persona, generando a su vez un serio daño a su imagen, añadiendo que ha trascurrido más de un año desde la elaboración de un supuesto informe por parte de su jefatura, sin que él haya tomado conocimiento de ello y del que con posterioridad se haya realizado su evaluación de desempeño y le haya bien calificado, lo cual claramente ha producido menoscabo a su integridad psíquica, sin entender aun lo sucedido y más aún, al haber realizado una solicitud de antecedentes a la Dirección de Administración y Finanzas, sin respuesta a la fecha. En cuanto a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación el actor desarrolla latamente el tema, para afirmar que no basta la mera referencia que hace la autoridad en la cuestionada resolución en cuanto a haber considerado como fundamento para su decisión lo informado por don nombre reservado, de 11 de septiembre de 2020, asimismo, en memorándum de 16 de noviembre de 2020, dirigido al Sr. Intendente Regional, señalando que el Sr. nombre reservado, no posee actividades ni proyectos relacionados con la División, refiere que carece de del perfil profesional y cualidades personales para las características y obligaciones que debe cumplir la División de Planificación y Desarrollo, todo ello, sin mayor análisis y explicitación de los parámetros o criterios utilizados. Agrega que en cuanto a que no posee actividades ni proyectos relacionados con la División, sólo podría haberse referido al periodo en el cual se mantuvo en comisión de Servicio, tanto en el programa “Alimentos para Chile”, y como Fiscalizador para la Seremi de Salud de Ñuble, por lo cual en ese periodo obviamente no desarrolló funciones como ingeniero en el Gobierno Regional de Ñuble. Por otra parte, se le señala que no posee el perfil y cualidades personales para las características y obligaciones que debe cumplir la División de Planificación y Desarrollo, sin jamás haber especificado cuales serían las mismas y, por otro lado, la permanencia de otros funcionarios con menor experiencia y expertis en los temas y materias propias de dicha División. Conforme lo anterior, considera que ha sido sometido a un trato desigual, en una situación de igualdad, carente de justificación racional o razonable, basado en diferencias arbitrarias, en ausencia de proporcionalidad entre los medios empleados y los fines a alcanzar, cuestiones todas, que infringen gravemente la garantía constitucional en comento, careciendo de lógica y al interés público la decisión tomada por la autoridad, la cual se sustenta en un informe de evaluación particular al que no tuvo acceso y por el cual no se le otorgó posibilidad de efectuar descargos, ni mucho menos de impugnar. Finalmente en cuanto a la honra, el actor concretamente sostiene que, la aseveración realizada por parte del Gobernador Regional de Ñuble a su persona, sobre supuestas "deficiencias" de “cualidades”,”aptitudes”, en su desempeño es del todo indeseable, tal como lo plasmara la Comisión de Estudios de la Constitución en términos de don nombre reservado, quien señalara que “Nada es más pernicioso a la libertad que la licencia, y nada perjudica en tanto grado a la libre discusión de las medidas y negocios públicos como los ataques licenciosos a la reputación individual..(..) Está pues obligado el legislador a prevenir y reparar esta especie de injurias con no menos cuidado que las otras; y tanto olvidaría su misión, dejando expuestas la buena opinión y la respetabilidad social de los ciudadanos a los ultrajes de la maledicencia, como dejando su vida y sus bienes a merced de los ladrones y asesinos” (Comisión de Estudio para la nueva Constitución Política. Anteproyecto de Ideas Precisas, pág. 48, dirigida al Presidente de la República con fecha 16 de agosto de 1978).

Termina solicitando que, en conformidad a lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 19 numerales 1, 2, 4, 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo; Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases de la Administración y demás normas citadas y aplicables, se tenga por interpuesto recurso de protección de garantía constitucionales en contra del Gobierno Regional de Ñuble, nombre reservado 62.000.390-5, representado legalmente por su Gobernador Regional Oscar Manuel Crisóstomo Llanos, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Ñuble, por la decisión arbitraria e ilegal contenida en la Resolución Exenta N°487 de fecha 10 de septiembre de 2021, que ha ocasionado una perturbación y privación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales reconocidas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, es decir, el derecho a la integridad física y psíquica; el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la honra, se le declare admisible y se le acoja en todas sus partes ordenando:

a) La reincorporación del actor al Gobierno Regional Metropolitano de Ñuble durante todo el curso del año 2021, respetando así la contrata de la que goza y que se pretende ilegal y arbitrariamente conculcar, vulnerando de paso derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República;

b) Que el Gobierno Regional de Ñuble pague las remuneraciones y cualquier otro pago a que tenga derecho en función del empleo del cual fue ilegal y arbitrariamente desvinculado, durante todo el periodo en que ha permanecido y eventualmente permanezca alejado del mismo.

