nombre reservado con ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL RANQUILILAHUE

Chillán, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado Hernaldo Antonio Cartes Moya, con domicilio en domicilio reservado, quien actuando en representación de nombre reservado, RUN RUT reservado, nombre reservado, RUN RUT reservado, nombre reservado, RUN RUT reservado, nombre reservado, RUN RUT reservado, nombre reservado, RUN RUT reservado, nombre reservado, RUN RUT reservado, nombre reservado, RUN RUT reservado, nombre reservado, RUN RUT reservado, nombre reservado, RUN RUT reservado, nombre reservado, RUN RUT reservado, nombre reservado, RUN RUT reservado y de nombre reservado, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, todos continuadores legales en la sucesión de nombre reservado, RUN RUT reservado, recurre de protección en contra de la Asociación de Canalistas, Canal Ranquililahue, representado legalmente por nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Refiere el letrado, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que sus representados son continuadores legales de doña nombre reservado, quien se encuentra fallecida a la fecha, encontrándose éstos en proceso de obtener la inscripción especial de herencia, que incluye el predio ubicado en el sector Tanilvoro de la comuna de Coihueco, de una superficie según sus títulos de 6,93 hectáreas, el cual deslinda al Noreste con Estero Coihueco que lo separa de la sucesión nombre reservado, al Sureste con nombre reservado, separado por cerco, al Suroeste con camino público de la Esperanza a Tanilvoro y al Noroeste con nombre reservado, separado por cerco, añadiendo que el aludido inmueble se encuentra inscrito a favor de la causante a fojas 1211, número 1182 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, correspondiente al año 1996. Manifiesta que el pasado 10 de septiembre del presente año, nombre reservado se dio cuenta al inspeccionar el predio, que habían entrado a éste a ejecutar obras en el canal de regadío que pasa por él y que pertenece a la recurrida, destruyendo parte del cerco que delimita el predio, cortando árboles, apropiándose y destruyendo gran espacio del terreno y movilizando maquinaria y camiones al interior del inmueble, precisando que la recurrida ha tomado aproximadamente 14 metros desde el borde del canal por el cual pasan camiones, máquinas, tractores, sacan escombros, tierra, la que simplemente acumulan en el mismo campo, ensuciándolo y destruyendo la capa vegetal que se ha tornado inservible. Además, procedieron a destruir un puente que permitía conectar las 2 partes del predio que el canal de regadío divide. Agrega el letrado que los recurridos abrieron un acceso para llegar más fácil a la orilla del canal, cortaron hualles, canelos, manzanos, acacios (árboles que estaban a 5 o más metros del canal), sin autorización de los propietarios, y desconociendo si contaban con plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), haciendo presente que los hechos descritos le fueron representados a nombre reservado, representante de la Asociación, el cuál sostuvo que no era necesario contar con autorización de los propietarios para hacer obras en el canal, no acogiendo las reclamaciones de los recurrentes, y continuando con el acto ilegal y arbitrario.

En cuanto al derecho, el letrado sostiene que la acción constitucional es absolutamente procedente, desde que se cumplen todas las condiciones para ello a la luz del artículo 20 de la Carta Fundamental, afirmando que el hecho denunciado se está verificando desde hace menos de 30 días y que la actuación de los recurridos resulta ser injustificada y arbitraria, al no contar con la autorización de los recurrentes para ingresar al predio y destruir los cercos, puente, cortando árboles y apropiándose de terreno para realizar sus obras, lo que constituye una perturbación del derecho de propiedad de los recurrentes sobre su terreno, garantía consagrada en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República. Se sostiene que los recurrentes no pretende que se restrinja el legítimo derecho a los canalistas o dueños de derechos de aprovechamiento de aguas a ejercer las atribuciones que les otorga el artículo 90 del Código de Aguas, norma la que si bien deja en claro que el dueño del predio está obligado a permitir el acceso a su propiedad con el objetivo de realizar limpiezas y reparaciones del acueducto, siempre que se le dé aviso al encargado del predio, ello no comprende un acceso de libre albedrio por parte de los propietarios del acueducto a la propiedad privada y menos habla de realizar intervenciones en el acueducto que pudieran producir perjuicio al dueño del predio sirviente, lo cual acontece en este caso. Luego de citar y transcribir el artículo 89 del Código de Aguas plantea que sus representados han tenido el mayor cuidado y respeto con el acueducto y en ningún caso han realizado alguna alteración al trazado o a la dimensión de éste, que pudiera producir algún perjuicio sobre el ramal derivado del canal o a los beneficiarios de sus aguas.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y lo señalado en el artículo 20 de la Constitución Política, normas citadas, y las demás pertinentes, se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Asociación de Canalistas, Canal Ranquililahue, representado legalmente por don nombre reservado, ya individualizado, se le ordene informar en el plazo perentorio que se fije para tal efecto y, en definitiva, resolver que se acoge el recurso y se disponga que los recurridos deberán abstenerse de ingresar al predio de los recurrentes a ejecutar obras de todo tipo en tanto no cuenten con la debida autorización de aquellos, que la recurrida deberá reponer el puente destruido y limpiar el predio de los recurrentes y además, se dispongan los medios necesarios para impedir que los recurridos mantengan su conducta atentatoria y vulneratoria de los derechos garantizados por la constitución en relación con el legítimo ejercicio del derecho real de dominio sobre el predio de los recurrentes, con costas.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, rola en autos informe de fecha 5 de octubre pasado de la Prefectura de Carabineros de Ñuble, el que en lo pertinente a los hechos fundantes de la acción de protección, señala que personal de Carabineros del Retén Tanilvoro se constituyó el día viernes 1 de octubre del actual año en el sector Fundo Los Nogales, ubicado en domicilio reservado y en compañía del recurrente, nombre reservado, quien es de uno de los sucesores del predio en cuestión, y al llegar a la propiedad pudieron apreciar un cerco al costado sur del camino rural Esperanza construido con estacas de acacias nuevas, debido a que el antiguo que existía, había sido cortado para ingresar una máquina retroexcavadora, existiendo señales de su desplazamiento en el terreno. Añade el informe que, continuando con el recorrido, se verificó que se encuentran trabajando en un canal para su construcción de material solido (cemento). Asimismo, se observa que una máquina arrancó de raíz árboles tales como acacias, arboles silvestres, 4 hualles los cuales se encontraban a una distancia aproximadamente de 5 metros al costado Sur del canal en construcción, siendo posteriormente dejados a unos 50 metros hacia el Norte del canal en comento. Indica que al costado Oriente se aprecia que fue sacado un cerco tanto de árboles naturales, como cierre de alambres de púas, que corresponde a un deslinde con otro propietario, haciéndose presente que el canal en reparación mantiene en ambos costados (Sur y Norte) más de 5 metros de tierra donde recubrió pasto y árboles que se encontraban creciendo.

