INVERSIONES HD SPA con AFP PLANVITAL

Chillán, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado Marcelo Rodríguez Navarrete, en favor de Inversiones HD SpA, representada por nombre reservado, recurriendo de protección en contra de la Administradora de Fondos de Cesantía Chile II S.A., representada legalmente por su Gerente General nombre reservado, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., representada legalmente por su Gerenta General Andrea Battini, fundado en que ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán se ventiló la causa C-35-2018, de Cobranza Laboral, en la que su representada fue demandada por nombre reservado, en dicha sede las partes arribaron a una conciliación en virtud de la cual se dieron el más completo y total finiquito respecto de la sentencia objeto de aquel procedimiento, declarando ambas partes que nada se adeudan por concepto alguno, avenimiento que fue aceptado por el tribunal el 10 de diciembre de 2019.

Añade el compareciente que a pesar de dicho avenimiento y de haberse remitido oficios a ambas instituciones, éstas mantuvieron vigentes los procedimientos de cobranza extrajudicial respecto de cotizaciones previsionales y de cesantía, que formaron parte del avenimiento, por lo que la supuesta deuda previsional se mantiene a la fecha informada en el Boletín Comercial.

Sostiene que la contumacia de ambas requeridas en mantener vigente un procedimiento de cobranza improcedente por no existir deuda en la materia, a pesar de haber ordenado el tribunal hace ya un mes que detuvieran los procesos, ha causado a su representada la perturbación de su derecho a la protección de su honra y la protección de sus datos personales, toda vez que al mantenerse informado en la base de datos, le limita el acceso a financiamiento público para la reactivación de su giro comercial, así como a financiamiento privado, por lo que se está causando un perjuicio que debe ser corregido de la manera más rápida y eficaz que dispone el ordenamiento jurídico.

Afirma que el proceder de las recurridas implica una vulneración a la honra y a la protección de datos personales que la Constitución garantiza sin distinción a personas naturales como a personas jurídicas, por lo que no les queda otro remedio que recurrir por esta vía con el objeto de que se restablezca el imperio del derecho y se ordene a las recurridas dar cumplimiento a lo ordenado en los oficios número 4200-2021 de Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, emitido el 3 de septiembre de 2021 y despachado vía mail el 6 del mismo mes a AFC Chile II S.A. y a AFP Planvital S.A.

Termina solicitando acoger la acción cautelar impetrada, ordenando a las recurridas detener ipso facto los procesos de cobranza extrajudiciales y retirar de los boletines comerciales y de todo informe público o privado cualquier referencia a una deuda emanada de la causa de Cobranza Laboral C-35-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, por ser esta deuda inexistente según lo informa el propio tribunal, todo ello, con expresa condena en costas.

2°.- Que, informa nombre reservado, Gerente General Subrogante de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile ll S.A., quien refiere que su representada, según expresamente lo dispone el artículo 30 de la Ley 19.728, tiene como objeto exclusivo, por una parte, administrar dos Fondos de Cesantía, que se denominan Fondo de Cesantía (integrado por las Cuentas individuales por Cesantía) y Fondo de Cesantía Solidario (integrado por aportes de empleadores y el Estado) y por otra, otorgar y administrar las prestaciones que establece la ley.

Añade que en virtud del artículo 11 de la ley referida, la Sociedad Administradora está obligada a seguir las acciones judiciales en contra de los empleadores que adeuden las cotizaciones previsionales de sus trabajadores. Asimismo, el referido artículo en su inciso final establece que la Sociedad Administradora estará obligada a despachar la nómina de empleadores morosos a la Dirección del Trabajo y a los registros de antecedentes comerciales y financieros que tengan por objeto proporcionar antecedentes públicos, siendo aplicables en este último caso las disposiciones de la Ley 19.628.

Agrega que las disposiciones contenidas en el Compendio de Normas sobre el Seguro de Cesantía dictado por la Superintendencia de Pensiones, en su Libro ll, Título lll, Capítulo Vl sobre "Informe de Empleadores con Deudas Reconocidas impagas" establece que "El día 30 o hábil siguiente si éste fuere sábado, domingo o festivo de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año, la Sociedad Administradora deberá enviar a la Dirección del Trabajo un archivo conteniendo los empleadores morosos que registre hasta el último día hábil del mes anterior al del envío, para que ese Organismo los incluya en el Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional vigente".