c) Dejar sin efecto en todas y cada una de sus partes la Resolución Exenta N°487, de fecha 10 de septiembre de 2021, del Gobierno Regional de Ñuble, y notificada personalmente el 10 de septiembre de 2021.

d) Disponer las demás medidas que se estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección, todo lo anterior, con costas.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informa el abogado Fernando Ignacio Silva Cárcamo, en representación del Gobierno Regional de Ñuble, solicitando el total rechazo, con costas, de la presente acción constitucional.

El letrado, luego de sintetizar la acción de protección interpuesta, entrega los antecedentes del funcionario recurrente, expresando al respecto que éste comenzó a prestar servicios para el Gobierno Regional de Ñuble a contar del 15 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, prorrogada mediante Resolución Exenta RA N°125362/3/20921, de 25 de febrero de 2021, a contar del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, o mientras sus servicios fueran necesarios, como explicita el mencionado acto administrativo. Estima que la resolución recurrida ha sido expedida por el Gobernador Regional de Ñuble en el pleno ejercicio de sus competencias legales, contenidas en la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo y L.O.C 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, además de encontrarse adecuadamente motivada en los términos exigidos por la Ley 19.880 sobre Bases de Procedimientos Administrativos. El letrado desarrolla de manera extensa temas tales como al carácter transitorio de las contratas y las facultades de dirección organización y administración de los servicios públicos, para luego sostener que la decisión impugnada se encuentra debidamente motivada por la autoridad que la expidió, en el entendido que la motivación no es más que la expresión formal de las circunstancias de hecho y derecho que justifican la dictación del acto administrativo, manifestadas en los vistos y considerandos de la resolución que exterioriza la decisión. Así, el cese anticipado de la contrata del recurrente tiene un fundamento fáctico, descrito en diversos considerandos de la resolución impugnada, procediendo a analizar los considerandos del acto administrativo, manifestando que el actor, no cumple con los requisitos para las funciones específicas que se le encomiendan, establecidas por la Ley N° 19.175, aquello perturba los tiempos de tramitación de proyectos e iniciativas de pre inversión, lo que significa un trastorno para la gestión global de la división y del Gobierno Regional, a su turno indica que el perfil profesional del Sr. nombre reservado no es requerido en la labor diaria del departamento, por cuanto el quehacer diario corresponde a profesiones de especialidades diferentes, que involucran conocimientos y aptitudes en términos de gestión pública con un alto desarrollo de habilidades blandas para el trabajo en equipo y su interrelación con otros servicios públicos, además, de la motivación continua para ofrecer soluciones innovadoras con propuestas e iniciativas que aporten al desempeño del equipo, aptitudes de las cuales carece el Sr. nombre reservado. Manifiesta que, en este contexto, el acto administrativo reitera lo referido en el considerando anterior, informando que el Sr. nombre reservado, no posee actividades y proyectos relacionados con la División de Planificación y Desarrollo. El acto a su vez refiere que el actor carece del perfil profesional, posee insuficiencia de conocimientos formales y cualidades personales para las características y obligaciones que debe cumplir la División de Planificación y Desarrollo. Que no existen otras áreas o tareas propias del servicio a que se pueda asignar al funcionario de acuerdo a sus aptitudes y competencias. Que, en estos términos los servicios del aludido funcionario ya no se vuelven necesarios, toda vez que se ha determinado pueden ser suplidos y provistos por otros funcionarios de la División de Planificación y Desarrollo, con la finalidad de hacer un uso óptimo, racional y eficaz de los recursos públicos, además de considerar que su perfil profesional y aptitudes, no se ajustan al deseado en la mencionada división. En consecuencia, la Resolución Exenta N°487, de 10 de septiembre de 2021, pronunciada por el Gobernador Regional de Ñuble, fue clara al referir que los servicios del actor ya no eran necesarios, la resolución que se imputa ilegal cumple con los estándares mínimos de fundamentación atendido el contexto en el que fue dictada, a saber, una relación contractual que le reconocía a la administración la potestad de poner fin al vínculo por ese solo motivo, sustentada además por aspectos de mérito, oportunidad y conveniencia, ya descritos, y decisiones de gestión interna del órgano administrativo, que le compete adoptar en razón a las facultades de dirección, administración y organización que la ley N° 18.575 otorga al jefe superior del mismo, y teniendo en consideración los principios de eficiencia y eficacia establecidos en el artículo 3° de la norma precitada. Considera que no obstan a lo anterior las calificaciones, vida funcionaria del actor, o como indica en su libelo no haber sido sometido a proceso disciplinario, toda vez que, por un lado, su comportamiento, desempeño e idoneidad para cumplir un rol no implica por sí sola que ese papel siga siendo necesario para la administración, que goza de prerrogativas propias de su esfera en este ámbito. Por otro lado, la posibilidad de cesar los servicios, toda vez que estos no son necesarios, no constituye una sanción y, por ende, si bien requiere ser fundada, no es menester el desarrollo de un procedimiento disciplinario previo para su procedencia. Que, de lo razonado concluye el letrado que la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata del actor, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita, por lo que la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible a la recurrida resulta suficiente para desestimar el recurso. Finalmente expresa que las razones concretas por las cuales los servicios de un funcionario pueden no resultar necesarios son de diversa índole, ya vinculadas al desempeño, perfil profesional, reorganización del servicio, razones presupuestarias u otras. Esto quiere decir que la expresión “mientras sus servicios sean necesarios” no está asociada en realidad a ninguna causal de término específica, objetiva o subjetiva, sino que su función es permitir el término anticipado de una contrata por la causal concreta que proceda en cada caso. Por lo mismo, de no mediar esta cláusula, la autoridad administrativa estaría obligada a respetar la contrata del funcionario hasta la expiración del plazo legal. El letrado procede en su informe a describir las funciones y procesos de gestión asignadas a los Gobiernos Regionales en materia de Planificación y Desarrollo, sosteniendo luego de ello que fue posible advertir que la experiencia y competencia profesional del recurrente no se adecuan al cumplimiento de tales funciones, detallando que las competencias profesionales del recurrente no son compatibles con la tarea de formular y participar eficazmente en la elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) y el ordenamiento territorial mediante Planes Regionales de Ordenamiento territorial (PROT), o coordinar la elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) como expresión del proceso de planificación regional o velar por la vigencia de los instrumentos de planificación del Gobierno Regional: Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), Planes Regionales de Ordenamiento territorial (PROT), Zonificación Usos del Borde Costero (ZUBC), El Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR), tampoco el recurrente ha efectuado un seguimiento del Programa Público de Inversiones Regionales (PROPIR), competencia indispensable en todos los profesionales que deben integrar la división de planificación y desarrollo, competencia unida indefectiblemente a criterios técnico profesionales y de experiencia.

