Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.

Visto: 1°) Que comparece doña nombre reservado, abogada, quien, en ejercicio de la acción constitucional prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y dentro del plazo señalado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, deduce acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 9 de febrero de 2026, mediante la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N° NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 y NUM005, extendidas por un total de 139 días a contar del 1 de octubre de 2024, por estimarse no justificado el reposo.

Expone que la recurrente, docente de 62 años, presenta desde el año 2021 un cuadro de salud crónico, progresivo y de carácter mixto, de naturaleza reumatológica, traumatológica y psiquiátrica, iniciado con poliartralgias y lumbago crónico, evolucionando hacia una columna degenerativa con discopatías múltiples y artrosis facetaria, lo que le provoca dolor persistente y limitación funcional.

Añade que, en el año 2022, presentó una gonalgia severa en su rodilla derecha, que requirió dos intervenciones quirúrgicas, con evolución tórpida, derivando en dolor crónico persistente y alteración permanente de la marcha, afectando directamente su capacidad de desplazamiento.

Señala, además, diagnóstico de fibromialgia severa, caracterizada por dolor en 18 de 18 puntos sensibles, fatiga crónica, trastornos del sueño y dolor generalizado persistente.

Indica que, conforme a informe de la reumatóloga tratante, durante el año 2024 debió acogerse a licencias médicas por incapacidad laboral transitoria, producto de dolor crónico severo generalizado, gonalgia postquirúrgica y alteración de la marcha secundaria, pese a tratamiento farmacológico con duloxetina, pregabalina, tramadol y AINES, manteniéndose bajo control de especialistas.

Precisa que los diagnósticos consignados corresponden a: fibromialgia severa; gonalgia severa bilateral; alteración de la marcha secundaria; y trastorno adaptativo mixto. El cuadro se ve agravado por un trastorno mixto de ansiedad y depresión en fase descompensada, certificado por psiquiatra, con disfuncionalidad emocional y laboral significativa, GAF 50-41%, indicándose reposo médico, farmacoterapia y psicoterapia.

En dicho contexto clínico, se emitieron las licencias médicas correspondientes a los períodos entre octubre y diciembre de 2024 y junio y julio de 2025, que suman 139 días, las cuales fueron rechazadas por COMPIN bajo la causal de “sin causa médica que justifique el reposo”, sin diligencias clínicas adicionales.

La Superintendencia confirmó el rechazo mediante la resolución impugnada, señalando que los antecedentes no acreditaban disfuncionalidad suficiente, ni ajustes terapéuticos progresivos, ni intervenciones complementarias como GES o psicoterapia.

Sostiene que los informes médicos sí describen el cuadro clínico y que la autoridad exigió antecedentes administrativos ajenos a la justificación médica.

En cuanto al derecho, funda la ilegalidad en infracción al artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, por falta de motivación, y al artículo 21 del mismo cuerpo normativo, por no ejercer facultades de verificación clínica.

Asimismo, invoca infracción a la Ley N° 21.531, artículo 5°, y a la Ley N° 21.746 en relación con el artículo 10 de la Ley N° 20.585.

Finalmente, sostiene vulneración de las garantías del artículo 19 N° 1, N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se acoja el recurso. 2°) Que comparece doña Romina Andrea Ugalde Rañileo, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien evacúa informe solicitando, en primer término, que se declare la improcedencia de la presente acción constitucional, por estimar que la materia sobre la cual versa dice relación con el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra comprendida dentro de aquellas amparadas por la acción cautelar prevista en el artículo 20 del mismo texto constitucional.

Sostiene que la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como las reconsideraciones y apelaciones deducidas respecto de las resoluciones de los organismos administradores del sistema y el eventual pago del subsidio por incapacidad laboral, constituyen materias propias del ámbito de la seguridad social, reguladas por el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; por el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del mismo Ministerio; y por el DFL N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, razón por la cual se trataría de un ámbito normativo ajeno a la tutela cautelar intentada.

Agrega que la acción de protección es un mecanismo excepcional y de carácter urgente, cuya procedencia se limita a la tutela de las garantías expresamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución, motivo por el cual solicita se desestime el recurso, con costas.

