Protección contra Ilustre Municipalidad de San Fabián

Chillán, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece don Giovanni Lorenzo Gotelli Méndez, abogado, cédula nacional de identidad NUM000, en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM001, técnico en enfermería nivel superior, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Fabián, R.U.T.

N° RUT reservado, corporación autónoma de derecho público, representada legalmente por su alcalde don Cristofer Valdés González, cédula nacional de identidad NUM002, ambos domiciliados en domicilio reservado, fundado en la dictación de actos administrativos que estima manifiestamente ilegales y arbitrarios. Señala que dichos actos consisten en el Decreto Alcaldicio NUM003, de fecha 06 de octubre de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de destitución a su representada, y en el Decreto NUM004, de fecha 16 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido contra la primera resolución, dejándola firme y ejecutoriada, acto que le fue notificado mediante carta certificada despachada el 23 de enero de 2026, entendiéndose notificada el 28 de enero de 2026 de conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 inciso tercero de la Ley N° 18.883.

En cuanto a los antecedentes fácticos, expone que la recurrente se ha desempeñado en la dotación de salud municipal como técnico en enfermería en el CESFAM de San Fabián, bajo el amparo de la Ley N° 19.378, por más de veintiocho años con una trayectoria intachable, siendo calificada históricamente en Lista 1 con puntajes superiores a 97 puntos. Añade que en el proceso de calificación del período 2023-2024 se le asignó un puntaje inferior a 90 puntos, notificado el 25 de octubre de 2024, el cual fue elevado a 94 puntos tras una apelación, situación que le provocó un complejo cuadro de salud mental. Su médico tratante, don nombre reservado, le diagnosticó un trastorno de ansiedad con crisis de pánico, prescribiéndole tratamiento y reposo médico continuo por cerca de cinco meses entre noviembre de 2024 y marzo de 2025. Indica que, en el curso de su segunda licencia médica, correspondiente a la Licencia NUM005 Folio NUM006 otorgada por 21 días a contar del 20 de noviembre de 2024, su facultativo le autorizó verbalmente a salir de su domicilio como parte de la terapia de distracción, oportunidad en la que realizó un viaje a la Región de Magallanes y cruzó a la República Argentina por el paso terrestre San Sebastián, entre los días 06 y 10 de diciembre de 2024, coincidiendo con los últimos días de su reposo, el cual no fue rechazado por la COMPIN. Refiere que a raíz del Oficio NUM007 emanado de la Contraloría General de la República, se instruyó un sumario administrativo, formulándosele con fecha 28 de julio de 2025 el cargo único de vulnerar el principio de probidad administrativa. Destaca que la Vista Fiscal de 26 de septiembre de 2025 reconoció expresamente la atenuante de irreprochable conducta anterior, no obstante lo cual la autoridad edilicia procedió a aplicar la máxima medida de destitución.

En el ámbito del derecho, sostiene que el actuar municipal es ilegal por la manifiesta atipicidad de la falta de probidad imputada en virtud del artículo 52 de la Ley N° 18.575, toda vez que el viaje se realizó en el estricto ámbito de su vida privada y no en el ejercicio de la función pública, encontrándose la relación laboral legalmente suspendida. Denuncia, asimismo, una aplicación retroactiva ilegal en contravención al artículo 52 de la Ley N° 19.880, argumentando que a la fecha del viaje se encontraba vigente la Circular N° 3646 de 28 de diciembre de 2021 de la Superintendencia de Seguridad Social, que autorizaba actividades recreativas y no prohibía viajes al extranjero en patologías psiquiátricas, criterio que recién fue modificado tardíamente mediante los Dictámenes N° 57661-2025 de 30 de abril de 2025 y N° 127271-2025 de 14 de septiembre de 2025. Alega que la sanción resulta arbitraria y desproporcionada al omitir ponderar la intachable trayectoria, la falta de dolo y la oscuridad normativa, en infracción a lo dispuesto en los artículos 120 y 123 de la Ley N° 18.883 y el artículo 125 de la Ley N° 18.834, cuestionando que la autoridad se amparara en el Oficio N° E89569/2025 de 02 de junio de 2025 de la Contraloría para no analizar atenuantes. Invoca jurisprudencia recaída en las causas Rol N° 893-2025 de la Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 858-2025 de Valdivia, Rol N° 5097-2025 de Concepción y Rol N° 21.247-2019 de la Excelentísima Corte Suprema, aseverando que el proceder recurrido conculca las garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la República en sus numerales 2, 3, 4, 16 y 24, privándole de su fuente laboral, limitando el ejercicio de su título profesional e imponiendo una inhabilidad de cinco años para acceder al sector público.