También el letrado se refiere a la ausencia de vulneración de garantías constitucionales sosteniendo que el cese de funciones de un empleado por no ser necesarios sus servicios, constituye el resultado del ejercicio de la facultad legal privativa de la autoridad administrativa de poner término anticipado a este tipo de contrata. De esta manera, la causa invocada por la autoridad para el término del contrato del servidor recurrente -no ser necesarios sus servicios-, constituye en sí misma fundamento suficiente, dada la naturaleza de tal contrato, por incidir ello en un aspecto cuya ponderación corresponde a la administración activa, sin perjuicio de los fundamentos que se expusieron, sustentaron y motivaron debidamente el acto administrativo. No se explica, ni se entiende, de que forma un acto de autoridad, una decisión de gestión interna del órgano respectivo, que le compete adoptar en razón a las facultades de dirección, administración y organización que la ley N° 18.575 otorga al jefe superior del mismo, pueda constituir una amenaza a la integridad física y psíquica, y teniendo en consideración además los principios de continuidad del servicio, eficiencia y eficacia establecidos en el artículo 3° de la norma precitada, sin que esta decisión pueda constituir una transgresión a la integridad física y psíquica de la persona, por tratarse de un aspecto de mérito, oportunidad y conveniencia, sabidos por el recurrente al momento de su contratación. Plantea que se ha expresado que la autoridad administrativa denunciada, se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata del actor, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita, por lo que la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible a la recurrida resulta suficiente para desestimar el recurso. Con respecto a la igualdad ante la ley el letrado sostiene que este derecho se vulneraría en la medida que la resolución recurrida fuese arbitraria, cuestión que claramente no ocurre, desde que la decisión administrativa se encuentra suficientemente motivada en situaciones fácticas observadas por la administración, no desmentidas por el recurrente, por lo que es posible concluir que no puede existir agresión al principio de igualdad ante la ley. Añade que, a más de la mera alegación, el libelo pretensor no acompaña antecedentes o relata hechos concretos que permitan vislumbrar un trato diferenciado en comparación a otros funcionarios del Gobierno Regional de Ñuble que estén en condiciones similares a la del recurrente, por el contrario, y tal como se señaló precedentemente, este servicio, requiere dar operatividad a la División de Planificación y Desarrollo a la que fue desvinculado el recurrente. Estima que habría discriminación arbitraria si, para desempeñar las mismas funciones del recurrente, el servicio hubiese procedido a contratar a personas, (cuestión que no se ha efectuado) sin experiencia profesional y sin antecedentes académicos idóneos, puesto que, en ese caso, ¿qué justificación a más del mero capricho habría para cambiar a una persona sin experiencia por otra que tampoco la tiene? . En cuanto al derecho a la honra el letrado manifiesta que el recurrente no precisa cómo se produjo la vulneración, limitándose a afirmar que las supuestas faltas de requisitos para el cumplimiento de sus funciones, de conocimiento y aptitudes en cuanto a la gestión pública, de perfil profesional y cualidades personales, a su desempeño laboral que se imputan en la Resolución Exenta N°487, de 10 de septiembre de 2021, constituyen un serio menoscabo a su honra, como profesional y también como persona al atribuirme actuaciones que serían contrarias a un actuar probo y responsable, por lo que a su entender no se evidencia de qué modo una decisión contemplada expresamente en su contratación, - sabida por el recurrente-, resolución que fue clara al referir que los servicios del actor ya no eran necesarios, acto administrativo que cumple con los estándares mínimos de fundamentación atendido el contexto en el que fue dictada, a saber, una relación contractual que le reconocía a la administración la potestad de poner fin al vínculo por ese solo motivo, sustentada además por aspectos de mérito, oportunidad y conveniencia, y decisiones de gestión interna del órgano administrativo, que le compete adoptar en razón a las facultades de dirección, administración y organización que la ley N° 18.575 otorga al jefe superior del mismo, y teniendo en consideración los principios de eficiencia y eficacia establecidos en el artículo 3° de la norma precitada, pueda constituir una transgresión al derecho a la honra del actor. Con relación al derecho de propiedad el letrado asevera que el nombramiento de un funcionario público a contrata no confiere ningún derecho de propiedad sobre él, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucra el dominio, menos tratándose de cargos que están sujetos a término de expiración legal. En consecuencia, no existe un derecho de propiedad afectado; antes bien, lo pretendido mediante este recurso de protección es obtener un amparo judicial que impida ejercer al servicio las potestades conferidas por ley, como la establecida en el Art.31 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que establece (sic) “A los jefes de servicio les corresponderá dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio”. También se reclama por parte del letrado la ausencia de derechos indubitados, afirmando que, dada la inexistencia de un derecho de dominio sobre la contrata, no es posible sostener que existan derechos indubitados que hayan podido ser lesionados y consecuencialmente objeto de protección a través de esta vía, la cual excluye cualquier discusión sobre la titularidad del derecho afectado. Plantea que el recurrente no puede pretender tener derechos sobre un estado u orden jurídico determinado, cuestión imposible, toda vez que la contrata que le vinculaba estatutariamente con el Gobierno Regional de Ñuble fue siempre transitoria y precaria, como tampoco puede pretenderse por medio de la presente acción constitucional impugnar los presupuestos de hecho o fundamentos que tuvo en consideración la Administración para determinar el cese de un cargo a contrata, en circunstancia de que los fundamentos de mérito de la decisión administrativa se expresaron en el acto administrativo que se cuestiona por esta vía.