En subsidio, informa sobre el fondo, exponiendo que el derecho a licencia médica se inserta dentro del sistema de seguridad social, destinado a cubrir contingencias que afectan transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, tratándose de un beneficio de carácter temporal cuya finalidad es permitir la recuperación de la salud y reintegro laboral del afiliado, conforme al DFL N° 1, de 2005, y al Decreto Supremo N° 3, de 1984.

Expone que la recurrente reclamó ante dicha Superintendencia el rechazo de las licencias médicas N° NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 y NUM005, extendidas por 139 días desde el 1 de octubre de 2024, las que fueron confirmadas como rechazadas mediante Resolución Exenta N° NUM000.

Indica que los antecedentes médicos no permitían acreditar incapacidad laboral más allá de los 255 días ya autorizados, ni describían adecuadamente la disfuncionalidad, ni acreditaban ajustes terapéuticos ni intervenciones complementarias.

Añade que, según informe médico, se consignó fibromialgia sin criterios de gravedad y trastorno mixto ansioso-depresivo sin criterios de gravedad, con tratamientos de primera línea, sin GES ni psicoterapia acreditada.

Señala que la paciente presenta reposo prolongado desde 2021, sin acreditarse disfuncionalidad suficiente ni rol terapéutico del reposo.

Sostiene que las patologías invocadas no cuentan con respaldo clínico suficiente para justificar reposos prolongados, conforme a estándares técnicos.

Indica que la decisión se adoptó conforme a la Ley N° 16.395 y al Decreto Supremo N° 3 de 1984, en ejercicio de sus facultades de fiscalización.

Afirma que no existe ilegalidad ni arbitrariedad, al tratarse de una decisión fundada en antecedentes técnicos.