Plantea que en virtud de lo dispuesto en el artículo 461 del Código del Trabajo, su representada fue notificada de la sentencia de término del proceso RIT M 376-2017, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, instruyéndole iniciar las acciones judiciales de cobranza de las cotizaciones previsionales señaladas en dicha sentencia en contra del recurrente, acciones que inició. Hace presente que sólo con la notificación del presente recurso de protección su representada tomó conocimiento de la existencia del avenimiento y del Oficio N°4200-2021 del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, a los que hace mención el recurrente y habiendo revisado los nuevos antecedentes relacionados con las acciones de cobro ejecutivo y publicación del recurrente en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, se ha puesto término a dicha cobranza y eliminado la publicación mencionada, por lo que se ha actualizado el registro que su representada está obligada a comunicar a la Dirección del Trabajo.

Concluye que la Sociedad Administradora ha obrado de acuerdo con lo instruido en una sentencia de término y la normativa vigente, por lo que no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, limitándose a dar cumplimiento a sus obligaciones legales ya consignadas.

3°.- Que, informa el abogado Eder Juica Silva, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., señalando que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto Ley Nº 3500 de 1980 y la Ley 17.322, PlanVital, se encuentra obligada a ejercer las acciones judiciales tendientes a obtener el pago de las cotizaciones previsionales, reajustes e intereses en contra de empleadores que adeudan tales conceptos a nombre de sus afiliados. Explica que en el presente caso, su representada decidió hacer uso de la vía judicial en contra de Inversiones HD SpA, institución que no ha dado cumplimiento al pago de las cotizaciones previsionales respecto del afiliado nombre reservado Clemente, por lo que la acción desplegada está directamente respaldada con lo dispuesto en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, ya que en su Libro II, Título IX, letra B, trata de la cobranza judicial de cotizaciones previsionales y, más específicamente, el Capítulo IX, establece como actuación negligente en el cobro judicial de cotizaciones de un trabajador dependiente, el no entablar “las acciones ejecutivas dentro del plazo de 30 días hábiles, contado desde la fecha de la notificación de un reclamo deducido por el trabajador o el sindicato o asociación gremial a que se encuentre afiliado, en conformidad al artículo 4° de la Ley N° 17.322”, estableciendo además en el capítulo siguiente que: “La Administradora será siempre responsable de todas las actuaciones o gestiones tendientes al cobro de las cotizaciones hasta su total y entero pago, incluido el correspondiente abono o ingreso al Fondo de Pensiones”.

Adiciona que el citado Compendio de Normas, dispone que la Administradora será siempre responsable de todas las actuaciones o gestiones tendientes al cobro de las cotizaciones hasta su total y entero pago, incluido el correspondiente abono o ingreso al Fondo de Pensiones. Asimismo, prescribe que la falta de cumplimiento a las disposiciones de la letra B del presente Título (cobranza judicial de cotizaciones previsionales) o su infracción, que impliquen perjuicios a los Fondos de Pensiones o al afiliado, harán responsable de la indemnización y multa correspondiente a la Administradora solidariamente con el Gerente General de ella.

Indica que el 21 de febrero de 2018, el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, en causa RIT M-376-2017 ofició a su representada en conformidad a lo establecido en el artículo 461 del Código del Trabajo, informándole de la sentencia dictada en dicha causa el 7 de diciembre de 2017, en la cual condenó a la recurrente de autos a pagar en favor del demandante --su afiliado- las remuneraciones devengadas entre la fecha del despido, ocurrido el 31 de julio de 2017 y la fecha de su convalidación. De este modo, la Institución de Seguridad Social que representa accionó judicialmente con el objetivo de hacer efectivas las obligaciones de enterar las cotizaciones previsionales que el empleador no pagó en tiempo y forma, obedeciendo el mandato que le impone el Decreto Ley 3.500 y la Ley 17.322, dando inicio a la causa RIT P-34660-2018, seguida ante Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, debido a que la recurrente ha declarado tener domicilio en la comuna de Providencia, ciudad de Santiago.

Plantea luego, que habiendo terminado la tramitación de la causa RIT M-376-2017, fue enviada, previa certificación de ejecutoria al Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, dando origen a la causa RIT C-35-2018, la cual tenía como objeto solo el cobro de prestaciones laborales por concepto de indemnización sustitutiva y sueldo por convalidación y no por las cotizaciones adeudadas, según dan cuenta las liquidaciones de fecha 23 de febrero de 2018; 3 de mayo de 2019; 22 de julio de 2019; entre otras. El 12 de noviembre de 2019 las partes presentaron a la aprobación del tribunal un avenimiento, según se desprende del tenor literal de dicho instrumento, corroborado por la resolución que lo tiene por aprobado de fecha 10 de diciembre de 2019.