Se afirma por parte de la recurrida la falsedad manifiesta en las alegaciones efectuadas por el actor, precisando que éste en el considerando 14, pagina 8 de su acción de protección, indica que, en su afán de buscar una explicación razonable y justa al término de su contrata, presentó a la Sra. nombre reservado- Jefa de División de Administración y Finanzas, una solicitud de entrega de copias de antecedentes, “sin que a la fecha se me haya dado respuesta alguna a dicho requerimiento” . Expresa que tales alegaciones deben descartarse absolutamente, por ser de una falsedad manifiesta, formuladas con el solo afán de menoscabar infundadamente la gestión administrativa del Gobierno Regional, toda vez que en virtud de correo electrónico- cuya copia acompaña, la aludida jefa de División de Administración y Finanzas, contesta las peticiones del actor accediendo a la entrega de la documentación solicitada, en tiempo y forma. Por último, el letrado alega la falta de legítima confianza, expresando que la renovación reiterada, después de los dos años iniciales, supone que deben existir al menos dos renovaciones más, a objeto de cumplir con esta exigencia de la reiteración, cuestión que en este caso ciertamente no ocurre. Manifiesta que la legítima confianza no impide que un servicio público no renueve la contrata de un funcionario, lo que se exige en estos casos es que la decisión administrativa esté debidamente fundamentada conforme al art. 11 de la ley 19.880, y tal como se expresó latamente en esta presentación, la resolución impugnada está debidamente afincada en hechos puestos en relación con las normas jurídicas que habilitan a la autoridad administrativa a disponer el cese anticipado de una contrata. Por otro lado, la decisión administrativa de término anticipado de una contrata se justifica en atención a su carácter eminentemente transitorio.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto, consideraciones de hecho y de derecho expuestas y lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales y las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, se tenga tener por evacuado el informe requerido, solicitando el total rechazo del presente recurso de protección, con costas.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha es la decisión de la Gobernación Regional de Ñuble de poner término anticipado a la contrata de don nombre reservado por medio de la dictación de la Resolución Exenta N°487 de fecha 10 de septiembre de 2021, notificada el día 10 de los mismos, por estimar que sus servicios ya no son necesarios para la administración teniendo en consideración algunas observaciones a su desempeño, contenidas en el informe de 11 de septiembre del año 2020 resolución que dispone el termino de los servicios prestados por el recurrente a partir del día 13 de septiembre 2021.