Finalmente, señala que no se vulneran las garantías del artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución, ya que el subsidio es un derecho eventual sujeto a la autorización de la licencia médica, lo que no concurre en la especie, solicitando el rechazo del recurso. 3°) Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°) Que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°) Que cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°) Que en lo que dice relación con la alegación de la recurrida (Superintendencia de Seguridad Social) en el sentido que la acción de protección sería improcedente por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar este bajo la protección constitucional que se pide, será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por la recurrente, por estimarse infringidas, al menos, las garantías contenidas en los numerales, 1, 2, 3, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que sí se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal. 7°) Que sentando lo anterior, cabe hacer presente que la controversia sometida al conocimiento de esta Corte se centra en determinar la legalidad y arbitrariedad de la resolución emitida por la entidad recurrida, que rechazó la licencia médica extendida a favor de la parte recurrente, fundada en los diagnósticos de fibromialgia severa y trastorno mixto ansioso-depresivo. La recurrente sostiene que dicha decisión vulnera sus garantías constitucionales, al privarla del subsidio por incapacidad laboral que le corresponde, mientras que la recurrida argumenta que el rechazo se ajusta a derecho, por no encontrarse debidamente justificado el reposo médico prescrito. 8°) Que atendida la situación planteada por la recurrente, debe tenerse en consideración lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, establece, “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. 9°) Que en la resolución exenta recurrida N° NUM000, de fecha 9 de febrero de 2026, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió: “Que, el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 255 días discontinuos de reposo ya autorizados. Que, los antecedentes adjuntos, incluyendo informe médico de diciembre de 2025 y psiquiátrico de julio del mismo año, no describen de manera amplia y detallada la disfuncionalidad que limitaba el reintegro laboral durante el periodo mencionado. Los antecedentes médicos no señalan tampoco ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a la extensión de reposo, del que se pueda desprender el rol terapéutico y dirigido al reintegro del periodo reclamado. Que, tampoco los antecedentes certifican el ingreso al programa GES, psicoterapia mediante informe de proceso, intervenciones kinesiológicas ni derivación efectiva a dispositivos de mayor complejidad concordante con el tiempo en reposo médico”. 10°) Que por su parte, el Informe de fecha 7 de febrero de 2026, elaborado por el profesional don nombre reservado, en lo que interesa expresa… “Se trata de paciente con reposo prácticamente continuado desde 2021 a mediados de 2025, alternando reposos OM y psíquicos. Ahora reclama por dos periodos. En 2024 con 240 días autorizados previos y múltiples LMS previas rechazadas Presenta IMT sin criterios de gravedad, con tratamiento de primera línea, sin kinesioterapia, sin señalar recuperabilidad ni disfuncionalidad, considerando además que a finales de 2023 tiene una LM rechazada por viaje durante reposo, no es posible desprender disfuncionalidad incompatible con trabajo. Con respecto al reposo de 2025 a pesar del largo de reposo, se mantiene con antidepresivo de primera línea en dosis que no son corcondantes con el largo del reposo, ni concordante con más de un reposo inicial. No describen de manera amplia y fundada la disfuncionalidad ni el rol terapéutico del reposo, sobre todo considerando el tratamiento inadecuado antes mencionado. No certifica tampoco el ingreso a PSM, psicoterapia con informe de proceso…”. 11°) Que en materia de licencias médicas, la carga de la prueba recae sobre quien alega la incapacidad laboral. Corresponde al trabajador, a través de los informes y certificaciones de su médico tratante, acreditar de manera fehaciente no solo la existencia de una patología, sino, fundamentalmente, que dicha condición le genera una incapacidad funcional de carácter temporal que le impide desempeñar las labores para las cuales fue contratado. El reposo, por tanto, no es un derecho derivado automáticamente del diagnóstico, sino una medida terapéutica cuya finalidad es la recuperación de la salud para el reintegro laboral. 12°) Que del análisis de los antecedentes médicos acompañados por la parte recurrente, se desprende que, si bien estos dan cuenta de la existencia de las patologías invocadas por ella, no logran establecer con la precisión requerida la forma en que dicha sintomatología se traduce en una disfuncionalidad de entidad tal que justifique la mantención de un reposo laboral prolongado. Los informes se limitan a enunciar el diagnóstico, sin desarrollar una explicación pormenorizada de cómo los síntomas asociados a la fibromialgia y al trastorno ansioso-depresivo impiden concretamente a la paciente el ejercicio de su actividad laboral específica. La sola existencia de una enfermedad, incluso de carácter crónico, no resulta por sí sola bastante para justificar el reposo, si no se acredita su impacto funcional invalidante. 13°) Que adicionalmente, el carácter terapéutico del reposo se ve desvirtuado cuando se constata la existencia de un cuadro clínico de larga data, con períodos reiterados y prolongados de licencias médicas, sin que se acredite una evolución favorable o una mejoría significativa en la condición de salud de la trabajadora. En el presente caso, la extensión del reposo por un tiempo considerable, sin evidencia de progreso clínico, permite a esta Corte cuestionar su idoneidad como herramienta curativa, transformándose más bien en una medida paliativa que no cumple con el objetivo final del subsidio por incapacidad laboral, que es la recuperación del trabajador. 14°) Que conforme a lo razonado en el motivo 11°) y, siendo carga de la recurrente, en la especie, no se ha acompañado antecedente alguno que dé cuenta de la existencia de un plan terapéutico integral, progresivo y coherente, del cual el reposo sea solo un componente. En otras palabras, no consta en autos que la recurrente se encuentre sometida a intervenciones clínicas de mayor complejidad, terapias kinesiológicas o psicológicas sistemáticas, o a un seguimiento especializado que demuestre un esfuerzo terapéutico activo y dirigido a la superación de su incapacidad. La ausencia de un plan de tratamiento estructurado debilita la justificación del reposo como una medida necesaria y eficaz para la recuperación de la salud. 15°) Que así las cosas, al no haberse aportado prueba suficiente para desvirtuar las conclusiones de la autoridad administrativa, y no logrando acreditarse que el reposo prescrito cumpla una finalidad terapéutica efectiva dentro de un marco de tratamiento integral, no es posible calificar el acto recurrido como ilegal o arbitrario, motivo por el cual la acción de protección deberá ser desestimada en todas sus partes, sin perjuicio de otros derechos que pudieran asistirle a la paciente nombre reservado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado contra la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Notifíquese y en su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Notifíquese.

Redacción del abogado integrante don Cristian Coloma Fuentes, quien no firma por no haber integrado hoy.

No firma el ministro señor Arias, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente en cometido funcionario.

ROL 214-2026 PROTECCIÓN.