Termina pidiendo que se acoja el presente recurso de protección, declarando que el Decreto NUM004 de 16 de octubre de 2025 y el Decreto NUM003 de 06 de octubre de 2025 son ilegales y arbitrarios, disponiendo dejarlos sin efecto, y ordenando la reincorporación inmediata de su representada a sus funciones habituales junto con el pago de todas las remuneraciones y emolumentos devengados desde la fecha de la destitución hasta su efectiva reincorporación, con expresa condena en costas. 2°.- Que, informa don Juan Pablo Rosales Arriagada, abogado, cédula nacional de identidad NUM008, en representación de la Ilustre Municipalidad de San Fabián.

En cuanto a los antecedentes fácticos, expone que la indagatoria disciplinaria se originó en la publicación del Consolidado de Información (CIC) N° 9 y en el Oficio NUM007 de 22 de mayo de 2025 de la Contraloría General de la República, mediante los cuales dicho ente de control instruyó a la corporación edilicia investigar las eventuales responsabilidades de la nómina de funcionarios que registraron salidas al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas entre los años 2023 y 2024. Señala que, en cumplimiento de dicho mandato, el alcalde dictó el Decreto N° NUM012 de fecha 27 de mayo de 2025, ordenando la instrucción del sumario respectivo. Añade que, a través del Oficio NUM009 de 06 de junio de 2025, la fiscalía requirió información a la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo Departamento de Migraciones y Policía Internacional respondió emitiendo el Oficio NUM010 de 16 de junio de 2025, verificando de manera irrefutable que la recurrente registró salida del país por el Paso San Sebastián con destino a Argentina el 06 de diciembre de 2024, haciendo ingreso el 10 de diciembre del mismo año. Precisa que dicha información migratoria se contrastó con la Licencia Médica NUM005 Folio NUM006, emitida el 20 de noviembre de 2024 por 21 días, la que prescribió reposo laboral total por enfermedad o accidente común y fijó explícitamente como lugar de descanso el domicilio ubicado en domicilio reservado. Indica que el proceso sumarial arrojó en su Vista Fiscal de fecha 26 de septiembre de 2025 la comprobación del uso indebido de la licencia, vulnerando gravemente la probidad administrativa, dictándose en consecuencia el Decreto NUM003 de 06 de octubre de 2025 aplicando la destitución, acto confirmado por el Decreto NUM004 de 16 de octubre de 2025 al desestimarse la reposición. Agrega a los antecedentes el Oficio ORD.:

NUM011 de 04 de febrero de 2026 emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, el que informa que la actora registró nuevas salidas al extranjero bajo reposo médico entre los días 10 y 12 de enero de 2025, y el 26 de febrero de 2025, evidenciando fehacientemente que la conducta infractora no constituyó un evento aislado.