7°.- Que el recurrente sostiene que el acto ilegal y arbitrario de término anticipado de la contrata vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

En relación a esta garantía nuestra doctrina y jurisprudencia, han fijado sus alcances y concepto, señalando que ella consiste en que: “la normativa jurídica debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares y supone que todos los habitantes gocen de los mismos derechos protegiendo éstos”; lo que dice relación a bienes jurídicos y valores humanos de carácter político y social, sin establecer diferencias por atributos de orden particular y que la norma legal, al respetar esta garantía, debe tener caracteres de generalidad sin que sea posible la discriminación arbitraria.

8.- Además, el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República tutela que a los destinatarios de las normas se les haga aplicación de los criterios normativos de modo imparcial y sin efectuar discriminaciones que no estén previstas en ella. En síntesis, la administración o una autoridad pública determinada, no debe dar un trato diverso a situaciones o personas semejantes. En este sentido, la Resolución Exenta N°487 que puso término anticipado de designación a contrata, no tiene fundamento jurídico, motivación fáctica ni causa legal suficiente que justifique la desvinculación anticipada.

En este sentido, un requisito esencial de los actos administrativos, es que se trate de un acto debidamente motivado, lo que constituye un límite al ejercicio de las facultades discrecionales que detentan las autoridades administrativas, porque afecta en grado de privación la garantía constitucional a la igualdad ante la ley y consecuencialmente el derecho de propiedad incorporal, al ser afectado el recurrente con la desvinculación de su cargo de funcionario a contrata de la Gobernación Provincial de Ñuble, sin el cumplimiento de la normativa legal vigente.

Es decir, en abstracto, la Administración cuenta con la habilitación legal para poner término a la contrata de un servidor, pero si en el acto administrativo que contiene la decisión no se expresan sus motivos suficientes, verdaderos o si éstos son extraños a la razón de fondo que la sustenta o bien, si no guardan coherencia interna entre sus fundamentos y lo que se decide, el acto deviene en arbitrario, por estar desprovisto de una justificación de hecho o de respaldo normativo, coligiéndose que su único sustento se encuentra en el mero capricho de la autoridad que la adopta.

En la especie se ha invocado un informe emanado del superior jerárquico del recurrente que se habría realizado en septiembre de 2020 informe que no se condice con el informe de desempeño funcionario emanado de don nombre reservado por el periodo 01 de septiembre 01 de enero 2021.

En síntesis, la recurrida infringió el numeral 2° del artículo 19 de la ley suprema, que garantiza la igualdad ante la ley, discriminando arbitrariamente al recurrente, al ser excluido de un órgano de la administración del Estado, que ejercía evaluado siempre con buenas calificaciones y sin reproche de sus superiores.

Por lo que, el acto recurrido infringe el estatuto jurídico que obliga a fundamentar las resoluciones que afectan derechos, en este caso, del funcionario recurrente.