Se adjunta set fotográfico y croquis.

3°.- Que, informando el abogado Eduardo Peñafiel Peña, quien luego de resumir la presentación efectuada por los recurrentes y referirse a la acción de protección, alega la ausencia de acción ilegal o arbitraria que haya privado, perturbado o amenazado los derechos constitucionales de los recurrentes, argumentando al efecto que su representada y recurrida de autos, se adjudicó el proyecto “Revestimiento de Canal Ranquililahue Tramo 1 Km 3,070-3,342 y Tramo 2 Km 9,430-9,590”, en la comuna de Coihueco y que para dar cumplimiento a la obra en referencia su parte suscribió el 14 de mayo de 2021, contrato de ejecución con el contratista nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien se obligó a ejecutar personalmente o por trabajadores a su cargo la labor señalada, todo ello conforme a las especificaciones técnicas generales y específicas, respetando las dimensiones, densidades, cotas y calidad de los materiales de acuerdo al diseño y los planos del proyecto. Añade que se convino en que la obra debería quedar terminada, recibida y acreditada por la Comisión Nacional de Riego, con plazo máximo al 15 de septiembre de 2021 y que el pago tendría lugar con el endoso del certificado de bonificación una vez concluidas las obras. Indica que su parte se comprometió, por el contrato en referencia, a 80 horas de retroexcavadora y al arriendo de una casa habitación para albergar al personal que tendría que trabajar en la obra, y por un plazo no superior al anteriormente señalado, manifestando que entre las obligaciones del contratista, y en lo que interesa al informe, destacan las siguientes: a) “En la ejecución de los trabajos el Contratista deberá adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para la protección de su propio personal, de terceros y de la propiedad ajena, de acuerdo con las Normas de Seguridad del Trabajo (NCh 348, 349, 436 y 438)”. b) “Responsabilidad. El Contratista será responsable por daños, accidentes personales, tanto de trabajadores y de terceros que se vean afectados como consecuencia de la ejecución de los trabajos. Se libera al mandate de responsabilidad por los hechos señalados en esta cláusula”. c) “Seguridad y medio ambiente. El Contratista se obliga a desarrollar su trabajo con el debido cuidado, evitando comprometer la seguridad y salud de sus trabajadores, de funcionarios y directivos del Mandante y de terceras personas, velando en todo el momento por el respeto del medioambiente. La infracción o incumplimiento de esta obligación se estimará como incumplimiento grave, reservándose el Mandante el derecho de poner término de inmediato al presente contrato sin indemnización alguna”. El letrado sostiene que el 10 de junio de 2021, y en presencia del Presidente de la Asociación, contratista e Inspectora de la Comisión Nacional de Riego - GORE Ñuble, se dio por iniciada la ejecución de las obras, negando el letrado que las acusaciones formuladas por los recurrentes hayan sido ejecutadas por su parte, ya que hay un contratista a cargo de las obras, quien cuenta con personal propio y tiene a su disposición la maquinaria que le fue arrendada, negando el que la Asociación de Canalistas Canal Ranquililahue tenga trabajadores contratados, siendo la única persona que presta servicios en virtud de un contrato civil, es un celador. Conforme lo expresado el letrado considera que el presente recurso debe ser rechazado respecto de su parte, por falta de legitimación pasiva, pues las obras están siendo ejecutadas por un contratista, que no ha sido emplazado y que asumió, deberes, obligaciones y responsabilidades.