En el aspecto jurídico, alega la completa inexistencia de actos ilegales o arbitrarios, aseverando que la municipalidad se limitó a sustanciar un procedimiento disciplinario instruido por el órgano fiscalizador superior, obrando con estricto apego a los estándares formales del debido proceso. Sostiene que la jurisprudencia administrativa mayoritaria ha sentado que, una vez acreditada la ocurrencia fáctica de una contravención calificada como falta grave a la probidad, la autoridad edilicia se encuentra en el imperativo legal absoluto de aplicar la destitución, careciendo de discrecionalidad para considerar atenuantes tendientes a rebajar la sanción estatutaria. Argumenta, además, que la acción de protección constituye una vía cautelar excepcional que carece de idoneidad procesal para erigirse en una "tercera instancia" destinada a revisar el mérito probatorio del sumario, debatir la finalidad terapéutica de las licencias o alterar la proporcionalidad de las medidas disciplinarias aplicadas. Para fundar la improcedencia del arbitrio, cita fallos de la Corte de Apelaciones de Talca Rol N° 1825-2024, de Santiago Roles N° 1726-2021, N° 26.816-2024 y N° 26.767-2024, de Temuco Rol N° 567-2024, de Antofagasta Rol N° 1674-2025, y la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema Rol N° 16.981-2025.

Termina pidiendo se tenga por evacuado el informe requerido, solicitando que se rechace en todas sus partes el recurso de protección deducido en contra de la Ilustre Municipalidad de San Fabián, con expresa condena en costas; y, en subsidio, para el improbable evento de estimarse la existencia de algún defecto formal, se disponga únicamente retrotraer la tramitación al estado procesal que la Corte determine, sin ordenar la reincorporación de la funcionaria ni el pago de remuneraciones. 3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°. Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, el arbitrio constitucional interpuesto se funda en la pretendida ilegalidad y arbitrariedad de la dictación del Decreto Alcaldicio NUM003, de fecha 06 de octubre de 2025, y del Decreto NUM004, de fecha 16 de octubre de 2025, mediante los cuales la Ilustre Municipalidad de San Fabián aplicó y ratificó, respectivamente, la medida disciplinaria de destitución en contra de la actora. La tesis central de la recurrente reprocha que la máxima sanción estatutaria, impuesta por haber abandonado el territorio nacional con destino a la República Argentina mientras hacía uso de la Licencia Médica NUM005 Folio NUM006, resultaría atípica por encontrarse suspendida su relación laboral, constituyendo además una aplicación retroactiva de la normativa y deviniendo en una decisión manifiestamente desproporcionada que omite ponderar su intachable trayectoria funcionaria y la presunta finalidad terapéutica de su salida del país. 7°.- Que, para resolver el fondo del asunto, y tal como lo ha asentado la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en la causa Rol N° 54.911- 2025, resulta imperativo tener presente que el artículo 8 de la Constitución Política de la República exige a las autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