Asimismo, el acto ilegal y arbitrario infringe los artículos 8 de la Carta fundamental, en relación al artículo 11 inciso 2, de la ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, transformando la facultad establecida en los artículos 3 c); 10, 12, 119 y siguientes de la Ley 18.834, del Estatuto Administrativo, en ilegal y arbitraria. La ausencia de una fundamentación racional supone para el recurrente que la finalidad del acto administrativo dictado por la recurrida no se sustenta en un fin de interés general o particular, porque no aparece justificado el por qué se adoptó la decisión de desvinculación del recurrente contenida en la Resolución Exenta 487 que puso término anticipado de designación a contrata, por tanto, la actuación de la recurrida deviene en ilegal y arbitraria.

Que en el presente caso la justificación de la autoridad para poner término a la contrata de don nombre reservado aparece desprovista de una real motivación, puesto que si bien se fundamenta en que el Sr. nombre reservado, no cumple con los requisitos para las funciones específicas que se le encomiendan, establecidas por la Ley N° 19.175, aquello perturba los tiempos de tramitación de proyectos e iniciativas de pre inversión, lo que significa un trastorno para la gestión global de la división y del Gobierno Regional, no aparece justificado el por qué se eligió precisamente a este funcionario, ni qué proceso estableció que el recurrente carece del perfil profesional y cualidades personales para las características y obligaciones que debe cumplir la División de Planificación y Desarrollo y si los cargos debían o no ser sustituidos, o si eran o no necesarios en la Gobernación de Ñuble, todo lo cual hace presumir fundadamente que se trata de un caso de desviación de poder en que el fin del acto que puso término a la contrata no es el de razones de buen servicio esgrimidas por la autoridad recurrida.

9°.- Que siendo cinco los elementos del acto administrativo, esto es, la competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto, puede existir ilegalidad del acto administrativo en relación a cualquiera de ellos. En este caso dicha ilegalidad se configura en relación al elemento fin del acto, lo que constituye un vicio que lo hace susceptible de anulación, siendo además arbitrario por las razones ya señaladas.

En conclusión, la discrecionalidad que reconoce la legislación vigente no puede ser sinónimo de arbitrariedad, porque la facultad del Estatuto Administrativo sobre nombramiento, prórroga y término anticipado de la designación a contrata, debe ser ejercida dentro parámetros y criterios de razonabilidad y justicia que establece la Constitución política de la República, y las leyes 18.575, 18.834, 19.880.

10°.- Que, la resolución que se impugna en definitiva tiene su fundamento en que el recurrente no cumple con los requisitos para las funciones específicas que se le encomiendan, establecidas por la ley 19.175, lo que perturba los tiempos de tramitación de los proyectos e iniciativas pre-inversion. Sin embargo, esta circunstancia no ha sido establecida conforme a un procedimiento administrativo que valide tal calificación de modo que no se trata de la utilización de una causal de carácter objetiva fundada realmente en los términos del contrato, en el cual se contienen las cláusulas “razones de buen servicio” y “mientras sean necesarios sus servicios”.

11°.- Que a todo lo anterior se añade el hecho reconocido por la institución, en orden a que el actor se desempeñó desde el 15 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, prestación de servicios que fue prorrogada por resolución exenta RA N°125362/3/20921 de 25 de febrero de 2021 a contar del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, situación que no se condice con la calificación de sus labores como esencialmente transitorias.

En este sentido, el acto administrativo que pone termino a la contrata, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 11 de la ley 19.880, es decir, exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho por tratarse de actos que afectan potestades particulares; y a su artículo 41 inciso cuarto, que obliga a que las resoluciones finales contendrán la decisión que será fundada, de forma que los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta.

12°.- Que determinada la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N°487 de fecha 10 de septiembre de 2021, notificada al actora el día 10 de septiembre, que dispuso el término de la contrata del reclamante, se debe entender que ésta ha carecido de razonabilidad, contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para poner término a la contrata en razón de las necesidades del servicio, de modo que la recurrente ha sido discriminada arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República y, en consecuencia, el arbitrio cautelar intentado deberá ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Gobernación Regional de Ñuble, por lo que se deja sin efecto la Resolución Exenta N°487 de fecha 10 de septiembre de 2021, debiendo reincorporarse al actor a sus funciones y procederse al pago de todas las remuneraciones devengadas desde que fuera separado del servicio.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Gumercindo Quezada Blanco.

ROL 2152-2021-PROTECCION