También el letrado alega que el recurso de protección no es vía idónea, pues resulta a su entender incuestionable que las obras en ejecución constituyen un mecanismo de optimización en la utilización del recurso hídrico, pues el canal va a quedar debidamente revestido, permitiendo el paso fluido del agua, y evitando con ello desmoronamientos, formación de maleza, pérdida de agua, etc. Añade que para llevar a cabo lo anterior, ha sido necesario ingresar a los predios por donde pasa el Canal Ranquililahue, y realizar un conjunto de trabajos necesarios para que en último término dejar al canal en óptimas condiciones, sosteniendo que cuando un comunero se considera perjudicado por la construcción, podrá reclamar al Directorio para que, con citación de los demás interesados resuelva la cuestión y, en consecuencia, el recurso de protección no es la vía para discutir por los eventuales daños que pudiesen haber sufrido los hoy recurrentes, haciendo presente que al término de los trabajos la situación de hecho existente con anterioridad está siendo reestablecida, destacando que por información que obra en poder de su parte, uno de los recurrentes solicitó el cambio de ubicación de un puente, petición que hizo directamente al Contratista, quien como tenía que sacarlo para llevar a cabo los trabajos, se comprometió a reponerlo donde dicho comunero le indicó, para lo cual fue necesario derribar un árbol. El puente está siendo repuesto, y los cercos se reinstalarán, estimando que se está frente a una comunidad hereditaria que se encuentra en conflicto internamente y que han sobrereaccionado frente a trabajos que indudablemente van en beneficio directo de ellos, pues van a contar con un canal de óptima calidad, pavimentado en el fondo y recubierto con cemento en los costados, indicando que las obras comprenden un tramo de 350 metros lineales de los cuales 100 metros más o menos corresponden al Canal en la parte que cruza los inmuebles de los actores de protección.

Termina solicitando se tenga por evacuado el informe solicitado y, con su mérito y el de los antecedentes que obran en autos, se rechace el recurso de protección impetrado con costas.

A su presentación acompaña documentos.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7º.- Que, conforme se ha evidenciado en los motivos que anteceden, los recurrentes, en síntesis, lo que consideran ilegal y arbitrario lo habría constituido la actitud o accionar de la recurrida, Asociación de Canalistas Canal Ranquililahue, de haber ingresado sin autorización de los propietarios al interior del predio, a objeto de ejecutar obra de mejoramiento en el canal de regadío, de propiedad de la recurrida, destruyendo parte del cerco, un puente de madera que existía en el lugar, y removiendo tierra en el predio de los recurrentes con motivo de la movilización de maquinarias y camiones, lo que a criterio de los actores habría vulnerado su derecho de propiedad sobre el terreno, lo que encuentra respaldo en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República.

8º.- Que, de los antecedentes que se han agregado a estos autos, en especial, lo informado por la recurrida, corroborado por el informe de Carabineros, es posible advertir que los eventuales daños o perjuicios denunciados por los recurrentes en su arbitrio, han sido debidamente reparados por la empresa contratista contratada al efecto por la recurrida, pues de la documentación y fotografías que rolan en el expediente se advierte que hubo un mejoramiento innegable y beneficioso para los recurrentes, dado que el canal de regadío que existía antes de los hechos, era de tierra, sin embargo, hoy en día quedó revestido de cemento u hormigón armado. Asimismo, el puente que existía en el lugar, el que antes era de madera, hoy en día se construyó en cemento, habiéndose además efectuado las labores de limpieza, por lo que por este capítulo es posible concluir que el accionar de la recurrida, lejos de provocar perjuicio a los recurrentes, ha significado un evidente provecho y beneficio en favor de ellos, por lo que desde esta perspectiva, lo denunciado por los actores en su presentación, ha sido satisfecho en su totalidad, no correspondiendo en consecuencia adoptar por esta Corte, ninguna de las medidas por ellos solicitadas, debiendo el presente recurso de protección rechazarse por falta de oportunidad, al haber obtenido los recurrentes lo solicitado en su acción constitucional, y no vislumbrarse una manifiesta vulneración de sus derechos.

9º.- A mayor abundamiento, y sin perjuicio de lo expresado en el motivo que antecede, necesario es advertir que el accionar de la recurrida se encuentra respaldado por el artículo 90 del Código de aguas, precepto legal éste que de manera expresa permite el acceso a los predios que correspondan, a fin de efectuar labores de limpieza y mejoramiento de los canales o acueductos, por lo que desde esta perspectiva tampoco esta Corte divisa ilegalidad o arbitrariedad en su accionar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el abogado don Hernaldo Antonio Cartes Moya, en representación de los recurrentes, en contra de la ASOCIACIÓN DE CANALISTAS, CANAL RANQUILILAHUE.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones que pueda ejercer la recurrente, y que sean procedentes conforme a derecho.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

ROL N° 2120-2021-PROTECCIÓN-