Por otra parte, la resolución de 3 de septiembre 2021 señala en la parte pertinente: “que las cotizaciones demandadas, se encuentran pagadas, de modo que detengan los procedimientos de cobranza extrajudicial que llevan a cabo, por no existir deuda en estos autos” es decir, que las cotizaciones previsionales demandadas en la causa RIT C-35-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, se encontrarían pagadas, cosa que no sería tal. En tal contexto, el avenimiento presentado y aprobado en la causa RIT C-35-2018, en nada modifica la fuente de la obligación por la cual su representada, en cumplimiento del deber legal que le impone el Decreto Ley 3.500 y la Ley 17.322, inició las acciones de cobro de las cotizaciones adeudadas y no pagadas con la interposición de la causa RIT P- 34660-2018, seguida ante Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, atendido a que dicho exordio jurídico no ha modificado ni alterado la resolución de fecha 07 de diciembre de 2017, dictada en la causa RIT M-376-2017, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán que sirvió de fundamento a la mencionada demanda.

Considera el letrado, que el recurso de protección interpuesto en contra de PlanVital carece de fundamento, toda vez que la recurrente emplea argumentos inconexos para fundarlo. Precisa que la institución previsional que representa se ve impedida de dar término a la cobranza judicial iniciada con la presentación de la causa RIT P-34660-2018, seguida ante Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, atendido lo dispuesto en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II, Título IX, Letra B que trata de la Cobranza Judicial de Cotizaciones Previsionales y, más específicamente, en el Capítulo IX, y en consecuencia, existiendo un juicio pendiente entre el recurrente y su representada el cual está siendo tramitado por el tribunal de la instancia, no correspondería un pronunciamiento por esta vía. De este modo, ha quedado absolutamente claro que no han existido los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que el recurrente imputa a su representada y muy por el contrario, ésta ha actuado con estricto cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia y, por ende, justificada y fundadamente y, el recurrente, no ha sufrido, ni total ni parcialmente privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, debiendo rechazarse el recurso, con costas.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, el recurrente denuncia como ilegal y arbitraria la conducta de las recurridas, las cuales, al no acatar los oficios despachados por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en causa sobre cobranza Rol C-35-2018, mantienen informada una deuda inexistente, lo que conculca su derecho a la honra y a la protección de datos personales garantizado por el numeral cuarto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que pide los remedios que indica.

8°.- Que, de acuerdo a las afirmaciones de las partes, resulta pacífico el hecho de haberse informado como deudora de cotizaciones previsionales a la actora en relación con uno de sus trabajadores, a propósito de los hechos constatados en la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán en causa Rol M-376-2017, motivo por el cual, además de incorporarse a los registros públicos, se dedujeron acciones de cobro judicial de la deuda.

9°.- Que, si bien la recurrida Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., ha manifestado su voluntad de no perseverar en el cobro de las cotizaciones previsionales atendido el oficio despachado en la causa C 35-2018 del mismo tribunal, perdiendo oportunidad el recurso a su respecto, la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., de contrario, ha sostenido la legalidad de la medida que se cuestiona, pues la decisión de perseguir la deuda en el proceso Rol P-34660-2018 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, es independiente del acuerdo al que arribaron las partes en la primera causa de cobranza, sede en la que solo se buscaba la satisfacción de las prestaciones laborales adeudadas, mas no las cotizaciones que debieron pagarse.

10°.- Que, conforme puede observarse de la tramitación digital de las causas referidas, se constata que efectivamente la Rol C 35-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán se generó con el objeto de perseguir las prestaciones laborales a cuyo pago se condenó a la actora en la sentencia definitiva dictada en la Rol M-376-2017 del mismo Tribunal, arribándose posteriormente en la primera, a un avenimiento cuya aprobación fue otorgada por el tribunal de ejecución. Sin embargo, también consta que se mantiene vigente el proceso Rol P-34660-2018 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, donde la institución de previsión social pretende el cobro de las cotizaciones adeudadas que dieron origen, en definitiva, a la publicación que se impugna por esta acción cautelar.

De esta manera, existiendo un juicio ejecutivo entre la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A e Inversiones HD SPA., tramitado ante el Tribunal competente acorde a las normas de Ley N°17.322, la eliminación del registro público que se pretende, excede los límites de la presente acción constitucional, de carácter estrictamente cautelar, no pudiendo limitarse por esta vía, el ejercicio de las acciones de cobranza previsional en el procedimiento respectivo, ni de otro lado, aparece como arbitrario o ilegal el informe de la deuda, motivos que llevan a desestimar el arbitrio intentado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Marcelo Rodríguez Navarrete, a favor de Inversiones HD SpA, y en contra de la Administradora de Fondos de Cesantía Chile II S.A. y de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Paulina Gallardo García.

Rol N° 2135-2021 PROTECCIÓN.

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