En estricta concordancia con dicho mandato, el artículo 123 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, prescribe expresamente que la medida disciplinaria de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el referido principio fundamental. 8°.- Que, adentrándose al análisis de la antijuridicidad denunciada, la conducta que determinó la infracción y la subsecuente sanción disciplinaria consistió en hacer uso indebido de una licencia médica, otorgada por una enfermedad común, para fines particulares, materializado en un viaje fuera del territorio nacional. En la especie, fluye como un hecho pacífico e incontrovertido, acreditado mediante el Oficio NUM010 de la Policía de Investigaciones de Chile, que la actora abandonó el país por el Paso San Sebastián con destino a Argentina entre los días 06 y 10 de diciembre de 2024, período en el cual se encontraba gozando de reposo laboral total con cumplimiento estricto en su domicilio en domicilio reservado, según indicaciones del médico tratante, estampadas oportunamente en el referido certificado. Este actuar, ajeno a la finalidad de recuperación de la salud que el reposo contemplaba, y orientado a obtener descansos por sobre los que otorga la ley al resto de los funcionarios municipales, afecta gravemente el debido cumplimiento de las funciones del órgano comunal y la satisfacción de las necesidades colectivas de manera regular y continua, constituyendo, a la luz del ordenamiento jurídico, elementos propios de una afectación de carácter grave a la probidad. Dicho basamento fáctico se ve reforzado al haberse acreditado que no se trató de un “viaje aislado", al haberse incorporado en autos, Oficio ORD.: NUM011 de fecha 04 de febrero de 2026 emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, que la recurrente registró nuevas salidas al extranjero, estando bajo reposo médico, los días 10 al 12 de enero y el 26 de febrero de 2025. Por consiguiente, la autoridad edilicia, al calificar la falta y aplicar la medida de destitución en el marco de un sumario instruido por el órgano contralor, actuó dentro de la esfera estricta de sus atribuciones legales y en el resguardo del interés general. 9°.- Que, en lo que respecta a la alegación de “oscuridad normativa” o “aplicación retroactiva” invocada por la actora, es imperativo precisar que la Licencia Médica NUM005 Folio NUM006 no fue emitida por una patología psiquiátrica ni tenía carácter ambulatorio, sino que prescribió reposo laboral total por una enfermedad común, fijándose además, de manera explícita como lugar para su cumplimiento el domicilio particular de la recurrente. Esta situación se encuadra estrictamente en lo dispuesto por la Circular N° 3646 de la Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 28 de diciembre de 2021, vigente al momento de los hechos. Conforme a esta norma y a la letra a) del artículo 55 del D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, el incumplimiento del reposo prescrito acarrea el rechazo de la licencia, salvo que el trabajador acredite fehacientemente que la interrupción se debió a tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional tratante, supuesto que no concurre en la especie, donde lo constatado fueron viajes de esparcimiento al extranjero. Por su parte, la jurisprudencia administrativa contenida en el Dictamen N° 57661-2025 y el Dictamen N° 127271-2025, no hacen sino profundizar y aclarar criterios preexistentes al señalar que, la configuración de la causal de incumplimiento del reposo, debe fundarse en antecedentes escritos de plena fe, tales como los reportes de ingreso y salida del país emitidos por la Policía de Investigaciones, no correspondiendo desplazamientos al extranjero, ni aún, en el caso de patologías psiquiátricas, situación distinta a la de la actora. 10°.- Que, abordando el test de arbitrariedad formulado por la actora respecto a la presunta desproporcionalidad de la sanción por falta de ponderación de atenuantes, y a mayor abundamiento, esta Corte reitera, que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como ocurre en la especie con la proporcionalidad de la sanción de destitución aplicada a la recurrente. Por ello, resulta manifiestamente erróneo intentar plantear que, en esta instancia jurisdiccional excepcional y de emergencia, se revise la ponderación de la decisión de mérito a la que arribó el fiscal a cargo de la investigación en su Vista Fiscal y, finalmente, la autoridad disciplinaria al sancionar la vulneración a la probidad. De la misma manera, establece la Excma.

Corte Suprema en causa Rol: 54.911-2025, que, “Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie, que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades (causas Rol N 18.823-2019, N 97.284-2020, N 150.201-2020, N135.620-2022 y N 137.862-2022, entre otras).”. 11°.- Que, colofón de todo lo que se viene exponiendo, resulta palmario que la Ilustre Municipalidad de San Fabián obró en el ejercicio legítimo de sus potestades disciplinarias regladas, sin vulnerar el principio de irretroactividad de los actos administrativos y motivando adecuadamente su decisión terminal en hechos debidamente comprobados. No existiendo las infracciones denunciadas en el presente recurso y advirtiéndose que el sumario administrativo, respetó el debido proceso, que la recurrente ejerció su derecho a defensa, que pudo aportar la prueba ofrecida, que ejerció recursos y fue asistida por un letrado, todo lo que desvanece la supuesta vulneración a la igualdad ante la ley, a la honra, a la libertad de trabajo y al derecho de propiedad de la actora, debiendo la presente acción cautelar de urgencia ser íntegramente desestimada.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de San Fabián.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Carlos Arzola Burgos, quien no firma por no haber integrado hoy.

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